Latinoamérica es una de las regiones a nivel mundial que sufre más graves problemas relacionados con el tema de Lavado de Dinero.
Por caso, según un informe de LexisNekis Risk Solutions reproducido por PR Newswire, el narcotráfico es una actividad que diariamente fortalece esta situación, al punto de representar un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de la zona, unos US$400 mil millones al año, causando graves problemas para la economía de los países que conforman dicha entidad.
Es decir, no se declaran los orígenes y se evaden impuestos por alrededor de US$ 1.000 millones diarios.
Según Carlos Garcia-Pavia, director de Soluciones y Prevención de Lavado de Dinero de LexisNekis, «los bancos han sido severamente castigados por la regulaciones para combatir estos delitos financieros, algunos han sido penalizados con hasta US$ 9.000 millones en multas por las violaciones a las leyes de secreto bancario”.
“Para prevenir el lavado de dinero, la corrupción y el fraude es vital tener acceso a la información y transparencia para el adecuado conocimiento de clientes, proveedores, socios comerciales y en general cualquier entidad con quién se establece una relación de negocio para saber quién está detrás de éstas relaciones. La falta de disponibilidad y acceso a información digital en Latinoamérica dificultan significativamente la tarea de investigar adecuadamente a las personas y empresas que diariamente operan en las Instituciones Financieras», agregó el especialista.
Según el informe, los principales factores que permiten que el Lavado de Dinero siga creciendo en Latinoamérica son los siguientes:
– Crisis Financiera mundial. La recesión a partir del 2008 es parte del problema. Los fondos son más restringidos, los trabajos son más escasos y a causa de esto, algunas personas recurren a otros medios (economía informal/actividades ilegales/lavado de dinero) para poder llevar recursos a sus casas.
– Controles de divisas y demanda del dólar. Los controles en el cambio de divisas impuestos por algunos gobiernos de la región resultan en un mayor uso de efectivo en transacciones financieras, por lo tanto favoreciendo los esquemas de Lavado de Dinero basado en el intercambio de efectivo en la economía informal.
– Crimen Organizado. Latinoamérica ha sufrido un incremento en los altos índices de violencia y actividades criminales relacionadas con la delincuencia organizada.
– Corrupción. El pago de sobornos a funcionarios públicos y personas con posiciones de poder en la iniciativa privada pasa desapercibido para las instituciones financieras debido a prácticas inadecuadas de conocimiento del cliente, lo cual impide establecer los controles de monitoreo de flujos financieros necesarios para esos individuos.
Como resultado de la experiencia y conocimiento, el Ejecutivo de LexisNexis afirma que las empresas deben de contemplar y desarrollar ciertas cualidades para poder acabar con el Lavado de Dinero, destacando los siguientes cuatro puntos principales:
– Nitidez Financiera. Mantener un conocimiento total acerca de las operaciones financieras que se realizan en las empresas
– Equipos Especializados. Contar con equipos de administración y contabilidad que conozcan perfectamente los temas de lavado de dinero, corrupción y cómo prevenirlos
– Conocimiento del Cliente. ¿Quién es esa persona o empresa que pretende hacer negocios con la compañía? ¿Cuál es su objetivo?
– Aplicación de herramientas de apoyo. Existen programas de software con bases de datos públicas que permiten a las compañías obtener la información necesaria para evaluar el riesgo asociado con el cliente o inversor que se acerca a ellos.
(Télam) – La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó multas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían sido recurridas por los sancionados.
Se trata de los casos del banco Macro, el Hipódromo de Palermo, Emebur Sociedad de Bolsa y Point Limits SRL, firma dedicada a los juegos de azar.
La Sala V -a cargo de los jueces Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani- confirmó la resolución sancionatoria contra el Hipódromo de Palermo, sus directivos y el oficial de cumplimiento por faltas en el deber de identificación y registro de los ganadores de premios iguales o mayores a 10 mil pesos entre los meses de septiembre de 2009 y julio de 2010, y por faltas en la realización de reportes sistemáticos mensuales.
La multa dispuesta fue de 50 mil pesos, tanto a la firma como a los directivos y al oficial de cumplimiento.
Por su parte, la Sala II de la cámara -integrada por los jueces José Luis López Castiñeira, María Claudia Caputi y Luis María Márquez-, confirmó la sanción dispuesta por la UIF al banco Macro, donde se multó a la entidad, así como a sus directivos y al oficial de cumplimiento con 822.312 pesos.
