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(Agencias).- Gracias al acuerdo de delación premiada que fuera firmado por el juez Sérgio Moro con autorización de la Corte Suprema del Brasil, Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la constructora que confesó ser el gran corruptor de la clase política brasileña y de otros 12 países en América Latina y África, dejará este martes la cárcel luego de cumplir dos años y medio de los diez que estipulaba la condena.

De este modo, el heredero de la mayor constructora latinoamericana dejará la cárcel de la Policía Federal en Curitiba, Estado de Paraná, (fronterizo con la provincia argentina de Misiones), y permanecerá hasta el año 2020 en arresto domiciliario en la ciudad de San Pablo, donde tiene su mansión de 3 mil metros cuadrados valuada en 9 millones de dólares.

En tanto, durante el pasado fin de semana, el patriarca de la empresa, Emilio Odebrecht, anunció que este año es el último en el que estará al frente del consejo de administración de la firma, para confirmar la nueva etapa de la empresa, que seguirá funcionando luego de pagar multas millonarias y de la delación en la que incurrieron 77 de sus principales ejecutivos.

Además de ser una empresa de construcción, Odebrecht S.A. también es uno de los mayores conglomerado de ingeniería, agricultura y producción petroquímica de América del Sur. Fue creada en 1944 en el estado de Bahia (nordeste) como una constructora civil, que se forjó al calor de la obra pública. Su último balance, de 2015, mostraba una facturación de 39.111 millones de dólares y un plantel de 128.426 empleados. Sin embargo, tuvo su punto de inflexión luego del arresto de Marcelo Odebrecht, de 49 años de edad y nieto del fundador del grupo.

Por lo pronto, la mayoría de las acusaciones en su contra están ligadas a su unidad de construcción, responsable por el 43,7 por ciento de los ingresos. Su portafolio incluye obras en el Parque Olímpico de Río de Janeiro; en el estadio Maracaná; en el puerto de Mariel, en Cuba; viviendas en Panamá; el aeropuerto Simón Bolívar, en Venezuela; el de Nacala, en Mozambique y la carretera Frand Parkway, de Texas, entre otras. A pesar de esto, bajo el mando de Marcelo, las actividades de corrupción se multiplicaron.

Entre otras cosas, los investigadores del caso Lava Jato descubrieron que Odebrecht sobornaba apolíticos para asegurarse millonarios contratos sobrefacturados en Petrobras y otras empresas estatales. Los políticos también recibían sobornos -a título personal o disfrazados de donaciones electorales- a cambio de leyes y regulaciones favorables a la compañía. Semejante movimiento de dinero por debajo de la mesa era meticulosamente registrado y gestionado por un departamento dentro de la empresa, dedicado exclusivamente a esa tarea.

Finalmente, tras resistir durante casi dos años a una lluvia de acusaciones, el grupo acordó revelar sus delitos para suavizar las condena y poder salvar la empresa. Así, 77 de sus ejecutivos y ex ejecutivos firmaron un acuerdo de delación premiada y relataron en detalle los engranajes de la corrupción. Gracias a esto, Marcelo pudo reducir de 19 a 10 sus años de condena.

Vecinos golpearon cacerolas este lunes a la noche en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y varias capitales del interior, como Córdoba, Rosario y Tucumán, en respuesta a convocatorias a través de redes sociales, que expresaron rechazo a la reforma previsional que debate el Congreso y a los hechos de violencia que se vivieron en la jornada.

Grupos de “caceroleros” impulsaron el traslado de la protesta al Congreso y otros a la Plaza de Mayo, sobre todo los que se encontraban más cerca del centro de la Ciudad de Buenos Aires, en barrios como San Telmo, Balvanera y Monserrat.

En algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, vecinos siguieron en las calles pasada la medianoche.

Los principales puntos de las manifestaciones, de carácter pacífico en su gran mayoría, fueron, a partir de las 20, Acoyte y Rivadavia, en Caballito, o Cabildo y Juramento, en Belgrano, entre otros.

En algunos casos, las calles fueron cortadas parcialmente por manifestantes que dejaron carriles liberados para la circulación de automotores.

