La diputada nacional Margarita Stolbizer denunció a la ex presidenta Cristina Kirchner por haber recibido presuntas coimas de parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. La denuncia fue presentada el viernes pasado, en el marco de la causa Los Sauces SA, que investigan el fiscal Carlos Rívolo y el juez Claudio Bonadío. La información fue revelada anoche en el programa La Cornisa, de América TV.
Se trata, en rigor, de la ampliación de la presentación que la diputada realizó el 4 de abril pasado, cuando denunció a la ex mandataria y a su hijo Máximo Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y adulteración de declaraciones juradas.
Un mes después, la Justicia Federal dio impulso a esa investigación que pone la mira en los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces tras un dictamen del fiscal Carlos Rívolo que imputó a CFK y a su hijo Máximo. En esa causa rige, por disposición de Bonadío, el secreto de sumario.
La diputada acompañó ahora el escrito con documentación y fotografías y pidió que se la tenga en cuenta como amigo del tribunal (amicus curiae) en el expediente.
Stolbizer denunció de este modo que la ex Presidenta recibió presuntos retornos, coimas o dádivas en forma de pagos de alquiler, a cambio de entregar de manera irregular obra pública y otros negocios, convalidar sobreprecios y no controlar su ejecución.
“Cuando uno mira el listado de las obras públicas en Santa Cruz aparecen las mismas empresas como beneficiadas. La empresa Kank y Costilla de Báez recibía licitaciones millonarias, cobraba con sobreprecios y la misma empresa Kank y Costilla pagaba sumas millonarias a la familia Kirchner en concepto de alquileres”, afirmó la diputada.
Añadió: “Nos parece necesario que el Juez investigue el delito de cohecho, más conocido como soborno. Está muy claro que hay devolución de favores. Esa devolución de favores, ese retorno, se hacía por sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces. El código penal establece como delito de cohecho a la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se le otorga a una persona, en este caso, a las empresas de Lázaro Báez”.
En su argumentación, Stolbizer presentó un informe de Vialidad Nacional, en el que expone que el gobierno anterior entregó al empresario detenido el 80% del total de las obras de la provincia de Santa Cruz.
Completó: “Se trata en total de 51 obras que representan un valor de más de 16 mil millones de pesos (16.386 millones). Pero solo se han finalizado 24 obras. De cualquier manera, hasta diciembre de 2015, las empresas del Grupo Báez ya habían cobrado cerca de $ 9.037 millones de pesos”. La diputada completó que del total de 51 obras, 37 fueron otorgadas bajo las presidencias de Cristina Fernández y que todas ellas, se denunció en el programa, presentaron “duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los costos y falta de cumplimiento de las condiciones de contratación”.
El Gobierno reveló cuáles son las empresas que más fondos reciben de parte del Estado a partir de contratos de obra pública. A través de un comunicado, el Ministerio de Planificación expuso a las 36 firmas que, según sus datos, son las «más grandes que han ejecutado obra pública nacional».
El ministerio divulgó la lista a partir de una nota que publicó La Nación, y en la que se afirma que Lázaro Báez recibió $ 8.000 millones en obra pública. La cartera que comanda Julio De Vido dijo que las firmas del empresario sólo recibieron $ 1.019 millones desde 2003 (contra los $ 8.000 millones que dio cuenta el diario).
Los $ 7.847 millones restantes son «Obras ejecutadas por distintas Provincias y Municipios, en el marco de sus normativas y procedimientos específicos de selección y contratación», aclaró.
En la lista, cuyo puesto 36 aparece la empresa de Lázaro Baéz, figuran dos cordobesas: Electroingeniería y Grupo Roggio.
La lista es la siguiente (el ministerio se encargó de aclarar a quién correspondía cada sociedad):
1) TECHINT, de Paolo Rocca
2) ELECTROINGENIERIA, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra
3) IECSA, de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri (la aclaración del vínculo es del Ministerio).
