«La ley de medios forma parte del pasado y lo mejor es hablar del futuro. El futuro es otra ley donde la convergencia de tecnologías sea una realidad en Argentina», aseguró hoy el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, y adelantó que el Gobierno enviará una ley al Congreso que reemplace la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital que había impulsado el kirchernismo.
El funcionario nacional indicó en diálogo con Rock&Pop que el país «no se puede quedar al margen de la revolución tecnológica» y que piensan impulsar una nueva regulación que favorezca la competencia porque eso «mejora la calidad del servicio, las inversiones y las tarifas».
«Mientras más actores haya en el sistema, mejor van a ser las comunicaciones y más las posibilidades del usuario de acceder al sistema. Así que si a mí me pregunta yo trataría que no se fusionen los grandes grupos sino que, por el contrario, sigan diversificados», reflexionó el funcionario. «Lo que el Estado debe garantizar, y ese es uno de los objetivos de la ley que vamos a mandar al Congreso, es que haya competencia».
Aguad desestimó también que el Grupo Clarín sea uno de los grandes operadores del sistema de medios de Argentina. «Clarín es un pequeño actor dentro del sistema. Los grandes actores son las telefónicas», aseveró. «Lo que hemos hecho es dar un tiempo de 2 años para que todos los que forman parte del sistema puedan intervenir en todo el negocio de las telecomunicaciones y el negocio de los medios y del video. En este momento hay actores que si uno liberara se apoderarían muy rápidamente de ese mercado. Eso es lo que estamos evitando», indicò.
En relación al conflicto que existe en los diferentes medios privados, sobre todo en el Grupo 23, Aguad dijo que «son medios que están con muchísimos problemas porque estaban mantenidos por el Estado». «Tienen que quedar los medios que puedan autosostenerse», dijo.
El ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, habló con InfobaeTV: «Nosotros, con una herramienta excepcional que es el decreto de necesidad y urgencia (DNU), venimos a traer normalidad en el área de comunicaciones». Y sentenció: «Se terminó todo el efecto de la ley del kirchnerismo en materia de medios».
-¿Las desinversiones ordenadas por la ley no existen más?
-No. Se terminó todo. En dos años todos van a poder intervenir en todos los ámbitos. El que tiene cable hoy va a poder hacer telefonía y a la inversa.
-¿Está preparado para escuchar que le digan «ganó Clarin»?
-¿En qué sentido?
-En que lo que tenía que vender o desinvertir no se aplica más…
-No, no. Todo lo contrario. Lo que hay que entender que Clarín es un pequeño actor frente a las telefónicas, que son multinacionales, e invierten miles de millones de dólares. La pelea de Clarín y el gobierno anterior le ha causado más perjuicios que beneficios. Lo que ha existido es un gran sistema de propaganda oficial. Se terminó el país hecho para alguien. Nosotros estamos desarticulando esto.
-¿Cómo explica que se modifique una ley del Congreso por un decreto?
-La ley se modificó con un DNU que es un procedimiento excepcional de la Constitución. No podemos perder el tiempo. Utilizamos una medida excepcional para volver a la normalidad en el país. La ley de medios nunca se pudo aplicar. Estaba totalmente judicializada. Esto era un país anormal. Utilizamos todas las herramientas de la Constitución para volver a la normalidad.
El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, confirmó que el gobierno de Mauricio Macri tiene intención de modificar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), pero aclaró que hasta tanto lo logren cumplirán con el texto.
«Esta ley la vamos a cumplir porque somos esclavos de la ley, y cuando se modifique cumpliremos con la modificación», adelantó en diálogo con La Once Diez. El funcionario consideró que la regulación «se usó para ensañarse contra algunos medios» y además «nació vieja, mirando al pasado» porque «va a haber apagón analógico en 2019».
Lombardi respaldó de esta manera los dichos del ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, quien ayer señaló que «la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno» ya que fue creada para «aniquilar a medios» con los que el kirchnerismo «no estaba de acuerdo», como el Grupo Clarín o la emisora cordobesa Cadena 3, entre otros.
Sobre la nueva legislación que buscará debatir el macrismo, Lombardi aventuró que en los próximos años «todo va a ser digital» y que «hay que mirar cómo se informa la gente». «Nadie puede obviar el tremendo énfasis que tienen las nuevas tecnologías, las redes sociales, y los nuevos medios en el siglo XXI. Pareciera absurdo que el Estado se ocupe con tanto énfasis de una parte y se desentienda de lo otro», amplió.
El flamante ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, en diálogo con Cadena 3 adelantó que la polémica Ley de Medios no va a subsistir en el gobierno de Mauricio Macri.
