El presidente Mauricio Macri resolvió finalmente no sancionar la reforma previsional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el Gobierno intentará que los diputados debatan el proyecto el lunes.

En tanto, la Casa Rosada comenzó ayer mismo a la noche a convocar a mandatarios provinciales para que este viernes emitan un respaldo contundente al proyecto en una eventual reunión con el jefe de Estado, dijeron fuentes oficiales.

«Vamos a intentar sesionar el lunes, con el apoyo de los gobernadores y sumando un bono o pago extraordinario para aliviar el trámite legislativo», confiaron a Télam fuentes de Gobierno.

«El decreto está firmado por todos los ministros y falta la firma del Presidente. Se ha tomado la decisión de, con la alternativa firme del decreto como una posibilidad ante la violencia injustificada, agotar el camino del diálogo y darle una segunda instancia legislativa., dijo, por su parte, el presidente del bloque del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot.

El jefe de Estado tomó la decisión de dejar de lado la emisión de un DNU después de debatir la viabilidad de esa alternativa con los miembros de su gabinete y los presidentes de los interbloques parlamentarios de Cambiemos, informaron fuentes de la Casa Rosada.

Macri estuvo reunido casi hasta las 22 con sus ministros y los legisladores Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados), Mario Negri (presidente del Bloque UCR y del interbloque Cambiemos), Elisa «Lilita» Carrió y Nicolás Massot en la sede del Gobierno nacional.

Desde un comienzo, la posibilidad de debatir el proyecto en Diputados fue la alternativa que más adeptos tuvo en la mesa que presidió Macri.

La idea es que los legisladores puedan dar en el recinto el debate que se vio frustrado este jueves, cuando el oficialismo levantó la sesión por el nivel de violencia que se suscitó cuando opositores interrumpieron a los gritos la deliberación con el argumento de que no se había llegado al quórum reglamentario.

La primera en dar señales, puertas afuera, de que no estaba dispuesta a avalar la posibilidad de que la reforma previsional saliera por decreto fue Carrió, quién utilizó las redes sociales para sentar su postura.

«Carrió y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional», tuiteó Carrió.

Un total de 3.004 compañías han trasladado su sede social de Cataluña a otras regiones de España desde el referéndum del pasado 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores. Ayer, 12 de diciembre, se fugaron otras 22 empresas.

El número de salidas se mantuvo por debajo de las 30 diarias durante la última semana de noviembre y, aunque los días 30 de noviembre y 1 de diciembre repuntó hasta los 34 y 31 traslados, respectivamente, la semana pasada volvió a disminuir al marcar 24 traslados el lunes 4, 23 el martes 5 y 18 el jueves 7. Este lunes, 11 de diciembre, la fuga de empresas marcó un nuevo mínimo (16).

Por el contrario, los días con el mayor número de cambios de sede fueron el 19 de octubre, con 268 compañías; el 9 de octubre, con 212 entidades, y el 10 de octubre, con 177 empresas.

Y aunque el cambio de sede no tiene porqué ir acompañado del de domicilio fiscal, hasta los primeros días de noviembre, cerca de 1.000 empresas cambiaron su sede fiscal de Cataluña a otras regiones, según la Agencia Tributaria (AEAT). El traslado social no implica ningún cambio operativo para la empresa, pero el fiscal sí exige que se trasladen las juntas y parte de la gestión operativa a la nueva sede.

Las salidas se han frenado después de que el viernes 27 de octubre el Parlament aprobara la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y, posteriormente, el Senado autorizara la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña. Además, esta desaceleración de la salida de empresas de Cataluña está en línea con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha pedido a estas sociedades que vuelvan a la región catalana cuando la situación se tranquilice.

Las 62 principales empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña suponen un impacto directo en el PIB de 11.540 millones de euros, lo que representa un 5,4% de la economía catalana y un 1% de la economía española en su conjunto.

Entre estas compañías se incluyen seis de las siete cotizadas catalanas del Ibex 35: Sabadell, Gas Natural, CaixaBank, Abertis, Cellnex y Colonial. Grifols es la única empresa que se resiste a abandonar la región. Dentro del Mercado Continuo ya son siete las empresas que mudan su sede: Oryzon, Dogi, Service Point, Catalana Occidente, eDreams, Applus y Cementos Molins.

El argumento que esgrime la mayor parte de las empresas que se han marchado es que el cambio de domicilio o sede social es un movimiento estratégico para proteger los intereses de sus accionistas, clientes y empleados.