4) CORPORACIÓN AMÉRICA, de Eduardo Eurnekian
5) INVAP, de la Provincia de Río Negro
6) ODEBRECHT, de Marcelo Odebretch, multinacional de origen brasileño
7) ESUCO, de Enrique Wagner
8) CARTELLONE, de José Cartellone
9) ROVELLA CARRANZA, de Mario Rovella
10) JCR, de Juan Carlos Relats
11) GRUPO ROGGIO, de Aldo y Benito Roggio
12) CHEDIACK, de Juan Chediak
13) CPC, de Cristóbal López
14) SUPERCEMENTO, de Julián Astolfoni
15) ISOLUX, de Luis Delso
16) PETERSEN, de Enrique Eskenazi
17) PANEDILE, de Hugo Dragonetti
18) GENERAL ELECTRIC, multinacional de origen estadounidense
19) COARCO, de Patricio Gerbi
20) SIEMENS, multinacional de origen alemán
21) CONTRERA HERMANOS, de Juan Touseda
22) EQUIMAC, de Silvio Mion
23) COMSA, multinacional origen español
24) GANCEDO, de Felipe Gancedo
25) DYCASA, de Javier Balseiro
26) PAOLINI, de Julio Paolini
27) ECODYMA, de Juan Scaramellini
28) VIALMANI, de Luis Armani
29) PIETROBONI, de Víctor Pietroboni
30) LUIS LOSI SA, de Luis Losi
31) GREEN, de Carlos Arroyo
32) GUERECHET SA, de Julio Guerechet
33) DURO FELGUERAS, multinacional de origen español
34) TEYMA ABENGOA, multinacional de origen español
35) KOPEX, multinacional de origen polaco
36) GRUPO AUSTRAL, de Lázaro Báez.
(DyN) – El juez federal Sebastián Casanello allanó en las últimas horas una petrolera vinculada con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, en el marco de una causa por presunto “lavado de dinero”.
Se trata de Epsur S.A., una de las compañías petroleras de Lázaro Báez, y el procedimiento apuntaba a la búsqueda de documentación contable.
El juez Casanello allanó el domicilio que Epsur tiene en Capital Federal y otro en Comodoro Rivadavia –mediante una rogatoria enviada al juez local- de donde se retiraron libros contables de la empresa.
El allanamiento había sido solicitado la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuan cuando pidió la indagatoria de Báez y otras 15 personas por presunto lavado de dinero.
Marijuan había requerido los estados contables de la empresa desde su creación hasta este año.
Según el fiscal, Báez realizó cuatro plazos fijos a nombre de Epsur S.A. por 7,5 millones de dólares que no cuentan con documentación que respalde el origen de los fondos.
“De la documentación cotejada, surge que en los estados contables de Epsur SA no surgen en su activo la tenencia de los plazos fijos en dólares, y que dichos estados contables no cuentan con firma de las autoridades de la empresa y presentan inconsistencias en sus cifras”, detalló el fiscal Marijuan.
Además, cuando fue allanada la financiera S.G.I, de Federico Elaskar, y la cual habría creado empresas fantasmas para sacar plata de Báez, se encontró documentación de Epsur.
(DyN) – El empresario kirchnerista Lázaro Báez y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, fueron sobreseídos en una causa penal en la cual estaban imputados por presuntos «sobreprecios» y «cartelización» de la obra pública.
Fuentes judiciales informaron que el fallo fue dictado por la jueza de instrucción de Río Gallegos, María Valeria López Leston, que siguió el dictamen favorable a los acusados que había emitido el fiscal Gabriel Giordano, quien consideró que en la causa no se acreditaron hechos de corrupción.
Los sobreseimientos alcanzaron también al difunto ex presidente Néstor Kirchner y a los hijos de Báez, Martín y Leandro, que también trabajan en la empresa familiar Austral Construcciones S.A., que se encarga de varias obras en Santa Cruz.
«De las 1.464 obras que se han otorgado en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2013 sólo se ha adjudicado a las empresas en mira 108, es decir el 7,3 por ciento», sostuvo el fallo.