La entidad financiera faltó con su obligación de reportar las operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un cliente entre junio de 2006 y agosto de 2007, cuando éste no reunía un perfil económico financiero que le permitiera justificarlas.
En el caso de Emebur Sociedad de Bolsa y Point Limits, a partir de un informe de supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la UIF instruyó un sumario por no haber tomado las medidas ni implementado los procedimientos necesarios para reconocer y verificar la identidad de sus clientes y, en particular, por no contar con la documentación justificatoria de fondos respecto de las operaciones realizadas por un cliente de la entidad.
Por último, Point Limits S.R.L., una empresa tucumana dedicada a la explotación de juegos de azar, fue multada en 30 mil pesos, al igual que su oficial de cumplimiento, por no cumplir con las obligaciones de información y registración, según lo establece la Ley Nº 25.246 de Lavado de Activos.
(DyN) – El juez federal Sebastián Casanello allanó en las últimas horas una petrolera vinculada con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, en el marco de una causa por presunto “lavado de dinero”.
Se trata de Epsur S.A., una de las compañías petroleras de Lázaro Báez, y el procedimiento apuntaba a la búsqueda de documentación contable.
El juez Casanello allanó el domicilio que Epsur tiene en Capital Federal y otro en Comodoro Rivadavia –mediante una rogatoria enviada al juez local- de donde se retiraron libros contables de la empresa.
El allanamiento había sido solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuan cuando pidió la indagatoria de Báez y otras 15 personas por presunto lavado de dinero.
Marijuan había requerido los estados contables de la empresa desde su creación hasta este año.
Según el fiscal, Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur S.A. por 7,5 millones de dólares que no cuentan con documentación que respalde el origen de los fondos.
“De la documentación cotejada, surge que en los estados contables de Epsur SA no surgen en su activo la tenencia de los plazos fijos en dólares, y que dichos estados contables no cuentan con firma de las autoridades de la empresa y presentan inconsistencias en sus cifras”, detalló el fiscal Marijuan.
Además, cuando fue allanada la financiera S.G.I, de Federico Elaskar, y la cual habría creado empresas fantasmas para sacar plata de Báez, se encontró documentación de Epsur.
(DyN) – El fiscal de Ginebra anunció haber cerrado una investigación por presunto blanqueo de dinero, tras llegar a un acuerdo sobre una multa de 40 millones de francos suizos (38 millones de euros) con el banco HSBC-Suiza.
Según la Agencia AFP, el fiscal general Olivier Jornot indicó haber puesto fin al procedimiento abierto en febrero pasado contra el banco, en el caso llamado en Europa «SwissLeaks».
Por su parte, la entidad también informó que de la investigación, surgió que «que ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno», por lo que las autoridades «no» les harán ningún cargo.
En un comunicado, el HSBC reconociós que, «como parte» del cierre de la causa «y evidenciando ciertas deficiencias organizativas», pagará los 40 millones de francos suizos estipulados a las autoridades de Ginebra, «en concepto de compensación».
«La multa es la más importante pagada en el cantón de Ginebra», añadió AFP. «El banco cooperó plenamente con la investigación y no enfrentará ningún cargo», corroboró el comunicado de la entidad e hizo saber que «el fiscal de Ginebra reconoce el progreso que el banco realizó en los últimos años, incluyendo las mejoras en su cumplimiento, procesos internos y tecnología».
La investigación de lo ocurrido en la sucursal Ginebra comenzó en febrero de 2015, a raíz de los informes sobre algunas prácticas pasadas del Swiss Private Bank, derivadas de una lista denunciada como robada por el francés Hervé Falciani que contenía cerca de 106.000 cuentas bancarias de clientes de unos 200 países.
En la conocida como «lista Falciani» aparecían unos 4.000 clientes argentinos que fueron denunciados por la AFIP en la Justicia y que está investigando una Comisión Bicameral del Congreso.
«HSBC Private Bank (Suisse) SA reconoció que la cultura de cumplimiento y los estándares de debida diligencia del banco en el pasado no eran tan fuertes como lo son hoy», dijo el comunicado del banco.
