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(Agencia DyN) – La presidenta Cristina Fernández recibió hoy «el alta cardiológica» y está en «condiciones de retomar sus actividades formales» a partir del lunes próximo, aunque continuará con «controles de prevención secundaria».

Así lo informó el último parte médico de la Fundación Favaloro difundido en la Casa de Gobierno por el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, quien explicó que los estudios realizados y el Holter mostraron «la ausencia de arritmia significativa y un buen estado cardiovascular». Asimismo, «se observó un bloqueo intermitente de la rama de conducción eléctrica izquierda que no interfiere con una normal frecuencia y función cardíacas».

El parte no brindó ningún detalle sobre la forma en que la jefa del Estado reanudará sus actividades, aunque fuentes consultadas por DyN insistieron en que será de manera «gradual», porque «informalmente ya está en actividad» y ha «seguido en los últimos días los temas de la actualidad».

El vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, celebró el alta cardiológica de la mandataria durante un acto que encabezó en el municipio bonaerense de Florencio Varela y apuntó contra «los chismosos de la política» que «todos los días veíamos en los medios» con versiones sobre la salud presidencial.

«Nosotros siempre dijimos lo mismo, con seriedad y responsabilidad, porque ninguno de nosotros somos médicos -salvo Juan Manzur y Alejandro Collia- y estábamos esperando el parte, sabiendo que ella estaba haciendo toda su tarea», destacó Boudou, quien confirmó el retorno para el lunes próximo.

El texto del informe de la Fundación Favaloro señala que «los controles clínicos y el Holter de 48 horas realizados por la Sra. Presidenta de la Nación, Doctora Cristina Fernández de Kirchner, han puesto en evidencia la ausencia de arritmia significativa y un buen estado cardiovascular». Agrega que «al igual que en estudios previos, se observó un bloqueo intermitente de la rama de conducción eléctrica izquierda que no interfiere con una normal frecuencia y función cardíacas».

Por lo tanto, la mandataria «se encuentra de alta cardiológica y en condiciones de retomar sus actividades formales a partir del lunes 18 del corriente». «Continuará a partir de ahora con los controles de prevención secundaria que incluirán, como ya se ha adelantado, una prueba de movimiento oscilatorio corporal y de esfuerzo pendientes, luego el control por neuroimagen previsto para evaluar el traslado aéreo, a realizarse el lunes 9 de diciembre». se agregó.

El parte difundido por la Fundación Favaloro y firmado por los doctores Facundo Manes, director del Instituto de Neurociencias y Gerardo Bozovich, director médico de esa institución será el último porque «dado el retorno a un estado ambulatorio, las futuras comunicaciones sobre la evolución de salud serán emitidas por la Unidad Médica Presidencial».

Luego del alta neuroquirúrgica y neurológica dictada el último sábado tras la operación por el hematoma intracraneal a la que fue sometida el 8 de octubre, se esperaba este estudio para conocer la evolución de la mandataria en el área cardiológica. Se estima que este regreso será paulatino, con poca actividad y menos exposición que antes y- por lo menos durante un par de semanas- desde la residencia de Olivos.

Los médicos prohibieron a la Presidenta viajar en avión o helicóptero, en principio hasta el 9 de diciembre cuando se evaluará su estado para habilitar o no a realizar vuelos, pero al mismo tiempo le ordenaron una agenda «restrictiva, delegar las funciones en sus colaboradores y no encabezar actos multitudinarios que le generan estrés», según supo esta agencia.

El Gobierno nacional anunció hoy una medida que difícilmente pueda ser leída como otra cosa que un nuevo aspecto para presionar a las empresas: un indicador oficial que “medirá” la competitividad de las empresas argentinas.

Se trata de una iniciativa encabezada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en conjunto con dos entidades gremiales empresarias “aliadas” al kirchnerismo: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Económica (CGE).

Concretamente, la idea es poner en marcha durante esta semana la primera encuesta sobre competitividad del país. Así lo reveló el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich, quien indicó que la misma «tiene como objetivo principal obtener información sobre el nivel de competitividad de las empresas y la dinámica de inversión a nivel nacional».

