La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de Inconstitucionalidad de la Ley 9445, por parte del Colegio de Martilleros de Córdoba.
De esa manera, el máximo tribunal ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que ya había confirmado que la LEY 9445 es la única que regula y administra todo lo relacionado a la actividad inmobiliaria en la provincia.
Esto significa, en la práctica, que la Corte ratificó que la única entidad que puede entregar matrícula y garantizar la legalidad de cada profesional inmobiliario es el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), algo que los martilleros rechazan.
Precisamente, el Colegio de Martilleros fue a la Justicia intentando declarar inconstitucional la Ley, y tanto el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en dos oportunidades, como ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazaron este pedido y ratificaron la total vigencia de la Ley 9445.
Lo que es más aún, el Órgano Provincial no sólo rechazó el pedido del Colegio de Martilleros sino que determinó claramente que existen dos profesiones bien diferenciadas, la de Corredor Inmobiliario y la de Martillero, donde el gobierno y control del ejercicio profesional de los Inmobiliarios lo debe realizar el CPCPI.
«Con este nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se extinguieron todos los caminos y acciones judiciales para intentar derogar la Ley 9445, lo cual ratifica y consolida una vez más la vigencia plena y total de esta normativa para todo el territorio cordobés, obligando a más de 3.500 agentes inmobiliarios a obtener su matrícula CPI, para que puedan seguir ejerciendo legalmente la profesión», mencionó el CPCPI mediante un comunicado.
«Desde la creación de la Ley 9445, que ordenaba la actividad profesional de la actividad profesional en la Provincia de Córdoba, el Colegio de Martilleros interpuso una serie de amparos y chicanas legales para intentar frenar el traspaso inevitable de los profesionales Inmobiliarios hacia el nuevo Colegio, situación que hoy ha sido totalmente allanda y ratificada por la justicia, para que todos los profesionales que se dedican al corretaje inmobiliario, puedan tener su matrícula habilitante y poder trabajar de manera legal, como así también exigir judicialmente sus honorarios», agregó la gacetilla.
El novelón que protagonizan desde hace varios años el viejo Colegio de Martilleros y Corredores Públicos y el más nuevo Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), sumó un nuevo capítulo que consistió en una marcha convocada por el primero a la Legislatura, acompañada de una solicitada en la que cuestionó duramente al CPCPI.
La disputa es por una ley provincial sancionada en 2007 que obliga a los corredores a matricularse en el nuevo colegio, dividiendo la actividad profesional con respecto a los que son martilleros.
En la solicitada, el Colegio de Martilleros recuerda que es una entidad con más de 30 años de trayectoria y asegura que “conserva el poder de policía delegado para el ejercicio profesional que otorga el título con todas sus incumbencias o ramas profesionales”.
Para los martilleros, que destacan que todavía tienen 5.000 afiliados, la creación del CPCPI fue “un error de política legislativa” que se tomó “sin expresar motivos válidos y sin consenso de la evidente de mayoría de los profesionales nucleados, estando demostrado a la fecha que no hay cohesión profesional con los grupos económicos impulsores de la ley, toda vez que la efectiva representatividad en el seno de una actividad no se logra por ley o por decreto”.
En ese marco, los martilleros acusan al Colegio Inmobiliario de “incesantes campañas de desprestigio profesional”, debido a que “ha querido imponer prepotentemente y bajo amenazas conductas contrarias al espíritu del ejercicio de nuestra única profesión de Martillero y Corredor Público, en claro desmedro de la libertad de trabajo, promovidos por intereses económicos y corporativos que no representan a los profesionales del rubro, generando un caos e incertidumbre en un momento de desocupación, inflación y bajas en la actividad”.
En la solicitada, el Colegio de Martilleros insiste en que “estamos ante una avanzada inconstitucional, ya que la profesión es una sola, no hay dos profesiones, porque tanto una rama profesional como otra permite indistinta e indivisiblemente actuar como tal”.
El documento finaliza señalando que “preocupados ante una situación que nos agobia y nos perjudica profesional, económica y familiarmente, solicitamos:
- El inmediato cese de las injurias públicas vertidas por el Colegio Inmobiliario, que NO nos representa y responsabilizamos de manera directa a sus autoridades de todo daño que su accionar nos ocasiona.
- Instamos a la población a cumplir con los contratos existentes, en razón de los mandatos que se hubieren conferido a los Martilleros y Corredores Públicos, por su accionar profesional, so pena de realizar la férrea defensa institucional de los mismos, hasta las últimas consecuencias.
- Se recepte, por los legisladores Juan Cid, Ricardo Sosa, Rodrigo De Loredo y María Caffarati, propulsores del proyecto de división profesional en crisis, el interés de la mayoría de los profesionales trabajadores de la provincia, que aquí se expiden, cortando toda avanzada legislativa y ratificando la plena vigencia de la Ley 7.191 de Martilleros y Corredores Públicos.