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(Télam).- El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró este martes que la procuradora Alejandra Gils Carbó debería «dar un paso al costado».

Explicó -en declaraciones a radio Mitre- que si bien el área de la Procuración es la «que más creció en materia presupuestaria», eso «no ha tenido un correlato en el servicio que se brinda a la gente, a las víctimas del delito y demás».

«Definitivamente», dijo Gils Carbó debiera dar un paso al costado, ya que «no es la persona idónea para hacer frente a los desafíos que tiene la Procuración, que tienen que ver con la política criminal del Estado».

«Argentina es uno de los países que más gasta en Justicia en el mundo y en la región: un punto del producto bruto», indicó Garavano.

A la hora de evaluar el estado de la Justicia, Garavano calificó la situación con «un cuatro» y apoyó su posición en las pocas estadísticas con las que se cuenta: hay 300 vacantes para jueces federales, 100.000 prófugos, solo la mitad de los delitos son denunciados y un promedio del 4% de las causas llegan a juicio.

(Agencias) El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano aseguró que «hay una sobredosis de Comodoro Py» que «es una parte muy chica de la Justicia», y cuestionó la «excesiva judicialización de las decisiones políticas», en medio del conflicto por el freno a los aumentos de tarifas.

«Tenemos una sobredosis de Comodoro Py, que es una parte muy chica de la Justicia. Esta simbisosis entre Comodoro Py y prensa, donde parece que se necesitan mutuamente y se van retroalimentando, es parte del problema que no es bueno para el país», analizó Garavano en diálogo con Radio del Plata.

Frente a las numerosas causas que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py, principalmente contra exfuncionarios kirchneristas, Garavano consideró que la Justicia debería resolver las causas con «perfil mucho más bajo» y afirmó que «hay una simbiosis entre política, prensa y Comodoro Py en la que todos se retroalimentan unos con otros».

Consultado sobre el pronunciamiento de la Corte por el aumento de las tarifas del gas, el funcionario nacional señaló que «es un tema central que tiene que resolver la Justicia y el Gobierno respetará» la decisión del alto tribunal.

«Preveíamos los amparos porque Argentina está en un nivel de conflictividad, sobre todo desde el gobierno anterior, donde todo se judicializa. Hay un clima de continuidad del gobierno anterior, que tenemos esperanzas que de a poco eso se vaya desarmando porque no es bueno para el país», agregó.

Garavano también reconoció que zanjar el conflicto por el aumento de tarifas «es un tema central que tiene que resolver la Justicia y el Gobierno la respetará» y remarcó que el fallo del máximo tribunal «va dar certezas para este caso y para el futuro específicamente sobre si necesitan audiencias públicas».

La Justicia de la ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso en contra de Uber al presionar a las tarjetas de crédito para conseguir la inactividad del servicio. En un exhorto, llamó a que eviten habilitar puntos de venta y percibir el cobro de viajes, informó la agencia Télam.
Si bien aún la Enacom no aplicó el bloqueo formal sobre la plataforma, desde la Secretaría de Transporte sostienen que «la aplicación ya está bloqueada por las tarjetas de crédito». Es que los usuarios encuentran inconvenientes para pagar el viaje con las emisoras Visa y American Express, ya que la empresa no registró «operaciones comerciales» en el país.
La orden de clausura y bloqueo preventivo del servicio de transporte ofrecido por la empresa estadounidense ya había tenido cierto impacto en las tarjetas. Infobae pudo comprobar que días atrás, los usuarios tenían inconvenientes para pagar el viaje con las emisoras Visa y American Express, aunque entonces funcionaba con normalidad con Mastercard.
La semana pasada, la jueza Álvaro rechazó un pedido de nulidad solicitado por Uber respecto a la prohibición. Consideró que era «abstracto», y confirmó que la página web y la app deben ser bloqueadas en la Capital.
En esa ocasión, la magistrada ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones arbitrar los medios necesarios para hacer efectivas estas medidas, pedidas por el fiscal Martín Lapadú con anterioridad.
La llegada de Uber a la Ciudad de Buenos Aires desató una fuerte campaña en su contra por parte del sindicato de taxistas, avalada por las autoridades porteñas. Esto incluyó múltiples piquetes, que hicieron colapsar el tránsito, e incluso una verdadera caza de choferes de Uber. En relación a esto, un grupo de taxistas se dedicó a perseguir, amenazar y privar de su libertad a quienes prestaban el servicio de Uber.

