El gobernador José Manuel de la Sota presentó “Córdoba más segura”, un programa de prevención y combate del delito basado en la implementación de tecnología, la creación de la Policía de Pacificación, la incorporación de 1.768 efectivos, 130 móviles para zonas rurales y 1.200 cámaras de seguridad.
La Policía de Pacificación se pone en marcha para fortalecer el vínculo y buscar una mayor cercanía con los vecinos. Esta unidad actuará en zonas rojas y estará integrada por nuevos efectivos policiales. Tendrá el apoyo de 15 comisarías móviles dotadas de vehículos, personal y nuevas tecnologías, que se complementará con el trabajo de las 24 comisarías existentes.
Paralelamente se reforzará la acción de la Central de Monitoreo que existe en la Jefatura de Policía, que combinará la información proveniente del 101, con un sistema de las alertas a través de la nueva Aplicación de Asistencia Ciudadana e imágenes del sistema de cámaras de circuito cerrado.
Las baterías de medidas para combatir el delito también incluyen la implementación de alarmas comunitarias, para lo cual el Banco de la Gente del Ministerio de Desarrollo Social otorgará créditos asociativos para la adquisición de dispositivos (bocina y control remoto). Además la tarjeta Cordobesa ofrecerá un plan de hasta 12 cuotas sin interés para la adquisición de estos accesorios.
El trabajo territorial se complementa la capacitación a los vecinos en el uso de la aplicación Whatsapp y la creación de grupos entre vecinos para alertarse ante situaciones extrañas y que potencialmente podrían convertirse en delito. Los vecinos podrán invitar al comisario del barrio al grupo de Whatsapp.
En esa línea, también se lanza Asistencia Ciudadana, una aplicación que se descarga de la tienda de Android para reportar alertas sobre delitos e incendios que requieran la asistencia urgente de la Policía o bomberos. Esta aplicación geolocaliza las alertas, lo que facilitará una respuesta más rápida.
Al mismo tiempo, se colocarán 1.200 cámaras y domos en lugares estratégicos. En esta primera instancia se llamó a licitación para la adquisición de 600 unidades. Paralelamente se suman 130 camionetas para el patrullaje zonas rurales, que actuarán en consulta con las asociaciones de productores rurales.
“Durante el último período comprendido entre octubre y diciembre, la demanda de alarmas para el hogar aumentó entre un 30% y un 40%”, explicó explica Vera Vionnet, Gerente de Marketing de LoJack. Esto se debe, en parte, a la estacionalidad de las vacaciones y la preocupación que tienen las personas de dejar sus casas solas y vulnerables frente a las amenazas externas, explica el ejecutivo.
Según sostiene el resultado de un estudio realizado por LoJack, el 52,4% aseguran que dejan sus alarmas conectadas incluso cuando los habitantes de la vivienda se encuentran en ella. Además, el relevamiento arrojó que 7 de cada 10 argentinos afirman sentirse más tranquilos al momento de ingresar a sus hogares sabiendo que cuentan con un sistema de alarmas.
Pero quizás el dato más relevante tenga que ver con el cambio de algunos hábitos. Por ejemplo: “el 24% de los encuestados dejó de entrar el auto a su casa por la noche y también dejó de lavarlo en la calle para evitar una entradera; además el 22,2% afirmó que, si sale por la noche, lo hace en remís o en taxi”, precisa el informe.
«Las personas encuentran en las alarmas domésticas la opción más práctica para proteger tanto a su familia como sus bienes, con una eficiencia que supera ampliamente al de otros sistemas más riesgosos o rudimentarios”, asegura Enrique Vera Vionnet, gerente de Marketing de LoJack. “Hoy la tecnología simplifica el uso de este tipo de servicio, volviendo más amigable la experiencia del usuario y permitiendo incluso el monitoreo del hogar desde el celular”, agregó.
“Comprendiendo que al momento de ingresar al hogar muchas personas se sentían intranquilas, desarrollamos la función de Acompañamiento al Hogar como parte dentro de uno de nuestros servicios, que les permite a las personas ponerse en contacto con un operador telefónico que los acompaña durante el ingreso a la vivienda. Dicha función es parte de LoApp, una plataforma que integra el monitoreo del auto y del hogar, y permite realizar un seguimiento de los mismos desde cualquier smartphone”, sentenció el ejecutivo.
