(DyN).- El ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, fue imputado hoy por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y comenzará a ser investigado por el incremento de su patrimonio en 600 mil pesos el año pasado.
Fuentes judiciales informaron a DyN que el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Kicillof para comenzar a ser investigado y le solicitó al juez Claudio Bonadio una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa.
Kicillof, precandidato a primer diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria (FpV), fue denunciado por Santiago Dupuy de Lome, un abogado vinculado al PRO, porque pasó de tener 1.200.000 de pesos a 1.800.000 en un año, lo que no condice con su sueldo de funcionario.
Para determinar si Kicillof cometió el delito denunciado el fiscal Taiano ordenó una serie de medidas de prueba que son las de rigor en los casos de enriquecimiento ilícito.
El fiscal le requirió al juez Bonadio que le solicite a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Kicillof y que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informe los cargos públicos que ocupó el funcionario, el período en los que los desempeñó y los sueldos que percibió.
También que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envíe copia de las declaraciones de Ganancias y de Bienes Personales de Kicillof y que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito y plazos fijos a nombre del ministro de Economía.
Asimismo, Taiano solicitó que el Registro Nacional de Propiedad, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el Registro Nacional de Buques y el Registro Nacional de Aeronaves informen si Kicillof tiene algún bien a su nombre.
El mismo abogado que acusó al ministro de enriquecimiento ilegal ya lo había denunciado por cohecho, violación de deberes de funcionario público y asociación ilícita, en el marco del otorgamiento de los ROE (permisos de exportación) de trigo y maíz.
El denunciante incluyó al secretario de Comercio, Augusto Costa, y al presidente de la Confederación General Económica (CGE), Ider Peretti.
La CNV investigó particularmente el movimiento de las carteras de la entidad financiera en la compraventa de títulos públicos, publica hoy el portal Ambito.com.
Según las fuentes consultadas por ese medio, desde el primer día hábil del año hasta el 14 de enero pasado, Macro adquirió 8 millones de títulos públicos. Pero lo que más llamó la atención al organismo oficial fue la compra que realizó el miércoles pasado, cuando adquirió 3 millones de bonos de la plaza local.
Además, sorprendió que la abultada transacción se concretara a pocas horas de que el Banco Central redujera entre 8 y 15 puntos básicos los rendimientos de las Letras (Lebac) mayores que los 120 días de plazo en su licitación semanal.
Las inspecciones tuvieron lugar en el marco de la intensificación de controles a entidades financieras y a sociedades de bolsa para contener los tipos de cambio bursátiles y el dólar blue.
Por otra parte, el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, deberá asistir este miércoles a una audiencia en la CNV por no haber informado al mercado sobre una denuncia que recibió por cobrar excesivamente seguros de vida a sus clientes y que, según pudo consignar el medio porteño, en la Justicia ya estimaron por casi $ 1.000 millones.
El jueves de la semana pasada la CNV realizó inspecciones de rutina en las sociedades de bolsa Intl CIBSA y Macro Securities para fiscalizar cómo operan ambas sociedades de bolsa con el contado con liqui, el dólar bolsa y los bonos en general.
Tanto el banco HSBC como el Banco Macro vienen siendo objetivos del Gobierno en los controles, que se profundizaron a partir del desembarco de Alejandro Vanoli al frente del Banco Central en octubre de 2014.
El Gobierno provincial creó un “Programa de Investigación y Desarrollo (PID)” por el cual aspira a financiar a investigadores cordobeses de diversas áreas, por un total de $ 1,5 millones.
El dato se conoció ayer a través del Boletín Oficial, a donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicó la resolución Nº 51 que llama a concurso para la presentación de proyectos de investigación en el marco del mencionado PID.
En total, el objetivo de la administración delasotista es seleccionar 30 planes de investigación, que recibirán cada uno un subsidio no reembolsable de $ 50.000.
Según señala el documento oficial, esta iniciativa está destinada a “investigadores formados y en formación, radicados en la provincia de Córdoba y que desarrollen sus actividades en instituciones públicas o privadas de la misma (universidades, institutos de investigación, organismos no gubernamentales y/o sector empresario) para la presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica”.
El propósito de este programa es “alcanzar los objetivos de fortalecimiento de la actividad de investigadores, potenciar el rol del sistema público en la generación de conocimiento de carácter fundamental, y aumentar el número y la calidad de los recursos humanos orientados a temas prioritarios de la Provincia / Región”.