(DyN) – El jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial, Mauricio Macri, rechazó hoy el proyecto oficial de crear una Agencia Federal de Inteligencia.
«No nos sentimos cómodos (con la iniciativa), no confiamos. No tienen autoridad en este tema», lanzó Macri, quien añadió: «No va a cambiar con un cambio de nombre si la política sigue ejerciendo el poder de esta manera».
Durante una conferencia de prensa en el marco de la muerte del fiscal Alberto Nisman y las declaraciones de Fernández durante la cadena nacional de anoche, el líder del PRO remarcó que se está atravesando «un momento muy delicado, donde hay mucho miedo y angustia».
Al brindar una conferencia de prensa en la Jefatura de Gobierno capitalino, Macri dijo que el Gobierno actuó con «desprolijidades» y pidió que no haya «intromisión» en la Justicia; tras lo cual reiteró que «lo peor que puede haber es que haya impunidad».
Duras críticas de todo el arco opositor tras el discurso de la presidenta: “una nueva Ley tendrá que ser con un nuevo Gobierno”
El senador nacional y precandidato presidencial Ernesto Sanz aseguró hoy que «no vamos a aceptar» que un gobierno «a punto de terminar su mandato» trate de «borrar el pasado», al referirse a la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI).
«Claro que hay que disolver la SIDE. Claro que hay que hacer una nueva ley para reconstruir unos servicios de inteligencia democráticos y limpios», sostuvo Sanz, pero advirtió: «No vamos a aceptar que eso sea el método para borrar todo lo que ha sucedido durante estos doce años en ese fondo de reptiles que ha sido la SIDE».
Asimismo, en esa misma dirección se pronunció la diputada por GEN, Margarita Stolbizer, quien pidió hoy al gobierno nacional que explique «los once años que manejaron la inteligencia» antes de la «reforma», que implicará la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI), anunciada esta noche por la presidenta Cristina Fernández.
La senadora del PRO Gabriela Michetti consideró hoy que en los anuncios realizados por cadena por la presidenta Cristina Fernández «no hay un cambio sustantivo» respecto de los servicios de Inteligencia del Estado, que según dijo, «tienen una autonomía absoluta» respecto del Ejecutivo.
Ese poder tiene una autonomía absoluta y desde el 83 a esta parte no ha tenido la reestructuración necesaria con el control que tiene que tener de la oposición, el Gobierno, la Justicia», dijo Michetti a TN.
«No hay un cambio sustantivo. Las escuchas que tendrá que hacer la Justicia tiene que pasar por (la procuradora Alejandra) Gils Carbó, y todos sabemos a esta altura -dijo-, a quién responde Gils Carbó, y los problemas para que la Procuración sea independiente del Ejecutivo Nacional».
La diputada nacional Patricia Bullrich destacó que el proyecto prevé que el oficialismo designará con acuerdo del Senado al director y al subdirector de la nueva Agencia, quienes tendrán un período de cuatro años. «Así el próximo gobierno va a tener un director y un subdirector kirchnerista», razonó la legisladora.
La dirigente opositora también puso bajo la lupa la decisión de traspasar el sistema de escuchas telefónicas a la oficina del Ministerio Público Fiscal. «Esto es demencial. Desde la perspectiva operativa, tiene que ir a la Corte, que es el máximo poder de la Justicia. Y además esto es poner al zorro a cuidar a las gallinas. Darle este poder a (Alejandra) Gils Carbó es algo inaceptable para la democracia argentina», analizó Bullrich.
Los dirigentes del frente de izquierda PTS/FIT Nicolás del Caño y Christian Castillo descreyeron de los anuncios realizados esta noche por la presidenta Cristina Fernández, al afirmar que «nada bueno» se puede esperar de un gobierno «con prontuario de persecución e infiltración» a organizaciones sociales.
En una declaración escrita, ambos candidatos afirmaron que «después de doce años y a partir de una guerra abierta entre los propios servicios de inteligencia que el Gobierno cobijó y utilizó, la Presidenta intenta salir de la profunda crisis en la que está sumido su gobierno con medidas que de ninguna manera podemos compartir quienes hemos sido víctimas de su política de alianzas con los servicios y las patotas sindicales».