El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 ordenó al Gobierno porteño, como medida cautelar, arbitrar «las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber» en la ciudad, hasta tanto haya una sentencia definitiva respecto del pedido de amparo del Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Buenos Aires, la Cámara Empresaria del Autotaxi, la Asociación Civil de Taxistas de Capital, la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro y la Unión de Propietarios de Autos Taxis contra el gobierno porteño.
Ayer el servicio Uber comenzó a funcionar en el país: vincula a pasajeros con choferes privados. El servicio es pago, pero es más barato que la tarifa que se paga por un taxi. Esto le valió la oposición de los taxistas (que ayer por la tarde realizaron varios cortes de tránsito en el centro porteño), que lo consideran competencia desleal (porque los autos no pagan el mismo seguro, ni licencias habilitantes, etcétera).
También, del Gobierno porteño, que considera que Uber no cumple con los requisitos legales para ofrecer un servicio de transporte en la ciudad. La compañía estadounidense dice que sí, amparándose en la ley 26.994 del Código Civil.
Ahora llega la decisión del Tribunal, que también ordena a la Agencia Gubernamental de Control y a la Secretaría de Transporte porteña confirmar si Uber pidió su habilitación como servicio de transporte de pasajeros. Al ser una medida cautelar, la respuesta debe llegar en cinco días.

(DyN) – La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone y lo dejó a pasos del juicio oral y público.
Fuentes judiciales informaron a DyN que la Sala IV de Casación rechazó las apelaciones que presentaron las defensas de Boudou y de los otros acusados y así quedaron firmes sus procesamientos.
El vicepresidente está acusado de efectuar negociaciones incompatibles con la función pública y recibir coima.

(DyN) – El juez federal Sebastián Casanello allanó en las últimas horas una petrolera vinculada con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, en el marco de una causa por presunto “lavado de dinero”.
Se trata de Epsur S.A., una de las compañías petroleras de Lázaro Báez, y el procedimiento apuntaba a la búsqueda de documentación contable.
El juez Casanello allanó el domicilio que Epsur tiene en Capital Federal y otro en Comodoro Rivadavia –mediante una rogatoria enviada al juez local- de donde se retiraron libros contables de la empresa.
El allanamiento había sido solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuan cuando pidió la indagatoria de Báez y otras 15 personas por presunto lavado de dinero.
Marijuan había requerido los estados contables de la empresa desde su creación hasta este año.
Según el fiscal, Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur S.A. por 7,5 millones de dólares que no cuentan con documentación que respalde el origen de los fondos.
“De la documentación cotejada, surge que en los estados contables de Epsur SA no surgen en su activo la tenencia de los plazos fijos en dólares, y que dichos estados contables no cuentan con firma de las autoridades de la empresa y presentan inconsistencias en sus cifras”, detalló el fiscal Marijuan.
Además, cuando fue allanada la financiera S.G.I, de Federico Elaskar, y la cual habría creado empresas fantasmas para sacar plata de Báez, se encontró documentación de Epsur.

(DyN) – El secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró que «la Justicia no funciona» y «es una joda», luego de que la presidenta Cristina Fernández cruzara al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al reclamarle que «en vez de dar tantos discursos contra el narcotráfico» dote de mayores recursos a los juzgados.
«La Justicia, en una sociedad, tiene un rol fundamental, es la columna vertebral, un ordenamiento y la Justicia es la institución que debe llevar permanentemente ese ordenamiento en la sociedad», dijo Berni a radio La Red y añadió: «Eso no funciona».
«Cuando vemos que a los narcotraficantes los detenemos con droga en el interior de su auto y, después, la Justicia dice bajo qué autoridad la Gendarmería puede abrirle el baúl de un auto, entrar en la intimidad de una persona y confiscarle la droga… Entonces, lo que nos está pasando en la Argentina es eso, es una joda», afirmó el funcionario.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió a replicar al titular de la Corte al afirmar que la misión del Poder Judicial no es poner límites al Gobierno, y negó que haya una «embestida» contra ese sector por parte del Ejecutivo.
«¿Cuál es la embestida?», planteó el ministro y seguidamente sostuvo que «no hay ningún lugar dentro de la Constitución y de la legislación argentina donde se mencione que debe poner límites a los otros poderes, entre ellos al Gobierno, y mucho menos a aquellos que hayan sido elegidos por la voluntad popular».
Al ingresar a la Casa de Gobierno, también en réplica a Lorenzetti, el ministro recordó que «este es el único gobierno que detuvo a bandas de narcotraficantes, y no a perejiles».