(DyN) – El diputado oficialista Martín Insaurralde reclamó a la dirigencia dejar de «agredir» y dedicarse a «discutir los problemas urgentes de la gente» como la «inseguridad y la inflación», luego de ser calificado de «marmota» por su par Carlos Kunkel.
«Cotorrean en los medios pero bajan la mirada en los pasillos del Congreso», añadió el legislador desde su cuenta en Twitter, en un nuevo capítulo de la tensa relación que mantiene con su colega ultrakirchnerista.
Insaurralde usó la red de los 140 caracteres para advertirle presuntamente a Kunkel: «En vez de buscar un micrófono para agredir, hay que discutir los problemas urgentes de la gente».
«Discutamos la inseguridad, la inflación, el sostenimiento del empleo, el futuro de la educación, la salud pública», exhortó.
El ex intendente de Lomas de Zamora insistió en sus quejas: «No puede ser que haya dirigentes que se escondan en las campañas y cuando asumen se dediquen sólo a descalificar y agraviar».
La nueva polémica se desató luego de que el ex subsecretario general de la Presidencia, en declaraciones al portal Infocielo, lamentara que el Frente para la Victoria haya elegido al ex jefe comunal para encabezar la lista de lista de diputados nacionales en las elecciones pasadas.
«Una cosa es la cara para un proceso electoral, y nosotros cometimos el error de poner a un marmota en esa función el año pasado, y otra es la capacidad para gobernar. Nosotros preparamos los cuadros dirigenciales para que estén en condiciones de ejercer el gobierno», disparó Kunkel.
Esta mañana, Insaurralde salió a pedir públicamente que se frene la agresividad.
«No puede ser que haya dirigentes que se escondan en las campañas y cuando asumen se dediquen sólo a descalificar y agraviar», alertó.
Para el diputado oficialista, «es imperioso encontrar la mejor opción para eliminar las listas sábana».
Y al reclamar un debate para solucionar los «problemas» de la ciudadanía, aseveró: «Pensemos cómo mejoramos lo que está bien y cómo corregimos lo que está mal en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo realmente importante».
El Gobierno de Córdoba reglamentó la Ley de Control Ciudadano Nº 10.197 de la Policía de la Provincia, que como aspecto principal incluye la posibilidad de que los vecinos puedan opinar en audiencias públicas sobre el ascenso de los oficiales a comisarios.
Se trata de una de las normativas surgidas luego del malestar social despertado tras los saqueos y episodios violentos ocurridos el 3 y 4 de diciembre del año pasados, ocurridos en el marco de una protesta policial en reclamo de mejoras salariales que dejó a los cordobeses sin protección en las calles.
La puesta en práctica concreta de la ley comenzó a regir en las últimas horas tras la publicación de la reglamentación en el Boletín Oficial.
Puntualmente, el decreto Nº 1.266 –que lleva la firma del gobernador José Manuel De la Sota; el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg; y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba– dispone en primer término la creación de la “Oficina de Control Ciudadano Policial”.
Luego, establece que este programa “se implementará en relación al Personal Superior de la Policía de la Provincia de Córdoba, que se encuentre revistando y en condiciones de ser promovido a los grados correspondientes a los estamentos de Oficiales Superiores y Oficiales Jefes”.
Como se mencionó, la principal novedad es la realización de audiencias públicas donde asociaciones vecinales y particulares, a través de un “Buzón del Ciudadano”, podrán dar su opinión y ofrecer sus reparos con datos respecto a los policías que se quiere ascender.
Según la reglamentación, las autoridades estarán obligadas a “consignar la
nómina del personal policial en condiciones de ser promovido, como así también, lugar, fecha y hora de realización de la misma (Audiencia Pública”, asignando el lugar donde se colocará el «Buzón del Ciudadano»”.
El decreto señala que “las organizaciones y entidades enunciadas en la norma deberán acreditar, de manera previa y en forma fehaciente, la personería jurídica pertinente, como asimismo quienes participen en su representación, deberán justificar el carácter invocado”.
