Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) asegura que, durante el año pasado, el Estado argentino fue el principal generador de empleo, sumando tres de cada cuatro puestos formales que se crearon durante 2014.
Sin embargo, el documento (15-03-16 El Estado como principal demandante de nuevo empleo) advierte que esta dinámica podría cortarse durante el corriente ejercicio, a raíz de que los problemas fiscales derivarían en que no se pueda seguir con tal tendencia.
Según el Informe Económico Nº 300, elaborado por los economistas Nadin Argañaraz y Daniela Cristina, “el mercado laboral en la Argentina da cuenta de un escenario que mantiene algunos signos de fragilidad, y enciende a su vez luces amarillas”.
En ese marco, el estudio analiza la importancia relativa en la creación de empleo e identifica la relevancia del sector público. El resultado es el siguiente: “durante el año 2011 el Estado aportó ligeramente más del 20% de los nuevos puestos creados, mientras que durante el año 2012 la participación del sector creció hasta representar la mitad de la creación de empleo en el IV trimestre de ese año. Un comportamiento similar se observó durante 2013. Durante 2014, en que el sector privado no aportó sensiblemente a la creación de empleo, el Sector Público fue el que aportó el 75% de la creación de empleo, evitando de esta manera un mayor deterioro en el mercado laboral”.
El IARAF destaca que esto ya había sucedido durante el período 2008-2009, luego de la crisis internacional, y que eso significa que “el sector público actúa de una manera claramente contracíclica en términos de creación de empleo, participando más activamente en el mercado laboral cuando la creación del sector privado decae, para luego atenuarse de manera relativa cuando el sector privado comienza a mostrarse más dinámico”.
¿Qué pasará este año?
Un párrafo interesante del documento del IARAF es que “la creciente restricción fiscal, y las tensiones cambiarias que el déficit fiscal acrecienta (dada la financiación monetaria del mismo) ponen en jaque la sostenibilidad de esta estrategia del sector público para crear puestos”.
El argumento es que “la consecuencia de la merma en la actividad económica es la menor creación de puestos en el sector privado y, evidentemente, muchos buscarán refugio en el Sector Público. Es de esperar que surjan tensiones salariales en los distintos sectores, fruto de la puja distributiva”.
Por ello, “las paritarias del sector público serán las más arduas, dado que en ese sector el estancamiento económico no se traduce en un mayor riesgo de despido. En contraposición, en el sector privado -especialmente en aquellas ramas de la actividad económica con mayor problema de competitividad- probablemente los trabajadores sean más cautos a cambio de una garantía de estabilidad laboral. Claramente, el Estado en principio no podría hacer frente a subas sostenidas y simultáneas de salarios y de cantidad de empleados. Alguna debería relegar”.
En el gran entramado impositivo que tiene la Argentina, hay un tributo que no suele ser tan mencionado como el Impuesto a las Ganancias pero que poco a poco se está convirtiendo en un verdadero obstáculo para los asalariados argentinos: Bienes Personales.
De hecho, un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) da cuenta del fuerte impacto que podría tener este impuesto a lo largo de 2015 de no actualizarse el mínimo no imponible y las escalas que se utilizan para el cobro del mismo.
El ejemplo más usual, que es el de una cabeza de familia que tiene una propiedad y dos autos a su nombre, podría llegar a tener que pagar el doble de Bienes Personales este año respecto a 2014.
En concreto, el IARAF recuerda que éste fue un tributo impuesto por el menemismo en el año 1991 y que originalmente tenía un espíritu progresivo y que gravaba más que todo a familias pudientes, ya que el mínimo no imponible era de $ 100.000, en aquel entonces equivalentes a US$ 100.000.
Sin embargo, la primera distorsión se generó porque esa cifra recién se actualizó en 2007 y hasta $ 305.000, y desde allí hasta ahora no se ha movido. Eso, mientras las valuaciones fiscales de automóviles (según la tabla que anualmente publica la AFIP) y de los inmuebles (en base a los datos de los impuestos inmobiliarios provinciales) han subido exponencialmente de la mano de la inflación. Por ejemplo, un auto que en 2001 valía $ 20.000, hoy se encuentra en torno a los $ 175.000.
