(DyN) – Uno de los directores por la oposición de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gerardo Milman afirmó que el proyecto de ley que busca regular las telecomunicaciones que se conoció «deroga» en parte un artículo de la llamada Ley de Medios y «habilita que Telefónica sea propietaria de Telefé».
«El artículo 9 (del proyecto) habilita que Telefónica sea propietaria de Telefé, porque deroga el inciso d) del artículo 25 de la Ley de Medios que establecía que las empresas de servicios públicos no pueden ser titulares de empresas que regula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual», explicó Milman en declaraciones a DyN.
El directivo de la AFSCA criticó al organismo porque «hizo un uso discriminatorio de los distintos proyectos de adecuación a la Ley de Medios esperando modificar la normativa y eso es lo que ocurre ahora».
«El artículo 9 modifica la Ley de Medios. Cambia las condiciones por las cuáles las empresas de prestación de telefonía van a poder dar servicios de comunicación audiovisual, cuestión que les estaba vedada por la Ley y por la Ley de privatización de la ex-Entel», indicó.
Para Milman, «el proceso de adecuación de Telefónica, hoy dueña de Telefé, estaba cajoneado en el AFSCA a la espera de esta modificación legislativa» que, insistió, «se contrapone» a la ley de Medios.
El ex legislador señaló además que comparte «la necesidad de que la legislación argentina se adecue a la convergencia tecnológica y digital como en el resto del mundo» y consideró que «es un avance inexorable» porque, en esta área en el país había «un retraso». No obstante, planteó que «habrá que leer con cuidado (la normativa) porque se va a regular Internet» y esto abarca también a los servicios de telefonía celular, transporte de cable, prestación satelital.
«Hay que prestar especial observación de que no se regulen contenidos», enfatizó. De todos modos, aclaró que hizo una «lectura rápida» de la iniciativa y que para una evaluación más detallada «se requiere un análisis más profundo».
¿Qué dice la nueva ley?
El artículo 25 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el proyecto de ley que se envió al Congreso bajo el rótulo de «Argentina Digital» deroga parcialmente, determina las «condiciones de admisibilidad» que debían reunir las personas jurídicas «al momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia».
El inciso d) de la Ley de Medios se planteó restrictivo hacia cualquier empresa «prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal», ya que impide la posibilidad de que cualquiera de ellas, incluidas las compañías de telefonía, puedan ser dueñas de licencias.
Sin embargo, el artículo 9 del proyecto que hoy presentaron tres ministros y el secretario de Comunicaciones señala textualmente que «quedan exceptuados de la aplicación de lo previsto por el inciso d) de la Ley Nº 26.522 los licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley».
Por lo tanto, el proyecto les abre la posibilidad a las compañías telefónicas no sólo de ser licenciatarias de emisoras de radio o TV que usan espectro radioléctrico, sino que puedan brindar televisión a través de sus redes y sumar esa prestación a la telefonía fija, móvil y al servicio de datos por Internet.
El Grupo Clarín presentó un video en el que responde punto por punto a las afirmaciones de dos spots protagonizados por Martín Sabbatella que el propio Gobierno difundió el pasado fin de semana durante las transmisiones de los partidos de Fútbol para Todos.
En el spot Clarín explica que el funcionario nacional recurre a excusas y argumentos falsos para cargar contra el grupo de medios. También sostiene que el plan “es el más riguroso de todos los que se hayan presentado” y detalla las razones de cada desmentida.
Agrega que “mientras el Gobierno no trata los planes de sus amigos, o le permite a otros grupos compartir socios, familiares, empleados, señales y miles de etcéteras, a Clarín ni siquiera le permite cumplir la ley”, expresó el blog Seniales.
El Grupo Clarín considera que la adecuación forzosa que intenta imponer la AFSCA es “una burla al fallo de la Corte Suprema, que exigió un trato igualitario y un órgano independiente”.
Y culmina reiterando que la ley de medios fue concebida “con nombre y apellido, se aplica con nombre y apellido, y se quiere usar para silenciar a quienes molestan”.
(Télam) – El titular del Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, volvió a denunciar por «burda y ficticia” la «maniobra del Grupo Clarín» frente a la ley de medios, al defender la decisión del organismo de iniciar la adecuación de oficio del holding a la norma.