Las aerolíneas británicas perderán los derechos de vuelo que la Unión Europea (UE) ha negociado con otros países una vez que el Reino Unido salga del bloque comunitario, ha explicado la Comisión Europea (CE) en un comunicado remitido a las aerolíneas.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha afirmado que las compañías aéreas británicas no disfrutarán de los derechos de tráfico bajo ninguno de los acuerdos de transporte de los que la UE sea parte, como el acuerdo Open Skies entre Europa y EEUU.

Las aerolíneas del Reino Unido también perderán los derechos de vuelo bajo acuerdos individuales entre Estados miembros de la UE y otros países.

Además, todas las licencias operativas garantizadas por la Autoridad Civil de Aviación (CAA, por sus siglas en inglés) británica no serán válidas para la UE, lo que significa que las compañías serán excluidas del mercado interior comunitario.

«Se aconseja a los operadores aéreos -británicos- que consideren cualquier medida para asegurarse de que se cumplen las condiciones para tener una licencia operativa en la UE en todas las circunstancias», indica la nota de la CE.

En este sentido, la ‘low cost’ británica easyJet ha creado una compañía en Austria para proteger sus derechos de vuelo una vez se formalice el Brexit.

El Reino Unido dispone de poco más de un año para negociar un acuerdo con la UE en materia de aviación y evitar así que sus aerolíneas pierdan los derechos de vuelo que ahora mismo poseen.

La Justicia belga ha archivado este jueves el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los cuatro exconsellers que le acompañaron en su huida a Bélgica, después de que el Tribunal Supremo decidiera retirar las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) que pesaban sobre los cinco políticos catalanes, según han adelantado fuentes de la defensa.

Con esta decisión se formaliza también la supresión de las medidas cautelares que les fueron impuestas por el juez de instrucción cuando se entregaron a las autoridades belgas el pasado 5 de noviembre, lo que les deja libertad para viajar fuera de Bélgica.

La audiencia se ha celebrado pasadas las 11:30 horas con la presencia de los abogados, pero no de los requeridos, y ha durado apenas unos minutos, ya que se trataba únicamente de un trámite para formalizar el cierre del caso.

A falta de que el juez de la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) haga pública su decisión formal, fuentes de la defensa han indicado que en la sesión el magistrado ha confirmado que no había caso y se daba por cerrado.

Ya el pasado 5 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo informó a las autoridades judiciales belgas de su decisión vía Eurojust, la Fiscalía de Bruselas informó de que las medidas cautelares impuestas a Puigdemont y sus exconsellers serían retiradas de manera “inmediata”.

Tras entregarse a las autoridades belgas el 5 de noviembre, Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, quedaron en libertad sujeta a medidas cautelares.

El juez dictó entonces para ellos la prohibición de salir del territorio belga sin acuerdo del juez de instrucción, residir en una dirección fija y presentarse personalmente cuando sean convocados por las autoridades judiciales o policiales, entre otras condiciones.

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La constructora brasileña Odebrecht, procesada por pago de sobornos a autoridades y políticos, reveló el miércoles que entregó 782.207 dólares por consultorías a una empresa del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, informó el miércoles el Congreso.

Los datos fueron alcanzados por la propia constructora a la comisión parlamentaria que investiga el caso «Lava Jato» en Perú. Uno de los pagos ocurrió cuando Kuczynski se desempeñaba como ministro del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, hoy acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares de la gigante brasileña.

«Un documento firmado por Mauricio Cruz, representante de Odebrecht Perú, señala que la empresa relacionada directamente con Pedro Pablo Kuczynski prestó servicio de consultoría por 782.207 dólares a la empresa del grupo Odebrecht», dice una nota informativa del Congreso. Según explicó la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, «la consultoría se realizó entre el 16 de febrero de 2004 y el 28 de julio de 2006, periodo en el que Kuczynski ocupó la cartera del ministerio de Economía y Finanzas y fue presidente del Consejo de Ministros, además de otras consultorías en el 2007».

Bartra señaló que Westfield Capital, la empresa implicada, es propiedad del mandatario y que brindó en total siete consultorías. Dos de esas se relacionan con la carretera interoceánica, aquella por cuya concesión Odebrecht admite que sobornó con 20 millones de dólares al entonces presidente Toledo (2001-2006), sobre quien pesa una orden de extradición desde Estados Unidos. Kuczynski había negado en noviembre tener vínculos con la constructora brasileña luego de que el exdirector ejecutivo de esa compañía, Marcelo Odebrecht, dijera a fiscales peruanos que lo contrató para una consultoría privada.