“Esta situación, unida al insuficiente ajuste del mínimo exento, ha provocado que se desvirtúe totalmente le esencia del tributo, ya que desde hace varios años prácticamente la totalidad de los propietarios de inmuebles han quedado alcanzados por el mismo y en consecuencia ya no es un tributo que afecta exclusivamente a los sectores más pudientes de la sociedad, sino que se extiende sobre amplios sectores de la denominada clase media”, destaca el IARAF.
Y amplía: “Además del incremento en la cantidad de contribuyentes, el hecho de ser un impuesto con tasa progresiva genera una distorsión adicional derivada de la falta de actualización de los tramos de la escala, lo que provoca que un contribuyente que tiene la misma cantidad de bienes, representada año a año por un valor nominal superior, se puede ver afectado por una alícuota creciente, aún cuando evidentemente su riqueza en términos reales ha permanecido inalterada”.
Allí, el IARAF pone el ejemplo mencionado de un contribuyente propietario de un departamento de dos dormitorios cuya base imponible para el año 2013 ascendía a $ 340.000 y de dos automóviles, uno mediano cuya valuación según la tabla de AFIP en 2013 era de $130.000 y otro chico con una valuación de $100.000.
“Suponiendo que esos fueran los únicos bienes gravados del contribuyente, el impuesto para el año 2013 ascendió a $ 2.992,50. Considerando un ajuste en los parámetros del 35% en el caso de la valuación del impuesto inmobiliario y del 22% en el caso de la tabla de los automóviles, y bajo el supuesto de que no se modifican ni el mínimo ni los tramos de escala, este contribuyente (cuyo nivel de riqueza real no ha variado) pasará, según la DDJJ del año 2014, a abonar por bienes personales $5.824, es decir prácticamente un incremento del ciento por ciento respecto al año anterior”, explica.
Un estudio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) determinó que el Estado, teniendo en cuenta los tres niveles de Gobierno, se lleva como mínimo un tercio de lo que cuesta un producto o servicio cada vez que un argentino lo adquiere.
“Es posible afirmar que el costo impositivo incluido en el precio de los diferentes bienes y servicios se encuentra en niveles muy elevados actualmente en Argentina, superando el 30% del precio que paga el consumidor por los mismos”, señala el informe elaborado por el titular del IARAF, Nadin Argañaraz; y los economistas Sofía Devalle y Andrés Mir.
La investigación arranca señalando que “la última década podría considerarse en Argentina como el período de la carga tributaria ‘sin límites’” y calcula al respecto que, bajo la nueva medición del PBI dispuesta por el Estado nacional desde este año, “la presión fiscal pasó de un 24,1% en el 2004 a un 34,5% en el 2013, evidenciando un aumento del 43% entre ambos años”.
“Independientemente del PBI empleado, la carga tributaria efectiva consolidada viene evidenciando un crecimiento sostenido en la última década, con un nivel récord en el 2013”, resume el IARAF.
Pero lo más interesante surge al analizar la incidencia de la carga tributaria global de los tres niveles de gobierno –nacional, provincial y municipal– “contemplando la cadena productiva y comercial de los productos originados en la industria hasta su llegada al consumidor final”, considerando “la venta del producto por parte de la industria a un eslabón mayorista o distribuidor, que luego refactura el mismo a un eslabón minorista que es el que finalmente pone a disposición del público consumidor los productos”.
Así, en el caso de los alimentos básicos como carnes, lácteos, frutas y verduras, el IARAF concluye en que “el 34% del precio de venta al público en el mercado interno de los productos originados en la industria alimenticia se explica por los diferentes impuestos y regímenes que conforman el sistema tributario, previsional y de seguridad social de los fiscos nacional, provincial y municipal”.
En cuanto al resto de los alimentos, el peso de los impuestos llega al 40%.
En las bebidas, en tanto, casi la mitad de lo que paga un consumidor cada vez que compra una gaseosa o una cerveza, son tributos.
El porcentaje más bajo de participación de los impuestos está en el precio de venta de una vivienda, donde el aporte al Estado es del 30%.
En cambio, cuando se contrata un hotel el peso relativo vuelve a ser alto: 40%.
