El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, confirmó que la Mesa de Enlace que reúne a las principales entidades agropecuarias del país lanzará en los próximos días un plan de lucha que incluiría un nuevo paro general de actividades con cese de comercialización de materia prima.
“Este jueves vamos a hacer una jornada  de concientización en la que vamos a mostrar a la opinión pública la situación de la mayoría de las actividades productivas de la Argentina que están siendo perjudicadas por las políticas del gobierno. Y el martes 3, en el ámbito de la Mesa de Enlace, se va anunciar el plan de lucha y ahí vamos a decidir cuál va ser la modalidad de propuesta que vamos a seguir adelante en las próximas semanas”, remarcó Etchevehere.
Según el dirigente, esto no es un acto por alguna circunstancia nueva sino que “hace siete años que venimos reclamando, o sea que es la consecuencia de la política que aplica el gobierno del precio máximo al productor pero sigue perjudicando al consumidor. Por ejemplo, me refiero a la leche, que un tambero está cobrando alrededor de $ 3,20 cuando necesita $ 4 para poder subsistir y la leche en el mostrador está a $ 10, $ 12 el sachet, sin contar que del litro de leche que le compran al productor además del sachet, sacan queso, yogurt  y una serie de lácteos que no se ve reflejado en el precio que nos pagan. Lo mismo con la lana, el trigo, la uva, la pera, la manzana…”.
Para Etchevehere, “a todo esto el gobierno lo podría revertir si sacase las retenciones, las prohibiciones de exportar, si sacase esta política de precios máximos, porque es justamente lo que está perjudicando a la actividad. Vemos que en nuestros países vecinos todavía las actividades son rentables y el campo, la producción de alimentos, ayuda a las economías de esos países a progresar, como es el caso de Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil”.
En esa línea, los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe aseguraron que el empleo de los ROES como «licencias no automáticas» de exportación hacen perder al sector triguero unos 4.321 millones de pesos por las «restricciones vigentes».
Las entidades expresaron estos conceptos a través de un comunicado donde consignaron que el empleo de este tipo de «mecanismos» genera «no solo graves consecuencias economías a los productores, sino también a las economías regionales.
Los cinco centros de corredores granarios volvieron a criticar el alcance que tiene la resolución general 543, publicada en mayo de 2008 por la ex ONCCA, que a juicio de las entidades «opera en la práctica como un mecanismo de licencias previas de exportación no automáticas».
Según indicaron «hoy el trigo no puede ser comercializado ya que las restricciones vigentes hacen que no haya compradores en la plaza» granaria local y manifestaron que este tipo de «restricciones» provocó que las economías regionales debieran «resignar 4.321 millones de pesos».
Agregaron que «en la actualidad hay disponible para la venta 2,9 millones de toneladas de trigo, que en condiciones normales podrían ser colocadas en el mercado externo, pero no pueden comercializarse como consecuencia de la Resolución general 543».
Las cinco entidades expresaron que «este mecanismo, no solamente impide que los productores capturen el precio pleno por su producción, sino que priva a muchas localidades que dependen directa e indirectamente de este cultivo, de hacerse de 4.321 millones de pesos provenientes de la comercialización del trigo (considerando el valor del FAS teórico que publica diariamente el Ministerio de Agricultura), que no puede materializarse por las restricciones vigentes».