Para realizar una cobertura completa y diaria sobre la inseguridad en Río de Janeiro, haría falta una legión de reporteros. Cuando el enfermo tose mucho, como el pasado mes de enero, puede haber 20 balas perdidas (con muertos o heridos en cada incidente) en apenas 10 días y dejar entre sus víctimas, por ejemplo, a un niño de nueve años como Asafe William Costa. Salía una tarde soleada de la piscina del club Sesi de Honório Gurgel a beber agua y recibió un balazo extraviado en la cabeza que le causó la muerte cerebral delante de su madre. También puede ocurrir que un policía militar mate a una chica inocente y desarmada de 22 años porque su coche es un modelo “que se está robando mucho” y porque el conductor del vehículo no pare inmediatamente al encenderse la sirena del coche patrulla. O que bandidos armados del poderoso Comando Vermelho (narcotraficantes), a plena luz del día, expulsen a siete policías de sus casas en Duque de Caxias, amenazándoles con la muerte.
Son apenas algunos exponentes del deporte de riesgo que supone vivir en determinadas zonas de Río. Se trata del Estado con más muertes a manos de la policía (413 en 2013), en el país con más homicidios del mundo (56.337 en 2013). El Ministerio de Seguridad insiste repetidamente en que ninguna de esas 20 balas perdidas que saludaron el inicio de 2015 (causaron 17 heridos y tres muertos, dos de ellos niños) provenía de un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes y la propia Policía Militar, ampliamente despreciada y odiada por su violencia y corrupción durante las últimas décadas.
¿Tiene la violencia en Río un perfil propio, como piensa su alcalde, Eduardo Paes? Según afirmó a este diario Paes (que no tiene competencias en seguridad), el argumento “políticamente correcto de echar la culpa a la pobreza es demasiado fácil. La violencia no existe por la pobreza. Es un problema policial y judicial. En Río hay un 3% de desempleo… Esa es una disculpa políticamente correcta”. Paes carga contra “la cultura de que el tráfico necesita un territorio dominado. Cocaína y marihuana hay en cualquier capital occidental. Pero esta locura del territorio dominado es una particularidad nuestra, que tiene que ver con ese permanente diagnóstico equivocado”.
Julita Lemgruber, hoy catedrática universitaria, fue la primera mujer que dirigió el explosivo sistema penitenciario de Río, entre 1991 y 1994. “Es muy difícil aislar una sola variable”, sostiene. “En primer lugar, la policía de Río de Janeiro es marcadamente violenta y corrupta, más que en el resto del país. No quiero generalizar, pero la corrupción es muy acentuada. No hay ninguna actividad ilegal que no tenga alguna participación de la policía”.
Lemgruber insiste en que no se refiere a las milicias ilegales (exagentes, bomberos y oficiales corruptos que ofrecen expulsar a los traficantes de las favelas y proteger a la comunidad a cambio de un alto precio), “sino de los poderes constituidos del Estado”. “Siempre están presentes, en algún momento de la cadena del delito, aunque sea para dar protección”, explica, según indica el sitio El país.
El nuevo comandante de la Policía Militar, el coronel Alberto Pinheiro Neto, ha admitido que “recibe una institución con problemas graves, éticos, morales y operativos”. “Vamos a reconstruir nuestra institución”, afirma. El secretario de Seguridad, José Mariano Beltrame, reconoce la gravedad del problema y recuerda que, desde su llegada al cargo, se han detenido a 2.000 milicianos. Sin embargo, llama la atención permanentemente sobre un factor “decisivo”: el contrabando de las armas.
La perspectiva del estamento académico tiende a discrepar. Ana Paula Miranda, catedrática y antropóloga, hace hincapié en un “elemento político” de la violencia fluminense: la “ausencia de ciudadanía”. Hasta hoy, explica, “Brasil no consiguió garantizar a sus ciudadanos derechos básicos, y ciertas formas de expresión de la violencia están asociadas a eso”. “Es preciso contextualizar”, continúa: “¿Cómo trata la policía a los pobladores de las favelas? La violencia se manifiesta por las descalificaciones que reciben continuamente. Se confunde la pobreza con la violencia. Son ellos los más violentados, no tienen derechos básicos”. Las fuerzas policiales brasileñas mataron entre 2009 y 2013 a 11.000 personas, una media de seis al día.
Tanto Lehmgruber como Miranda critican la “ausencia” de una política de seguridad. “Los residentes nunca fueron contrarios a la retirada del narcotráfico: son sus principales víctimas”, ahonda Miranda. “Pero reclaman continuidad: porque después de unos meses, todo vuelve a su rutina anterior. El Estado no tiene política de seguridad. Tenemos acciones policiales represivas, que no es lo mismo”. Para Lehmbruber, “lo que tenemos son movimientos pendulares desde 1983: momentos en los que se respaldaba la violencia policial y otros en que se acordaban de los derechos. Pasa incluso en las áreas pacificadas: en algunas se pretende proximidad, y en otras se dispara primero y se pregunta después”.
