El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ha sido detenido esta tarde tras el registro de su domicilio, practicado por agentes de la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía de Madrid, según la agencia Efe. Rato ha salido acompañado por varios agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que lo han metido en un coche policial que esperaba a la puerta de su casa, en una céntrica calle del madrileño barrio de Salamanca. La fiscalía investiga al exministro por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
A la salida de su domicilio, no iba esposado pero uno de los agentes, lo ha introducido en un Opel Insignia negro, sujetándole la nuca.Dos mujeres, que se presentaron como votantes del Partido Popular, lo insultaron varias veces llamándole «sinvergüenza» y le desearon que acabe en la cárcel.Una docena de agentes de policía de la Unidad de Intervención Rápida establecieron un cordón de seguridad para evitar incidentes.
A continuación, los efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera que han llevado a cabo el registro en esa vivienda del barrio de Salamanca, durante más de tres horas, han metido en la maleta de un coche camuflado al menos cuatro cajas con documentación.
Otro turismo trasladó al ex director gerente del FMI durante 200 metros a un despacho cercano, donde los agentes policiales siguen practicando otro registro en presencia de Rato. Las ventajas del bajo están tapadas con cartones para evitar que los medios de comunicación puedan tomar imágenes.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, el juez ha tenido que firmar una orden de detención para que Rato pudiera abandonar su domicilio en un coche policial y continuar la investigación.
Vigilancia Aduanera también ha registrado un bufete de abogados de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), en el marco de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo. Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a Europa Press que varios funcionarios han inspeccionado en la tarde de este jueves el bufete de abogados Plaza, en el que han requisado «documentos y ordenadores». Su objetivo es averiguar si las relaciones entre el mencionado bufete y Rodrigo Rato «tienen que ver o no» con la investigación que se está desarrollando sobre éste por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
El arresto se produce después de conocerse que Rato, del PP, se acogió a la denominada amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. El también expresidente de Bankia pasó, entonces, a formar parte, según varios medios, de los 705 investigados por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, a través del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). Antes de ser detenido Rato no ha querido confirmar ni desmentir esta información. “Este es un tema personal y creo que no tengo obligación de hacer declaraciones sobre el asunto”, declaró a EL PAÍS.
Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que dependen de la Agencia Tributaria, llegaron al domicilio de Rato alrededor de las cuatro y media de la tarde. La actuación se ha realizado por orden del juzgado número 35 de Madrid, tras recibir una denuncia de la Fiscalía de Madrid contra Rato, según fuentes jurídicas. Según las mismas fuentes, la denuncia no se dirige exclusivamente contra Rodrigo Rato y en ella se requería la «inmediata entrada y registro» en su domicilio.
Fuentes de la fiscalía han informado de que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Los agentes han permanecido en el interior de la vivienda acompañados por un agente judicial y el propio exministro.
El juez instructor del caso del supuesto fraude fiscal de Rodrigo Rato es Enrique de la Hoz García. Este magistrado es el titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid capital, pero se encarga también del Juzgado de Instrucción número 35, en el que ha recaído la causa sobre el exministro de Economía, después de que la anterior titular, Gemma Gallego, cesara tras obtener una nueva plaza en el último concurso de traslados de magistrados convocado por el Poder Judicial.
Rodrigo Rato se encuentra inmerso en otro proceso judicial del que han surgido varias investigaciones: por la salida a bolsa de Bankia, por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid, por el cobro de un sueldo de seis millones de euros de la banca de inversiones Lazard, en la que trabajó como asesor y que luego hizo el informe de salida a bolsa de Bankia cuando Rato ya era presidente. Sin embargo, según fuentes de la Audiencia Nacional, la orden de registro no ha surgido del juzgado del magistrado Fernando Andreu, que es el que instruye el caso Bankia, según informa el sitio ElPaís.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el registro en el domicilio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el marco de una investigación de la Agencia Tributaria demuestra que la ley es «igual para todos». En los pasillos del Congreso de los Diputados, Catalá ha asegurado no tener más información que la aportada por los medios de comunicación aunque sí cree que esta actuación es la prueba de que el Estado de derecho funciona y que los jueces y fiscales investigan. En el mismo sentido, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha insistido en que el Ejecutivo es «implacable» e «imparcial» en la lucha contra el fraude y que, por lo tanto, «la cuestión no es quién, sino qué». Según ha abundado, se actúa ante «cualquier ilícito» o «indicio de incumplimiento de la norma» y eso es lo que tiene que «tranquilizar» a los ciudadanos.
Los miembros de la oposición reaccionaron frente a la decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman. En diálogo con Perfil.com, la diputada del PRO, Laura Alonso, dijo «respetar» la decisión del juez, aunque explicó que «el fiscal puede apelarla y en ese caso, sería la Sala II que hace un año declaró inconstitucional el memorándum con Irán» quien decidirá la suerte de la causa.
Para Alonso «son caminos procesales complejos pero que no anulan en esta instancia la denuncia de Nisman. Es un proceso judicial aún en trámite». En ese sentido, recalcó que «todos los imputados por (el fiscal Gerardo) Pollicita continúan imputados más allá de esta decisión de Rafecas. Si el fiscal Pollicita no apelara, sólo en ese caso quedaría firme la desestimación».
Mismo tono en su opinión eligió su colega del PRO, Patricia Bullrich: «Respetamos su decisión, somos institucionalistas, no dividimos el mundo en jueces buenos y malos de acuerdo a sus sentencias», indicó a DyN, y agregó que aguarda una eventual «apelación» del fiscal Gerardo Pollicita y «lo que dice la Cámara».
Por su parte, el legislador Fernando Sánchez consideró que Rafecas «es un juez apretable» por haber sido «apartado de la causa Ciccone/Boudou y con causa en el Consejo de la Magistratura». «Ni yo, ni la mayoría de los argentinos creemos en la Justicia de nuestro país. Ni cuando absuelve, ni cuando dice que avanza. Tiene que ser refundada», añadió.
Sánchez criticó duramente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que, «cuando Rafecas investigaba a Boudou era parte de la corporación destituyente. ¿Hoy pasó a ser un juez ejemplar de la Nación?»
El senador de la UCR Gerardo Morales utilizó la red social Twitter para fustigar al magistrado: «No me sorprende la decisión de Rafecas. Es el mismo juez que cajonea una contundente denuncia por enriquecimiento ilícito de Milani», sentenció y agregó que «es fácil descalificar la solidez de una denuncia cuando esta muerto el denunciante»
En tanto, el senador Mario Cimadevilla señaló que «Rafecas nunca investigó al poder y tampoco lo hará». El legislador recordó que «fue el aliado del hoy massista Alberto Fernández para armar causas judiciales y la Cámara que absolvió a De La Rúa ordenó investigarlos a ambos».