En diálogo con la 90.7, el Senador Nacional Luis Juez habló con Punto a Punto Radio a minutos de partir a Buenos Aires para reunirse con diputados del Frente Cívico. Antes de subirse al avión, Juez expresó sentirse consternado con la noticia de la muerte del fiscal Nisman. «Genera un estado de incertidumbre y terror. Era la persona que más datos tenia del atentado a la AMIA».
«Hace 72 horas parecía que se iba a comer a los chicos crudos, y de la noche a la mañana aparece supuestamente suicidado en su casa. Deja muchas dudas», expresó Juez.
«Lo que pasó con Nisman da miedo. Es un mensaje mafioso o usted tiene alguna duda», dijo juez. «El tipo que iba a denunciar a la presidente y al canciller, ahora aparece muerto. Es medio raro», completó.
Sobre la designación de un nuevo fiscal que deberá realizar la Procuradoría General de la Nación, advirtió: «Quién se va a animar ahora a tomar el caso, si el tipo que tenía coraje para hacerlo termina muerto», preguntó Juez. Y sentenció: «no quiero ser ingenuo ni siquiera con los cordobeses, o a caso no han tenido un tinte mafioso las muertes en Córdoba de Maders, Norita Dalmasso, Alós o Suau».
(DyN) – El fiscal federal Carlos Rívolo desestimó por “inexistencia de delito” la denuncia del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat contra un grupo de senadores opositores que anunciaron que no prestarán acuerdo para la designación del reemplazante de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema que proponga el actual gobierno.
El fiscal dictaminó que “las bases sobre las que el denunciante apoya su acusación en este expediente son, fundamentalmente, cuestiones de índole ética y política y, por ende, en extremo opinables”.
La desestimación por parte del fiscal pone al expediente a un paso del archivo, pues al no haber impulso del Ministerio Público ni tampoco querella (Barcesat es sólo denunciante), la causa no puede proseguir.
“No es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo sino que surge de un mecanismo republicano y democrático, establecido constitucionalmente, que da injerencia a los otros dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y que tiene, incluso, una instancia de apertura a la ciudadanía para que se exprese”, sostuvo Rívolo.
Barcesat había denunciado a los senadores de la oposición Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando «Pino» Solanas, Diego Santilli, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz y Luis Juez por el delito de sedición porque firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a no tratar ningún candidato para reemplazar a Zaffaroni que envíe el Gobierno.
La conducta anunciada por los senadores opositores “no pasa de ser una expresión política, una manifestación de una mera idea, que mal pude estar impidiendo lo que todavía no ocurrió, ni se intentó que ocurriera; es decir, la acusación no tiene vigencia”, sostuvo Rívolo.
“La vacante del ministro aún no se ha producido y, por consiguiente, tampoco se han activado ninguno de los mecanismos institucionales previstos para decidir su reemplazo, supuesto que debería darse para que eventualmente tuviera sentido que se discutiera la virtualidad de semejante compromiso político, o de cualquier otra acción que realmente impidiera al Poder Ejecutivo elegir el candidato”, concluyó el dictamen.
“Esta ley provocará una enorme reactivación formalización del sistema de franquicias ya que establecerá los límites, derechos, deberes básicos de las empresas franquiciantes y delimitará la responsabilidad y solidaridad entre franquiciantes y franquiciados, generando un antes y un después en la historia de las franquicias en la República Argentina”, expresó en un comunicado de prensa la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).
Recientemente, el Senado de la Nación sancionó una Ley que para el sector “es vital para el fortalecimiento y formalización de las franquicias en Argentina”. A partir de enero de 2016 esta ley permitirá no sólo el desarrollo de la actividad dentro de las fronteras de nuestro país, sino la integración mundial que permita llegar, con este sistema de negocios, a otros mercados fuera de Argentina.
La Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, por intermedio de su presidente honorario, Osvaldo Marzorati, logró sancionar la tan buscada Ley de Franquicias que permitirá desarrollar el sector y proporcionar un enorme crecimiento tanto a las franquicias existentes como a aquellas que están en proyecto de creación y expansión.
El ejemplo proviene de países como Estados Unidos, México, Brasil y Venezuela, los cuales cuentan con una ley de franquicias que les permite desarrollarse prolíferamente tanto en el mercado interno como en el regional y mundial.
