Carina Carrasco, azafata de Tali trabaja en Bruselas hace tiempo y comentó a Punto a Punto lo que vivió esta mañana: «es una situación horrible, es la primera vez que me pasa algo así. Estábamos de camino de Colonia a Bruselas y un pasajero me muestra lo que estaba pasando. A partir de ahí nos enteramos en vivo y en directo que hubo una explosión en el aeropuerto, en el metro; que habían cerrado las fronteras».
La cordobesa trabaja en los trenes de alta velocidad, que no fueron afectados por el atentado, pero si fueron suspendidos los viajes en estos, como también cerraron la frontera.
«En los trenes de alta velocidad no paso nada esta vez, en lo único que pasó fue en el metro de Bruselas, y a partir de lo que pasó decidieron cancelar todos los trenes que van a Bélgica, veremos como sigue en los próximos días», comentó Carrasco.
Las autoridades y la empresa donde trabaja no dio un comunicado oficial con respecto a como actuar.
«Con respecto a como sigue, mucho no se sabe, nadie tiene certeza de nada. El hecho ocurrió en un horario con mucho movimiento de gente. Hay muchos rumores de lo que puede llegar a pasar, pensamos que esto es la primera piedra de algo más grande», explicó la azafata.
El Gobierno de Córdoba oficializó ayer la decisión de establecer beneficios fiscales para particulares y sociedades que se hayan visto afectados por la explosión de una planta de productos químicos en barrio Alta Córdoba, ocurrida el 6 de noviembre pasado.
Se trata de un decreto firmado el 23 de diciembre pasado y que lleva la rúbrica del gobernador José Manuel de la Sota, los ministros de Finanzas, Ángel Mario Elettore; y Desarrollo Social, Daniel Passerini; y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba.
Concretamente, los beneficios consisten, en primer lugar, en la eximición del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los pequeños contribuyentes “que realicen sus actividades dentro de la zona afectada por la explosión”, por los seis meses incluidos entre noviembre pasado y abril próximo.
En tanto, para los contribuyentes más grandes encuadrados dentro del Régimen General, el beneficio consiste en “la no exigibilidad de la obligación de pago de los importes mínimos mensuales establecidos por el Código Tributario”.
De todos modos, quizás la ayuda más importante es para las familias cuyos hogares fueron afectados por el suceso y que se hayan empadronado, que no pagarán el Inmobiliario en todo el corriente ejercicio. “
“Exímase del pago del Impuesto Inmobiliario Urbano y de los fondos que se liquidan conjuntamente con el mismo, correspondientes a la Anualidad 2015, para los contribuyentes y/o responsables titulares de inmuebles ubicados en la “zona afectada por la explosión” (…) El citado beneficio resulta de aplicación exclusivamente para las propiedades afectadas por el siniestro que a tal efecto se empadronen, de acuerdo con las disposiciones que establezca el Ministerio de Desarrollo Social”, establece el decreto.
El abogado Mauro Ompré, representante de un grupo de vecinos damnificados por la explosión en barrio Alta Córdoba, presentó sendas denuncias contra el intendente capitalino Ramón Mestre y tres funcionarios municipales.
Según publica el sitio online de La Mañana de Córdoba, además de Mestre, la denuncia es contra el secretario de Control y Fiscalización, José Fernández, y el titular y segundo de la dirección de Habilitaciones, Gabriel Tirante y Roberto Eulmesekian, respectivamente.
El letrado indicó a Radio Universidad que la denuncia a las autoridades municipales es por la comisión de los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Ompré sostuvo que hay pruebas importantes sobre las anomalías en los controles respectivos sobre el funcionamiento de Raponi Química Industrial, donde se produjo una trágica explosión que causó numerosos daños, además de una víctima fatal, un herido grave y al menos 60 personas lesionadas.
Por otra parte, mañana en Capital Federal, los vecinos serán recibidos por el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, en busca de ayudas concretas del gobierno nacional a tres semanas de la explosión que sacudió toda Córdoba en la noche del 6 de noviembre pasado.
Finalmente, este mediodía la fiscal de instrucción Eve Flores notificará a Sergio Raponi, el dueño de la química habilitada oficialmente para la manipulación de productos no inflamables, de la nueva imputación que pesa sobre él. Raponi ahora está acusado del supuesto delito de «estrago doloso».
Su defensa anticipó que por el momento mantendrá su silencio y se abstendrá de declarar.
En un comunicado de prensa, el Foro Productivo de la Zona Norte, asociación de empresarios y comerciantes de Córdoba, expresó que de no contar con una planificación adecuada que termine con las improvisaciones y la falta de planificación, “seguiremos padeciendo hechos similares o más desgraciados que los vividos hasta el presente”, haciendo alusión a la trágica explosión de la química en barrio Alta Córdoba (Foto: gentileza La Voz del Interior).