También puntualizó que,»en los últimos años, el banco sufrió una transformación radical» y que puso en marcha «numerosas iniciativas destinadas a evitar que sus servicios bancarios se utilicen para evadir impuestos o lavar dinero».
Para el HSBC, el reposicionamiento estratégico también fortaleció el enfoque del banco en los principales mercados y la reducción de su base de clientes en casi 70%, «ya que pasó de alrededor de 30.000 cuentas en 2007 a unas 10.000 en 2014».
(Télam) – La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al banco Santander Río y a ocho miembros de su directorio, con una multa por $ 554.628 a cada uno y aparte a la institución financiera, lo que da como resultado $ 4.991.652, al detectar que no se informaron operaciones sospechosas de encubrir el lavado de activos de origen delictivo.
Lo hizo a través de la Resolución 115/15, dictada en el expediente UIF 1334/13, conforme lo dispuesto en el artículo 24 incisos 1. y 3. de la Ley 25.246.
Esos incisos fijan que «la persona que actuando como órgano o ejecutor de una jurídica o de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave».
La sanción recayó sobre Leonardo Vio, en su carácter de oficial de Cumplimiento; y también fueron multados el presidente del Santander Río, Enrique Cristofani; y los directores Claudio Cesario, quien a su vez es el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); Luis Aragón; Luis García Morales; Carlos Grindre; Norberto Rodríguez y Guillermo Tempesta.
Todos ellos fueron multados por «hallar sus conductas encuadradas en lo dispuesto en el artículo 21 inciso b. de la Ley 25.246»
Este dice que se deberá «Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma, que resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada».
El punitivo sobre el Banco fue encuadrado en el artículo 24 inciso 2, que indica que «la misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor».
(DyN) – El ex director general de Operaciones de la ex SIDE Antonio «Jaime» Stiuso y otros ex espías fueron imputados hoy y comenzarán a ser investigados por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos.
El fiscal federal Ramiro González requirió hoy abrir una causa contra unas 50 personas y 85 empresas, muchas de ellas en el extranjero, que fueron denunciadas por la ONG La Alameda, y le solicitó al juez Sebastián Casanello una treintena de medidas de prueba para iniciar la investigación, informaron a DyN fuentes judiciales.
Junto con Stiuso serán investigados los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, además de empresarios presuntamente vinculados a ellos y Carlos Molinari, procesado por lavado de dinero en la causa en la que se investiga a Lázaro Báez.
Además, serán investigadas 85 empresas que La Alameda, a través de su titular y legislador porteño, Gustavo Vera, denunció como un entramado que lavó dinero de la agencia de espionaje.
La novel Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Oscar Parrilli, le informó a la Justicia que las empresas denunciadas no fueron creadas por el organismo como pantalla para hacer tareas de inteligencia.
Una de las empresas denunciadas es «American Tape SRL», creada en 1995 para y dedicada formalmente a la producción, importación y distribución de elementos de audio y video, y que según La Alameda fue utilizada para lavar dinero.
Parrilli también desclasificó los legajos de Stiuso y del resto de los ex espías denunciados y los envió a tribunales.
«Tenemos la sospecha que esto no es solo lavado de dinero de fondos reservados, sino que hay vinculación con el narcotráfico de parte de los agentes de inteligencia», le había dicho Vera a esta agencia la semana pasada después de la decisión de Parrilli.
Los voceros señalaron que el fiscal González entendió que ante las denuncias se estaba frente a un «complejo entramado» financiero que requería ser investigado y así dispuso que se abra una causa.
Para comenzar le pidió al juez Casanello unas 30 medidas de prueba, entre ellas informes a entidades bancarias, financieras y organismos públicos como la Inspección General de Justicia (IGJ).
(DyN) – El Gobierno fijó hoy en 2,2 millones de pesos el nivel de las transacciones a partir de las cuales se pedirá documentación que respalde el origen de los fondos, con el fin de evitar maniobras destinadas al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Lo hizo a través de la Resolución 56/2015, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
La medida, que modifica una resolución de 2011, eleva el nivel de las transacciones sujetas a control que, anteriormente, estaba en 200 y 500 mil pesos.
De esa manera, para las transacciones que superen los 2,2 millones de pesos se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, o copia autenticada de la escritura, en el caso de venta de inmuebles, o certificado de un contador público, validado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.
