(DyN) – La Mesa de Enlace Agropecuaria puso en marcha «el Plan de Lucha» del campo en reclamo de cambios en la política oficial y anunciaron que el próximo martes, en Expoagro, se darán detalles de las medidas de protesta.
El vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina (FAA), Ariel Toselli, aseguró esta tarde que el encuentro realizado por este nucleamiento en el Hotel Pestana, de esta capital, para exponer sobre la problemática de las economías regionales «es el momento oportuno (para dar inicio) a este plan de lucha que hoy comienza (por parte) de las cuatro entidades» como rechazo a la política oficial.
La iniciativa expuesta por Toselli, quien reemplazó a Omar Príncipe que está encabezando una asamblea en la localidad santafesina de Maciel, fue avalada por Egidio Mailland (Coninagro), Rubén Ferrero (Confederaciones Rurales) y Luis Etchevehere (Sociedad Rural), quienes aseguraron que el próximo martes, en Expoagro, presentarán «las diferentes acciones» que conformará la protesta.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, confirmó que la Mesa de Enlace que reúne a las principales entidades agropecuarias del país lanzará en los próximos días un plan de lucha que incluiría un nuevo paro general de actividades con cese de comercialización de materia prima.
“Este jueves vamos a hacer una jornada de concientización en la que vamos a mostrar a la opinión pública la situación de la mayoría de las actividades productivas de la Argentina que están siendo perjudicadas por las políticas del gobierno. Y el martes 3, en el ámbito de la Mesa de Enlace, se va anunciar el plan de lucha y ahí vamos a decidir cuál va ser la modalidad de propuesta que vamos a seguir adelante en las próximas semanas”, remarcó Etchevehere.
Según el dirigente, esto no es un acto por alguna circunstancia nueva sino que “hace siete años que venimos reclamando, o sea que es la consecuencia de la política que aplica el gobierno del precio máximo al productor pero sigue perjudicando al consumidor. Por ejemplo, me refiero a la leche, que un tambero está cobrando alrededor de $ 3,20 cuando necesita $ 4 para poder subsistir y la leche en el mostrador está a $ 10, $ 12 el sachet, sin contar que del litro de leche que le compran al productor además del sachet, sacan queso, yogurt y una serie de lácteos que no se ve reflejado en el precio que nos pagan. Lo mismo con la lana, el trigo, la uva, la pera, la manzana…”.
Para Etchevehere, “a todo esto el gobierno lo podría revertir si sacase las retenciones, las prohibiciones de exportar, si sacase esta política de precios máximos, porque es justamente lo que está perjudicando a la actividad. Vemos que en nuestros países vecinos todavía las actividades son rentables y el campo, la producción de alimentos, ayuda a las economías de esos países a progresar, como es el caso de Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil”.
En esa línea, los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe aseguraron que el empleo de los ROES como «licencias no automáticas» de exportación hacen perder al sector triguero unos 4.321 millones de pesos por las «restricciones vigentes».
Las entidades expresaron estos conceptos a través de un comunicado donde consignaron que el empleo de este tipo de «mecanismos» genera «no solo graves consecuencias economías a los productores, sino también a las economías regionales.
Los cinco centros de corredores granarios volvieron a criticar el alcance que tiene la resolución general 543, publicada en mayo de 2008 por la ex ONCCA, que a juicio de las entidades «opera en la práctica como un mecanismo de licencias previas de exportación no automáticas».
Según indicaron «hoy el trigo no puede ser comercializado ya que las restricciones vigentes hacen que no haya compradores en la plaza» granaria local y manifestaron que este tipo de «restricciones» provocó que las economías regionales debieran «resignar 4.321 millones de pesos».
Agregaron que «en la actualidad hay disponible para la venta 2,9 millones de toneladas de trigo, que en condiciones normales podrían ser colocadas en el mercado externo, pero no pueden comercializarse como consecuencia de la Resolución general 543».
Las cinco entidades expresaron que «este mecanismo, no solamente impide que los productores capturen el precio pleno por su producción, sino que priva a muchas localidades que dependen directa e indirectamente de este cultivo, de hacerse de 4.321 millones de pesos provenientes de la comercialización del trigo (considerando el valor del FAS teórico que publica diariamente el Ministerio de Agricultura), que no puede materializarse por las restricciones vigentes».
En el Centro Cívico de Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota firmó un acuerdo con las entidades agropecuarias sobre la política fiscal 2015. Los titulares a nivel local de Coninagro, Federación Agraria, Cartez y Sociedad Rural, que integran la Mesa de Enlace Agropecuria Provincial, participaron del encuentro. En la reunión, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Julián López.
Los principales puntos del acuerdo fueron la actualización del 32 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural para el año 2015 y la decisión de no aumentar la base imponible del impuesto.
Además, se estableció que el pago del impuesto y la totalidad de los denominados fondos específicos será en 1o cuotas mensuales de marzo a diciembre para aquellos contribuyentes que adhieran al cedulón digital.
En tanto, los fondos específicos se actualizarán de la siguiente manera:
-El Fondo de Consorcios Canaleros se incrementará en un 45 por ciento, a los efectos de obtener una participación en el total aportado por el sector del 2,8 al 3,1 por ciento.