“Nuestra entidad, con más de 10 años de existencia no ha podido encontrar en ninguna de las administraciones municipales producidas desde el 2003 hasta la fecha, una respuesta positiva que denote seria y responsablemente la decisión de reordenar los usos del suelo y reorganizar la Zona Norte, donde convivimos más de 700 industrias y comercios, con viviendas, comercios, quintas y viveros”, precisa el duro comunicado.
“La seguridad y el cuidado del medio ambiente es una preocupación constante de muchos de los empresarios comprometidos ética y moralmente en preservar la salud y el bienestar no solamente de sus empleados sino de la comunidad con la que convivimos. De allí que mantenemos una relación permanente y solidaria con el Centro Vecinal y demás instituciones sociales”, indica uno de los párrafos del comunicado.
“Pero esta preocupación y desvelo, desafortunadamente no son correspondidos de igual manera por correctas y eficientes políticas públicas, que deberían provenir de las administraciones y organismos responsables en la materia”, completa.
«Las clausuras de fábricas, industrias y comercios por si sólo no garantizan la solución integral de la problemática que comprende varios años de descontrol municipal y de lesiva participación de personas inescrupulosas que consiguen sus propósitos al margen de la ley, posiblemente, mediante prácticas deshonestas”, agrega.
Creemos que las Entidades Intermedias, Cámaras y demás asociaciones deben salir a defender el trabajo y la producción, sin que ello signifique apañar proyectos que estén al margen de la ley o evadan disposiciones que rigen en la materia”, describe la comunicación oficial del FPZN. “Pero también es necesario que las autoridades Municipales y los cuerpos de funcionarios e inspectores comprendan que es necesario e imperioso consensuar un proceso integral y se comience a estudiar el reordenamiento en los usos del suelo tratando de preservar la salud de los habitantes, el cuidado del medio ambiente y se frenen las posibles paranoias que muchas veces resienten sin sentido, las relaciones entre los ciudadanos y el sector industrial y laboral”, concluye el comunicado.
A través de su cuenta de twitter (@municba), la oficina de prensa de la Municipalidad de Córdoba publicó dos fotos mediantes las cuales dio a conocer que finalmente se procedió a la clausura de la planta de tratamiento de urano de la firma Dioxitek ubicada en Alta Córdoba.
El acto de colocación de las fajas de clausura ocurrió a las 15.45 y estuvo a cargo del secretario de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana del municipio, José Fernández.
Este funcionario estuvo acompañado de Gabriel Tirante, director de Higiene y Seguridad, y otros inspectores, quienes labraron el acta correspondiente en el predio ubicado en Rodríguez Peña 3250, a sólo tres cuadras del depósito de Raponi Industrial Química que estalló el jueves pasado.
El municipio asegura que no existe relación entre la explosión del depósito y la clausura, aunque esta última se anunció el viernes después del hecho que conmocionó a toda Córdoba. Ese día venció la prórroga del permiso que tenía la empresa, que tiene previsto trasladarse a Formosa.
En el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador José Manuel de la Sota, junto al gabinete provincial y al intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, anunció medidas para ayudar a las familias afectadas por la explosión que se registró en la zona de barrio Alta Córdoba de la Capital cordobesa.
Frente a los daños sufridos por viviendas y locales comerciales, a raiz de la explosión ocurrida en “Raponi Industrial Química SRL” de pasaje Cordeiro 928, y a los fines de asistir a los vecinos, el Gobierno de la Provincia de Córdoba resolvió:
1) Ofrecer al gobierno de la municipalidad de Córdoba en forma gratuita los kits de materiales necesarios para que procedan a la reparación y/o reconstrucción de las viviendas en estado de destrucción total o con peligro e derrumbe que se encuentren ubicadas colindantes o vecinas al lugar de la explosión.
2) Eximir del pago del impuesto inmobiliario urbano 2015 a esas viviendas en estado de destrucción. eximir del pago de los mínimos y/o cuotas fijas del impuesto sobre los ingresos brutos a los comercios de la zona afectada por el plazo de seis meses.
3) Las viviendas que hayan sufrido daños parciales en vidrios, aberturas, mampostería o instalaciones, ofrecer una línea de crédito a tasa 0 y a 36 cuotas de plazo hasta 20 mil pesos, previa constatación de dichos daños. Los créditos se instrumentarán a través de la Fundación Banco de Córdoba.
4) Mantener la vigilancia policial en toda la zona, con carácter de ocupación, hasta que se concluyan las reparaciones de las viviendas afectadas.
5) Brindar servicio de racionamiento de comida a vecinos sin servicio de gas.
6) La Cámara Argentina de Vidrio repondrá los vidrios dañados por el estallido, con los costos a cargo del Gobierno.
7) Desde el lunes va a funcionar en el lugar el móvil del Ministerio de Justicia para la documentación gratuita.