El Grupo Clarín “tuvo todas las posibilidades, todos los tiempos de adecuarse a la ley, pero como no lo hizo e intenta burlar la norma, es obligación del Afsca establecer la adecuación de oficio”, insistió el funcionario en declaraciones a Radio Nacional, y recordó que se acudirá «a otros organismos del Estado a fin de que investiguen si estamos en presencia de otros delitos económicos” por parte del mayor conglomerado de medios del país.
“Entre hoy y mañana vamos a ir a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para llevarles toda la información ”, dijo.
Asimismo, recordó que la decisión se tomó en virtud de que “se encontraron vínculos societarios y comerciales entre los administradores y los miembros propuestos para las unidades 1 y 2, las de mayor importancia tanto periodística como económica”.
Además, se advirtieron una serie de “condicionamientos a los supuestos compradores en las restantes unidades, lo que demuestra que estamos ante ventas ficticias”, añadió.
“Les hemos dado todas las posibilidades, todos los tiempos, y sin embargo no han mostrado una voluntad verdadera de adecuación”, remarcó el funcionario.
En particular, sobre el comunicado que ayer publicó el Grupo Clarín, Sabatella analizó que “no hay nada que puedan decir» y remarcó los”vínculos societarios de los estudios jurídicos” así como las “sociedades comerciales cruzadas en Panamá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Argentina”.
“Algo similar sucede cuando quieren simular una venta que no es tal en sus unidades, por ejemplo, en la unidad 1 (Clarín, TN, etc) y la unidad 2 (Cablevisión). Si vos le vendés a alguien algo, por ejemplo un auto, vos no le decís al que te compra por dónde tiene que ir, dónde tiene que ponerlo, ni cuánto lo tiene que usar”, ejemplificó, y agregó que “es tal el nivel de condicionamiento que están determinando que eso demuestra claramente que la venta es ficticia y que queda bajo tu dominio”.
Sabatella concluyó en que el plan presentado por el Grupo Clarín es una “mentira brutal” así como también “es mentira lo que dicen que primero la aprobamos y después no”.
“En síntesis, todo, absolutamente todo lo recabado indica que la venta es ficticia, que se están burlando de la ley y repito, el Afsca tiene la obligación de hacerla cumplir”, concluyó.
El Grupo Clarín emitió un comunicado en el que le respondió al presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, luego de que éste en una conferencia de prensa anticipara la intención de la entidad de rechazar el plan de adecuación a la Ley de Medios presentado por la empresa, obligando al grupo a adecuarse «de oficio».
El texto completo del comunicado es el siguiente:
«Tras la conferencia de prensa del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, en la que anunció el intento del gobierno de avanzar en una arbitraria e ilegal adecuación de oficio, el Grupo Clarín recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación aprobado, que se ajusta estrictamente a la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Los exabruptos en los que incurrió el titular de la AFSCA, además de resultar falsos, burdos e injuriosos, demuestran hasta qué punto el gobierno está dispuesto a llegar en su incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y en la aplicación selectiva y discriminatoria de la ley de medios, para perseguir a los medios críticos y apropiarse de los que aún no pudo controlar.
Todas las manifestaciones realizadas por Sabbatella son deliberadamente falsas y están desmentidas por la realidad y por el propia conducta del Estado en los últimos meses. Las dos supuestas “maniobras” mencionadas por el funcionario kirchnerista son procedimientos absolutamente legales y regulares para el efectivo cumplimiento de la ley, que se realizó con un nivel de rigurosidad y transparencia inédito para todos los grupos de medios en la Argentina.
Las unidades 1 y 2 pertenecerán a accionistas absolutamente diferentes que no tienen ni tendrán participación cruzada alguna entre ellas, lo que implica el cumplimiento irrestricto de la ley, algo que no pudieron demostrar hasta ahora ni la AFSCA en otros casos, ni otros grupos de medios. Las menciones de Sabbatella a los abogados de fideicomisos o a otras sociedades ajenas a los medios, no tienen nada que ver con la ley de medios, son groseramente inaplicables y buscan confundir a la opinión pública. La ley de medios habla de accionistas diferentes, no de abogados ni tampoco de sociedades y negocios externos a los medios. Burdo sería que los accionistas del Grupo Clarín hubieran pretendido burlar la ley o engañar al gobierno escondiendo sociedades que están registradas y son públicas, u otras de las que ni siquiera forman parte. Pese a que el plan es técnicamente perfecto, tras recibir una notificación el Grupo Clarín le ofreció a la AFSCA cambiar los abogados para agilizar el proceso, lo que no sólo no fue respondido sino que derivó en este nuevo exabrupto. Queda claro que el Gobierno no tiene ningún interés en aplicar la ley sino que lo que busca es seguir persiguiendo y hostigando al Grupo Clarín. De lo contrario, le hubiera permitido al Grupo Clarín ejercer su derecho de defensa, lo que contrasta con todas los prórrogas, ajustes y postergaciones que le otorgó a los restantes grupos, en violación del fallo de la Corte.