Lo mismo sucede cuando se concurre a almorzar o centar a un restaurante, que sólo se queda con el 62% del dinero mientras que el 38% restante va a parar a las arcas públicas.
Como era de esperar, el sector más afectado por la presión impositiva son los autos. En el caso de los de gama media, más de la mitad (52,7%) del precio va a parar al Estado, mientras que en los alta gama, casi dos tercios (63,5%) del valor final son impuestos.
Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) desmitificó completamente la visión oficial sobre que los salarios en la Argentina no sólo que no han perdido poder adquisitivo sino que lo han incrementado.
Entre otros aspectos salientes, el trabajo elaborado por el titular del IARAF, Nadin Argañaraz; y los investigadores Andrés Mir y Sofía Devalle, señala que entre la inflación y la no actualización de los parámetros que inciden en el Impuesto a las Ganancias, los salarios pueden caer entre 5,7% y 13,1% este año.
Las principales conclusiones del informe son las siguientes:
– En primer lugar, se supone que el año 2014 cierra con un escenario de inflación anual cercana al 40% y se asumen tres escenarios de incremento en los salarios nominales: del 28%, 30%, y 32%. La pérdida de poder adquisitivo del salario en cada caso, sin considerar los efectos de la falta de actualización de los parámetros de cálculo del impuesto a las ganancias, sería del -8,6%, -7,1%, y -5,7%, respectivamente.
– La pérdida en el poder adquisitivo del salario luego del pago del Impuesto a las Ganancias, suponiendo que que no hay cambios de algún parámetro del impuesto en lo que resta del año, se ubicaría entre un -8,5% y un -13,7%, según el caso de ingresos y de incremento salarial para el 2014 considerado.
– Resulta interesante descomponer la pérdida tanto por el factor inflación como por el factor Ganancias. Así, se aprecia por ejemplo que en el caso de un asalariado con sueldo mensual bruto al 2013 de $16.000 y que acordó un incremento nominal del 30% para el 2014, la pérdida de poder adquisitivo luego del pago del impuesto sería este año del -9,6%, atribuible un 74% a la inflación y un 26% a la creciente incidencia del impuesto a las ganancias.
– A mayor nivel de ingresos, y mayor porcentaje de arreglo de aumento nominal, mayor es la pérdida de poder adquisitivo atribuible al impuesto a las ganancias. Por ejemplo, en el caso de mayor nivel de ingreso considerado ($25.000 bruto en 2013) y para el mayor incremento salarial acordado (32%), el impuesto a las ganancias explica prácticamente la mitad de la pérdida total de poder adquisitivo, siendo la inflación la causante de la otra mitad.
¿De cuánto debería ser el plus de fin de año?
Otro dato interesante del estudio del IARAF es que calcula de cuánto debería ser el “plus” o “extra” salarial de fin de año que compense la pérdida del poder adquisitivo acumulada en doce meses.
“El monto adicional anual que deberían recibir los trabajadores para mantener el poder adquisitivo del salario en el 2013 va desde los $19.500 en el caso del tramo de menor ingreso (con una suba salarial del 32%), hasta llegar a casi $42.000 en el caso del ingreso más elevado considerado (con una suba del 28% en el salario nominal del 2014)”, resume el IARAF.
Aunque el dólar blue bajó ayer a $ 14, a lo largo del año ha venido escalando fuertemente y es por eso que no sorprende la gran demanda que tiene la compra del denominado “dólar ahorro”, que es el que pueden comprar quienes ganas más de $ 7.200 mensuales, con la aprobación de AFIP y a un valor 20% superior al de la cotización oficial.
La posibilidad de adquirir la divisa a $ 10 y venderla a $ 14 provocó que muchos trabajadores en condiciones de acceder al dólar ahorro se volcaran a su compra. Las operaciones fueron récord el lunes y martes, en coincidencia con el cobro de los salarios de la mayoría de los trabajadores.
Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en los primeros dos días de septiembre se habrían adquirido en el mercado oficial de cambios un promedio diario de US$ 40 millones.
Y, “si esta tendencia se mantuviese durante todo el mes, se arribaría a una compra total de alrededor de US$ 800 millones”, estimó el IARAF.