A modo de ejemplo, «se conocerá cuánto sale fabricar un tornillo en el país y en el exterior, y los costos según la calidad, en puerta de fábrica, para evaluar a qué distancia está la Argentina respecto de otros países», dijo el funcionario. Asimismo, se intentará develar «si el empresario está dispuesto a invertir para mejorar la competitividad», agregó.

De estas declaraciones, y recordando que las quejas por la competitividad son las más recurrentes entre el empresariado argentino, se desprende que, de alguna manera, el Gobierno quiere contrarrestar estos cuestionamientos.

Se resolvió que el Indec será el órgano ejecutor del relevamiento que será patrocinado por las cámaras empresarias, y que contendrá  15 preguntas. El relevamiento inicial comprenderá a 500 empresas, el mismo universo de firmas que participan actualmente de la encuesta de Grandes Empresas.

El funcionario del INDEC explicó que en una segunda etapa, el relevamiento será extensivo a un universo de entre 5.000 y 10.000 PYMES, si bien «primero comenzaremos con las grandes empresas», donde hay una porción importante de firmas exportadoras.

Las firmas estarán recibiendo la encuesta entre hoy y mañana, que se podrá completar por Internet. El plazo para poder participar de la misma será hasta el próximo 31 de octubre, y los resultados se conocerán en diciembre, anticipó Itzcovich. La encuesta será por única vez, y luego se realizará otra con las empresas PyMe, cuya fecha aún no está definida.

(Agencia DyN) – El Gobierno oficializó el pago a cinco empresas que litigaban contra el país en el CIADI por 677 millones de dólares, medida por la que debió ampliar la deuda del Estado en 3.000 millones de pesos, según se publicó hoy en el Boletín Oficial a través de dos resoluciones.

Por un lado, el Ministerio de Economía publicó la resolución 598/2013 suscripta por su titular, Hernán Lorenzino, mediante la cual se aprobó el «modelo de acuerdo sobre laudos firmes dictados por tribunales arbitrales», en el marco del CIADI y el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL).

Bajo ese marco se suscribieron cinco acuerdos con empresas que contaban con laudos firmes, por un total de 677 millones de dólares. «La quita fijada en valor nominal a todos los acreedores por igual representa un 25 por ciento respecto del monto originalmente reclamado, equivalente a un ahorro fiscal de 171 millones de dólares», aseguró el Palacio de Hacienda en un comunicado.

La instrumentación de los acuerdos supone la cancelación de los montos a plazo mediante la entrega de una combinación de bonos BONAR X para el capital y BODEN 15 para los intereses y a una tasa del 7 por ciento anual.

Además, las firmas beneficiadas con el pago del Gobierno suscribirán BAADE, en efectivo, por el 10 por ciento del monto total reclamado, equivalente a 68 millones de dólares Según Economía, los acuerdos se celebraron «en condiciones extremadamente favorables para el país», y «no» afectaron «recursos en efectivo ni reservas internacionales».

Las empresas favorecidas por el acuerdo son Blue Ridge (titular de CMS Gas), CC-WB (titular del reclamo de Continental Casualty Co.), Vivendi (Aguas del Aconquija), Azurix Corp, que recurrieron al CIADI, y NG-UN Holdings, tenedora del planteo de «National Grid», que reclamó ante la UNCITRAL.

Por otra parte, a través de la resolución 830 que firmaron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y Lorenzino, el Gobierno amplió en 3.000 millones de pesos la deuda del Estado Nacional para hacer frente a los laudos. Lo hizo a partir de modificar el Presupuesto Nacional de este año.

En sus considerandos, el texto no ofreció detalle alguno sobre cuánto recibirá cada empresa, y se limitó a mencionar que «las empresas acreedoras reajustan sus pretensiones indemnizatorias, reduciéndolas en no menos del 25 por ciento de la liquidación correspondiente», y que «en dicho marco se suscribieron convenios individuales» para la «entrega de BODEN 15 y BONAR 2017».

(Agencia DyN). El vicepresidente Amado Boudou encabezará hoy dos actos oficiales en la Casa de Gobierno en reemplazo de la jefa de Estado, Cristina Fernández, quien cumple su segundo día de reposo en la Residencia de Olivos.