La Ley de Franquicias completa puede descargarse desde el siguiente link: http://www.aamf.com.ar/presentaciones-10a-convencion/ley-de-franquicias.pdf
(DyN) – El proyecto de ley de Telecomunicaciones «Argentina Digital» obtuvo dictamen de comisión en el Senado, en una tensa reunión en la que quedaron plasmadas varias modificaciones de última hora a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, situación que motivó el retiro de los opositores, ya que los bloques solicitaron «una semana» para estudiarlas.
Así, con el dictamen de mayoría firmado sólo por el kirchnerismo, los legisladores oficialistas llevarán el miércoles próximo al recinto el texto de la nueva ley de Telecomunicaciones.
Los cambios efectuados a último momento en muchos de los 85 artículos del proyecto no permiten a las telefónicas brindar televisión satelital y tienden a moderar por un tiempo su penetración en los segmentos PYME, aunque la iniciativa sigue sin dejar en claro en quién delegará el Poder Ejecutivo el carácter de Autoridad de Aplicación.
Debido a las presentaciones de sectores que denunciaron perjuicios por el avance de las grandes compañías y hasta por la rsistencia de muchos legisladores oficialistas en convalidar el primer proyecto, el dictamen que se firmó en el Senado para habilitar su tratamiento en el recinto la semana próxima frena por un tiempo algunos de los puntos que prometían cambiar el tablero de los prestadores.
En primer término, el nuevo proyecto ahora dice que «los licenciatarios de servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital» (artículo 9), sistema que utiliza en el país DirectTV.
Además, los cambios prevén que las empresas telefónicas tampoco podrán prestar inmediatamente el servicio de comunicación audiovisual, sino que deberán hacerlo respetando cierta gradualidad que, entre otras cuestiones, deja a la Autoridad de Aplicación la potestad de «establecer zonas de exclusión por plazos limitados que se determinen en razón del interés público» (artículo 82).
En cuanto al artículo 9, que elimina las limitaciones a los licenciatarios de servicios públicos que establece la Ley de Medios, ahora se suma otra excepción, la del artículo 24 inciso i) de esta Ley, que alude a «directores o administradores» que posean 10% o más de una prestadora de servicios públicos. Otra de las modificaciones que se le hicieron al proyecto establece que se mantenga la categoría de «servicio público» para la telefonía fija, aunque se eliminan menciones a la telefonía móvil, a la vez que se incluyen «derechos y obligaciones de usuarios y prestadores».
«Se dispone el resguardo de las redes comunitarias», dice la iniciativa sobre otro de los cambios efectuados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, al tiempo que se incorpora la declaración del «derecho humano a las telecomunicaciones». Por último, se suma el concepto de «neutralidad de la red», que estará sujeto a condiciones de capacidad y velocidad de transmisión de datos, entre otros parámetros.
Entre los aspectos filosóficos del articulado, la iniciativa promueve «el rol del Estado como planificador» y prevé «declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados».
También garantiza la «completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso» de todos los ciudadanos «a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas».
(Télam) – La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 31 de diciembre próximo.
La decisión fue dispuesta a través del decreto 2063, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la mandataria y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
«Prorróganse las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre de 2014», ordena la normativa.
En el texto se da cuenta de que la medida se adoptó «en uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional».
Semanas atrás, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, Capitanich ya había adelantado la posibilidad de que el Gobierno prorrogara las sesiones ordinarias del Parlamento, que culminan a fin de mes, ya que ese era «el camino más expedito» para tratar proyectos enviados por Poder Ejecutivo y que están pendientes de sanción.
«A partir del 30 de noviembre existen dos posibilidades para el tratamiento de iniciativas legislativas: prórroga de sesiones ordinarias, o convocatoria a extraordinarias; nosotros creemos que el camino más expedito sea la prórroga de sesiones ordinarias», había dijo el funcionario.
Entre los proyectos enviados por la Casa Rosada al Congreso para ser aprobados este año se encuentra la reforma del Código Procesal Penal, que ya obtuvo dictamen en el Senado tras varios cambios al texto original y será debatido el miércoles próximo en el recinto.