Y continúa: “Las opiniones que deseen formular los vecinos deberán ser plasmadas en formularios dispuestos a tales efectos por la Autoridad de Aplicación, los cuales se encontrarán a disposición del público con la debida antelación al día de la audiencia, para que luego de cumplimentados por los interesados, sean depositados en el «Buzón Ciudadano» habilitado a tales fines, el que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inviolabilidad hasta el momento de su apertura en la Audiencia Pública”.
“Se dejará constancia en el Acta de la Audiencia Pública de los formularios contenidos en el Buzón Ciudadano, consignado su identificación. Una vez consideradas las expresiones consignadas en dichos formularios, se pondrán en conocimiento del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, las que pudieran constituir denuncias de faltas disciplinarias y/o conductas delictivas”, concluye la norma.
A corto plazo, y según el anexo al decreto, este proceso se utilizará cada vez que se definan los nuevos Jefes de comisarías de la capital, de Unidades Regionales departamentales y de comisarías ubicadas en la cabecera de cada departamento. El año próximo también se sumarán las designaciones en ciudades de más de 10.000 habitantes.
(DyN) – El secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró que Argentina está «infectada de delincuentes extranjeros» que llegan al país «amparados por la laxitud judicial», por lo que insistió con que «esto hay que discutirlo en el Congreso».
«Nadie puede decir que el discurso es xenófobo ni que esto implica echarle la culpa de los delitos a los extranjeros. Quien diga eso es porque no entiende nada de lo que está hablando o tiene otras intenciones más allá de querer o no solucionar los problemas del delito», señaló.
En declaraciones a las radios La Red, Vorterix y Diez, Berni se quejó de que los delincuentes llegados desde el exterior «generan delitos que son rápidamente excarcelables y, mientras esperan un juicio que nunca llega, siguen cometiendo delitos. Esto parece un saco roto».
«No hago análisis, le cuento a la sociedad los problemas que tenemos», aseveró el funcionario, quien dijo contar con «escuchas» en las cuales delincuentes extranjeros le dicen a sus connacionales «venite para acá que no pasa nada».
El funcionario se manifestó así un día después de que siete ciudadanos colombianos fueran detenidos acusados de integrar una banda, presuntamente de las llamadas «pincharruedas», que habría intentado cometer un asalto a metros del fiscal Carlos Stornelli.
«Esto ha tomado estado público porque se trató de la figura de un fiscal de la Nación, pero yo le puedo asegurar que esto pasa todos los días y que lo que ha sido ayer ha sido una muestra más que significativa de lo que venimos sosteniendo hace más de tres años», prosiguió.
Según el funcionario, «estamos infectados de delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina a delinquir amparados por la laxitud judicial. Esto pasa todos los días. Yo les puedo asegurar que, de los que detuvimos ayer, seguro que más de uno tiene varias entradas en la Policía Federal».
«Esto hay que discutirlo en el Congreso. Si en el Congreso, donde está la representatividad de la voluntad de los argentinos, determina que los delincuentes extranjeros se pueden quedar en la Argentina, pueden seguir delinquiendo, pueden entrar y salir por una puerta (de la comisaría), que pueden robar cinco, seis, ocho, diez veces en un año, así se hará y así se seguirá respetando la ley, porque eso significa la democracia», añadió.
Empero, advirtió que «es el mundo del revés: ahora nos tenemos que adaptar nosotros a las necesidades de los delincuentes. Es una cosa de locos».
En ese sentido, citó que el «motochorro» Gastón Aguirre, filmado mientras asaltaba a un turista en el barrio de La Boca, «se paseaba por los canales como una estrella de rock. El año que viene», esta persona, «tiene más posibilidades de estar bailando en un programa de televisión que en una cárcel con esta legislación».
Berni reclamó que «la causa de ayer recayó en una jueza a la que conozco: es muy dura , severa, muy buena jueza, dedicada. ¿Qué puede lograr? ¿que estén dos días más presos, tres días menos? El sistema nuestro permite que estas personas estén nuevamente en la calle. Una vez en la calle, no van a la iglesia a pedir disculpas: van nuevamente a delinquir porque vienen a eso».
Consultado sobre quienes consideran que éste es un «discurso xenófobo», el secretario de Seguridad contestó: «Los que dicen eso no tienen la responsabilidad de estar todos los días en la calle».