(Télam) – El titular de la empresa de productos químicos Raponi SRL que se incendió y explotó anoche en barrio Alta Córdoba, Sergio Hilton Raponi, fue detenido e imputado por «estrago doloso» en el marco de la investigación por el incidente que dejó más de 60 heridos y serios daños materiales en el barrio de Alta Córdoba, informaron fuentes judiciales.
La detención fue dispuesta luego de que la fiscal Eve Flores y los peritos ingresaran al depósito de la compañía y detectaran material químico inflamable que no estaba autorizado para manipular en el lugar.
Raponi en principio fue imputado por el delito de «estrago doloso».
Según los datos preliminares de los peritajes, se encontró en la planta alcohol y otros productos químicos de alta peligrosidad.
Asimismo, la fiscal y los peritos pudieron comprobar que la fuerte explosión dejo un cráter de unos cinco metros en el interior del depósito.
El incendio y luego la explosión que se generó anoche dejó unos 66 heridos, de los cuales tres permanecen internados, en tanto que algunas familias aún mantienen sin poder regresar a sus viviendas por los daños materiales que sufrieron por la onda expansiva, que también alcanzó a negocios y vehículos de los alrededores.
Un taller de chapa y pintura, contiguo a la fábrica, fue el más perjudicado ya que terminó incendiado y los autos que se guardaban en el lugar sufrieron graves daños.
El titular de Fiscalización Municipal, Sergio Fernández, había manifestado que la fábrica estaba habilitada únicamente para la fabricación de tintas y pigmentos”, además para el “fraccionamiento de detergentes y depósito de productos químicos no inflamables”.
El intendente Ramón Mestre confirmó que el galpón donde se produjo la explosión de Alta Córdoba, perteneciente a Químicos Rigoni, había sido inspeccionado por la comuna y que “estaba en regla”.
En declaraciones a Cba 24N, el jefe comunal sostuvo sentirse sorprendido por la explosión. «Nos confirman desde la dependencia que se habían hecho inspecciones tres meses atrás por funcionarios municipales», aunque ante la requisitoria periodística se excusó de dar precisiones de qué era lo que realmente funcionaba allí.
«No puedo dar más información que esa, quiero tener más datos», agregó el intendente en el lugar de los hechos. «Estamos preocupados. Tanto el secretario de Gobierno, como Defensa Civil y el Gobierno de la Provincia están trabajando en la zona», añadió.
Además, debido a la proximidad del lugar del siniestro con la planta Dioxitek, la planta de dióxido de uranio que funciona en el corazón de Alta Córdoba, el intendente aseguró que se había avanzado ya para la clausura de dicha planta.
«Se va a cerrar la planta de Dioxitek. Hemos avanzado para el cierre de este espacio que se trasladaría a la ciudad de Formosa. Hemos hecho todos los trámites hace unas semanas para que la planta sea clausurada. Con esto que sucedió vamos a clausurar ya», completó.
En efecto, en junio del 2013, Mestre se reunió con el Ministro de Planificación, Julio de Vido, quien realizó gestiones para trasladar la planta a la provincia de Formosa. Dioxitek, empresa de la Comisión Nacional de Energía Atómica, produce en Córdoba dióxido de uranio en polvo, materia prima usada para fabricar luego en Ezeiza el combustible que requieren las centrales nucleares de Embalse y Atucha I.
Ayer, a las 20:40 se produjo una gran explosión en un galpón de productos químicos que provocó cuantiosos daños materiales en la zona aledaña a Góngora y Avellaneda y más de 50 heridos (dos de ellos de gravedad).
(Télam) – Ocho personas resultaron heridas por la explosión de un artefacto en el sector comercial de una estación de subte en el barrio Las Condes de Santiago, Chile, confirmaron fuentes oficiales.
Al menos dos personas se encontraban en estado grave y eran sometidas a terapias de reanimación, mientras otras sufrieron la amputación de extremidades y fueron trasladadas a varios hospitales.
El vocero del gobierno, Álvaro Elizalde, afirmó que se trató de «un hecho terrorista» y advirtió que las autoridades iban a «invocar la Ley Antiterrorista».
El incidente se produjo poco después de las 14, cuando estalló un extintor de incendios cargado con pólvora negra que estaba dentro de un tacho de residuos, en un local de comida rápida ubicado en un centro comercial vinculado con la estación Escuela Militar del subte.
Al lugar acudieron efectivos de Bomberos y del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, que desalojaron el lugar y prestaron la primera asistencia a los heridos.
También se hicieron presentes el fiscal Christián Toledo y el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.
Toledo está a cargo de la investigación de una serie de explosiones que se registraron en los últimos dos meses en Santiago y que generaron la preocupación del gobierno, como lo admitió el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, el 29 de agosto pasado.
La prensa local se hizo eco de versiones según las cuales se vio a dos jóvenes dejar un bolso en el lugar donde se produjo la explosión y luego alejarse en una camioneta.