Otra protesta similar ocurrió en las cercanías de la quinta presidencial de Olivos, según mostraron imágenes divulgadas a través de redes sociales.

En Twitter, este lunes a la medianoche los cacerolazos eran tendencia y reflejaron, además de imágenes tomadas en distintos lugares, la voz de varios dirigentes.

En el Congreso, las diputadas opositoras Victoria Donda, Myriam Bergman y Mayra Mendoza destacaron las movilizaciones de vecinos golpeando cacerolas y llamaron al Gobierno a escucharlas.

En Twitter, en tanto, se reflejaron imágenes de movilizaciones en localidades como Avellaneda, Lomas de Zamora, La Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, Bariloche, Neuquén y Mar del Plata, entre otras.

En una sesión maratónica que estuvo signada por violentos incidentes en las inmediaciones del Congreso y multitudinarios cacerolazos contra la iniciativa en distintos puntos del país, el oficialismo logró esta madrugada convertir en ley la polémica reforma jubilatoria.

El tablero reflejó un ajustado triunfo del oficialismo con 127 votos positivos, 117 negativos y dos abstenciones, luego de más de 12 horas de debate, a lo largo del cual Cambiemos recibió el apoyo decisivo del interbloque Argentina Federal, pactado previamente con gobernadores.

La sesión se llevó adelante en el marco de una jornada de extrema tensión y violencia, que registró impactantes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en la las adyacencias del Congreso.

A diferencia de la accidentada sesión del jueves pasado, en la que Cambiemos había fracasado en sostener un quórum que apenas pudo verificarse en un lapso de segundos, en esta oportunidad el interbloque Argentina Federal cumplió con las directivas de los mandatarios provinciales a los que representa y no retaceó el número que el oficialismo necesitaba para arrancar la sesión especial.

Por la noche, cuando ya se habían aplacado los disturbios, en distintas esquinas de la Ciudad se desarrollaron cacerolazos espontáneos, y en la madrugada de este martes cientos de personas se reagruparon en la Plaza de los Dos Congresos para continuar la protesta.

Luego de cinco horas de debate en base a una seguidilla de cuestiones de privilegio formuladas por diputados de la oposición, que incluyeron numerosos mociones de orden (que no prosperaron) para frenar el debate, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, dio la señal de largada al tratamiento de la reforma.

Pasada la medianoche, la jefa del bloque del Frente Renovador- UNA, Graciela Camaño, mocionó la vuelta a comisión de la reforma, pero Cambiemos se impuso y el planteo fue rechazado en la votación.

Finalmente, a las 7:06 de este martes se aprobó en general la reforma que modifica la fórmula de actualizaciones de los haberes de jubilaciones, y luego el oficialismo no aceptó cambios en el tratamiento en particular del articulado.

El debate
El miembro informante del oficialismo, Eduardo Amadeo (PRO), apuntó contra la oposición por haber caldeado los ánimos de la discusión a partir de una «enorme campaña de falsedades que ha generado angustia en mucha gente que cree que aquí va a salir una decisión que va a empeorar su nivel de vida».

El diputado macrista recalcó que la fórmula de movilidad jubilatoria que se pretende erradicar, que combina la evolución de los salarios con la tasa de recaudación, «no es sustentable y por lo tanto amenaza el destino de millones de jubilados y pensionados».

En su larga exposición, Amadeo objetó la actual fórmula de movilidad, a la que definió como «inestable porque está sujeta a los vaivenes inciertos de la recaudación», y reivindicó el criterio propuesto por el oficialismo para actualizar de manera trimestral (actualmente es semestral) los haberes en base a la inflación, «como utilizan todos los países del mundo».

En cambio, la diputada del Frente Renovador Mirta Tundis cuestionó la modificación que permitirá que los trabajadores puedan extender optativamente su vida laboral activa hasta los 70 años.

«Es antipático quitarle el haber, la comida a los jubilados sabiendo que también les quitaron los medicamentos», lamentó Tundis, que acotó que «lo único bueno que tiene esta ley» es que los aumentos pasan a ser trimestrales.

Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria-PJ Luana Volnovich advirtió que con esta reforma jubilatoria, el Gobierno pretende bajar la «tasa de sustitución»: «Hoy si un trabajador gana 10 pesos, cuando va a la ANSES se jubila con 6. Con la nueva fórmula de cálculo de liquidación de haberes, se va a jubilar con 4».

«Este bono para los jubilados es como si un delincuente secuestrara a un jubilado, lo llevara a un descampado, le robara todo lo que tiene y después le diera 200 pesos para que vuelva a su casa. Eso es el bono Kosiner», desenfundó Volnovich, que aprovechó para descargar munición gruesa contra el jefe del interbloque «federal», Pablo Kosiner, quien lidera la bancada que oficia de portavoz de los mandatarios provinciales.

Unas horas antes, el propio Kosiner había sido ovacionado por la bancada oficialista cuando luego de una feroz crítica de la kirchnerista María Emilia Soria contestó que su bloque no iba a «sacarle el hombro ni la espalda a los gobernadores» que sellaron el pacto con el Gobierno el 1 de noviembre pasado.

En declaraciones de alto voltaje político, Soria había afirmado en el recinto que los gobernadores habían demostrado ser «prostitutas del Gobierno de Macri».

Luego pediría «perdón» por haber «comparado a trabajadoras sexuales con gobernadores, senadores y diputados que se dejan extorsionar por el dinero mezquino».

A su turno, el jefe del bloque Evolución Radical, Martín Lousteau, cuestionó el funcionamiento actual del sistema previsional y criticó la reforma propuesta por el Gobierno al sostener que «los jubilados no tienen ninguna responsabilidad de las cosas que la política no supo discutir a tiempo».

Luciano Laspina (PRO) destacó, por su parte, que la formula que propone el oficialismo «protege mucho más a los jubilados de los vaivenes de la inflación» dado que otorga «una movilidad cada tres meses y le da al sistema previsional una garantía de que lo que está escrito se va a poder pagar».

En tanto, Axel Kicillof (FpV-PJ) apuntó contra los representantes de Cambiemos que «se pasaron años diciendo que las jubilaciones eran bajas» y que «ni bien tuvieron oportunidad presentaron una ley que las va a bajar más».

«Devuelvan el impuesto a la riqueza que sacaron ustedes. Devuelvan el impuesto a las mineras que sacaron ustedes. El déficit lo provocan ustedes y es producto de que les han perdonado impuestos a los ricos. Gobiernan para los ricos», sentenció el ex ministro de Economía.

El diputado del bloque Justicialista Diego Bossio se diferenció de la postura de su bancada, y respaldó la fórmula actual que su momento, cuando era titular de ANSeS, le había tocado defender.

«Quiero rescatar la libertad en nuestro bloque a la hora de opinar», ponderó, y destacó que la ley vigente es considerada «buena para millones de argentinos que nunca la cuestionaron».

La diputada Victoria Donda dio la nota cuando al término de su discurso y fuera de todo protocolo desenvainó una cacerola y la empezó a golpear.
«Ustedes no escucharon hoy al pueblo que estaba en la plaza. Ahora van a tener que escuchar qué pasa en cada esquina, porque los que están afuera no son desestabilizadores. Es la sociedad que se hace escuchar», dijo la legisladora de Libres del Sur, en momentos en que los manifestantes volvían a reagruparse alrededor del Congreso, y miles de ciudadanos se reunían en esquinas de la Ciudad con cacerolas en mano.

En tanto, el macrista Fernando Iglesias cargó contra el «club del helicóptero trosco-kirchnerista-reciclador» (en alusión al Frente de Izquierda, FPV y Frente Renovador),y aclaró que «esto no es el 2001» y que «no van a poder» voltear al Gobierno como hace 16 años.

«No somos la alianza. No vuelvan más, no el peronismo que puede volver sino los del club del helicóptero porque la gente quiere paz y no la violencia, quiere democracia y no patota y quiere un Gobierno y no una mafia», remató.