-El Fondo de Mantenimiento de Red Firme Natural se actualizará en el orden del 45 por ciento, con el objetivo de lograr 30 millones de pesos que se destinarán al Fondo de Conservación de Suelos.
-El Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos se actualizará en un 26 por ciento, a los fines de compensar las mayores asignaciones a los fondos antes mencionados.
Un dato para destacar es el compromiso del Ejecutivo de que a los productores incluidos en la Emergencia Agropecuaria por Anegamiento declarada a través del decreto 456/14, no se les actualizará el impuesto durante 2015.
Tras reunirse con las entidades empresarias que conforman el Grupo de los Seis y representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria, el gobernador José Manuel de la Sota reclamó al Gobierno Nacional que libere las exportaciones de carnes, lácteos y granos, y pidió que se garantice la paz social. Para ello presentó un documento que firmaron todas las partes que formaron parte de la reunión.
“Frente a la situación que atraviesan las empresas, los puestos de trabajo y las tensiones sociales manifestamos que nos oponemos a la sanción de las llamadas leyes de abastecimiento y expresar nuestro repudio al intento de aplicación de la Ley Antiterrorista”, señaló el gobernador.
De la Sota reclamó además a la Nación “la inmediata liberación de los impuestos” a la exportaciones de carnes, de lácteos y de granos y exhortó a la «continuidad de las industrias frigoríficas y de los puestos de trabajo del sector».
En otra parte de su discurso sostuvo que “la grave preocupación por la situación social de los más postergados, que tiende a agravarse frente a medidas que ponen en riesgo nuestra paz social” y aseguró que “todos los sectores del diálogo exhortan a las autoridades del gobierno nacional a convocar a un diálogo plural y sostenido para buscar las soluciones”.
(DyN) – Los exportadores de cereales y oleaginosas comenzaron hoy una ronda de reuniones para analizar detalles de la liquidación de la presente campaña con funcionarios de Gobierno, quienes, por su parte, profundizaron sus enfrentamientos con los productores nucleados en la Mesa de Enlace.
Representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) consignaron a DyN que «nuestra proyección de exportaciones oscila entre los 27.000 millones y los 29.000 millones de dólares para todo el año y esto se lo hicimos saber al jefe de Gabinete (Jorge Capitanich)», con quien volverán a encontrarse «en el curso de esta semana». Por su parte, el ministro coordinador afirmó que las exportadoras «han interpretado» que «existen condiciones objetivas» para avanzar «en forma inmediata» con la liquidación de la soja que tiene en stock el sector privado.
El funcionario formuló estos conceptos a través de su cuenta de Twitter luego del encuentro que mantuvo CIARA y CEC, en un cambio de tono respecto de lo que había señalado horas antes, en su habitual contacto matinal con la prensa en Casa de Gobierno. Por entonces, había advertido sobre el «poder sancionatorio del Estado para preservar el interés de todos los argentinos» y sentenció que las cereales deben liquidar las exportaciones «en solidaridad con todos los argentinos que hicieron un esfuerzo para darle competitividad al sector».
Al respecto, los exportadores sostuvieron que «no podemos retener las cosechas», ya que «tenemos una normativa muy precisa que no nos permite retener los granos, pero al mismo tiempo al sector no le conviene hacer esa retención porque si se produce eso, las plantas de molienda se paralizan y eso significa que se pierde mucha plata». Subrayaron que «tampoco conviene no exportar los granos y los subproductos porque eso implica cargar con un costo financiero multimillonario y eso también provoca pérdidas».
Por su parte, Capitanich aseguró que «grupos mediáticos concentrados generan una estrategia diciendo ‘el Gobierno está contra el campo’ y mezclan todo» ya que, dijo, «el pequeño y mediano productor no especula», sino que se trata de una «actitud derivada de los grandes productores».
Esa apreciación mereció la respuesta de tres presidentes de entidades que integran la Mesa de Enlace: Luis Etchevehere (Sociedad Rural Argentina), Eduardo Buzzi (Federación Agraria Argentina) y Rubén Ferrero (Confederaciones Rurales Argentinas).
Para este último, Capitanich «está leyendo el libro de la realidad al revés», ya que «los productores no especulan, no son avaros y no son monstruos antipatriotas que se levantan todos los días para atentar contra la economía del país y, por ende, contra sus propios hermanos, como quiere hacerle creer el Gobierno a la sociedad». «‘Quien más ayudó a los productores es el Gobierno, sentenció desafiante el jefe de Gabinete. ¿Se referirá a desincentivar la producción de trigo a través de cuotas de exportación, intervenciones y precios máximos que demolieron un mercado competitivo, expulsando al 50% de los productores?» replicó el titular de CRA.
Por su parte, Etchevehere afirmó que la retención de granos «es una cuestión de necesidad y responsabilidad de los productores» ante la posibilidad de perder hasta «un 40 por ciento» de poder adquisitivo durante este año por la escalada de precios. El ruralista sostuvo que los beneficios que le reporta al campo la devaluación monetaria «se diluye en horas o días» e instó al Gobierno a establecer «un plan antiinflacionario» para frenar la suba de precios de la economía local.