Otra iniciativa que el Ejecutivo aspira a sancionar antes de que finalice 2014 es la que establece la regulación del sistema de telecomunicaciones, denominada «Argentina Digital».
(DyN).- El oficialismo impulsó en el Senado la firma de un dictamen favorable, con varios cambios al texto original, referido al proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el Código Procesal Penal, que el próximo miércoles intentará aprobar en el recinto.
No obstante los cambios realizados en distintos artículos, el interbloque del Frente Amplio UNEN y el peronismo disidente anunciaron que presentarán dictámenes en minoría.
La reunión fue encabezada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Aníbal Fernández, y de Justicia, Pedro Guastavino, ambos del Frente para la Victoria.
El jefe del bloque del FPV, Miguel Angel Pichetto, destacó antes de poner a la firma el despacho que el del Código fue «un debate de casi siete meses» y consideró que muchos de los reparos expresados por senadores opositores fueron zanjados con las modificaciones introducidas al texto.
Por ejemplo, Pichetto señaló que «se eliminó el concepto de conmoción pública» que dijo «se usaba en la época de (el ex presidente de facto, Juan Carlos) Onganía para negar la excarcelación».
Por otra parte, el jefe del bloque kirchnerista marcó que «para nosotros es un derecho» para los extranjeros que se pueda suspender el juicio a prueba si abandonan el país.
El radicalismo insistió en la conveniencia de avanzar en paralelo con el juicio por jurados y la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal. El oficialismo ratificó la intención de aprobar el proyecto el miércoles 19 en el recinto y girarlo a la Cámara de Diputados para que lo convierta en ley.
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, pidió no ir a juicio en la causa por los papeles truchos del auto en la que se encuentra procesado.
Según informa La Nación, fuentes judiciales confirmaron que Boudou presentó un escrito en las últimas horas mediante sus abogados y contestó así la vista de elevación a juicio cursada por el juez federal Claudio Bonadio.
La semana pasada el fiscal Guillermo Marijuán se mostró a favor de enviar al vicepresidente a juicio junto a otros procesados.
Los abogados del vicepresidente sostuvieron que el funcionario no participó del trámite, volvieron a responsabilizar a los gestores y reiteraron sus críticas por la acusación de Bonadio contra Boudou, a la que calificaron de «imprecisa».
La contestación de vista no es vinculante para el magistrado, quien una vez que tenga la respuesta de todas las partes resolverá si cierra el expediente y lo manda a sorteo para un tribunal oral.
Antetiormente, el vicepresidente pidió el miércoles 24 de septiembre ser sobreseído en la causa por los papeles truchos del auto. Lo hizo también mediante la presentación de un escrito ante la sala II de la Cámara Federal porteña.
La audiencia estaba fijada para el día posterior, pero su defensa se adelantó y presentó un escrito, en cuyo texto apuntó contra la responsabilidad de los gestores que intervinieron en los trámites, criticó las razones del juez federal Claudio Bonadio y aseguró que tanto él como su ex pareja Agustina Seguín, también procesada, fueron víctimas.
Así, en menos de dos meses, el vicepresidente de la Nación fue procesado dos veces. En la primera causa se lo investiga por el levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. En la segunda, la investigación es por la falsificación de los documentos de un auto hace 20 años.
El 8 de agosto, Bonadio procesó a Boudou por haber sido «partícipe necesario» del delito de «falsificación ideológica» de los documentos de su Honda CRX del Sol, una cupé roja de 1992. Boudou le cambió el motor a ese auto en 1995, un cambio que nunca fue registrado, y tuvo el auto durante diez años sin hacer la transferencia, que finalmente se realizó con documentación apócrifa.
En los papeles presentados ante el registro hay firmas apócrifas, una de Boudou, y se declara un supuesto domicilio del vicepresidente que en realidad no existe, acreditado con la fotocopia de una página falsa, inventada, de su documento de identidad.
Bonadio sostuvo que el vicepresidente ni siquiera puede demostrar que haya comprado el auto: no presentó un solo papel que así lo acredite, afirmó el magistrado.
Según informó el vicepresidente en sus declaraciones juradas, compró el auto en julio de 1992 en una concesionaria de Mar del Plata hoy cerrada, pero la Justicia constató que en ese momento el auto todavía no había sido importado: estaba en el medio del océano, viajando desde Japón.