Respecto de las unidades 3 y 4, las críticas de Sabbatella resultan tanto o más llamativas y falaces, dado que las compraventas fueron hechas públicas ante la propia AFSCA, la Comisión Nacional de Valores y otros organismos, y jamás existió objeción alguna a las mismas. Más aún, dichas compraventas fueron aprobadas por el Estado Nacional en las Asambleas del Grupo Clarín, lo que demuestra a las claras que este nuevo invento obedece a una decisión política posterior del kirchnerismo de avanzar en la apropiación de los medios del Grupo. Todas las cláusulas de dichos contratos son absolutamente transparentes, legales y legítimas, y forman parte del precio que se pudo obtener en las condiciones absolutamente adversas en las que deben venderse esas unidades. En efecto, como se expresó públicamente en la Asamblea, dichas cláusulas son usuales en operaciones realizadas bajo fuerza mayor, y apuntan a compensar al menos parcialmente el daño económico que implicó la venta forzada de dichas unidades en menos de 3 meses, en un contexto hostil para las inversiones en la Argentina.
En definitiva, tanto la división de los accionistas de las Unidades 1 y 2, como las ventas de las unidades 3, 4, 5 y 6, son las únicas operaciones realizadas hasta hoy, en el marco de la ley de medios, que cumplen a rajatabla las previsiones de dicha norma.
La persecución inédita del gobierno contra el Grupo Clarín y en general contra todas las voces disidentes, ratificada esta tarde con brutalidad por Martín Sabbatella, no cambiará la voluntad del Grupo Clarín de cumplir la ley ni su decisión de seguir haciendo el periodismo en el que cree».
El directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) votó por avanzar en la adecuación de oficio del Grupo Clarín. De este modo, el organismo contralor tendrá la postestad de avanzar en modificar la estructura de propiedad de la empresa para forzar su adecuación a la ley de medios.
La votación fue sobre tablas y terminó 5 a 2 a favor de la postura oficial. El titular del organismo, Martín Sabbatella, explicó que «ahora el Estado tasará los medios y concursará a las empresas [de Clarín] y las adjudicará por licitación» hasta adecuar a la compañía con la ley. Sin embargo, no brindó mayores precisiones respecto a los detalles futuros del mecanismo.
«La diferencia es que cuando la adecuación es voluntaria, los propietarios eligen a quien le venden o transfieren. Cuando es de oficio, lo hace el Estado por concurso. El titular de las empresas ahora tiene que garantizar el servicio y las fuentes de trabajo», remató.
Más temprano, la Afsca había advertido que el plan de adecuación voluntaria presentado por el Grupo no se ajustaba a ley.
El mayor grupo de medios de Argentina había presentado un plan para dividirse en seis unidades de negocios y así adecuarse a la regulación, pero el Gobierno dijo que encontró «anomalías» entre los integrantes de esas firmas que incumplirían con lo establecido en la normativa. «Es el grupo que más lesiona la democratización de la palabra en el sentido de que es el que tiene la posición dominante», dijo Sabbatella.
El titular del Afsca aseguró que la Afsca detectó «maniobras» en el Plan de Adecuación, como la eventual aparición de «socios cruzados en la Unidad 1 y la Unidad 2». «Está absolutamente claro de que [la propuesta de Clarín] está fuera de la ley», afirmó
El directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobó el plan presentado por el grupo para cumplir con la ley de medios.
Así lo confirmaron a Télam fuentes de la Afsca, tras la finalización de la reunión realizada en la sede de Suipacha 765 de esta capital que concluyó pasadas las 13.30 con la «aprobación por unanimidad» del plan presentado por Clarín para adecuarse a los límites que establece la Ley de Medios.