Y aseguró que las se realizaron «cumpliendo rigurosamente mediante procedimientos de licitación pública sin que las mismas hayan merecido objeciones de los órganos de control competentes».
También fue descartada la acusación por los sobreprecios en la obra pública ya que para Giordano la aplicación de incrementos frente a los pautado, lo que está establecido en el «decreto 1295/02 el cual establece el mecanismo para ello sobre las tablas publicadas mensualmente por el INDEC tomando como base los índices de la construcción y los precios internos mayoristas».
«El análisis de los cargos formulados sobre la imputación genérica sobre la existencia de sobreprecios y la cartelización conduce a descartar una presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos y los procesos de licitación publica para la adjudicación de obras públicas por parte de los funcionarios sindicados», añade el fallo.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la referente del ARI en Santa Cruz, Mariana Zuvic.
(DyN) – El empresario kirchnerista Lázaro Báez negó en la justicia cualquier vinculación con la compra de un campo de 3.600 hectáreas en la provincia de Mendoza, que en 2010 Leonardo Fariña concretó en comisión supuestamente para blanquear dinero, informaron fuentes judiciales.
No obstante, el constructor de la provincia de Santa Cruz vinculado a la familia presidencial admitió que sabía parcialmente quién era Fariña pero no a raíz de aquella operación inmobiliaria sino por la participación del ex marido de la modelo Karina Jelinek en un fideicomiso, un hecho ajeno a esta causa penal.
El director de Austral Construcciones se negó a declarar al comparecer como imputado esta mañana ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Guillermo Marijuan, y sólo entregó un escrito en el que expuso sus argumentos de defensa, con sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán.
“En el escrito está todo explicado y aprovecho para negar también los otros hechos que figuran en la causa”, se limitó a comentar Báez cuando quisieron hacerle preguntas, según confió una fuente presencial.
Aunque la indagatoria se circunscribía solamente a la compra del campo, en el expediente hay otros hechos que para los investigadores podrían ser sospechosos de maniobras para lavar dinero, en relación al club Boca Juniors de Santa Cruz, transferencias de dinero hacia y desde el exterior, y ROS de entidades bancarias, según las fuentes.
Ya al retirarse de la sede judicial de avenida Comodoro Py 2002, en la planta baja, alcanzó a declarar escuetamente a un cronista radial: «Contestamos lo que teníamos que contestar».
Cuando se le preguntó por qué creía que Fariña sostuvo ayer en la Justicia que la compra del campo de Mendoza la hizo con dinero del empresario procesado por lavado de dinero Carlos Molinari y no suya, como dijo en una primera declaración, Báez respondió: «No tengo idea».
El debut del empresario en los tribunales federales de Comodoro Py fue discreto y breve, contó en todo momento con el apoyo del juzgado y la policía federal para que consiguiera sortear a la mayoría de los reporteros gráficos y los periodistas, pese a que no se trata de un funcionario de gobierno.
A bordo de un automóvil Volkswagen Tiguan gris, con vidrios polarizados, ingresó al edificio directamente a través del garaje de la planta baja, en vez de subir a pie la escalera de la puerta principal, y los periodistas que le aguardaban a la puerta del juzgado fueron retirados por orden de Casanello.
El juez investiga si se blanqueó dinero en la compra de la estancia mendocina «El Carrizalejo», de 3.600 hectáreas en Tupungato, por parte de Leonardo Fariña, que lo adquirió en diciembre de 2010 en cinco millones de dólares en efectivo y en 2012 lo vendió en 1,8 millón al empresario Roberto Erusalimsky.
Ambos, junto a Molinari, presidente de Real Esate Investments (REI) Sociedad Fiduciaria , fueron procesados por esa operación sospechosa de lavado de dinero pero la Cámara Federal anuló el procesamiento de Erusalimsky porque consideró que «no constituye una conclusión lógica» debido a que la investigación del hecho había sido «fraccionada».
