(DyN) – La procuradura general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán por los supuestos delitos de «inclumplimiento de deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad».
Marijuan fue removido días pasados por la Procuradora de su cargo en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES).
El titular de la fiscalía federal 11 imputó a su jefa máxima de los supuestos delitos de «inclumplimiento de deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad» por su actitud ante el pedido de que removiera al titular de la PROCELAC, Carlos Gonella.
El dictamen de Marijuan se produjo porque actúa subrogando al fiscal federal Carlos Rívolo, que debería ser el titular en la acusación pero se encuentra de licencia, dijeron fuentes judiciales.
La causa se inició por una denuncia del juez federal Claudio Bonadio contra Gils Carbó porque supuestamente no habría cumplido con el protocolo de procedimientos ante el pedido de remoción de un fiscal, en este caso de Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Bonadio declaró en rebeldía a Gonella, le prohibió la salida del país y pidió su juicio político por no presentarse a declaración indagatoria en una causa en la que el fiscal está acusado de violación de secreto.
El juez hizo el pedido de juicio político de Gonella para que pierda la inmunidad de arresto que le da los fueros de fiscal y así llevarlo a declarar por la fuerza pública.
Gils Carbó rechazó lo solicitado por Bonadio y lo fundamentó en que el juez «pretende criminalizar una actividad propia del Ministerio Público Fiscal, cual es la política institucional de rendir cuentas a la sociedad a partir de la difusión de noticias en el sitio web del MPF (www.fiscales.gob.ar)».
«La persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos», agregó Gils Carbó.
La Procuradora recordó que los fiscales tienen inmunidad de arresto, otorgada por la Constitución Nacional, y que se trata de un resguardo para su actuación y «no un privilegio personal sino una garantía de los justiciables».
Gonella ya apeló la decisión del juez Bonadio para que sea revisada por la Cámara Federal.
El titular de la PROCELAC está acusado de la difusión pública de una causa por presunto lavado de dinero contra familiares y allegados del empresario español Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por «Manzanas blancas», el mayor caso de narcotráfico del país.
Entre los investigados se encuentra la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, pareja de Temes Coto, que denunció que el caso fue difundido por el sitio web «www.fiscales.gob.ar».
Gonella ya faltó a cinco citaciones a indagatoria y basó sus ausencias en que hay recursos pendientes contra el juez y su investigación, entre ellos un planteo de recusación.
Bonadio entendió que hay «mala intención» por parte de Gonella para presentarse, por lo que lo declaró rebelde, le prohibió la salida del país y le pidió a Gils Carbó su juicio político para que sea desaforado.
(DyN) – El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico dispuso hoy una «medida precautelar» que frena la designación de 16 fiscales subrogantes dispuesta por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, en un fallo en el que advirtió que «resultaría carente de toda razonabilidad la urgencia» de esos nombramientos.
Lo hizo en el marco de una acción de amparo presentada por el abogado Mauricio D’Alessandro, diputado del massismo en la provincia de Buenos Aires, y le pidió a la Procuración que en cinco días presente un informe contestando la acción judicial.
«No se advierte, en este estado del proceso, cuáles son los motivos que podrían justificar las designaciones, con carácter urgente, en las nuevas Fiscalías creadas, que se encuentran vinculadas a un Código que no habría sido implementado», sostuvo el juez.
Así, adoptó el criterio expuesto por D’Alessandro, quien argumentó que las designaciones de 16 fiscales están en consonancia con el nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Congreso pero aún no vigente.
«Para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación deberían cumplirse previamente los requisitos legales allí previstos y es por ello que resultaría carente de toda razonabilidad la urgencia en la puesta en funcionamiento de las Fiscalías creadas y las designaciones efectuadas al respecto», sostiene el fallo.
De tal manera, el juez resolvió «disponer la suspensión de todas las resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación, en el marco de su función administrativa, vinculadas a las designaciones efectuadas en las Fiscalías creadas mediante la ley 27.063».
Se trata de los nombramientos, dispuestos por Gils Carbó, de 16 fiscales generales subrogantes en todo el país que tienen previsto asumir sus funciones el 2 de febrero próximo y que en su mayoría militan en la agrupación judicial kirchnerista «Justicia Legítima».
Entre las designaciones más polémicas se encuentran las de Miguel Angel Osorio y Miguel Palazzani como fiscales subrogantes ante la Cámara Federal porteña, el tribunal que define las causas por corrupción contra funcionarios nacionales.
Fuentes de la Procuración adelantaron que no habían sido notificados de la resolución de Lavié Pico pero ya están trabajando en la elaboración del informe que les solicitó el juez.
Además, apelarán la decisión de habilitar la feria judicial de enero para tratar el planteo de D’Alessandro.
Luego de la presentación del informe, la Justicia deberá resolver si dicta una medida cautelar que mantenga suspendido el nombramiento de los fiscales o si levanta la decisión y se reactivan la designación y asunción de los funcionarios.
Esa decisión la tomará el juez Esteban Furnari, quien desde el 15 de enero reemplazará a Lavié Pico como magistrado de feria del fuero Contencioso Administrativo Federal.