Insistió en reclamar «la necesidad de generar herramientas para la Justicia, para que sea ágil, dinámica», y añadió que «estas personas, cuando salen a robar, dejan un tendal en la ciudad». Cuando se le preguntó «por qué eligen Argentina para robar», Berni respondió: «Porque la laxitud judicial así se lo permite».
«Es mentira que el delito no se puede solucionar. Sí se puede solucionar, pero para eso hay que tener decisión, coraje y voluntad», prosiguió, y se quejó de los legisladores opositores a quienes «uno los escucha hablando por televisión y radio, pero a la hora de tener que sentarse a debatir, se levantan y se van, como hicieron con la reforma del Código Civil».
(DyN) – El viceministro de Justicia, Julián Álvarez, confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo enviará al Legislativo el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal y remarcó que permitirá «acelerar todas las causas, incluso las causas por corrupción».
«Es una respuesta concreta al problema de la inseguridad porque los delincuentes van a tener una condena rápida y no van a poder apelar mas a las chicanas judiciales», aseveró en declaraciones radiales.
El funcionario recordó que un juicio rápido lleva cuatro años de duración, mientras que remarcó en Chile, que aplica un Código Procesal Penal similar al que impulsa el Ejecutivo, «la respuesta es de seis meses a un año».
«Lo que va a hacer este nuevo código es acelerar todas las causas, incluso las causas por corrupción», subrayó el viceministro de Justicia, al defender el proyecto que -reiteró- se enviará en los próximos días al Congreso para su tratamiento.
Y agregó: «Lo que estamos pidiendo a los jueces es que aceleren las causas y condenen».
En su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recordó que «el proceso de formación y sanción de las leyes lo puede hacer uno o un conjunto de legisladores en el ámbito del Congreso, lo puede hacer el Poder Ejecutivo que participa en el proceso de formación y sanción de las leyes».
«Eso tiene que provenir de una iniciativa del área específica, luego obviamente existe una evaluación técnica del área de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. La presidenta de la Nación obviamente efectúa la evaluación técnica y el criterio de mérito conveniencia y oportunidad desde el punto de vista político y envía esta iniciativa al Congreso de la Nación. Eso es lo que se hace regular y frecuentemente».
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, pronunció un crítico discurso en la apertura de la VI Conferencia de Jueces Federales.
Según publica Infobae, uno de los principales ejes atacados por Lorenzetti fue la falta de medidas concretas en la lucha contra el narcotráfico y cuestionó la falta de cautela a la hora de hablar de la despenalización del consumo de drogas.
«Los mensajes del Estado a la población deben ser claros. Si el Estado le dice a un ciudadano que tiene prohibido fumar y después le dice que puede drogarse, suena un poco contradictorio», manifestó.
Y continuó: “Una cuestión es trabajar sobre la integración más vulnerable. Educar, trabajar socialmente, que es lo que ha dicho la Corte. Y otra es ir apresuradamente por caminos que todavía no sabemos cuáles son sus consecuencias».
En esta línea, recordó que en 2009 la Corte Suprema dictó el fallo Arriola, en el que fijó algunas pautas claras para entender el fenómeno. Si bien la sentencia protege la libertad de las personas en el hogar, «donde todos pueden actuar como quieren sin perjudicar a terceros», la Corte exhortó a los demás poderes del Estado a combatir el narcotráfico. «Y todavía estamos esperando políticas de Estado claras, coordinadas y concretas para que esto suceda», sentenció.
Del mismo modo, Lorenzetti admitió su preocupación por la inseguridad. Al respecto, no esquivó la discusión entre el garantismo y la denominada «mano dura». «Este debate es interesante, atractivo y debemos discutir todo el tiempo necesario, pero no es posible que nunca lleguemos a una solución», analizó.
«Hay muchos países con niveles de seguridad aceptables y respeto a las garantías. Es necesario crear un ámbito para ocuparnos de los problemas de seguridad en gestión. Cómo se gestiona un régimen de seguridad razonable con respeto de los derechos de los ciudadanos. Lo que falta es el ámbito, la coordinación de políticas públicas en seguridad en beneficio de la gente, para que todos puedan coordinar políticas concretas que beneficien a la población. Hay que diferenciar los debates académicos de la gestión concreta», aseguró.
