“Cualquier gestión que venga va a tener que incluir los servicios públicos en su agenda de Gobierno. Se necesita como mínimo aumentar la inversión en infraestructura a entre 6 y 8% del PBI”.
Así concluyó un encuentro de prensa organizado por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La frase pertenece al economista José María Rodríguez quien, junto al titular del instituto, Francisco Delgadino, encabezaron dicha conferencia a la que fue especialmente invitado Punto a Punto y en el que, junto a todo el grupo de trabajo de la entidad, hablaron sobre la actualidad de los servicios públicos y sus perspectivas futuras.
Según Rodríguez, “mirando la película, que podemos calificar de terror o drama” –bromeó-, hasta la década de los ’80 el porcentaje de inversión en infraestructura sobre el PBI fue de casi el 3%, cifra que se elevó al 6% en los ’90 para luego decaer de nuevo a un nivel cercano al 2,5% desde la salida de la convertibilidad.
“No es cierto que se invirtió poco en la década de los ’90. Y ahora no es políticamente correcto decirlo, pero en esa época se hicieron reformas en el sistema en la dirección correcta”, manifestó Rodríguez.
En cambio, el resultado de pisar las tarifas -y, por ende, las inversiones- durante una década ya está mostrando sus costos. “Los cortes de energía se han multiplicado por 10 y el tiempo que duran los mismos, por ocho”, analizó el economista, especialista en regulaciones de servicios públicos.
Es por eso que Rodríguez considera clave incluir en la plataforma de Gobierno un plan de acción para revertir el atraso en materia energética. “Los stocks disponibles de energía se han agotado. Y la situación se complica más teniendo en cuenta que el país tiene muchas restricciones para acceder a los mercados de capitales, claves para poder financiar este tipo de inversiones”, subrayó.
Problemas estructurales
En general, la disertación de Delgadino y Rodríguez se centró en fundamentar cuáles son las principales causas que permiten explicar el crónico problema que son los servicios públicos en la Argentina y que se resumen en un mal general de toda la política y la economía: la falta de marcos regulatorios que establezcan reglas claras para todos los actores del sistema.
Los especialistas señalaron, por ejemplo, que normalmente los servicios públicos están compuestos de cuatro actores que deberían ser independientes entre sí y tener cada uno sus deberes y obligaciones dentro de un marco general de funcionamiento: los ciudadanos, el Estado, el prestador del servicio (ya sea público o privado) y el ente controlador.
El problema en Argentina es que, por lo general, el usuario se enfrenta con un solo actor que maneja las otras variables: a menudo el Estado presta el servicio y, supuestamente, se controla a sí mismo. “En otros países, como Chile y Perú sin irnos muy lejos, los entes reguladores son generados por el Estado pero están integrados por gente que accede por concurso y con antecedentes técnicos intachables”, dijo Rodríguez.
“Un bajo nivel de inversión con altas tarifas es algo normal en países que incumplen sistemáticamente las reglas de juego. En el mundo económicamente civilizado no existe que un político le diga al regulador: ‘no me aumentes ahora porque tengo elecciones’. Cuando no hay reglas claras, se corre el riesgo de que haya abusos de las empresas cobran más de lo que deben, o bien abuso del poder político”, sentenció.