La votación se dio luego de un discurso del jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, en la que consideró que el proyecto «perjudica para el conjunto del pueblo» y «perverso de la ´a a la zeta´».
«Han despertado la reacción del conjunto de la sociedad argentina. No solamente los sectores organizados se manifestaron en contra, los cacerolazos del día de hoy fueron movilizaciones espontáneas de argentinos que rechazan este gobierno», sostuvo Rossi.

A su vez, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, hizo uso de la palabra para afirmar: «La oposición responsable no reparte fósforos donde hay nafta» y pidió que se dé la votación.

La Cámara Baja pasó esta mañana a un cuarto intermedio hasta las 17 luego de convertir en ley la reforma previsional.

En el marco de las sesiones extraordinarias, analizará la reforma tributaria y el presupuesto para 2018, entre otras iniciativas.

Fuera del Congreso, los incidentes entre manifestantes y la policía llevan casi seis horas. Dentro del Parlamento, tras juntar más de 129 legisladores necesarios para el quórum, arrancó la sesión que convertirá en ley la polémica reforma jubilatoria. Sin embargo, el debate todavía no empezó. La oposición insiste con levantar la sesión. El oficialismo quiere sesionar.

«La información que tenemos de los funcionarios es que hay agresiones en la calle y estiman controlarlas en las próximas horas», dijo Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. De esta manera, el Gobierno de Mauricio Macri les ordenó a sus diputados seguir adelante con la sesión convocada especialmente y de urgencia tras el fracaso del último jueves.

La policía logró correr a la movilización de la zona del Congreso y la protesta contra la iniciativa oficialista se trasladó a la Avenida 9 de Julio.

En la previa del debate hubo un encuentro cumbre en el Congreso del que participaron el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió y el presidente de la Cámara Baja, el oficialista Emilio Monzó. Los jefes provinciales que apoyan el proyecto fueron convocados como estrategia del Gobierno para tratar de asegurarse no solo el quórum sino también la sanción de la iniciativa.

Tras el fracaso de la sesión del jueves – que también se dio en un marco de incidentes en la calle – el Ejecutivo llamó a los mandatarios provinciales con los que pactó un bono compensatorio para los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH a cambio del apoyo a la ley.

Fuente: TN

El juez Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y a tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo, en el marco de la causa por irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, entre los 2013 y 2015. La Justicia les fijó embargos por 3 millones de pesos.

La causa se inició a partir de una denuncia efectuada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y por el programa medioambiental. El proyecto tenía como exclusiva finalidad, lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de iniciativas municipales de todo el país.

Fuentes judiciales informaron que los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional al municipio que llevara adelante tales medidas. Para acceder al programa, el Jefe de Gabinete debía aprobar un convenio para transferir el dinero al partido solicitante. Luego, el municipio tenía que rendir cuentas de los avances y culminación del proyecto, al igual que los fondos invertidos.

Entre estos tres años, si bien se presentaron 634 solicitudes, solo 212 terminaron con las respectivas transferencias del dinero correspondiente, por un total de más de 600 millones de pesos.

Sin embargo, el expediente reveló que la Ciudad de Buenos Aries, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, no recibieron asignaciones de fondos. Por otro lado, municipios de las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, obtuvieron el 79% de los fondos asignados por el proyecto, siendo que, tres de estas provincias, generan un mínimo porcentaje de residuos a nivel nacional.

El Tribunal, por medio del Ministerio y la Sindicatura General de la Nación, relevó 121 proyectos y se encontró que solo 22 fueron cumplidos. Además, determinaron que 44 fueron cumplidos parcialmente y 55 directamente no se habían ni empezado. Es decir, que sólo el dieciocho por ciento (18%) cumplió con los objetivos pautados y acordados. Los demás, recibieron los fondos, pero nunca hicieron las obras relacionados con el programa medioambiental.

Facebook prevé declarar ciertos ingresos publicitarios en los países donde genere las ganancias y no solo en Irlanda, donde disfruta de ventajas fiscales, en un intento por ser más transparente.

La red social anunció que esta decisión responde a las presiones de varios gobiernos y legisladores para ofrecer mayor visibilidad.