También se requerirá para validar el origen de los fondos, documentación bancaria, documentación que acredite venta de bienes, valores, u otra documentación de carácter respaldatorio que se considere pertinente.
Además, para las operaciones que superen los 2,2 millones de pesos, se deberá «definir el perfil del cliente».
La norma indica que «cuando las transacciones superasen la suma de 2,2 millones de pesos se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. La documentación respaldatoria a requerir, podrá consistir en copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiza la compra».
También podrá ser «certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indique el origen de los fondos, y señale en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma» o «documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos».
Además, se podrá exigir «documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes» o «cualquier otra documentación que respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación».
(DyN) – El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue citado a declaración indagatoria por presunto lavado de dinero en la compra de un campo en la provincia de Mendoza, por la que está procesado Leonardo Fariña.
Fuentes judiciales informaron a DyN que el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Báez para el próximo 13 de marzo.
También fueron citados a indagatoria el contador Daniel Pérez Gadín; Fabián Rossi, ex esposo de la vedette Ileana Calabró; y el escribano Martín Rosta.
(Télam) – La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA) aplicó una multa de 85,7 millones de pesos al HSBC Bank Argentina S.A. y a sus autoridades, por «incumplir normas sobre prevención del lavado de dinero”.
Fuentes de la Superintendencia indicaron a Télam que la multa a la entidad financiera de capitales británicos se debe a que no cumplió disposiciones “vinculadas con el conocimiento del cliente, que apuntan a determinar la capacidad económica del mismo y/o ingresos suficientes, que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados».
La nueva sanción se distribuye del siguiente modo: la entidad deberá pagar 42 millones de pesos, mientras los directivos involucrados, incluyendo su presidente y vice, abonarán 43,7 millones.
El dictamen de la Superintendencia señala que “las infracciones a las normativas del Banco Central fueron detectadas en las supervisiones regulares que lleva adelante sobre bancos y casas de cambio».
El banco HSBC «había dado curso a operaciones de cambio de clientes por un monto total de 42 millones de pesos, respecto de los cuales no aportó las correspondientes declaraciones juradas acerca de la licitud y el origen de los fondos, con la documentación respaldatoria que las sustente», agregó la Superintendencia de Entidades Financieras.
Si bien las operaciones detectadas corresponden a un sumario abierto en el período 2008, no se habían aplicado hasta ahora las sanciones correspondientes.
Entre los directivos multados se encuentran el actual presidente del banco, Gabriel Diego Martino (7,5 millones de pesos) y el vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Estévez (8,4 millones).
En el BCRA explicaron que la medida no está vinculada con la denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita realizada a fines del año pasado por la AFIP contra el holding y sus directivos.
En esa causa se investiga al banco por facilitar la apertura y ocultamiento de 4.040 cuentas de empresas e inversores argentinos por aproximadamente 3000 millones de dólares en una sucursal suiza del banco.
Con respecto a la nueva multa, si bien la decisión gubernamental puede ser apelada en la Justicia, la entidad financiera está obligada a pagar ahora y previsionar luego la multa en su balance.
En los dos últimos años y medio la entidad financiera fue sancionada por la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) por otras tres operaciones sospechadas de lavado de dinero, por más de 100 millones de pesos en total, que no fueron informados a las autoridades.
Las multas aplicadas por la UIF al HSBC fueron por 63,3 millones de pesos, 30 millones y 10,6 millones, respectivamente.
En el primer caso -de agosto de 2012- el banco no reportó operaciones de un cliente entre septiembre y diciembre de 2007, cuando no poseía ningún documento que diera cuenta del origen de los fondos y la firma en cuestión, una consignataria rural, no presentaba actividad registrada.
La firma se constituyó a fines del año 2006 e inició su actividad ante la AFIP en junio del año siguiente, y al momento de pedir la apertura de una cuenta corriente en el HSBC la sociedad declaraba no tener empleados ni instalaciones propias, y sus declaraciones juradas y facturación figuraban en cero.
Según el banco, la firma le habría dicho que su facturación anual estimada sería de unos 900 mil pesos, pero o la empresa realizó operaciones por casi 32 millones de pesos en apenas tres meses y el oficial de cumplimiento no envió ningún reporte a la UIF (tampoco lo hizo cuando, inmediatamente después, ésta cerró la cuenta).
