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Obra Pública

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que en el Gobierno de Mauricio Macri «hubo un ajuste brutal e innecesario» que «ha bajado el nivel de la calidad de vida». Además, pidió a la Justicia una auditoría para la obra pública.

«Creo que estos nuevos pobres son producto de las políticas que se han aplicado. Hubo un ajuste brutal e innecesario», expresó en su primera entrevista tras dejar la presidencia, en diálogo con C5N. Sin embargo, descartó «hacer un inventario de pobres» y aseveró que «hay un notorio nivel bajo en la calidad de vidsa de los argentinos».

Aseguró que existe una «transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía» y remarcó: «No pensé que el deterioro (social) iba a ser tan rápido, realmente es una pena».

También se refirió al escándalo de los US$ 9 millones del exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López y dijo que lo sintió como «una trompada en el estómago». «Hay que hacer una auditoría para establecer si hubo sobreprecios en obra pública», pidió a la Justicia.

Sobre las críticas que apuntan a que los gobiernos del kirchnerismo tuvieron responsabilidad en la situación actual de la economía, replicó: «Nosotros entregamos un país capitalizado, con Aerolíneas Argentinas, YPF, Aguas Argentinas, y desendeudado. Ver todo esto me da mucha pena», enfatizó.

«No voy a hacer lo que hicieron conmigo. Yo no quiero que le vaya mal al Gobierno porque no quiero que le vaya mal a la gente», confesó.

(DyN) El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Méndez admitió que los casos de corrupción en el gobierno anterior “se sabían” y entre los empresarios se llamaba a la obra pública “movicom”, porque “va con el 15 adelante”, en referencia a las coimas que debían pagarse a funcionarios.

En ese sentido, reconoció: “lo que uno tiene que hacer es un mea culpa. Yo también he sido cómplice de muchas cosas”, sostuvo Méndez, quien presidió la entidad empresaria durante buena parte de los gobiernos kirchneristas. “El silencio es una complicidad, el que calla otorga”, señaló al ampliar su autocrítica.

Entrevistado en el programa Toma y Daca que se emite por radio Del Plata se le preguntó si en su sector era conocido el pedido de retornos por parte de funcionarios, y manifestó: “Esto se sabía, era vox populi”. “Cuando asumo por primera vez (al frente de la UIA) hace 10 ó 12 años a la obra pública la llamaban movicom: va con el 15 adelante”, aseguró.

El empresario consideró que hubo durante la administración kirchnerista un “pacto de silencio respetuoso porque nadie quiere ser botón, meterse en el negocio del otro porque cada uno cuida su propio negocio”.

Si bien aseguró que ante la corrupción “todos se rasgan las vestiduras” y sostienen que “hay que denunciarlo, cuando llega el momento nadie denuncia nada y la víctima es el pueblo, la gente es la que paga todo, la que pierde todo, la que se desilusiona y la que va y vota y cree” en los políticos que luego cometen ese tipo de delitos.

De todas formas, destacó que “se puede” ser empresario en la Argentina sin estar implicado en el pago de retornos a los funcionarios, aunque admitió que “quizá sea más difícil, quizá se gane menos cantidad (de dinero), pero se puede y hay muchos” que lo han hecho, afirmó.

(Télam) El Gobierno planea inyectar unos $ 200.000 millones en obra pública de aquí a fin de año. De ese modo, confían cerca del presidente Mauricio Macri, la expansión del gasto público en los meses que se avecinan ayudará a compensar la caída del poder adquisitivo que, calculan, llega a 8 puntos porcentuales por culpa de la inflación. El monto destinado a obras será ampliado respecto al del Presupuesto actual ($ 180.000 millones).
En el oficialismo explican que hay $ 220.000 millones para solventar lo que los economistas llaman gastos de capital, esto es, básicamente obras públicas. Y que entre enero y abril utilizaron “sólo
$ 25.000 millones” de ese monto.
“El resto vendrá ahora”. Justifican que hubo demoras por dos motivos: la herencia recibida impidió poner en marcha antes las licitaciones y la salida del default facilitó el cierre de los programas financiero y monetario. “Ahora tenemos los recursos garantizados”.
El monto destinado del Presupuesto a obras públicas será ampliado, explican en el Gobierno. Y que se cumplirá con la meta que presentó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, de 4,8% de déficit para este año. El Presupuesto 2016 prevé $ 180.000 millones para gastos en obra pública y el Gobierno buscará llevarlo a $ 220.000 millones. Necesitará recurrir a un trámite legislativo que podría ser un DNU o una ley.
Se calcula que el área que más recursos obtendría sería Vialidad que recibiría unos $ 50.000 millones. Luego seguirán los gastos en vivienda y recursos hídricos con $ 45 millones. Aguas y cloacas de Aysa demandarán $ 10 millones.
“Sólo con esto último se generarán 100.000 puestos de trabajo directos”, señalan. El gasto en capital envuelve tres grandes ítems: inversión directa (vialidad), transferencias de capital (vivienda y agua) e inversión financiera (programas como Procrear). Los $ 220.000 millones presupuestados cubrirán los pagos de sueldos, las rentabilidades de las empresas y los gastos en maquinarias y materiales de construcción.
Cerca de Macri reconocen que la concreción de inversiones extranjeras por US$ 20.000 millones anunciada en Davos “llevará tiempo”. Explican que aún falta echar a rodar “vehículos” y “respetar tiempos” que potencien las apuestas de las firmas internacionales.