Según informaron, tras la aprobación del plan por parte de los siete integrantes del directorio, ahora el grupo Clarín tiene por delante 30 días para informar a quiénes se les transferirán las licencias de las seis sociedades.
También se admitieron los planes de adecuación de los grupos empresarios Uno-Supercanal, Aldrey Iglesias, San Juan Cable Color y Ricardo Michelli.
“Nos reconforta haber logrado que todos los grupos de medios, aún el más poderoso y perjudicial para la Democracia, hayan tenido que rendirse al imperio de la ley”, afirmó el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, luego que el directorio de la entidad aprobara por unanimidad la adecuación del Grupo Clarín a la ley 26.522.
Agregó que “vamos hacia un panorama de servicios audiovisuales mucho más plural, más democrático, con más libertad, sin que ningún patrón le imponga condiciones y agenda al resto de los medios”.
“Con la adecuación de Clarín a los límites de la ley no se termina su derecho a informar y opinar con libertad, que siempre defenderemos. Se termina su posibilidad de imponerse como un gigante económico y monopólico para manipular la opinión pública y condicionar la democracia”, consideró Sabbatella .
El presidente de la AFSCA explicó también que los grupos tienen 30 días para presentar el detalle con los nombres de los futuros licenciatarios, que será nuevamente analizado por el organismo. Desde la aprobación del plan, las compañías cuentan con 180 días para completar el proceso de transferencia a sus nuevos titulares.
“Este paso, como los anteriores que conseguimos dar, no es un triunfo de un Gobierno ni de una gestión en este organismo. Es el triunfo de cientos de miles que desde hace más de tres décadas militan por la democratización de la palabra en nuestro país”, señaló Sabbatella .
Agregó que “vamos hacia un panorama de servicios audiovisuales mucho más plural, más democrático, con más libertad, sin que ningún patrón le imponga condiciones y agenda al resto de los medios”.
“Con la adecuación de Clarín a los límites de la ley no se termina su derecho a informar y opinar con libertad, que siempre defenderemos. Se termina su posibilidad de imponerse como un gigante económico y monopólico para manipular la opinión pública y condicionar la democracia”, consideró Sabbatella .
El presidente de la AFSCA explicó también que los grupos tienen 30 días para presentar el detalle con los nombres de los futuros licenciatarios, que será nuevamente analizado por el organismo. Desde la aprobación del plan, las compañías cuentan con 180 días para completar el proceso de transferencia a sus nuevos titulares.
“Este paso, como los anteriores que conseguimos dar, no es un triunfo de un Gobierno ni de una gestión en este organismo. Es el triunfo de cientos de miles que desde hace más de tres décadas militan por la democratización de la palabra en nuestro país”, señaló Sabbatella .
(DyN) – La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy al Estado nacional que incluya a Canal 13 en el reparto «equitativo» de la pauta oficial y, tras destacar la importancia de la libertad de expresión como protección a la actividad critica de los periodistas, criticó con suma dureza el reiterado incumplimiento de sentencias por parte del Estado en la materia.
El fallo, que ratifica una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fue votado en sus puntos esenciales por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, salvo por el ministro Raúl Zaffaroni quien señaló que debía pedírsele opinión a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.
Carmen Argibay y Enrique Petrachi opinaron que el recurso debía desestimarse y el Estado tenía que cumplir con la resolución impartida por la Cámara. No obstante, el fallo mayoritario tuvo diferentes consideraciones a la hora de señalar cómo debía cumplimentarse el reparto de la publicidad oficial y el rol que viene ejerciendo el estado nacional a la hora de acatar las sentencias.
Por su parte, los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco admitieron tratar la cuestión, aunque hicieron hincapié en respetar la doctrina de la Corte Suprema en sentencias anteriores sobre pauta oficial en los casos de los diarios Perfil y Río Negro. Salvo Highton, los otros magistrados incluyeron duros argumentos contra la actitud del Gobierno y advirtieron que «la conducta estatal construye una clara violación de los derechos constitucionales».