“La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”, dijo.
El funcionario recordó, en ese sentido, que la norma fue creada con la finalidad de “aniquilar” a medios de comunicación como el Grupo Clarín y Cadena 3.
“La filosofía que tendremos con este tema será totalmente contraria a la anterior. La libertad de informar y de estar informado va a ser absoluta”, agregó.
Aguad, por otro lado, se quejó de la permanencia de Martín Sabbatella en el directorio de la Afsca. “Una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente. Es tan absurdo. Estamos viendo si la semana que viene solucionamos este problema”, anticipó.
La emisora radial cordobesa Cadena 3 encontró una suerte de ‘atajo’ para desafiar la Cadena Nacional y que sus oyentes puedan seguir escuchando sus programas sin estar necesariamente obligados a tener que oír las constantes proclamaciones de la presidenta Cristina Fernández, que a lo largo del año ya realizó casi 30 conferencias vía este sistema que obliga a todos los servicios de radiodifusión a transmitirla.
Este «desafío» fue tecnológico: en el programa de la tarde del periodista Pablo Rossi, la emisora invitó a sus oyentes a través de las redes sociales a seguir escuchándolo por medio del streaming de la web o en el celular, en la app de Cadena 3. Desde allí siguieron transmitiendo, incluyendo por ejemplo una entrevista con el periodista José Luis Espert, que cuestionó con dureza el abuso de la cadena nacional por parte de la Casa Rosada.
La radio así se aprovechó de los vacíos legales en los que quedaron algunas disposiciones de la Ley de Medios, sancionada recientemente pero ya desactualizada por el avasallante avance tecnológico, sobre todo de los medios de información y comunicación.
Es que la ley obliga a los medios de radiodifusión a transmitir la Cadena Nacional pero nada dice sobre los servicios de streaming vía web y smartphones. Es el mismo vacío que busca regular los contenidos de los medios audiovisuales, sin tener en cuenta, por ejemplo, que la tendencia es cada vez más hacia el consumo de contenidos «on demand» vía Internet, que modifican sustancialmente el escenario en el que se preveía aplicar la ley.
(Télam) – La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) solicitó al juez federal, Horacio Alfonso, que prohíba al Grupo Clarín suscribir nuevos abonados a Cablevisión porque esta empresa ya excede la cuota de mercado permitida por la ley 26.522, que regula la actividad.
El organismo que preside Martín Sabbatella hizo la presentación en el marco de la causa judicial iniciada por el grupo multimedios para mantener en suspenso la adecuación de oficio a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como resolvió en diciembre último Alfonso al concederle una medida cautelar favorable, según informa Telam.
“El hecho de que se encuentre suspendida la adecuación, por una interpretación judicial que no compartimos y que beneficia claramente la posición dominante del multimedios, no implica que Cablevisión pueda aumentar su ilegalidad superando aún más el límite legal del 35% del mercado de televisión por cable”, afirmó Sabbatella, tras la presentación judicial, informó un comunicado de la Afsca.
El titular del organismo señaló que «la Justicia ya reconoció que el Grupo Clarín supera largamente el límite establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual».
«Lo que corresponde es que, hasta tanto logremos encuadrar a la empresa en los límites legales, la Justicia le impida que aumente su transgresión a la ley”, añadió.
Para Sabbatella, “es ridículo que, después del fallo de la Corte (Suprema, que en 2013 declaró «constitucional» a la ley 26522), una parte del Poder Judicial le siga permitiendo a (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto estar fuera de la ley. Pero es aún peor que, además, no se le ponga ningún límite para que siga profundizando la ilegalidad”.
En su presentación, la Afsca le solicitó al juez Alfonso que modifique la medida cautelar mediante la cual dispuso suspender la adecuación de oficio del Grupo Clarín e introduzca la «prohibición de que Cablevisión continúe contratando y/o suscribiendo nuevos abonados a los servicios de televisión por cable o televisión digital, de manera de incrementar aún más su participación en el mercado, que ya excede ampliamente los límites dispuestos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual».
El pedido tiene que ver con que el artículo 45 de la aludida ley, declarado constitucional por la Corte Suprema, que prohíbe brindar servicio a más del 35% de la totalidad del mercado, límite superado por Cablevisión, tal como admitió el propio Grupo Clarín en su propuesta de adecuación voluntaria presentada ante la Afsca.
El mismo fallo de la Corte Suprema señaló que la participación de Cablevisión en el mercado de televisión paga asciende al 45% del total nacional de abonados.