Por último, Buzzi aseguró que «no hay ninguna confabulación» en contra del Gobierno por parte del sector y que los productores no venden la soja porque «ahorran en granos».
“La Comisión de Enlace, en contra del incremento impositivo Provincial” es el título de un comunicado difundido en las últimas horas por las cuatro entidades agropecuarias que integran esta agrupación en Córdoba: Federación Agraria Argentina, Cartez (miembro de CRA), Coninagro y Sociedad Rural.
La gacetilla dice textualmente lo siguiente:
“La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba manifiesta su disconformidad con el incremento de la carga impositiva específica para el sector que representa (Impuesto Inmobiliario Rural, Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural, Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, Fondo de Consorcio Canalero, Fondo de Infraestructura para Municipios y Comunas) y la Tasa Vial 2014.
Advierte que el productor no está en condiciones de hacer frente a un nuevo ajuste; de concretarse, convertirá en inviable el pago del impuesto, provocando un efecto contrario al objetivo planteado.
Con el argumento de que el proceso inflacionario que se vive en el país obliga a las provincias a adecuar su recaudación con políticas de corrección, cercano el cierre de un año caracterizado por la incertidumbre, la pérdida de competitividad, la fuerte caída de rentabilidad, las catástrofes naturales, la falta de concreción respecto de la reglamentación de leyes provinciales y la pretensión de sanción de nuevas improvisaciones, el Gobierno Provincial hizo caso omiso de la situación del productor agropecuario y priorizó sus necesidades por sobre la gestión que – con insistencia – reclama del Gobierno Nacional: La convocatoria al diálogo y la búsqueda de consenso.
El anuncio del incremento llegó a través de los medios de prensa; empleando idéntica vía de comunicación, la Comisión de Enlace hace público su rechazo a la imposición de cualquier orden y su valoración del intercambio de ideas como el método para avanzar en el camino correcto, siempre que las partes involucradas cumplan – a rajatablas – con el compromiso asumido”.
“No podemos seguir hablando en privado de los horrores del Gobierno y no decirlo en público. No podemos acompañar barbaridades por miedo a algo. Haber hecho lo posible es mucho mejor que sentir arrepentimiento por no haberlo intentado”.
Con esa frase, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, cerró ayer su discurso en el marco de un nuevo almuerzo de coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba y al que asistieron unos 150 hombres de negocio locales.
El ruralista, miembro de la Mesa de Enlace, si bien como era de esperar criticó con dureza las políticas agropecuarias del Gobierno nacional, sorprendió con un llamado al empresariado a participar más activamente de la vida pública del país, deslizando que gran parte de los problemas que enfrenta la Argentina se deben a no haber hablado a tiempo.
“Hay que hacer un mea culpa, revisar qué hicimos con la cosa pública”, puntualizó Etchevehere para luego hacer hincapié en la necesidad de “revisar los valores” empresarios. “ ¿Creemos en la propiedad privada o no? ¿Creemos en la libertad de comercio o no? ¿Creemos en la legitimidad del lucro o no? Este Gobierno ha violado todas estas cosas”, enfatizó.
Para el titular de la SRA, la participación del empresariado es esencial para pensar el país a largo plazo. “Todo el empresariado ansía volver a la normalidad. Pero si no hay una visión productiva, vamos a seguir pendientes del viento que venga, según el humor social”, subrayó.
Fracaso “de punta a punta”
De todos modos, Etchevehere lógicamente centró la mayoría de su discurso en criticar al Gobierno nacional. “En el campo, el balance es negativo. Fracasaron de punta a punta. El Gobierno dijo que se iba a apropiar de la renta agraria y lo hizo, causando graves desastres productivos”, advirtió.
Al respecto, enumeró algunas cifras con las que justificó sus declaraciones: aseguró que en los últimos años desaparecieron más de 6.000 tambos, se cerraron 128 frigoríficos dejando a 13.000 trabajadores en la calle y que hubo US$ 10.000 millones que, en lugar de quedar en manos de los productores como debería haber sido, fueron a parar a otros eslabones de la cadena: US$ 2.000 millones en el caso de la leche, la misma cifra para el maíz y US$ 6.000 millones en el trigo.
Además, subrayó que el campo aporta US$ 36.000 millones por año a la economía argentina y que, en la última década, por retenciones el Gobierno obtuvo US$ 69.000 millones, casi dos veces las reservas del Banco Central.
Otro dato: el “dólar soja” se ubica por estas horas en $ 3,50, cuando el valor de los insumos se acerca al del dólar blue. “Suben entre 10 y 15%, en dólares, todos los años”, puntualizó el ruralista.
Para Etchevehere, “todo esto es la eficiencia de la producción que se queda en las arcas del Estado y se traslada a otros eslabones de la cadena”. “Es un fracaso culpa de la necedad y terquedad. Ese revanchismo y odio pueden perjudicar a toda una generación de productores. El Gobierno sólo ve al campo como una caja y como a alguien a quien eliminar para supuestamente generar poder”, remarcó.