Según trascendió en la Casa Rosada, Boudou encabezará desde las 11 una entrega de patrulleros prevista en la explanada del edificio de Balcarce 50, mientras que a las 13, hará la propio en un acto en el Salón Mujeres Argentinas, vinculado a la repatriación de científicos que se desempeñan en el Conicet.

La Presidenta deberá cumplir un reposo de 30 días por un cuadro de colección subdural crónica, por un traumatismo de cráneo, que le diagnosticaron el sábado pasado. Fernández permanecía esta mañana en la Residencia de Olivos y no se ha informado si pedirá formalmente licencia.

Boudou cumplirá hoy con la agenda oficial de actividades que tenía previsto desarrollar la Jefa de Estado. En el acto de entrega de patrulleros y camionetas blindadas, destinado a las fuerzas de seguridad, Boudou estará acompañado por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, mientras que en el Salón Mujeres, lo secundará el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao.

Mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aterrizaba en Nueva York para participar mañana del congreso anual de la ONU, en el que hará foco este año sobre los “fondos buitre”, se conocía que el Gobierno nacional promulgó hoy la ley que habilita la reapertura del tercer canje de la deuda externa, impulsada por la presidenta Cristina Fernández para intentar poner fin al reclamo judicial de parte de los holdouts. Asimismo, se promulgó la normativa que grava la distribución de dividendos y las ventas de acciones de empresas que no cotizan en bolsa.

Por Decreto 1472/2013, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley Nº 26.893 del Impuesto a las Ganancias, sancionada por el Congreso Nacional el 12 de septiembre pasado, que grava las actividades financieras que no estaban comprendidas por el impuesto a las Ganancias, para compensar la suba del mínimo no imponible en los salarios.

La nueva ley grava con un impuesto de 10% la distribución de dividendos y otro del 15% la compraventa de títulos valores que no cotizan en Bolsa. Cuando la titularidad corresponda a un sujeto del exterior, y el adquirente también sea una persona física o jurídica extranjera, «el ingreso del impuesto correspondiente estará a cargo del comprador de las acciones, cuotas y participaciones sociales y demás valores que se enajenen», aclara el texto.

Con estas acciones, el Estado busca compensar en forma parcial los menores ingresos por la suba del mínimo no imponible de Ganancias que representan alrededor de $ 2.500 millones.

En tanto, el Estado también publicó el decreto 1470/2013 en el que ratifica formalmente la normativa titulada ‘Proceso de reestructuración de títulos públicos‘, aprobada por el Congreso el 11 de este mes.

En su primer artículo, la ley autoriza al Poder Ejecutivo nacional “a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto en el Decreto Nº 1.735 del 9 de diciembre de 2004 y sus normas complementarias que no hubiesen sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el Decreto Nº 563 de fecha 26 de abril de 2010”.

“Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto Nº 563/10”, se advirtió.

Se destacó que los tenedores de títulos públicos que “deseen participar de cualquier operación de reestructuración que se realice en el marco de lo dispuesto en la presente ley, deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos, inclusive a aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra autoridad”.

También deberán “renunciar y liberar a la República Argentina de cualquier acción judicial, administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los referidos títulos o a las obligaciones de la República Argentina que surjan de los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos”.

“Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”, aclara la ley.

“Hay una centralización absoluta del manejo de los recursos del país, discrecionalidad en la forma de repartirlos. Es la muerte definitiva del federalismo y las autonomías provinciales”, manifestó en diálogo con Punto a Punto Radio el diputado nacional por el radicalismo, Mario Negri, al hablar sobre un informe difundido en las últimas horas en el que afirma que la Nación gasta en un porteño 7 veces más en obras públicas que en un cordobés.

“Es imposible encontrar algún criterio medianamente equitativo, que demuestre que la distribución de los fondos per cápita no haya sido caprichosa. Hay un quinteto de cinco provincias en las que están Buenos Aires, Córdoba, Santa fe, Mendoza y Corrientes que son las más perjudicadas. Para que tengan una idea: de plata de capital de la Nación a las provincias sólo hay 8 que superan el 20% de la inversión. Santa Cruz está en el 38% y Sante Fe o Córdoba no pasan del 6 ó 7%. Las más beneficiadas son Santa cruz, Formosa, La Rioja”, explicó el dirigente.