«El incumplimiento de una sentencia judicial constituye un desconocimiento de la división de poderes que resulta inadmisible en una estado de derecho y en consecuencia causa un grave deterioro del estado constitucional democrático», sostuvieron. Inclusive, el fallo advirtió que «si no existe la plena seguridad ciudadana de que la protección de la Justicia es más que una mera declamación retórica de los jueces sin capacidad de ser respetada y cumplida por las autoridades que detentan el control de la fuerza pública, resulta artificial invocar la obligatoriedad de las reglas constitucionales que limitan el poder o esperar del Gobierno la propiedad de los derechos fundamentales que consagran nuestra Constitución».
Fue así, que la Corte advirtió que el Estado tiene la obligación de promover de manera «activa los valores de la libertad de expresión» y, «en consecuencia, toda conducta que se aparte de estos valores esenciales del sistema democrático, sea en el proceso de aplicación de la Ley o en cumplimiento de la sentencia, viola la función de garante que tiene el Estado».
El caso se inició por una acción de amparo que promovió la empresa Arte Radioteleviso Argentino SA (Artear), es decir Canal 13, contra el Estado Nacional (y en particular contra la Jefatura de Gabinete, a cargo del entonces ministro Juan Abal Medina y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro) con el objeto de que «cese la asignación arbitraria y discriminatoria de la pauta oficial con respecto» a esa empresa.
En primera instancia, un juez en lo Contencioso Administrativo rechazó el amparo, pero la Sala IV de la Cámara del fuero hizo lugar y condenó al Estado para que en 30 días elaborara y presentara en el juzgado un «esquema de distribución publicitaria oficial» que «se ajuste fielmente a las pautas de proporcionalidad y equidad establecidas precedentemente» y que comprenda a las emisoras de análogas características a la actora, entre las que incluyó a América TV (Canal 2),Telearte (Canal 9), Televisión Federal (Canal 11), Artear (Canal 13) y SNMPyRTA (Canal 7)».
Fue el Estado el que apeló esa resolución ante la Corte Suprema que, ahora, confirma el fallo, obliga al Estado nacional a presentar ese esquema publicitario equitativo y cuestiona que no se haya respetado «la doctrina» de los fallos precedentes como Editorial Río Negro contra el gobierno de esa provincia y «Editorial Perfil» contra el Estado nacional.
Según se había establecido en aquellos fallos, «existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta a la libertad de prensa por medios económicos. La primera opción para un Estado es dar o no publicidad y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios constitucionales: no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; y no puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión», aseveró.
(DyN) – La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) señalaron que el fallo de constitucionalidad de la Corte Suprema sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual «pone en riesgo la seguridad jurídica».
En un comunicado conjunto, las dos organizaciones empresarias manifestaron su «preocupación en relación a la consideración que, sobre los ‘derechos adquiridos’, se hace en el fallo de mayoría de la Corte».
Ambas entidades entendieron que «que dicho tratamiento pone en riesgo la seguridad jurídica, principio fundamental de nuestra organización constitucional, que resulta vital para la promoción de las inversiones que necesita nuestra economía».
Según ACDE e IDEA «poner en duda el mantenimiento de la vigencia del marco jurídico en función del cuál un inversor toma sus decisiones, aceptando que el Estado pueda modificarlo en cualquier momento con carácter retroactivo, acarrea un alto grado de incertidumbre que supera con creces los riesgos que naturalmente llevan implícitos las decisiones empresarias».
Al respecto, puntualizaron que esa «incertidumbre condiciona las decisiones de inversión y, por lo tanto, la creación de empleos en la economía argentina».
Las entidades pusieron de manifiesto también que la opinión fue emitida en conjunto, aunque «sin perjuicio de sostener como premisa fundamental el respeto y acatamiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Telecom Italia aprobó la venta del 22,7 % de su participación accionaria en la filial argentina. El comprador es el fondo de inversión Fintech, actual socio del Grupo Clarín en Cablevisión, en una operación que deberá ser aprobada por el gobierno argentino.
Telecom Italia, que tiene al Grupo Telefónica de España entre sus principales accionistas, se marcha así del país tras más de 20 años de operaciones.
La venta, cuyo monto no fue revelado pero que fuentes del mercado estiman en 1.400 millones de dólares, se produce en momentos en que la compañía italiana afronta una abultada deuda y reportó una caída del 27% de sus ganancias trimestrales.
En el mercado se especula con que Fintech podría verse obligado a desprenderse de su participación en CableVisión, y que el comprador podría ser algún grupo afín al gobierno nacional.