¿Es posible eso? Según los economistas Nadin Argañaraz y Sofía Devalle, autores del estudio, es justamente el límite máximo que hoy tendría el conjunto de argentinos asalariados para ahorrar mensualmente vía dólar.
Tomando como base datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que figuran en el Anuario de Estadísticas tributarias de AFIP para el año 2012, el IARAF señala que hay 7.772.000 trabajadores argentinos registrados, de los cuales un 34% supera el ingreso mensual neto de $ 7.200 a valores de hoy.
Considerando los diferentes tramos de ingreso de esta porción de los asalariados y asumiendo que todos ellos adquieren los dólares que la regla les permite, “se observa que sería factible destinar un monto global de casi $8.000 millones por mes a la compra de divisas”.
“Asumiendo que el monto de dólares que esta regla permite comprar no quede depositado en las entidades bancarias, sino que son retirados por parte del comprador, esto generaría un drenaje mensual de reservas cercano a los US$ 800 millones; es decir, prácticamente la misma cifra que se evidenciaría si se mensualizasen las compras de los dos primeros días de septiembre”, destaca el documento.
En este contexto, el IARAF concluye con una advertencia: “Este fenómeno causa pérdida de reservas y es un factor que se suma al uso de estos activos para cancelar deuda. Sería clave calmar las expectativas de devaluación, de modo tal de desincentivar este tipo de compras. No es momento para perder reservas, ante la gran emisión de pesos que se viene por asistencia por parte del BCRA al fisco”.
“El mercado laboral en la Argentina da cuenta de un escenario que mantiene algunos signos de fragilidad, y enciende a su vez luces amarillas” es la primera frase de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en el que advierte sobre los problemas que enfrenta el empleo en el país, que se podrían agravar este año debido a que el Estado ya no tiene margen para ser el “salvador” como en los últimos ejercicios.
Entre otros puntos salientes, el estudio señala que “durante el 2011 el Estado (N. De R: incluye los tres niveles de gobierno) aportó más del 20% de los nuevos puestos creados, mientras que durante el 2012 la participación del sector público creció a una tasa sensiblemente superior, pasando de representar el 30% de la creación de empleo registrado a representar prácticamente la mitad de la creación de empleo en el cuarto trimestre”. “Un comportamiento similar se observó durante el año 2013, llegando al III trimestre con el 49% de la creación interanual de empleo registrado gracias al aporte del Estado”, manifiesta el análisis.
“El sector público actúa de una manera claramente contracíclica en términos de creación de empleo, participando más activamente en el mercado laboral cuando la creación del sector privado decae, para luego atenuarse de manera relativa cuando el sector privado comienza a mostrarse más dinámico”, argumenta el Iaraf.
El problema, afirman desde el instituto, es que “la creciente restricción fiscal y las tensiones cambiarias que el déficit fiscal acrecienta (dada la financiación monetaria del mismo) ponen en jaque la sostenibilidad de esta estrategia para crear puestos, en particular cuando se ha puesto en evidencia durante el mes de diciembre del año 2013 que una gran masa de empleados públicos intentando aumentar el poder de compra de su salario tienen el potencial de crear una situación social que se puede tornar inestable”.
“La ralentización en la actividad económica traerá como consecuencia saliente un mercado laboral donde el desempleo tendería a subir y muchos buscarán empleo en el Sector Público. Evidentemente, es de esperar que surjan tensiones salariales en los distintos sectores, fruto de la pugna distributiva. Desafortunadamente, el Estado no podrá hacer frente a subas sostenidas y simultáneas de salarios y de cantidad de empleados. Alguna deberá relegar”, concluye el informe firmado por el titular del Iaraf, Nadin Argañaraz, y la economista Daniela Cristina.
El Iaraf difundió ayer un nuevo trabajo donde su titular, Nadin Argañaraz, analiza la situación económica actual a la luz de los fuertes movimientos en el mercado cambiario y la rápida devaluación del peso que se evidenció en los últimos días. En ese sentido, destacó:
“Desdoblar el mercado cambiario no es la solución de fondo. Serviría para ganar tiempo, mientras se tomen las medidas más profundas. La evidencia histórica argentina es contundente en este aspecto: los desdoblamientos fracasan. Dotar de mayor consistencia a la tasa de interés, inflación y tasa de devaluación es clave para evitar que el proceso actual continúe y golpee aún más fuerte sobre las expectativas de los agentes económicos”.