«Si la propia Corte ha sostenido que los límites establecidos en la ley tienen como finalidad garantizar la libertad de expresión y promover la desconcentración en materia de servicios de comunicación audiovisual, no puede permitirse que Cablevisión continúe acrecentado su cuota en el mercado”, dijo Sabbatella.
El titular de la Afsca precisó que Cablevisión supera el 45% del total de los abonados de toda la televisión por suscripción del país, por cable o satelital, y más del 60% si sólo se considera a la televisión por cable.
En su presentación, la Afsca señala que la medida cautelar dispuesta “sólo impide el inicio del procedimiento de transferencia de oficio del Grupo Clarín S.A., pero no otorga ningún derecho a Cablevisión S.A. para incumplir el límite del 35% de abonados establecido en la Ley Nº 26.522”.
“¿Cómo podría continuar justificándose que además de no adecuarse a la Ley Nº 26.522 se permitiese al grupo oligopólico seguir acrecentando, aun más allá del 45% que ostenta, su participación sobre el total nacional de abonados del país?”, se pregunta la Afsca en el escrito presentado al juez Alfonso.
(DyN) – La Cámara en lo Civil y Comercial Federal confirmó una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín para impedir que el Gobierno fuerce la «adecuación de oficio» de sus medios, en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Sala I de la Cámara ratificó el fallo firmado el 9 de diciembre pasado por el juez de primera instancia Horacio Alfonso, por el cual se le permitió al Grupo Clarín, por el término de seis meses, mantener en vigencia todas las señales de radio y televisión sin que sean incluidas en el proceso de desinversión forzosa.
Después de la Resolución de Alfonso, el Gobierno -a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)- había intentado que se aplicara un «per saltum», lo cual fue rechazado a fines del año pasado por la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto la situación siguió su curso normal.
Ahora, en ese marco, los camaristas María Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni analizaron el planteo que cuestionaba la medida cautelar en favor de Clarín y rechazaron los argumentos oficiales.
En el fallo, al que accedió DyN, los jueces sostuvieron que no se advertía «suficiente entidad en los argumentos de la recurrente que justifiquen revertir la decisión adoptada sobre el punto por el magistrado de la primera instancia».
«La medida otorgada no afecta una norma de rango legal, sino un acto puramente individual. Por lo demás, resulta claro que no excluye al sujeto privado afectado de la legítima obligación de adecuarse a la Ley, sino que busca sanear un acto verosímilmente irregular garantizando la utilidad de los procesos», se señaló.
La Resolución sostiene además que «la medida adoptada más que afectar el interés público lo preserva, en la medida en que la comunidad toda tiene interés republicano en el respeto al debido proceso en todo procedimiento administrativo».
Y remarcó que «el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos -cuya jerarquía constitucional surge del artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental- asegura la tutela judicial efectiva ante cualquier acto que viole derechos fundamentales».
En ese sentido, la Cámara advirtió que «tal exigencia es particularmente imperativa cuando se trata de actos de autoridad pública que prima facie no superan el examen de razonabilidad y que pueden tener consecuencias limitativas en cuanto al acceso de los ciudadanos a la información plural».
Los jueces advirtieron que el Gobierno debería «demostrar concretamente en qué consistiría la afectación del interés público y ello en relación circunstanciada al proceso de examen y deliberación que concluyó con el dictado de la Resolución 1121/AFSCA/2014, no siendo suficiente la mención genérica».
«Con relación al plazo de vigencia de la medida precautoria que ha sido objeto de agravio por parte de la actora, cabe precisar que el señor juez lo estableció en uso de las facultades que le confiere el Código Procesal», se resaltó.
Tras sostener, además, que «concretamente se ponderó la posibilidad de ser reevaluado a su finalización», la Cámara afirmó que «no se advierte la existencia de gravamen actual en la limitación temporal establecida».
Con esta resolución, al Gobierno solo le quedaría recurrir a la Corte Suprema para revertir esta medida cautelar si pretende aplicar de inmediato la «adecuación de oficio», esto es comenzar con el proceso forzoso de desinversión que decidió aplicarle al Grupo Clarín.
(DyN) – La Justicia dictó una medida cautelar a favor de un grupo de periodistas que trabajan en el Grupo Clarín, para evitar la adecuación de oficio a la Ley de Medios, tal como lo había dispuesto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
La cautelar fue dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Pablo Cayssials, en el marco de una causa iniciada por Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruíz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.
Los periodistas solicitaron el amparo por temor a que «la adecuación de oficio ordenada por la AFSCA afecte, de modo grave y directo, sus derechos constitucionales y convencionales a expresarse sin censura previa, así como a informar y opinar crítica y libremente y a trabajar».
