En el marco del almuerzo de trabajo de Fundación Mediterránea, el presidente de la institución, Martín Amengual, adelantó que están realizando una encuesta nacional al ámbito empresarial de diferentes sectores, con la finalidad de relevar «cuáles son los problemas que han tenido para que Argentina saliera de madera confiable y agresiva a vender valor agregado».
Si bien los resultados finales de este estudio aún no están disponibles, Amengual adelantó que «es muy probable que lo que le pidan al Gobierno sea mucho más que les saquen piedras de la mochila antes que pedir empujones de ayuda». Sobre esto, detalló: «En Argentina hemos venido cargando piedras en la mochila permanentemente y en eso está el mayor contrapeso para salir al mundo a competir con la agilidad que la globalización exige».
Los resultados de la «cumbre» entre Macri y Mediterránea
Tal como adelantó Punto a Punto, la entidad empresaria cordobesa formó parte de la reunión que se concretó recientemente con Mauricio Macri.
Amengual detalló que «el presidente conoce el proyecto de Fundación Mediterránea y comparte que el único camino que existe para llegar al PBI per cápita de un país desarrollado es la generación de empleo».
Asmimismo, subrayó la necesidad de priorizar la generación de trabajo ya que “la mitad de la población tiene empleos precarios” y evaluó que «ésta es la razón fundamental por la cual Argentina está a la mitad del PBI per cápita del piso de un país desarrollado».
El Instituto de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) realizó ayer su encuentro mensual de coyuntura en el que, como aspecto saliente, definieron cuáles son los aspectos claves que el nuevo administrador nacional deberá enfrentar.
De esa manera, el CPCE estableció una suerte de top five de las problemáticas que la próxima gestión no podrá esquivar de resolver:
1) Recuperar el superávit comercial
2) Resolver el déficit fiscal
3) Ganar competitividad
4) Mejorar la productividad
5) Solucionar el conflicto con los holdouts
Y en esa línea, la economista jefe del CPCE, Mary Acosta, planteó cuáles podrían ser algunas líneas de acción para enfrentar estos temas, entre las que incluyó un abordaje integral del sistema tributario, que debería reformarse; la corrección de los subsidios para reducir su peso sobre el gasto y ganar equidad; y la administración de las importaciones para evitar seguir impactando en el nivel de producción. «Todos los temas están vinculados, para recuperar suprávit comercial hay que ganar competitividad, para producir más hay que eliminar restricciones a las importaciones; es toda la recreación de un círculo virtuoso», resumió.
Acosta llegó a esta conclusión analizando los datos clave de los últimos tiempos, cuando la actividad dejó de caer pero se mantiene en un nivel de recuperación mínima ya que, por ejemplo, las ramas industriales que lograron subir su performance no alcanza a compensar la caída del sector automotor y sus áreas conexas, lo que también transparenta el alto nivel dependencia de ese segmento y la poca diversificación de la producción.
Otro aspecto es la caída del superávit de la balanza comercial, no sólo por la baja de precios internacionales sino por dos factores claves y condicionantes que tiene la Argentina. Por un lado, la importación de combustibles que redujo a la mitad su déficit internanual por la caída de los valores del petróleo y por el déficit de la balanza comercial industrial donde, a pesar del adormecimiento de la actividad y de la administración de las importaciones, sigue siendo negativa. La industria argentina es altamente dependiente de los insumos importados.
Acosta también analizó que, de acuerdo al Indice de Demanda Laboral que elabora el Consejo y que lleva dos meses de suba, podría anticiparse una reacción de la actividad. De todos modos, advirtió que las alzas son en relación a una base muy pobre. El presidente del Consejo, José Simonella, destacó que una economía más grande (por el crecimiento acumulado del PBI) demanda menos empleo.
El frente fiscal se presenta asimismo complicado, con un rojo en crecimiento y con el Central habiendo ya sobrepasado el límite de adelantos transitorios al Tesoro que le permite la Carta Orgánica, un contexto en el que se aceleró la colocación de bonos. Para el 2016 los compromisos de deuda están alivianados respecto a este año.
Sobre el tipo cambio, Acosta planteó que las devaluaciones se mantienen suaves para evitar el traslado a precios. Respecto de la reacción del dólar paralelo en los últimos días, Simonella la adjudicó más a las expectativas generadas por la designación de Carlos Zannini como integrante de la fórmula con Daniel Scioli que al «efecto aguinaldo o exceso de pesos». «Hay expectativas de devaluación, pero ahora se piensa que el tipo de cambio oficial podría mantener un tiempo más que antes de la nueva fórmula», indicó.