Para Negri, “esto no tiene nada que ver con criterios de pobreza o solidaridad con las provincias”, sino que justamente es una “muestra de discrecionalidad”. “La inversión per cápita en el país es de $ 18.000 y en Córdoba es de casi $ 11.000. Estamos hablando de una ‘década ganada’, con un crecimiento del 8%, pero que hace que el miércoles vayan a querer votar nuevamente la prórroga de emergencia económica”, cuestionó con ironía Negri.

En ese marco, insistió: “No es resultado de la casualidad sino de la discrecionalidad. La Presidenta aterriza como si fuera Papá Noel. La idea de que los recursos los tengo pero los doy cuando quiero y como quiero, crea una relación de dependencia. Ni en la época de Perón hubo tanta discrecionalidad”.

– ¿Hay posibilidades de una reforma tributaria?
– Es una asignatura pendiente. La presión tributaria supera casi a la de algunos países de Europa y además acá ni siquiera han querido escuchar la posibilidad de modificar el IVA para los productos de la canasta básica, que afecta a las personas de menores recursos. El gobierno tiene un discurso por izquierda pero junta plata por derecha.

Un crecimiento del 6,2% y una cotización promedio del dólar de $ 6,33 son dos de los datos principales que forman parte del proyecto de Presupuesto presentado, de una manera preliminar, por el ministro de Economía Hernán Lorenzino en la Cámara de Diputados de la Nación.

De movida, se trata nuevamente de datos que invitan a la polémica porque parecen alejados de la realidad. Por caso, en el presupuesto 2013, el Gobierno nacional había estimado un dólar a $ 5,10, mientras que la cotización de las últimas horas fue de $ 5,72 y se espera que supere los $ 6 a fin de año, más de un 20% por encima del cierre de 2012.

Así, un dólar a $ 6,33 significaría una devaluación de apenas un 3%, algo que asoma absolutamente inversosímil en el contexto económico actual de constante pérdida de competitividad. Lo mismo sucede con la estimación de crecimiento, situada en 6,2%, que no encuentra parámetros reales en donde apoyarse. De acuerdo a la pauta oficial, esto se logrará con una expansión del 5,7% en el consumo y del 8,5% en la inversión.

En el caso de la inflación, el Estado directamente optó por evitar dar a conocer su estimación oficial, aunque un documento difundido a la prensa por Lorenzino confirma que será nuevamente subestimada, ya que se la ubicará en torno al 10,4%.

Otros guarismos esperados para 2014: + 9,2% en exportaciones y + 8,6% en importaciones, que arrojarían un superávit comercial superior a los US$ 10.000 millones. Asimismo, aseguran que el gasto público sólo crecerá 18,9% (nunca bajó del 30% en los últimos años) mientras que la recaudación lo hará en un 27,1% para alcanzar un superávit fiscal de $ 930.874 millones (según el Ieral, este año habrá un déficit de no menos de $ 58.000 millones).

Según Lorenzino, la Argentina “se ha desendeudado siguiendo metas de crecimiento, teniendo políticas autónomas y soberanas” y ha sido el ciclo histórico que “más creció con inclusión social”.

Además, Lorenzino, sostuvo que “los mercados”, por sí solos, “no solucionan las inequidades sociales, sino que las profundizan”. A su criterio, “es fundamental poner al Estado en un rol activo en el manejo de la economía. Es el Estado el que debe garantizar la justa distribución de la riqueza”.

Entre otras cosas, se supo que hay cierto apuro del Poder Ejecutivo nacional para que el proyecto de Presupuesto se apruebe antes de las elecciones de octubre, así como también otras leyes sensibles como las prórrogas del Impuesto al Cheque y del adicional al Impuesto al cigarrillo.

El Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) proyectó que el Gobierno nacional cerrará el año con un déficit financiero que oscilará entre los $ 58.000 millones y los $ 76.000 millones, dependiendo de los niveles de gasto que decida ejecutar.

Esto será así porque de la evolución actual de ingreso y gasto se estima que el déficit primario será entre cuatro y nueve veces mayor que el del ejercicio 2012.