(DyN) – Empresarios y economistas cuestionaron el efecto que tendrá, en caso de ser aprobada, la ley de pago soberano local, así como también criticaron los cambios a la Ley de Abastecimiento, que en la madrugada obtuvieron media sanción del Senado
En declaraciones a DyN, el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos; el CEO del banco HSBC, Gabriel Martino; el presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), Diego Pérez Santiesteban y el economista Orlando Ferreres coincidieron en esas opiniones durante el XVII Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), realizada en la UCA bajo el título «Argentina sin Atajos».
Para Martino, a cargo de la filial local de uno de los bancos que participó en la fallida búsqueda de una compra de la tenencia a los holdouts que litigaron contra la Argentina, «lo que es el cambio de jurisdicción» que propone la iniciativa «no va a tener mucho impacto en el mercado».
«Veo mucha dificultad legal y no creo que los fondos que tengan bonos argentinos cambien de jurisdicción, no porque no quieran cobrar sino porque legalmente la mayoría no lo puede hacer», sostuvo Martino.
Por su parte, Ferreres consideró que «estamos violando la seguridad jurídica» al no acatar el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa,. «Nos hemos comprometido, para mal o para bien, en respetar un juicio en primera instancia, en segunda y en la Corte Suprema y después que terminó no lo queremos cumplir», expresó el economista.
En ese sentido, Ferreres advirtió sobre las consecuencias de esa situación al indicar que «cualquier persona que va a invertir en la Argentina» podría preguntarse «si éstos no cumplen lo que firmaron con los Estados Unidos, ¿qué nos van a cumplir a nosotros?».
Para Pérez Santiesteban, «esta problemática todavía tiene la posibilidad de tener un arreglo mucho más simple, sin que nos pongan en una situación de riesgo frente a todos los tenedores que acordaron». «Esos 1.300 ó 1.400 millones de dólares es 0,5 por ciento del total de la deuda reestructurada y no tiene ningún sentido poner en riesgo una negociación de deuda que fue muy exitosa por un monto tan menor», opinó.
«Traer la jurisdicción a la Argentina complica la situación con los tenedores de deuda que están dentro del canje y que confiaron en la Argentina aceptando una quita enorme y además complica hacia el futuro en la toma de nueva deuda», expresó Pérez Santiesteban.
Por último, Campos señaló que «todo lo que sea aislarnos del mundo, nos parece que es malo».
Ley de Abastecimiento
En cuanto a la Ley de Abastecimiento, Campos manifestó que «afecta el empleo, la producción y la inversión, ya que le da una enorme discrecionalidad a un funcionario público para intervenir en la vida de una empresa y esto va a ser muy desestimulante para la inversión y el empleo».
Pérez Santiesteban añadió que “las modificaciones no avanzan en el sentido de lo que en este momento necesita el país, que necesita tener un ambiente amigable para recibir inversiones y desarrollar empleo, y no esquemas que planteen acciones restrictivas, limitativas o persecutorias».
Martino sumó que “la norma implica retroceder 50 años la Argentina, aunque tenemos que esperar qué pasa en Diputados y después una vez que se reglamente».
Por último, Ferreres consideró que “estas leyes van en contra de la ocupación», ya que «va a haber más gente que no va a conseguir empleo o gente que lo va a perder, porque no generan un clima favorable para la inversión». «Es una total regulación del Estado, es como si estuviéramos en un país totalmente estatizado, tipo lo que era Rusia», disparó.
(Télam) – La iniciativa fue aprobada por 39 votos del oficialismo a favor y 27 en contra de la oposición, con dos abstenciones de los integrantes de UNEN Fernando “Pino” Solanas y de Magdalena Odarda.
El proyecto propone declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.
Además, crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación.
La Bicameral tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes y los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones.
Por otro lado, el proyecto también introduce la posibilidad de que los tenedores de títulos de la deuda argentina puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos.
En ese sentido, Argentina podrá instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local o por “legislación y jurisdicción de la República Francesa”.
El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, dijo que “aquellos que hay que pagar son unos tontos” y que “esa es una solución simplista”.