En cuanto a la inflación, Acosta sostuvo que presenta una desaceleración interanual; hoy para el CPCE es del 24% anual. Aunque podría haber una corrección hacia arriba en la segunda parte del año en función del impacto de las nuevas paritarias y los planes para impulsar el consumo.
(DyN) – El Gobierno nacional amplió la emisión de los Bonos del Tesoro Nacional (BONAC) con vencimiento en mayo y en septiembre de 2016, y emitió una nueva versión con vencimiento en julio del próximo año, por un total de hasta 10.000 millones de pesos.
La resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y de Finanzas del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, establece la ampliación del bono emitido en marzo pasado, por el que el Gobierno consiguió casi 5.000 millones de pesos.
Se trata de la quinta emisión de los BONAC que realiza el Gobierno, por los cuales en las cuatro colocaciones anteriores obtuvo en el mercado local 19.800 millones de pesos.
En la última licitación, realizada el 28 de mayo último, el Gobierno consiguió 4.945.765.040 pesos, de los cuales 3.505.765.040 pesos correspondieron al sector privado y el resto al sector público.
Los BONAC con vencimiento en marzo y setiembre de 2016 devengan una tasa de interés variable pagadera trimestralmente en función del nivel de tasa de LEBAC a 90 días y los que vencen en mayo se rigen con la tasa de LEBAC a 252 días. En tanto, el nuevo bono con vencimiento en julio de 2016 «devengará intereses a tasa variable, conforme se define a continuación, pagaderos trimestralmente, excepto el último período que será cuatrimestralmente, los días 14 de septiembre y 14 de diciembre de 2015, y 14 de marzo y 12 de julio de 2016», según la Resolución.
(DyN) – El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advirtió sobre el incremento del gasto público en el país al señalar que creció un «67 por ciento por encima» de los niveles de crecimiento de la economía nacional.
Un informe del centro de estudios indicó que la suba del gasto público «es tan grande que ya no alcanza con la elevada presión impositiva, el consumo de reservas del Banco Central y de la ANSES, y la emisión monetaria».
El instituto advirtió que ante ello el gobierno «apeló a emitir deuda en dólares aceptando tasas de interés varias veces superiores a las que pagan los países vecinos».
«La estrategia le genera al gobierno beneficios electorales pero implica estirar una agonía cuyas consecuencias serán asumidas por el próximo gobierno», alertó. Y, tras precisar con cifras oficiales los datos del aumento del gasto, indicó que «este modo de gestión del Estado genera un doble perjuicio a la sociedad» porque «los fondos públicos se dilapidan en dádivas asistencialistas, exceso de empleo público, corrupción e inversiones no prioritarias, en vez de organizar el sector público para promover el desarrollo económico y social».
Además, indicó que «al usar al Estado para someter voluntades se contamina la dinámica política erosionando el funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas».
IDESA apuntó que según datos del Ministerio de Economía, entre 2004 y 2014 el gasto público nacional pasó del 20% del PBI al 33% del PBI. Por eso, concluyó que en «10 años el gasto público creció 13 puntos porcentuales del PBI» y graficó que «para tener una idea de magnitud, este aumento equivale a 2 veces lo que se invierte en educación pública».
El ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli opinó que el desembarco de inspectores que hará el lunes el BCRA en el Citibank no tiene ningún fundamento técnico y reclamó que el Gobierno «diga directamente si no quiere más banca extranjera».
En diálogo con Radio Mitre, señaló que las inspecciones deberían ser de rutina y que decir públicamente que a un banco se le hará una inspección podría generar que se vayan todos los clientes.
En esa línea, sostuvo que «no tiene ningún fundamento técnico» la inspección que se hará el lunes y que «es una especie de escalada más política que otra cosa», producto de la impericia de este equipo económico».
Según dijo, «si hay algún problema legal por lo que hizo el Citi con los buitres lo deberían arreglar los abogados, no es un problema estructural del banco» que justifique la intervención.
Las opiniones del ex funcionario vinieron luego que El Cronista publicara que el lunes un equipo de inspectores del Central desembarcará en el Citibank para supervisar a la entidad.
Es el paso siguiente luego de haber inhabilitado al CEO de la empresa, Gabriel Ribisich, por el acuerdo alcanzado entre la entidad y el fondo NML para liberar los pagos de bonos del 31 de marzo.
(DyN) El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial José Manuel De La Sota aseguró hoy que su provincia tiene «interrumpida la relación institucional con el Gobierno Nacional desde hace tres años», y afirmó que pasaron «incendios, inundaciones, tornados con muertes» y «nunca nadie llamó para preguntar».