En una primera declaración Fariña, que cumple prisión preventiva en otra causa por supuesta evasión fiscal, aseguró que Báez le había dado el dinero para la compra del campo pero el martes pasado presentó un escrito en el que dio un giro al negarlo y atribuir la suma a Molinari.
(DyN) – El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue citado a declaración indagatoria por presunto lavado de dinero en la compra de un campo en la provincia de Mendoza, por la que está procesado Leonardo Fariña.
Fuentes judiciales informaron a DyN que el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Báez para el próximo 13 de marzo.
También fueron citados a indagatoria el contador Daniel Pérez Gadín; Fabián Rossi, ex esposo de la vedette Ileana Calabró; y el escribano Martín Rosta.
La novela que se generó tras la decisión del juez Claudio Bonadio de allanar la firma Hotesur, que administra el hotel de la familia Kirchner en El Calafate, no para de sumar nuevos capítulos.
Es que, mientras Bonadio decidió avanzar con la causa que también involucraría al empresario Lázaro Báez, el kirchnerismo redobló su apuesta contra el magistrado y le sumará otra denuncia en su contra, en el Consejo de la Magistratura.
En concreto, Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de la presidenta Cristina Fernández; de su difunto marido, Néstor Kirchner; y de los hijos de ambos, Máximo y Florencia, además de las correspondientes al empresario Lázaro Báez.
Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la AFIP para recabar esa información, en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, informaron fuentes judiciales.
En el caso del ex presidente Néstor Kirchner, se trata de las declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.
La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los bienes personales y a las ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado, y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.
Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.
Contraataque
Del lado del kirchnerismo, el secretario de Justicia de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, presentó un nuevo pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadio por «extorsionar» a ese cuerpo con medidas que involucran a altos funcionarios cada vez que avanza en el análisis de su conducta.
«Claudio Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa», sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación al hablar antes los periodistas en el Consejo.
Álvarez presentó el pedido ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, denunciando que Bonadio adoptó esa conducta en al menos cinco oportunidades, contra distintos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, además de la presidenta de la Nación.
El planteo de Álvarez contra Bonadio apunta a la causal de «mal desempeño en sus funciones», pero de la alocución del viceministro se desprendieron términos como «extorsión» y «protección» que podría constituir delitos.
Alvarez consideró que con el allanamiento ordenado por Bonadio en la AFIP en busca de las declaraciones juradas de la Presidenta Cristina Fernández y miembros de su familia «está extorsionando al Consejo de la Magistratura», que iba a analizar algunas de las denuncias en su contra.
El funcionario sostuvo que Bonadio «tiene 69 denuncias» en el Consejo «de las cuáles nueve están en condiciones de removerlo».
«Todo el mundo sabe que Bonadio es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero, no tiene antecedentes para ser juez de la Nación», disparó.
Y recordó que el magistrado en su momento debió apartarse de una de las causas que llevaba, sobre el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, porque «no quiso llamar a declaración indagatoria a Corach» ya que, sostuvo «responde a él».
Para Álvarez la situación creada en torno a Bonadio «es una cuestión institucional grave» y lo definió como «uno de los jueces mas cuestionados de la Republica Argentina».
Los fondos buitre lanzaron en Internet un irónico juego en el que puede seguirse lo que denominan «La ruta del dinero K», en el que los participantes pueden clasificar a los personajes con categorías que van de 1 a 5 ratas, publicó la agencia Noticias Argentinas (NA).
Los participantes del juego pueden calificar a empresarios, políticos o financistas con categoría de 1 a 5 ratas e incluye la figuras del empresario Lázaro Báez, del vicepresidente Amado Boudou y del financista Ernesto Clarens.
También están incluidos el empresario Cristóbal López, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca y el ex representante argentino en el Banco Mundial, Guido Forcieri, entre otros.
Los personaje están representados por cartas digitales coleccionables y que sirven para «mantener un registro de las diferentes personas y organizaciones que participan en esquemas de lavado de dinero y transacciones financieras, sospechosos en la Argentina» explican los lobbistas de los fondos buitres, siempre según NA.