“Si no se avanza paralelamente con la reducción del déficit fiscal y su monetización con un plan creíble, las distorsiones pueden seguir incrementándose. En este contexto actual, es positiva la señal que el gobierno está dando a nivel internacional en el sentido de cumplir de alguna manera con los compromisos, con el objetivo que eso puede acercar dólares de alguna fuente. Aunque no es algo que brinde resultados en el corto plazo, resulta un complemento imprescindible de lo anterior”.
Finalmente, señaló que “si no se da consistencia a la política fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos, resultará más complejo cortar la expectativa respecto a que la tendencia actual en materia inflacionaria y cambiaria continuará. Hoy ese objetivo es vital”.
Como era de esperarse, el año pasado cerró mostrando a Venezuela y Argentina como los dos países que lideran el ranking de mayor inflación registrada en la región. En un ranking confeccionado por el IARAF se destaca que el país caribeño superó el 56% de inflación, en tanto que la Argentina mostró una inflación real –según mediciones de consultoras privadas- en torno al 29%.
“Venezuela cerró 2013 con una suba acumulada en el costo de vida de 56,2%, que casi triplica a la cifra del año anterior (20,1%) y constituye la inflación más alta del mundo. Según el IPC de San Luis, hasta noviembre la inflación en Argentina acumulaba en los últimos doce meses una suba de 29,3%. Es importante notar que algunos de los países de la región ponen a la inflación como un objetivo específico (target) de política económica, en tanto que en Argentina el aumento del nivel general de precios es un comportamiento derivado de otras decisiones de política. De hecho, el gobierno argentino para hacer frente al problema inflacionario ha vuelto a proponer un nuevo acuerdo de “precios cuidados”, señalaron desde el IARAF.
Muy debajo de Argentina viene un segundo lote compuesto por Uruguay (8,5%), Bolivia (6,5%) y Brasil (5,8%), en tanto que el “mejor alumno en materia de combate inflacionario en la región es Colombia, que mostró un incremento del costo de vida del 1,9%.
¿Qué se puede decir de Argentina 2014?
Según el IARAF el escenario este año estaría caracterizado por un mayor deterioro fiscal, que se traduciría en mayor estímulo al crecimiento de los precios, a través del financiamiento vía emisión monetaria. “De acuerdo a estimaciones propias, la suba del Índice de Precios al Consumidor por ahora estaría en una banda que va del 30% al 32%, dado el contexto actual. Habrá que ver si el nuevo acuerdo de precios resulta efectivo inclusive en el corto plazo para contrarrestar las presiones inflacionarias y calmar la puja distributiva entre precios y salarios, por citar un caso. La experiencia de largo plazo con los controles es contundente: los congelamientos de precios no son exitosos, ya que reprimen inflación que luego se sincera”, se destacó.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) difundió un informe en el que estima que, entre 2003 y 2013, las Provincias “financiaron” al Gobierno nacional con un monto superior a los $ 450.000 millones, a través de la cesión de numerosos recursos que, en realidad, les pertenecen.
“Los principales conceptos que dan lugar a resignaciones de fondos provinciales por la creciente concentración de recursos en cabeza de la nación son: financiamiento tributario de la seguridad social, coparticipación parcial del impuesto al cheque y derechos de exportaciones que desplazan base imponible de otros impuestos”, explicaron desde el Iaraf.
“En las provincias de baja autonomía tributaria, el monto de las resignaciones de recursos es equivalente a varios años de recaudaciones propias. En algunas provincias, los fondos renunciados equivalen al 100% o más del gasto en personal, mientras que en promedio para todo el consolidado provincial está alrededor del 60%, un porcentaje muy significativo teniendo en cuenta que el gasto en personal es el principal gasto de las provincias”, agregó el estudio.