«Esto significa que la facturación de la publicidad vendida por nuestros equipos locales ya no será registrada por nuestra sede internacional en Dublín, sino por cada filial», explicó en un comunicado Dave Wehner, responsable económico de la compañía, según Reuters.

Estos cambios afectarán a los países en los que Facebook tiene un equipo de ventas. Wehner indicó también que Facebook implementará el cambio a lo largo de 2018 y apuntó a completarlo en la primera mitad de 2019.

Este anuncio se produce después del cambio de Facebook en abril de 2016 para registrar los ingresos de sus grandes clientes de ventas del Reino Unido en Gran Bretaña, lo que resultó en un aumento en sus impuestos.

Las reglas para los impuestos corporativos, tal como se concibieron para la actividad económica tradicional, se basan en el principio del «establecimiento permanente».

Para cobrar impuestos, una empresa debe tener presencia física en un país, pero las empresas digitales pueden ofrecer sus servicios a través de Internet desde un país de su elección, como Irlanda, que ofrece ventajas fiscales en Facebook.

En medio de las tareas de búsqueda del submarino ARA San Juan –desaparecido el 15 de noviembre último, se oficializará este lunes la designación del vicealmirante José Luis Villán como nuevo jefe de la Armada.

Reemplazará al almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, quien fue pasado a retiro el viernes por la noche, en el desenlace de una crisis que el Gobierno procura cerrar.

El cordobés Villán se viene desempeñando como subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Tendrá la misión de poner paños fríos a la crisis y enfocar la nueva etapa de búsqueda del submarino.

El vicealmirante José Luis Villán nació el 12 de diciembre de 1960 en la ciudad de Córdoba.

-Como guardiamarina en comisión realizó el viaje de instrucción a bordo de la Fragata ARA “Libertad” en 1981, egresando como guardiamarina de la Escuela Naval Militar Promoción 111, el 1° de enero de 1982.

Sus destinos y cargos entre otros fueron:
-Agregaduría Naval de los Estados Unidos de América.

-Misión Naval en Paraguay.

-Comandante Conjunto de las Fuerzas Argentinas en Haití XV.

-Director de Planes de la Armada Argentina.

-Director de Relaciones Institucionales de la Armada.

-Agregado Naval en la República Federativa de Brasil.

-Subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas.

-El 22 de diciembre de 2013 fue ascendido al grado de Contraalmirante y el 31 de diciembre de 2016 fue ascendido al grado de Vicealmirante.

El ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli sostuvo hoy que las reformas impulsadas por el Gobierno son «parches económicos que consisten en sacarle plata a los pibes y a los viejos», mientras criticó que el bono de compensación para los jubilados «no resuelve ningún problema».

En diálogo con NA, el economista consideró que las iniciativas que encara el Poder Ejecutivo en materia laboral, tributaria y previsional «no van a aportar nada a la recuperación económica porque no hay cambios estructurales y son meros ajustes fiscales». Pignanelli criticó que lo que está llevando a cabo el Gobierno «es un mero parche económico que consiste en sacarle plata a los pibes y a los viejos para compensar lo que regalan por menos impuestos a las Ganancias y menos aportes patronales a las grandes empresas».

«Esto es la misma película de siempre que se viene proyectando históricamente desde 1810, que es la de querer bajar el costo argentino y el laboral, pensando que con esto van a venir las inversiones», se quejó. Alertó, además, que el bono que se le otorgará a los jubilados «es por única vez con lo cual no se resuelve ningún problema, y es la misma trampa y el mismo relato».

Pignanelli evaluó que «si no hay mercado, no hay rentabilidad» y apuntó: «Tenemos un dólar atrasado, una tasa del 30 por ciento anual, problemas en la logística y caída del mercado interno. «Con estas condiciones no van a venir las inversiones y el que piensa eso es no conocer la economía real», estimó. «Hay que pensar en reactivar el mercado interno, pensar menos en los inversores y más en la gente», recomendó.

«El Gobierno ha tomado la decisión, junto con un grupo de gobernadores, de que el ajuste lo paguen los jubilados y los chicos», al aludir que se ajustarán las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Señaló que lo sucedido en la actualidad «es más o menos el mismo porcentaje o parecido al 13% de recorte del 2001». Pignanelli puso dudas sobre la aprobación de la reforma al señalar: «Vamos a ver qué pasa porque también había un acuerdo y no funcionó».