Lorenzetti también se metió en terreno económico al instar a la protección de la propiedad privada y los contratos entre las partes. Dijo que estos derechos deben ser tutelados para el buen funcionamiento económico. Y alertó que la seguridad jurídica es un concepto amplio.
A modo de ejemplo, pidió pensar en un trabajador al que todas las semanas le cambian su horario o su salario. O en aquellas personas que pidieron un préstamo y le alteran las tasas. «Todas las actividades humanas requieren un mínimo de planificación y actividad y en esto las instituciones y los jueces tenemos muchísimas responsabilidades», señaló.
Y completó: «Si nosotros no mantenemos reglas estables y estas cambian constantemente, creamos lo que hemos denominado los itinerarios contingentes».
La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina publicó una carta en su página web en la que advierte a sus ciudadanos sobre el crecimiento de la inseguridad en el país.
El escrito indica que en los últimos meses aumentó la cantidad de denuncias de hechos de inseguridad de los cuales fueron víctimas ciudadanos norteamericanos que residen en la Argentina y pasajeros que llegaron al país para realizar visitas turísticas, según publica Infobae.
«Los hechos reportados incluyen pequeños robos, estafas de taxistas, asaltos, arrebatos desde motos y bicicletas y ocasionales hechos graves como secuestros, entraderas, robos de autos y ataques sexuales», detalla la comunicación diplomática.
Es por ello que las autoridades recomendaron que los ciudadanos de Estados Unidos extremen las medidas de precaución y mantengan «un alto nivel de vigilancia».
La nota aparece firmada por el 29 de septiembre por la Embajada de los Estados Unidos, actualmente a cargo del Encargado de Negocios, Kevin Sullivan.
Sullivan es el funcionario diplomático que fue citado por Héctor Timerman luego de sus declaraciones sobre el conflicto por el default. El ministro argentino llegó incluso a amenazar a Sullivan con su expulsión del país, de acuerdo a los tratados internacionales vigentes.
Si bien la mayoría de las denuncias aluden a hechos en áreas metropolitanas, los Estados Unidos aseguran que sus ciudadanos deben extremar los cuidados también en el interior del país y «en todo momento, de noche y de día». Además recomiendan «evitar las zonas de grandes concentraciones o protestas».
En la primera parte del 2014 se ha experimentado un importante incremento en la utilización del botón de pánico a través del celular para dar respuesta a diversas problemáticas sociales. La portabilidad de la solución permite la prevención de los usuarios en todo momento y ante hechos puntuales. Es por ello que el fenómeno está cobrando popularidad y ya está presente no sólo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino también en distintos puntos del país.
“La telefonía móvil ha tomado un rol fundamental en la vida de las personas, por lo que la adaptación de del botón de pánico al celular permite que el usuario pueda estar protegido a través de un sistema sencillo y al alcance de la mano en todo momento y lugar” afirma Javier Kahn, Gerente de Marketing y Nuevos Negocios de ADT.
En este contexto, el Gobierno ha comenzado a gestionar proyectos de habilitación del botón de pánico móvil para dar soporte frente a problemáticas puntuales, sobre todo situaciones de violencia de género y robo a comerciantes
En la actualidad, el sistema de ADT ya está instalado en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Azul, Dolores, San Pedro, y las provincias de Mendoza, Córdoba, San Juan, Santa Fe y Misiones. En este contexto, el consumo de soluciones de seguridad a través de tecnologías móviles se encuentra en constante crecimiento, y se espera que continúe tomando presencia en más provincias dentro del país. En lo que va del año 2014, se detectó un 10% más de consumo en aplicaciones de seguridad a través del celular y se espera que para 2015 incremente a un 20%.
Desde esta perspectiva, ADT acaba de lanzar al mercado ADT FindU, una solución de localización de personas a través del celular. La misma consiste en una plataforma que consta de un módulo de autogestión, mediante el cual se puede seguir el rastro de una persona en movimiento, y un módulo de botón antipánico, para dar aviso en tiempo real al centro de monitoreo de ADT ante diferentes situaciones de emergencia. Desde su lanzamiento en marzo de 2014, ADT FindU ha vendido más de 3.000 aplicaciones a través de su sitio web y call center.