La versión inicial comienza con seis tarjetas y cada jugador incluye algunas de las «más grandes estrellas en el circuito de la corrupción argentina», según los creadores del juego.
Después de afirmar ayer que la Presidenta y Lázaro Báez no son socios, ahora el titular de la AFIP Ricardo Echegaray tuvo que admitir la «relación comercial» entre ambos.
«(Cristina Kirchner y Lázaro Báez) no es que son deconocidos, son conocidos y desde hace bastante tiempo pero técnicamente no son socios», dijo el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a radio Nacional Rock.
«Las relaciones comerciales… y otra es el concepto de socio. Advertimos que trataron de instalar mediáticamente que eran socios, pero técnicamente por la documentación que hay en la AFIP no lo son. No se puede poner en los medios que son socios cuando no lo son, pueden tener una relación personal como cualquier ser humano», indicó, según consigna TN.
(DyN) – El administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, afirmó que «la presidenta de la Nación (Cristina Fernández) no es socia del empresario Lázaro Báez», durante una conferencia de prensa en la cual se refirió a la emisión facturas apócrifas.
Echegaray afirmó que este tipo de facturas «nacen de necesidades del sector privado, son usufructuadas por el sector privado y terminan en el sector privado».
Tras una investigación que según el diario La Nación involucraría a Báez, el funcionario señaló que «a este sistema algunos lo utilizan para ajustar Ganancias», recordó que «la evasión por facturas apócrifas es un tipo penal agravado» y anunció que existen «unas 750 causas penales por facturas apócrifas».
En la conferencia de prensa, Echegaray reconoció que se fiscaliza a la compañía Austral Construcciones como «receptora» de facturas apócrifas.
«Quiero remarcar, porque no sé si es con intencionalidad, por defecto de información o falta de conocimiento técnico profesional, que la presidenta Cristina Fernández no es socia de Lázaro Báez», sostuvo.
Al respecto, señaló que «tenemos una fiscalización en marcha como receptora», cuando se lo consultó directamente sobre el si organismo estaba investigando a la empresa Austral Construcciones por presuntas maniobras con facturas apócrifas.
El funcionario incluyó la investigación que involucra a la empresa de Báez dentro del programa de fiscalización general de la AFIP, al sostener que al momento hay unas 1.200 empresas y unas 10 mil facturas que están siendo analizadas.
A su vez, Echegaray destacó que «los mismos inspectores que iniciaron las denuncias, las terminaron», descartando que se hubieran producido cambios en la oficina de la AFIP en Bahía Blanca, ciudad donde comenzó la denuncia por el uso de facturas apócrifas.
Pero inmediatamente el funcionario intentó incluir este estudio dentro de las tareas habituales de la AFIP y anunció que será publicadas en la web una lista de 1.200 empresas que están siendo fiscalizadas.
Añadió que este tipo de facturas «nacen de necesidades del sector privado, son usufructuadas por el sector privado y terminan en el sector privado».
«Entonces, ¿es sólo Lázaro Báez o es un mecanismo que aplican planificadores contables en la República Argentina?», se preguntó.
El titular de la AFIP subrayó que el uso de este tipo de facturas «parece ser una mecánica» de elusión empleada por una gran cantidad de empresas, algunas muy reconocidas cuyos nombres serán publicados en la página de la AFIP, y que pudieron ser detectadas a través de las «acciones que desarrolla la entidad, en especial a través de la incorporación de tecnología destinada a cruzar datos y combatir este tipo de fraude».
Enseguida afirmó que «hay 750 causas de facturas apócrifas y entonces el de Lázaro Báez no sería el único caso a consideración de la AFIP» y reveló que «el año pasado la AFIP suspendió 358 mil números de CUIT» por este motivo.
Asimismo subrayó que «ha sido la AFIP con la Fiscalía de Bahía Blanca la que impulsó y logró que la Justicia decrete el proceso de los involucrados. No fue un tercero el que ha venido a revelar la situación».