El empleo creció 1,9% durante el tercer trimestre del año, impulsado por el aumento en la actividad económica, destacó hoy un informe privado.

Un informe de la consultora Ecolatina consideró que «si bien cuesta generar puestos de calidad, la creación de empleo se acelera». En ese sentido, evaluó que «durante el tercer trimestre de 2017, el empleo mostró un crecimiento de 1,9% interanual, impulsado por el aumento en la actividad económica».

«Extrapolando dicha tasa de expansión a toda la población, el empleo agregado experimentó un aumento de 348.000 respecto del tercer trimestre de 2016, de los cuales el empleo registrado aportó 226.000 y la ocupación informal los restantes 122.000 puestos», puntualizó el informe privado. «El Gobierno enfrenta el desafío de generar las condiciones que permitan aumentar el empleo de calidad para reducir la pobreza y la indigencia», remarcó el estudio.

A la vez, la consultora detalló que «en cuanto al empleo registrado se observa que los puestos de trabajo asalariados del sector público, que representan alrededor de un cuarto de los empleados registrados, crecieron 1,2% mientras que el empleo privado formal aumentó 2,1%».

«Entre los aspectos negativos del comportamiento del mercado laboral, se destacan que la tasa de desocupación bajó sólo 0,2% respecto del tercer trimestre de 2016, el empleo informal creció 2% interanual y la subocupación demandante trepó 14,7% frente al mismo período del año pasado», resaltó Ecolatina. Así, la consultora alertó que esos aspectos «deberán ser tenidos en cuenta al momento de analizar el impacto del paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo sobre el mercado laboral».

Desde marzo, Sebastián Piñera volverá a la Presidencia de Chile luego de cuatro años de abandonar su sillón en el Palacio de la Moneda. Es que el candidato de la agrupación de centro derecha Chile Vamos venció en el ballotage al candidato oficialista de la coalición de centro izquierda Nueva Mayoría Alejandro Guillier, por el 54,57% contra el 45,43% de su contendiente, según se conoció mediante un rápido escrutinio.

En ese sentido, el oficialista Guillier reconoció que su rival obtuvo «un impecable y macizo triunfo», ya que con el 96,31% de las mesas escrutadas, Piñera alcanzaba el 54,57% de los votos y Guiller llegaba al 45,43%. De esta manera, el próximo 10 de marzo, Michelle Bachelet le traspasará el mando al mismo presidente de quien lo recibió en 2014 y al mismo al que se lo entregó en 2010, pues ambos se han alternado en el poder los últimos 12 años.

«Quiero felicitar a mi contendor Sebastián Piñera, a quien ya llamé para felicitar por su impecable y macizo triunfo», dijo Guillier en su centro de campaña, una hora y cuarenta minutos después de cerrados los comicios. En su discurso, también reconoció que sufrió una «dura derrota electoral» pero se comprometió a seguir trabajando «por la unidad y la renovación del progresismo» en el país trasandino.

Por otro lado, Piñera se abre a un período de transición y de organización para tomar las riendas del país el próximo 11 de marzo, ya que deberá convertir su programa de gobierno en una realidad y revertir la desconfianza que gran parte de los chilenos manifiestan hacia los políticos. Incluso, tendrá que enfrentarse con un Parlamento dividido en tres grandes bloques, integrados, a su vez, por más de una decena de partidos, lo que, según algunos analistas será una “hazaña” para el futuro Ejecutivo.

Es que el futuro mandatario, que ha prometido recuperar el crecimiento económico del país, se encontrará con una fuerte oposición tanto desde la izquierda como desde la derecha más conservadora, para lograr emprender reformas o aprobar leyes centrales para el país. En este marco, Piñera va a tener que negociar en el Parlamento con la centroizquierda, sobre todo si se tiene en cuenta que en Chile, para aprobar leyes clave sobre el destino de los recursos económicos, hacen falta mayorías calificadas, o “supermayorías”.