Los principales datos se resumen en los siguientes cuadros:
El gobernador José Manuel De la Sota logrará hoy su ansiada reunió con el Gobierno nacional, una vez que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lo reciba para tratar diversos temas de gestión.
El encuentro, reclamado desde hace tiempo por De la Sota, llega en un momento álgido por las desavenencias que se dieron entre la Provincia y la Casa Rosada durante el conflicto policial que derivó en la ola de saqueos y delincuencia.
Además, la idea de De la Sota es discutir la deuda del Estado con la Caja de Jubilaciones y otras cuestiones que supuestamente Córdoba resigna a favor del Tesoro nacional y que desde la Presidencia niegan de plano.
Al respecto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) difundió un documento que muestra que, este año, el Gobierno cordobés terminará resignando alrededor de $ 8.600 millones, el equivalente a casi 32.000 viviendas sociales o más de 800 kilómetros de autopista.
Los principales datos del informe se resumen a continuación:
– Totalizando lo resignado por el gobierno provincial en materia de financiamiento a la seguridad social, coparticipación del impuesto a las ganancias por el desplazamiento de base imponible que provocan los derechos de exportación y por el hecho que del impuesto al cheque solamente llega a las provincias un 15% de la recaudación, se llega a una cifra de $8.630 millones para este año 2013.
– Estos guarismos representan el 26% del gasto total presupuestado por la Administración General Provincial, el 50% del gasto total en personal para el año, o alternativamente el 75% de los ingresos tributarios propios que se estiman para el año completo.
– Más allá de la resignación del gobierno provincial, cabe resaltar que la jurisdicción Córdoba es claramente un aportante neto a las retenciones sojeras. En Córdoba se genera cerca de un 30% de la producción del complejo sojero, de manera que teniendo en cuenta que cada año desde 2009 la recaudación de derechos de exportación tomó valores promedio de $25 mil millones, la contribución anual provincial a la recaudación de las retenciones sojeras es de $7.100 millones, que neto de los $600 millones que recibe en promedio anual por FFS, configuran un aporte neto anual de unos $6.500 millones.
– La suspensión desde 2011 del acuerdo por medio del cual se financiaba el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, acumula en todo el período unos $6.000 millones, cifra equivalente a 3 meses de masa salarial neta, aproximadamente. Por este concepto cada año el Tesoro provincial debe realizar un esfuerzo fiscal extra (para sostener el pago de jubilaciones) que equivale aproximadamente a un 14% de la recaudación propia provincial.
– En parte, la situación de Córdoba es similar a la del resto de provincias. En la actualidad las provincias reciben de manera automática un 25% del total recaudado a nivel nacional. Antes del año 2000 recibían en promedio un 30%. Esta diferencia representará, sólo en 2013, unos $35 mil millones, cifra que supera incluso al total de necesidades de financiamiento anual de las provincias.
– Uno de los ejes del debate actual es la posible eliminación de uno de los componentes del financiamiento tributario de la seguridad social, esto es, del 15% de la precoparticipación. La provincia de Córdoba resignó por este concepto desde 2003 el equivalente a $23 mil millones de pesos. Si la cuenta se efectúa desde 2009 cuando se renacionalizó la seguridad social, el monto asciende a $12,5 mil millones.
– De manera agregada, por todo el financiamiento a la seguridad social (precoparticipación más impuestos específicos), las resignaciones netas de los fondos para financiar el déficit de su Caja de Jubilaciones son de $46,4 mil millones para el periodo 2003-2013. Si la totalidad de esos montos netos se hubieran ingresado como financiamiento para la provincia, podrían por ejemplo haber sido destinados a construir 4.645 km. de autopistas en todo el periodo, o alternativamente a 172 mil viviendas sociales.
– El impuesto al cheque fue coparticipado parcialmente casi de inmediato luego de su creación. Si se coparticipara como IVA, las provincias recibirían un monto mayor. En el caso de Córdoba, dejaron de ingresar unos $13 mil millones en el periodo.
– Los Derechos de exportación dan lugar a resignación de recursos puesto que se afectó la base imponible de ganancias. El gobierno de la provincia de Córdoba acumuló desde 2003 una resignación de recursos neta de envíos del Fondo Federal Solidario equivalente a $1.952 millones.