De la Sota, que no participó del acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández en donde firmó un nuevo acuerdo de desendeudamiento con 17 provincias, calificó como «lamentable» el «distanciamiento» que existe entre su gobierno y Casa Rosada.
«Justamente, los dos temas que planteó la Presidenta hoy, la situación financiera Nación – Provincia y jubilados, son por los cuales los cordobeses tenemos interrumpida la relación institucional con el gobierno federal desde hace tres años», aseguró el dirigente peronista.
Además, recordó que «políticamente» nunca tuvo «relación con el kirchnerismo» y criticó en radio Mitre a la mandataria por su postura en relación a la denuncia y posterior muerte del fiscal especial de la causa AMIA Alberto Nisman. «Es terrible que la Presidenta haya hablado tantas veces y no haya tenido una palabra de consuelo para la mamá, para las hijas» del fiscal, expresó De La Sota, y agregó que el país «tiene que recuperar la amistad social».
(DyN) – La jueza federal María Servini de Cubría ordenó la realización de pericias en los libros contables secuestrados en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que contienen datos del dinero recibido del Gobierno nacional por las transmisiones del programa «Fútbol para Todos».
Así lo informaron fuentes judiciales y precisaron que los estudios fueron encargados al cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta causa penal busca investigar adonde fueron a parar los miles de millones de pesos que paga el Estado Nacional y cuánto llegó a los clubes.
Y tiene como imputados al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y sus antecesores en el cargo, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. También estuvo imputado Julio Humberto Grondona, como presidente de la AFA, hasta su fallecimiento.
El 5 de agosto pasado, la jueza ordenó el allanamiento de la AFA, en Viamonte 1366, para obtener documentación relacionada con el contrato por los derechos de televisación de los partidos en el marco del programa Fútbol para Todos de la Jefatura de Gabinete.
La jueza también pidió, el 23 se septiembre último, a la Inspección General de Justicia (IPJ) que le entregue datos sobre las empresas productoras de televisión contratadas por el Gobierno para las transmisiones del programa.
Las compañías sobre las que solicitó información son La Corte, que graba los actos y discursos protagonizados por la Jefa de Estado, VTS S.A, y Farolito Internacional Entertaiment S.A. La causa comenzó por una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostuvo que «se sabe que el año pasado se dispusieron casi 1.530 millones de pesos para el programa Fútbol para Todos, pero lo que sucedió es que a la AFA le quedó 900 y queremos saber cómo se han utilizado eso fondos» Otro de los puntos que quiere saber Ocaña con su denuncia es «si esos fondos terminan siendo negociados en financieras».
Es que no hace mucho el ex presidente de All Boys Roberto Bugallo había admitido que cheques que les da la AFA tienen que «reventarlos en cuevas» de la city porteña.
Días atrás Capitanich fue consultado sobre este expediente judicial en la rueda de prensa de cada mañana y reaccionó denunciando la presunta existencia de «un golpismo activo» contra el Gobierno.
El funcionario hasta le endilgó acciones desestabilizadoras a los «operadores de cable» de televisión, a los que calificó de «auténticos ladrones».
«Esta es la verdad en la Argentina, pretenden por un lado manejar el fútbol, por el otro lado incidir claramente en la opinión publica, con una clara intención golpista, como lo hacen siempre», declaró el ministro coordinador.
(DyN) – El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, advirtió que «no hay ningún gobierno que pueda venir que vaya a eliminar» las retenciones agropecuarias y consideró que es «urgente sacárselas a los productores más chicos».
«El problema de las retenciones es que no hay ningún gobierno que pueda venir que las vaya a eliminar, hay que terminar con el chamuyo, es mentira que vayan a eliminar las retenciones, cualquiera que sea, desde la centro izquierda hasta la centro derecha, nadie va a eliminar retenciones», remarcó. Buzzi, en declaraciones a radio Nacional Rock que reprodujo en un comunicado de la FAA, aseguró que es «objetivamente cierto» que las retenciones móviles que el campo rechazó con protestas en el 2008 ahora serían más convenientes.
Consultado sobre la promesa del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de eliminar ese impuesto a la exportación de granos si llega a la Casa Rosada en 2015, Buzzi calculó que el candidato del PRO «va a tardar siete años» en quitar ese canon.
«(Macri) dice ‘voy a eliminar las retenciones, en soja 5 puntos por año’, por lo tanto el vago va a estar siete años para sacar las retenciones», indicó. El titular de la FAA, que integra la Mesa de Enlace del agro, opinó que «el problema de las retenciones» es que se aplica «la misma cuota a un tipo que siembra, 2 o 3 mil hectáreas, que a un tipo que siembra, 40 o 50 hectáreas, y eso es lo que está mal».