El Estado pisó los pagos a contratistas de obras públicas y 30.000 obreros de la construcción perdieron sus trabajos entre noviembre y diciembre, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). La mora viene desde octubre y las cesantías se habrían profundizado este mes, afirmó el presidente de la entidad, Juan Chediack, en diálogo con El Cronista.
Los empresarios comprenden que la gestión de Mauricio Macri repartió la administración de la obra pública en tres ministerios y que cada cartera se tomó un tiempo para evaluar proyectos y pagos. «Pero la transición nos está costando mucho; la situación es muy grave», admitió Chediack.
El presidente de Camarco confirmó que se perdieron empleos. «Entre noviembre y diciembre hubo 30.000 bajas de obreros registrados en Uocra (el gremio de la Construcción), sobre una plantilla de 430.000. Pero el promedio del año fue de 411.000», afirmó.
«Todavía no tenemos los números de enero, pero creemos que también continuó la pérdida de empleo», prosiguió. «Si esto sigue así, al 31 de marzo habrá 100.000 despedidos», alertó otro empresario que ganó importantes contratos de energía, caminos y viviendas. Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra.
Según dos empresarios consultados, el Ministerio de Interior y Obra Pública de Rogelio Frigerio es el más demorado con los pagos. «Lo que está muy parado es vivienda; no han pagado nada», dijo Chediack. A eso se suma que el Gobierno frenó el plan Procrear. «Vivienda venía pagando $ 2300 millones por mes y cortó a cero; y lo mismo pasó con Procrear, que tiene contratos firmados por más de $ 18.000 millones», agregó el presidente de Camarco.

El Gobierno reveló cuáles son las empresas que más fondos reciben de parte del Estado a partir de contratos de obra pública. A través de un comunicado, el Ministerio de Planificación expuso a las 36 firmas que, según sus datos, son las «más grandes que han ejecutado obra pública nacional».
El ministerio divulgó la lista a partir de una nota que publicó La Nación, y en la que se afirma que Lázaro Báez recibió $ 8.000 millones en obra pública. La cartera que comanda Julio De Vido dijo que las firmas del empresario sólo recibieron $ 1.019 millones desde 2003 (contra los $ 8.000 millones que dio cuenta el diario).
Los $ 7.847 millones restantes son «Obras ejecutadas por distintas Provincias y Municipios, en el marco de sus normativas y procedimientos específicos de selección y contratación», aclaró.
En la lista, cuyo puesto 36 aparece la empresa de Lázaro Baéz, figuran dos cordobesas: Electroingeniería y Grupo Roggio.
La lista es la siguiente (el ministerio se encargó de aclarar a quién correspondía cada sociedad):
1) TECHINT, de Paolo Rocca
2) ELECTROINGENIERIA, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra
3) IECSA, de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri (la aclaración del vínculo es del Ministerio).
4) CORPORACIÓN AMÉRICA, de Eduardo Eurnekian
5) INVAP, de la Provincia de Río Negro
6) ODEBRECHT, de Marcelo Odebretch, multinacional de origen brasileño
7) ESUCO, de Enrique Wagner
8) CARTELLONE, de José Cartellone
9) ROVELLA CARRANZA, de Mario Rovella
10) JCR, de Juan Carlos Relats
11) GRUPO ROGGIO, de Aldo y Benito Roggio
12) CHEDIACK, de Juan Chediak
13) CPC, de Cristóbal López
14) SUPERCEMENTO, de Julián Astolfoni
15) ISOLUX, de Luis Delso
16) PETERSEN, de Enrique Eskenazi
17) PANEDILE, de Hugo Dragonetti
18) GENERAL ELECTRIC, multinacional de origen estadounidense
19) COARCO, de Patricio Gerbi
20) SIEMENS, multinacional de origen alemán
21) CONTRERA HERMANOS, de Juan Touseda
22) EQUIMAC, de Silvio Mion
23) COMSA, multinacional origen español
24) GANCEDO, de Felipe Gancedo
25) DYCASA, de Javier Balseiro
26) PAOLINI, de Julio Paolini
27) ECODYMA, de Juan Scaramellini
28) VIALMANI, de Luis Armani
29) PIETROBONI, de Víctor Pietroboni
30) LUIS LOSI SA, de Luis Losi
31) GREEN, de Carlos Arroyo
32) GUERECHET SA, de Julio Guerechet
33) DURO FELGUERAS, multinacional de origen español
34) TEYMA ABENGOA, multinacional de origen español
35) KOPEX, multinacional de origen polaco
36) GRUPO AUSTRAL, de Lázaro Báez.