La Justicia recibió tres amparos que objetaban la designación de los fiscales nombrados por Gils Carbó: de D’Alessandro, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y del gremio de empleados judiciales de Julio Piumato.
Para resolver la causa, el juez Lavié Pico habilitó la feria judicial atento a que «los argumentos esgrimidos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial revisten -en este caso- suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida por la parte actora».
Además, hay tres denuncias penales contra esos nombramientos, presentadas por el dirigente peronista y empresario Juan Ricardo Mussa y los abogados José Magioncalda y Santiago Dupuy de Lome.
(DyN) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, respaldó hoy a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, frente al freno judicial a la designación de 16 nuevos fiscales subrogantes y denunció la existencia de jueces «caranchos» y de una «trama mafiosa» que busca impedir la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal.
En su conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno, Capitanich sostuvo que la procuradora «goza de un prestigio académico e institucional» y sostuvo que para ella es «un deber y un derecho» la designación de los nuevos fiscales «para la aplicación de la competencia específica del Ministerio Público».
Tras destacar que los nuevos fiscales eran «irreprochables en sus conductas», el ministro coordinador cuestionó a algunos jueces y preguntó: «¿No será porque son los mismos ‘caranchos’ que, desde una perspectiva corporativa, se apropian de núcleos del Poder Judicial para extorsionar a los gobiernos y particulares?».
Capitanich hizo referencia a la solicitada de respaldo a Gils Carbó publicada hoy por unos 80 fiscales en algunos diarios de tirada nacional y remarcó que la procuradora «tiene una posición particular, autónoma e independiente» del Gobierno, al recordar que en su momento se opuso a la «fusión» de las empresas Multicanal y Cablevisión.
«Estas operaciones de prensa respecto al ejercicio del Ministerio Público lo que pretenden es desnudar esa trama mafiosa que grupos económicos y mediáticos concentrados pretenden ejercer en la República Argentina», denunció.
Asimismo, remarcó que Gils Carbó «fue aprobada por el Congreso con la mayoría calificada que corresponde a su cargo».
«El coraje, voluntad y civismo de Gils Carbó van a garantizar el pleno ejercicio de las atribuciones constitucionales» en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, enfatizó, tras lo cual apuntó que «no es casualidad que sufra este tipo de ataques».
En ese sentido, Capitanich remarcó que el cuestionamiento a la designación de los 16 fiscales subrogantes es «a la misma Constitución Nacional», porque, dijo, «se pretende impedir la aplicación del Código Procesal Penal».
(DyN) – El abogado constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que la presidenta Cristina Fernández «no sabe de derecho» y la desafió a mostrar su título universitario, advirtió que la procuradora Alejandra Gils Carbó es «la encubridora general» y calificó al canciller Héctor Timerman de «sátrapa».
Sabsay afirmó que la primera mandataria «tiene que mostrar» su título de abogada: «¿Por qué no lo muestra? Porque no sabe de derecho. ¿Saben lo que dijo? Que a los extranjeros se los deporta directamente. Eso es derecho penal del enemigo, la forma más reaccionaria del derecho penal», alertó.
«Miren qué linda manera de combatir el delito tiene esta señora profesora de derecho, que no creo que sea abogada, estoy casi convencido. Ahora que muestre el título», agregó.
Al respecto, rechazó el proyecto oficial para reformar el Código Procesal Penal al opinar que representará, si se aprueba, «el método inquisitorio» para «encubrir a todos los amigos del poder».
«Puso a la encubridora general de la nación, no a la procuradora, el ministerio público es para la protección de los derechos, no para defender a (empresario kirchnerista) Lázaro Báez», planteó en referencia a Gils Carbó. Sabsay denunció que el oficialismo está «buscando la impunidad» para irse «todos tranquilos después de haber desvalijado lo que se les dio la gana».
«Acá ha habido un cambio de régimen señores, no estamos en democracia, es un sistema autoritario», sentenció al exponer en el 50 Coloquio Anual de Idea, que se realiza en Mar del Plata. Luego de llamar a respetar la Constitución, las leyes y la separación de poderes, Sabsay afirmó que «hay que terminar con el reeleccionismo y el nepotismo».
«Basta de un matrimonio presidencial. Acá se permitió porque era la rotación indefinida, se iban a pasar la pelota uno a otro, ahora nos quieren poner al hijo presidencial (Máximo Kirchner), lo están midiendo, y eso no lo tenemos que permitir porque es la perpetuación en el poder», agregó.
Por otra parte, el letrado apuntó contra Timerman, a quien calificó como «un ser indigno» por haber llevado negociaciones con el presidente de Irán, Mahmound Ahmadinejad, para indagar a los iraníes acusados por el atentado terrorista a la AMIA.
«Estoy avergonzado del canciller que tenemos, es un traidor a su esencia. Es un ser indigno me da vergüenza que haya un judío así. No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado a ese sátrapa. Este atorrante se sentó con quien niega el Holocausto», criticó.
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