(DyN) – El Gobierno nacional pidió a la Corte Suprema un salto de instancia (per saltum) para la revisión de un fallo sobre la adecuacion de oficio del grupo Clarin a la Ley de Medios audiovisuales.
Así lo informaron fuentes del Máximo Tribunal y agregaron que el planteo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) ya empezó a circular entre los jueces.
La presentación del Estado solicita la Corte que dicte el per saltum y luego revise la medida cautelar dictada en primera instancia por el juez Horacio Alfonso.
(DyN) – El titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), Walter Burzaco, criticó el proyecto de ley de Telecomunicaciones «Argentina Digital», que el Gobierno anunció y envió al Congreso y consideró que «concentra las ventajas en las telefónicas» y «embiste contra la industria argentina».
Burzaco denunció también que el proyecto «prevé que todas las inversiones privadas que se hicieron en redes, a lo largo de los años, ahora estén a disposición de lo que quieran hacer las telefónicas».
«Cuando la Presidenta sacó la Ley de Medios estaba en contra de esto. Fue ella misma la que anunció que las telefónicas iban a estar fuera de la producción audiovisual, pero ahora, sin fundamento alguno, cambió para el otro lado», cuestionó el presidente de ATVC.
«La Ley prevé que los 50 años de inversiones privadas que se hicieron en redes en televisión por cable estarán ahora a disposición de lo que quieran hacer las telefónicas», se quejó.
Según Burzaco, «las redes de ellos, que las han recibido en los 90 de Entel para mejorar la telefonía pública, no son buenas para transmitir Internet, a pesar del monopolio que tienen».
En contrapartida, opinó que las redes de cable están mucho más «desarrolladas» y, entonces, el proyecto «pretende que quien compita con las telefónicas abra sus redes y se las dé a un precio que va a fijar el Estado».
También aseguró que las nuevas normas le «llaman mucho la atención». «Debe haber habido un intercambio de algún tipo para que les permitan dar esto o lo intenten al menos», denunció, al tiempo que señaló que pudo haber tenido que ver la licitación de 4-G y el modo de pago (en pesos o dólares), que se dilucida mañana.
La respuesta oficial
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, aseguró que la nueva ley de Telecomunicaciones «no modifica ni una coma de la Ley de Medios».
Además, admitió que el organismo todavía «no ha definido» si el canal Telefé, cuyo dueño es Telefónica, tiene una «incompatibilidad» con la Ley de Medios.
La iniciativa a la que se refirió Sabbatella fue enviada ayer por el Gobierno al Senado y busca regular, declarar como servicio público «esencial y estratégico» y garantizar el acceso a las telecomunicaciones (voz, datos, textos y videos por Internet, telefonía fija y celular y televisión por cable), bajo el nombre «Argentina Digital».
En declaraciones a radio Nacional Rock, el funcionario afirmó que el proyecto «es sumamente positivo, es importantísimo establecer de interés público el acceso y uso de las redes. Potencia el mundo de las comunicaciones, garantiza la llegada, en igualdad de condiciones, de las comunicaciones. El Estado garantizando estándar de calidad es sumamente importante para todos».
«En el caso específico de la comunicación audiovisual, permite que todas las empresas de telecomunicaciones puedan brindar todos los servicios. Mejora la competencia», aseguró.
Consultado sobre la la Ley de Medios, el funcionario dijo que el nuevo proyecto «no modifica en lo más mimino la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es absolutamente falso, no modifica ni una coma de la Ley, que no se modifica», enfatizó.
Sin embargo, el artículo 9 de la nueva norma señala tertualmente que «quedan exceptuados de la aplicación de lo previsto por el inciso d) de la Ley Nº 26.522 (Ley de Medios) los licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley».
Sabbatella siguió diciendo que «todos los que participen en estas redes, teniendo servicios, lo tienen que hacer en las condiciones establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual», explicó Sabbatella.
Igualmente, admitió que a las telefónicas se las «exceptúa» de la «prohibición de dar servicios de comunicación audiovisual, para que puedan darlos y garantizar la convergencia», abundó.
Según Sabattella, hay «una novedad: que todas las empresas, den el servicio que den, pueden dar el resto de los servicios».
Consultado sobre cuándo se tratará el plan de adecuación del canal Telefé a la Ley de Medios, cuyo dueño es Telefónica, dijo que «tenemos que tratarlo, en realidad el AFSCA no ha definido si la situación de Telefé tiene incompatibilidad con servicios públicos. El AFSCA no opinó sobre si esa incompatibilidad está presente o no en el caso de Telefé y, por supuesto, lo tiene que tratar».