“Hay un juez de la Corte (Ricardo Lorenzetti) que dice que las sentencias hay que cumplirlas. Y los niños de Dios tienen que ser buenos. Pero a veces hay sentencias que no pueden cumplirse”, sentenció.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista Aníbal Fernández, denunció que el plan de los Fondos Buitre es esperar a que llegue un nuevo gobierno que “les diga que sí a la usura que pretenden”.
Fernández agregó que en la oposición “ya hay algunos candidatos a presidente que les van a decir que sí”.
En ese sentido, dijo que el proyecto que el massismo, a través del senador Roberto Basualdo, presentó en el Senado es “para cursar la materia ‘cipayismo 1 y 2’ y sacarse un diez”.
Asimismo, sostuvo que “Argentina no está en default porque le pagó a todo el mundo” y aseguró que “es falso que se hubiera podido renegociar antes de la sentencia de (el juez neoyorquino Thomas) Griesa porque hubiéramos disparado la cláusula RUFO”.
El kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes dijo que estaba “convencido” de que el actual diputado nacional y precandidato a presidente, Sergio Massa, “cerró un acuerdo con los Fondos Buitres para cumplir con el fallo de Griesa”.
“Lo que está en juego es la soberanía nacional”, aseguró Fuentes, para luego afirmar que “van a venir a llevarse los pozos no convencionales de gas y petróleo”.
El radical mendocino Ernesto Sanz justificó que el bloque que integra no acompañó la iniciativa argumentando que “esta ley no vino a pedirla el Estado, sino el gobierno que está desorientado”.
“El gobierno no tiene autoridad para pedirnos algo. Antes debió haber traído el arreglo que se hizo con el Club de París”, fustigó Sanz.
Finalmente, el socialista Rubén Giustiniani, fustigó al gobierno al decir que “la estrategia primero era arreglar el frente externo y hoy es repetir ‘Patria o Buitres’”.
El proyecto propone declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.
Además, crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación.
La Bicameral tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes y los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones.
Por otro lado, el proyecto también introduce la posibilidad de que los tenedores de títulos de la deuda argentina puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos.
En ese sentido, Argentina podrá instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local o por “legislación y jurisdicción de la República Francesa”.
El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, dijo que “aquellos que hay que pagar son unos tontos” y que “esa es una solución simplista”.
“Hay un juez de la Corte (Ricardo Lorenzetti) que dice que las sentencias hay que cumplirlas. Y los niños de Dios tienen que ser buenos. Pero a veces hay sentencias que no pueden cumplirse”, sentenció.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista Aníbal Fernández, denunció que el plan de los Fondos Buitre es esperar a que llegue un nuevo gobierno que “les diga que sí a la usura que pretenden”.
Fernández agregó que en la oposición “ya hay algunos candidatos a presidente que les van a decir que sí”.
En ese sentido, dijo que el proyecto que el massismo, a través del senador Roberto Basualdo, presentó en el Senado es “para cursar la materia ‘cipayismo 1 y 2’ y sacarse un diez”.
Asimismo, sostuvo que “Argentina no está en default porque le pagó a todo el mundo” y aseguró que “es falso que se hubiera podido renegociar antes de la sentencia de (el juez neoyorquino Thomas) Griesa porque hubiéramos disparado la cláusula RUFO”.
El kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes dijo que estaba “convencido” de que el actual diputado nacional y precandidato a presidente, Sergio Massa, “cerró un acuerdo con los Fondos Buitres para cumplir con el fallo de Griesa”.
“Lo que está en juego es la soberanía nacional”, aseguró Fuentes, para luego afirmar que “van a venir a llevarse los pozos no convencionales de gas y petróleo”.
El radical mendocino Ernesto Sanz justificó que el bloque que integra no acompañó la iniciativa argumentando que “esta ley no vino a pedirla el Estado, sino el gobierno que está desorientado”.
“El gobierno no tiene autoridad para pedirnos algo. Antes debió haber traído el arreglo que se hizo con el Club de París”, fustigó Sanz.
Finalmente, el socialista Rubén Giustiniani, fustigó al gobierno al decir que “la estrategia primero era arreglar el frente externo y hoy es repetir ‘Patria o Buitres’”.