El Grupo Clarín presentó hoy ante la Justicia y en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), un plan de adecuación voluntaria al régimen de licencias de la ley de medios, aunque destacando una vez más «lo hizo ante el avance ilegal y de facto que emprendió el gobierno en los últimos días para quitarle compulsivamente sus medios audiovisuales», según informó el Grupo a través del diario Clarín.
«En efecto, frente a la política de hechos consumados de la AFSCA (que inició un procedimiento de oficio al margen de la ley, comenzó a tasar sus licencias y anunció que podría apoderarse de sus activos, en una lisa y llana confiscación), el Grupo Clarín decidió separar sus licencias audiovisuales en seis diferentes unidades empresarias, cada una ellas respetando los límites del artículo 45de la ley de medios», señala la información. En una de esas unidades empresarias, el Grupo incluye a Canal 12 y a Radio Mitre, incluyendo las licencias cordobesas.
El plan –que no interrumpe ninguna de las acciones judiciales que lleva adelante el Grupo para defender sus derechos- se presentó solicitando que se cumpla integralmente la sentencia de la Corte Suprema. Esto es, que se garantice la actuación de una autoridad de aplicación independiente, imparcial y con solvencia técnica, que pueda asegurar un tratamiento transparente e igualitario en la aplicación de la ley, lo contrario de lo que sucede hoy.
En este contexto, desde Clarín remarcaron que «pese a ser el único grupo que fue a la Justicia y logró la suspensión de artículos de la ley en todas las instancias, el Gobierno decidió beneficiar a todo el resto, concediéndoles plazos que no tenían. Y ahora pretende quitarle escandalosamente al Grupo Clarín plazos que nunca empezaron a correr. El objetivo es claro: hacerse de los pocos medios críticos que aún quedan en la Argentina».
«Esta es una decisión forzada por las circunstancias. Estamos convencidos de que en ningún país civilizado el Estado puede desconocer retroactivamente licencias que él mismo otorgó, que tienen varios años por delante. No lo hicieron siquiera países como Venezuela o Ecuador», agregaron.
«Al margen de la presentación del día de la fecha, el Grupo Clarín analizará recurrir ante tribunales internacionales para impugnar los artículos cuestionados, que vulneran abiertamente principios del Pacto de San José de Costa Rica, en tanto encierran supuestos de censura indirecta, silencian y discriminan medios críticos y vulneran derechos adquiridos. Además, y como prevé el fallo de la Corte, el Grupo Clarín seguirá litigando en los tribunales locales todos los aspectos vinculados a la aplicación discrecional y selectiva de la norma por parte del gobierno nacional», sostuvieron.
El plan: un Grupo dividido en seis empresas
1) En la primera unidad se incluyen las empresas Arte Radiotelevisivo Argentino (ARTEAR), titular de la licencia de Canal 13 de Buenos Aires; a Canal 12 de Córdoba; a Canal 6 de Bariloche y a la señal de noticias TN (Todo Noticias). También la empresa Radio Mitre, con las frecuencias AM 790 y FM 100 en Buenos Aires, AM 810 y FM 102.9 en Córdoba, y FM 100.3 en Mendoza. Asimismo, dentro de esta unidad se incluyen 24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión, de ciudades en donde no existe incompatibilidad con la TV abierta.
2) La segunda unidad mantendrá el grueso de las operaciones de Cablevisión y Fibertel. En la misma el fondo Fintech mantendrá el 40% del paquete accionario. Esta unidad incorporará 24 licencias de cable e incluye la señal Metro, canal local de Cablevisión en la ciudad de Buenos Aires.
3) La tercera unidad tendrá 20 licencias de TV por cable de la actual Cablevisión.
4) Por otra grave anomalía de la ley, las señales audiovisuales (que no utilizan espectro, son de libre creación, generan producción y dan trabajo argentino) también deberán ser transferidas. En esta cuarta unidad se incluyen el resto de las señales en las que participa el Grupo: Canal 13 satelital, Magazine, Volver, Quiero Música en mi Idioma, Canal Rural, TyC Sports y TyC Max.
5) En otra unidad se incluirán los siguientes servicios de radio: licencias de FM en las ciudades de Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe
6) En otra unidad se incluirá la licencia de TV abierta de Canal 7 de Bahía Blanca y la participación en Canal 9 de Mendoza.