“Si bien el nivel de actividad y la recaudación tributaria muestran mejoras en 2013, no resultan suficientes para reducir la incertidumbre que se percibe para los próximos meses en materia fiscal y monetaria. Por un lado, el gasto público podría resultar más expansivo por factores inerciales (subsidios) y electorales, lo que requerirá de un financiamiento en pesos por parte del BCRA en un contexto en donde las medidas antiinflacionarias no parecen tener efecto”, explica el Ieral en su último informe de coyuntura.

“Por otra parte, si bien la política de desendeudamiento ha reducido el monto de los servicios en moneda extranjera, su peso está resultando cada vez mayor dada la pérdida de reservas que está experimentando el BCRA y los problemas para generar divisas (pérdida de competitividad) de varias actividades sectoriales y economías regionales”, añade el estudio firmado por los economistas Marcelo cordobeses Capello y Néstor Grion.

A la hora de estimar los escenarios fiscales para 2013, el instituto que pertenece a la Fundación Mediterránea calcula que los ingresos totales del Estado nacional aumentarán en torno al 30% en relación al año pasado. En tanto, por el lado del gasto se plantean dos escenarios: uno con aceleración moderada del gasto de capital en el tramo final del año por motivos electorales (+ 43%) y otro más expansivo (+ 55%) a lo que hay que sumar 3 puntos porcentuales más de suba en los subsidios a empresas y el resto del gasto por mayores transferencias a personas y gobiernos provinciales.

“Dado estos escenarios para los ingresos y el gasto, se obtienen los correspondientes valores para el superávit primario y financiero. Para 2013 se plantea un déficit primario de 0,7% del PIB en el caso base y de 1,4% para el caso expansivo, cuando había sido del 0,2% en 2012”, señala el Ieral.

Es decir, que de un déficit primario (antes del pago de deuda) de $ 4.000 millones se pasaría, como mínimo, a un saldo negativo casi cinco veces superior (- $ 19.777 millones) y que podría ser hasta 9 veces mayor (- $ 38.046 millones). En el caso del déficit financiero, el salto no sería tan grande pero igual el monto asusta: entre – $ 58.377 millones y – $ 76.646 millones.

07 Ieral cuadro déficit

Qué pasa con el dólar

En tanto, “pasando a considerar las implicancias monetarias de esta situación fiscal, se supone un crecimiento de la base monetaria del 30% para este año para el caso base. Por el contrario, en el escenario expansivo, la emisión adicional necesaria sería de alrededor de $18.000 millones (por aumento del déficit entre escenarios), implicando una suba de la base monetaria del 35,9% para el 2013 (tomando valores a fin de año)”, subraya el informe. Concretamente, el instituto estima que a fin de año habrá casi $ 400.000 millones circulando.

En ese marco, el Ieral hace un interesante ejercicio que es estimar a cuánto llegaría lo que se podría denominar una suerte de “dólar convertibilidad”; es decir, la cotización en pesos de la moneda extranjera si se mantuviera la lógica de dividir el monto circulante por los dólares que están en el Banco Central.

“Ante el escenario antes planteado, el crecimiento de la base monetaria sería tal que su respaldo (relación con las reservas) se seguiría deteriorando. El año 2012 terminó con un nivel de reservas de u$s 43.290 millones y en julio de este año totalizaron u$s 37.048 millones (14% de caída). Dadas las últimas proyecciones en materia de liquidaciones de exportaciones y respecto a los resultados del blanqueo, se espera que a fin de año su nivel resulte cercano a los u$s 34.000 millones. En consecuencia, siendo que a fines de 2012 el cociente entre base monetaria y reservas internacionales era de $ 7,10, para fin de 2013 se espera que resulte de $ 11,75 para el caso base (65,5% de aumento) y $ 12,29 en el expansivo (73,1% de incremento)”, pronostica el Ieral.

07 Ieral cuadro dólar convertibilidad

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba condenó al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, a seis meses de prisión en suspenso. Por tratarse de una pena leve, no irá a la cárcel.

El ex funcionario fue hallado culpable del delito de sustracción de documentación destinada a servir de prueba en otro proceso, en grado de tentativa. Por el delito, el fiscal Maximiliano Hairabedian había pedido un año de prisión.