En el segundo caso, en diciembre de 2012 se aplicó la multa a HSBC Bank Argentina porque no se reportó una operación sospechosa realizada por la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio en 2007, por un monto superior a los 15 millones de pesos.
Esa entidad, señaló el organismo, «no contaba con un perfil que le permitiera justificar el origen del dinero ni el monto de las operaciones señaladas, ni el banco poseía en los legajos de dicho cliente los balances necesarios para determinar su perfil».
Además, el monto total de las operaciones investigadas resultó un 5.800% superior al monto de los ingresos totales declarados por la Asociación en los ejercicios 2005-2006, según la UIF.
El HSBC reportó las operaciones «dos años y medio después de realizadas, luego de haber recibido un requerimiento por parte de la UIF y por aproximadamente $10 millones menos de lo que debió haber reportado».
Por último, en junio de 2013 el organismo volvió a multar al banco, por no reportar como sospechosa una maniobra realizada en 2007, injustificable según el perfil patrimonial del cliente.
La persona había declarado vivir de una renta que no alcanzaba los 3 mil pesos por mes; además, según los registros de la AFIP, no presentaba bienes a su nombre, no poseía declaraciones juradas de IVA respecto de los períodos posteriores a mayo de 2005, ni declaraciones juradas respecto de los impuestos a las Ganancias Personas Físicas y a la Ganancia Mínima Presunta, ni aportes a la seguridad social.
A pesar de ello el banco no consideró sospechoso el depósito de más de 5 millones de pesos en la cuenta del rentista, ni aún que este dinero fuera luego debitado en el curso de un mes, mediante cheques librados por 500 mil y 232 mil pesos, en favor de una misma persona jurídica.
(DyN) – El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió al juez federal Sebastián Casanello que llame a declaración indagatoria por supuesto lavado de dinero al empresario kirchnerista de la construcción Lázaro Báez, adjudicatario de obras públicas.
Fuentes judiciales informaron hoy que el requerimiento del funcionario del Ministerio Público se produjo en el misma causa en que ya se encuentran procesados los intermediarios financieros Leonardo Fariña y Federico Elaskar, ex dueño de la casa de cambios apodada «La Rosadita», en Puerto Madero.
En su declaración indagatoria Fariña aseguró que Báez le había entregado cinco millones de dólares para la compra de un campo en la provincia de Mendoza. Y Elaskar dijo en «Periodismo para Todos» que había creado empresas off shore en el extranjero para depositar la plata del empresario.
La noticia sobre el dictamen de Marijuan se conoce al día siguiente que trascendiera que la Cámara Federal le ordenó a Casanello la profundización de la investigación contra Báez y le achacó que impulsa una pesquisa «desarticulada» y que «resulta inapropiado el fraccionamiento» del expediente. En ese marco, los camaristas aludieron también a las sumas de dinero «que habrían sido ilícitamente remitidas al exterior y posteriormente reintroducidas mediante bonos finalmente vendidos en el país».
El juez federal Casanello procesó por lavado de dinero a Fariña y al financista Federico Elaskar por distintas operaciones comerciales que no pueden justificar, como la compra de autos, viviendas y acciones en empresas.
Ambos revelaron en el programa «Periodismo Para Todos» que sacaron del país 55 millones de euros de Báez, Fariña en aviones y Elaskar mediante su financiera SGI con la que creó empresas off shore en el extranjero para depositar la plata.
Después los dos negaron sus dichos pero se inició una causa penal en la que se investiga a Báez, a su hijo Martín, a su contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi.
Fariña está preso desde abril en una causa que tramita en la Justicia de La Plata por la evasión de 30 millones de pesos en impuestos vinculados a la compra de los campos en Mendoza.
Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun ratificaron que ambas causas deben tramitar por separado porque investigan hechos distintos.
La Cámara se pronunció también sobre la causa que tramita Casanello, sobre la que señalaron que sobre algunos imputados, como Fariña y Elaskar, se avanzó hacia sus procesamientos, pero no sobre el resto de los acusados.
«También se debe señalar que merece ahondarse la pesquisa en relación a los dichos de Fariña que refieren que los cinco millones de dólares para la compra del campo en Mendoza provinieron de Lázaro Báez», explicaron los jueces que agregaron que la operación coincidió cuando Fariña trabajaba para Austral Construcciones, la empresa de Báez.