(DyN) – El juez federal Claudio Bonadio seguirá investigando si existen irregularidades en la empresa Hotesur SA, que gerencia los hoteles de la presidenta Cristina Fernández y su familia.
Así lo resolvió la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal al rechazar una recusación contra Bonadio que había planteado la defensa de Romina Mercado, hija de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, sobrina de la Presidenta y directora de Hotesur.
Los camaristas Gustavo Hornos y Luis María Cabral, que también habían sido recusados, el viernes pasado, por la defensa de Mercado, votaron por la continuidad de Bonadio. Y la otra camarista, Ana María Figueroa, por su salida.
El apartamiento de Bonadio había sido reclamado desde el gobierno nacional hasta por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien llegó a declarar que «estaría demostrada» la presunta «parcialidad» del magistrado en la causa.
Y en los tribunales de Comodoro Py la fiscal de la Cámara, Gabriela Baigún, también había dictaminado porque Bonadio fuera retirado del caso.
Hotesur SA es la sociedad que la propia Presidenta mencionó en sus declaraciones juradas como la encargada de administrar algunos de los hoteles que ella posee, entre los que figura Alto Calafate, y la investigación comenzó con una denuncia que hizo Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Alto Calafate fue contratada por Austral Construcciones, empresa del ultrakirchnerista Lázaro Báez, para ocupar habitaciones que nunca fueron utilizadas, por lo que se sospecha que pudo haber lavado de dinero.
Bonadio allanó la sede jurídica de Hotesur y estaba vacía y le pidió a la IGJ y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.

(DyN) – El ex secretario kirchnerista de Transporte, Ricardo Jaime, sufrió un traspié judicial en la causa que investiga si cometió el delito de dádivas al realizar viajes en avión, algunos supuestamente pagados por el empresario Claudio Cirigliano, luego de que un fiscal rechazó la prescripción de la causa, se informó en los tribunales.
Como Secretario de Transporte, Jaime debía controlar a Cirigliano, dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión de las líneas de trenes Mitre y Sarmiento, y de la empresa «Plaza» de colectivos.
La defensa del ex funcionario recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal pidiendo que la causa se declarara prescripta por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, pero el fiscal ante el tribunal Ricardo Wechsler emitió un dictamen rechazando esa pretensión, dijeron fuentes judiciales.
El funcionario del Ministerio Público pidió a Casación que no haga lugar al recurso de Jaime, así como otros presentados por las defensas de otros imputados, el empresario Sergio Claudio Cirigliano, el ex directivo de la Aerolíneas Argentinas privada Jorge Oscar Molina y el ex asesor de Jaime Manuel Vázquez y su hijo Julián.
Todos ellos, junto a Cirigliano, están acusados por el delito de dádivas porque el empresario, según la investigación, habría pagado 15 viajes en avión a Brasil, Uruguay y Córdoba entre 2006 y 2009, cuando Jaime era funcionario.
El 9 de octubre último Ercolini suspendió el inicio del juicio oral contra ellos y, a la vez, postergó el curso de la prescripción de la causa.
El magistrado señaló que se llegaba a esa situación procesal a raíz de presentaciones realizadas por las defensas «con un claro designio dilatorio y especialmente orientado a impedir la audiencia inicial».
Así, el juicio oral fue suspendido por segunda vez, sin nueva fecha, y hasta que se resuelvan todos los planteos pendientes.
Ercolini había fijado la fecha de juicio -luego de que la Corte Suprema lo confirmara- para el 3 de octubre pasado, pero los acusados hicieron presentaciones y se postergó para el viernes 17 de octubre, lo cual también se canceló.
Así, Ercolini suspendió el curso de la prescripción que estaba previsto para el 26 de octubre, cuando se cumplían los dos años de la citación a juicio y plazo máximo de pena prevista para el delito de dádivas. Si ahora la Casación avala el dictamen de Wechsler y resuelve en el mismo sentido, Jaime y sus compañeros de causa irán a juicio oral y público.

(Télam) – El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella; el fiscal general de Ushuaia, Adrián García Lois; y el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, formalizarán la presentación mañana al mediodía de la denuncia contra petroleras británicas que están operando en la plataforma continental de las Islas Malvinas ante la jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, informaron a Télam fuentes de la Procuración General de la Nación.
Las mismas fuentes ya adelantaron que, de prosperar la investigación, la causa podría derivar en pedidos de indagatoria y capturas internacionales a los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas denunciadas; tres de ellas británicas y dos de los Estados Unidos.
Tras de esas empresas anunciaron -tras la denuncia del gobierno argentino que fue presentada por la Cancillería y el ministerio de Planificación Académica- que postergarán a una fecha indeterminada una perforación en las inmediaciones de las islas debido a las bajas cotizaciones del petróleo.
Ellas son la británica Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) y las estadounidenses Noble Energy y Edison International que renunciaron por el momento a perforar un segundo pozo en el mar en la zona sur y este de la cuenta de las Malvinas.
La imputación del gobierno argentino fue presentada concretamente contra los directores, gerentes, sí¬ndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.