Luego de escuchar la condena, Jaime se retiró sin hacer declaraciones a la prensa que cubrió la sentencia. “Este es un fallo político”, estimó Marcelo Brito, su abogado defensor. “Hay un gran enfrentamiento entre grandes sectores. Algunos jueces se prestan a esta pelea. Habría que preguntarle a los jueces qué interés tienen en apartarse manifiestamente del derecho”, agregó.

“El acusador no pudo demostrar la existencia de las tarjetas. Hay documentos públicos que demuestran que lo que dijo la contadora no existió en el mundo real. Fue una aberración jurídica”, sostuvo Brito.

Jaime habló por última vez antes que el Tribunal, integrado por los jueces Fabián Asis, Carlos Lascano y José Pérez Villalobo, y volvió a negar las imputaciones en su contra.

El hecho que se le imputó a Jaime ocurrió en junio de 2010, cuando durante un allanamiento en su domicilio el exsecretario de Transporte ocultó en su bolsillo unas tarjetas que lo presentaban como director ejecutivo de una empresa.

El acto fue detectado por las autoridades que realizaban el operativo e instaron a Jaime a devolver las tarjetas, algo a lo que accedió. Pero luego esas probables pruebas se extraviaron en el camino hacia Buenos Aires.

Este es el primer juicio contra Jaime con sentencia en su contra, mientras afronta una veintena de causas, entre ellas una por la tragedia ferroviaria de Once.

El conflicto entre la aerolínea LAN y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que tres funcionarios del Estado ofrecieran una conferencia de prensa en la que le pidieron a la empresa un informe técnico que justifique porqué abandonar el hangar les representaría una traba para seguir operando en el país a la vez que, en cierta manera, la culparon de frenar obras en dicha terminal por $ 850 millones.

Concretamente, el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el viceministro de Economía, Axel Kicillof; y el titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Gustavo Lipovich, participaron del encuentro en el que también se conoció que la Casa Rosada le pedirá a LAN que gestione “los mismos beneficios en Chile y Brasil” para Aerolíneas Argentinas.

Dichos pedidos fueron formulados por Kicillof al vicepresidente ejecutivo de Latam (fusión de Lan y Tam), Enrique Cueto. “Se dialogó sobre le conflicto desatado por LAN cuando se negó a acatar la resolución de ORSNA, que además de a LAN se aplica a otras seis empresas y otorgaba ocho meses para trasladar el hangar a otra locación”, manifestó Randazzo.

El funcionario explicó que se le pidió a la empresa de origen chileno que realice un informe sobre el impacto que tendría el abandono del hangar en el aeroparque “Jorge Newbery”. Kicillof agregó que Aerolíneas Argentinas “está trabajando bien y no necesita correr a ninguna otra empresa. Queremos que opere LAN, así que si esta medida del ORSNA les ocasiona un riesgo económico que nos expliquen hasta que punto es así”.

En tanto, también se le solicitó que apoye un pedido de la Argentina para alcanzar la reciprocidad en ambos países, lo que implica contar con hangares en los principales aeropuertos de Brasil y Chile,  y contar con la autorización para realizar vuelos de cabotaje.

“Cuando un país demanda una determinada licencia (para una empresa) debe reconocer las mismas condiciones en su propio territorio. Pedimos que Aerolíneas Argentinas goce en Brasil y en Chile de los mismo beneficios que LAN tiene en la Argentina”, afirmó Randazzo.

En este contexto, volvieron a presionar a LAN ahora acusándola de estar frenando inversiones millonarias en el sector aeroportuario. Según Randazzo, Aeroparque suma 100.000 usuarios más por mes y la medida cautelar que frenó el desalojo está poniendo en stand by un proceso de inversión de $ 850 millones que involucra la ampliación de la terminal de pasajeros; cuatro nuevas mangas de embarque, nueva sede de estacionamiento vehicular con varios pisos, la demolición de la terminal C, y una nueva torre de control, entre otras medidas.

“Todas las obras que beneficiarán a nueve millones de pasajeros quedan suspendidas hasta la resolución judicial”, remarcó el funcionario y agregó que “estas obras permitirán mejorar la situación de todas las compañías”.