«Busquemos la manera, y la AFIP tiene preparados todos los sistemas para que le puedan devolver las retenciones a los 30 días a un gauchito que siembra 100 hectáreas, a quien hay que darle el precio completo, porque ese se cae del mapa mientras que hay otros que van a tener espalda», reclamó.
Buzzi, quien encabezó con sus pares de la Mesa de Enlace las protestas en 2008 contra el gobierno nacional para impedir la aprobación de las retenciones móviles en el Congreso de la Nación, reconoció que ese mecanismo hoy sería más beneficioso para algunos productores.
«Si hoy tuviéramos retenciones móviles, serían 6 ó 7 puntos por debajo del 35 que tenemos, porque al bajar a esta cotización internacional es verdad que la movilidad de la 125 preveía que fueran al 28 por ciento, pero igual se la estarían aplicando a los productores más chicos. Ese es el punto», explicó.
(Agencia DyN). El Gobierno extendió el blanqueo de capitales por tres meses más, hasta el 31 de marzo de 2014, según lo dispuso mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida comprende “la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior al 30 de abril de 2013, inclusive”.
El decreto 2170/2013 lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Economía, Axel Kicillof.
Según se indicó, “la exteriorización de capitales permite emplear recursos líquidos ociosos para financiar inversiones productivas y sociales que apuntalen el proceso de crecimiento, profundicen la reindustrialización iniciada en 2003 y permitan la inclusión de vastos sectores de la sociedad”.
“Que razones operativas y con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley Nº 26.860, hacen necesario disponer una nueva prórroga por un plazo de tres meses calendario de los plazos previstos en el régimen de dicha ley”, agregó la medida.
El Plan de Exteriorización de Capitales ofrecido por el Gobierno para apuntalar el ingreso de dólares no declarados finalizó ayer con una suscripción de US$ 570,6 millones en CEDIN, según informó el Banco Central de la República Argentina. En cambio, el Ministerio de Economía mantuvo en reserva la suscripción de BAADE.
El blanqueo de capitales se inició el 1º de julio y en una primera etapa el plazo de adhesión se extendió hasta el 30 de septiembre.
Pese al poco interés que despertó la oferta, muy lejos de los US$ 4.000 millones proyectados, el Gobierno nacional decidió prorrogarla hasta el 31 de diciembre, lo que ahora se renovó por tres meses.
“Algunos se animaron a cuestionar ciertas decisiones porque consideran que no se hizo lo suficiente para evitar la situación a la que finalmente se llegó. Y otros se mostraron más comprensivos. De todas formas hay coincidencia en que una situación como la que se vivió no puede suceder nunca más”.
Resumido, ése es el pensamiento de los empresarios ante los hechos de inusitada violencia que padeció Córdoba en las últimas horas, debido al conflicto desatado por el acuartelamiento de parte de la Policía de Córdoba.
A los empresarios les impresionó tanto “la actitud del Gobierno Nacional”, a la que calificaron de incomprensible: “fue un milagro que no hubiera más muertos”, como “la falta de reflejos de De la Sota y no ver que la situación era realmente grave”.
“De todas formas, queda claro que esto no puede ocurrir nunca más. Habrá que legislar si es necesario, pero esto fue inadmisible. De ahora en adelante, ni siquiera puede ser una amenaza: no podemos tener miedo a que la Policía haga paro”, es el pensamiento de los empresarios.
En ese sentido, los reclamos parten en dos direcciones. Por un lado, pedirán “una mayor sensibilidad al Gobierno Nacional” para con la Provincia. “De la Sota fue muy gráfico con la imagen de los DNI”. Y por otro, aseguran que “el Gobierno de Córdoba deberá acomodarse a la situación, buscando el diálogo, pero arbitrando los medios para que situaciones como estas no se repitan”.
En este punto, algunos empresarios no ocultaron su “desilusión” con la administración de Fernández de Kirchner. “Teníamos expectativas de que a partir de los cambios que introdujo la Presidenta, principalmente con la llegada de Jorge Capitanich a la jefatura de Gabinete, la relación iba a ser más distendida. Ahora, hay que empezar casi de cero”, remarcan.
El otro punto en el que los hombres de negocios pusieron el foco fue en la Justicia. “¿Dónde estuvo la Justicia en este conflicto? ¿Qué hizo? Fue realmente llamativa la inacción de los jueces en un conflicto de esta magnitud”, dicen.