(DyN) – La procuradura general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán por los supuestos delitos de «inclumplimiento de deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad».
Marijuan fue removido días pasados por la Procuradora de su cargo en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES).
El titular de la fiscalía federal 11 imputó a su jefa máxima de los supuestos delitos de «inclumplimiento de deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad» por su actitud ante el pedido de que removiera al titular de la PROCELAC, Carlos Gonella.
El dictamen de Marijuan se produjo porque actúa subrogando al fiscal federal Carlos Rívolo, que debería ser el titular en la acusación pero se encuentra de licencia, dijeron fuentes judiciales.
La causa se inició por una denuncia del juez federal Claudio Bonadio contra Gils Carbó porque supuestamente no habría cumplido con el protocolo de procedimientos ante el pedido de remoción de un fiscal, en este caso de Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Bonadio declaró en rebeldía a Gonella, le prohibió la salida del país y pidió su juicio político por no presentarse a declaración indagatoria en una causa en la que el fiscal está acusado de violación de secreto.
El juez hizo el pedido de juicio político de Gonella para que pierda la inmunidad de arresto que le da los fueros de fiscal y así llevarlo a declarar por la fuerza pública.
Gils Carbó rechazó lo solicitado por Bonadio y lo fundamentó en que el juez «pretende criminalizar una actividad propia del Ministerio Público Fiscal, cual es la política institucional de rendir cuentas a la sociedad a partir de la difusión de noticias en el sitio web del MPF (www.fiscales.gob.ar)».
«La persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos», agregó Gils Carbó.
La Procuradora recordó que los fiscales tienen inmunidad de arresto, otorgada por la Constitución Nacional, y que se trata de un resguardo para su actuación y «no un privilegio personal sino una garantía de los justiciables».
Gonella ya apeló la decisión del juez Bonadio para que sea revisada por la Cámara Federal.
El titular de la PROCELAC está acusado de la difusión pública de una causa por presunto lavado de dinero contra familiares y allegados del empresario español Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por «Manzanas blancas», el mayor caso de narcotráfico del país.
Entre los investigados se encuentra la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, pareja de Temes Coto, que denunció que el caso fue difundido por el sitio web «www.fiscales.gob.ar».
Gonella ya faltó a cinco citaciones a indagatoria y basó sus ausencias en que hay recursos pendientes contra el juez y su investigación, entre ellos un planteo de recusación.
Bonadio entendió que hay «mala intención» por parte de Gonella para presentarse, por lo que lo declaró rebelde, le prohibió la salida del país y le pidió a Gils Carbó su juicio político para que sea desaforado.
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