El último sábado, Kuczynski admitió en radio RPP que realizó una consultoría a través de la firma First Capital -firma de un ex socio suyo- para el proyecto H2Olmos, un consorcio integrado por Odebrecht. Durante el período 2006-2013, First Capital recibió más de 4 millones de dólares por asesorías a Odebrecht, según información de la comisión.

Bartra dijo a la prensa que, con toda la información recabada, espera que el presidente acuda a la convocatoria de la comisión investigadora del Congreso. Hasta ahora el mandatario se ha negado a comparecer y ha preferido responder por escrito a las preguntas que le han enviado los parlamentarios. La empresa brasileña, envuelta en el escándalo «Lava Jato» de pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y toda América Latina, admite que en Perú desembolsó 29 millones de dólares en coimas entre 2005 y 2014.

En medio de las reformas que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri, el Ejecutivo sumaría a la modificación impositiva un gravamen del 15% a la renta obtenida con la compra y venta de criptomonedas. Es que durante este año el valor del bitcoin aumentó más de dieciséis veces, de US$ 1.000 a principios de año a US$ 16.000 recientemente, y trajo ganancias exorbitantes a quienes apostaron a esa inversión.

Tras conocer ese rendimiento, el Gobierno busca quedarse con parte de esa renta, por lo cual el proyecto de reforma tributaria gravará con un 15% la ganancia neta en dólares de las monedas digitales, es decir la diferencia entre su precio de compra y venta. Según el artículo 2 del proyecto, que sustituiría el artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se gravarán «los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales (…), monedas digitales, títulos, bonos y demás valores».

Este impuesto representará una gran carga tributaria para quienes se beneficiaron con la fuerte suba que registró el bitcoin durante 2017, aunque advirtieron que el retorno seguirá siendo considerable. De esta manera, quien hace un año compró un bitcoin a US$ 750 y ahora lo vende a US$ 16.000, le quedará una ganancia de US$ 15.250 que será gravada con el 15%, es decir unos US$ 2.288 ($ 40.270).

Aunque si el bitcoin fue emitido en Argentina, como sostiene el artículo 5º del proyecto, se tomará la diferencia entre el valor de cotización al 31 de diciembre y el de venta. Es decir, si alguien compró un bitcoin a US$ 750 el año pasado, luego la criptomoneda cotiza a US$ 16.000 al 31 de diciembre de 2017 y se decide vender el 31 de enero a US$ 17.000, quedaría gravada la diferencia de US$ 1.000 entre estos últimos dos valores, unos US$ 150 ($ 2.640).

Incluso, si alguien adquirió un bitcoin el año pasado a US$ 750, lo vende a US$ 16.000 el 31 de diciembre y lo recompra a ese mismo precio el 1 de enero, si luego quiere venderlos a, por ejemplo, US$ 17.000 pagará sólo sobre esos US$ 1.000 de diferencia y no sobre toda la ganancia acumulada de 2017. Es más, para calcular la rentabilidad obtenida no se gravará la diferencia de tipo de cambio, sino que un dólar valdrá nominalmente lo mismo para la compra y la venta. Es decir, si alguien por ejemplo compró bitcoins por US$ 100 con un dólar a $ 15 y luego los vendió con el tipo de cambio a $ 18, esa diferencia cambiaria no tributará.

En cuanto a cómo reaccionarán con la nueva ley quienes tengan bitcoins, según afirmó el matutino porteño Clarín, algunos analistas creen que muy pocos los declararán porque son difíciles de rastrear, aunque los tenedores quedarán en la mira de la AFIP cuando quieran usar los fondos para alguna operación en la economía real, como comprar un auto o una casa. En esa línea, sostienen además que el gravamen podría incentivar la informalidad porque nadie irá a comprar bitcoins a un exchange local (casa de cambio virtual), que pide datos personales.

Por su parte, la ONG Bitcoin Argentina reclamó al Gobierno que equipare al bitcoin con las demás monedas, ya que considerándolas activos financieros «se pretende capturar la apreciación obtenida antes de la vigencia de la reforma, lo que implica una imposición retroactiva». Sin embargo, una limitación para esto es que su emisión no está respaldada por el Banco Central. Incluso, el Gobierno comenzó a dar los primeros pasos para regular las transacciones con ellas desde 2018 y salió a advertir sobre algunos de sus peligros.

En tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir el lavado de dinero, analiza pedir al Congreso que incluya como «entidades con obligación» de informar transacciones sospechosas a los principales operadores de monedas digitales, como los casas de exchange. La entidad planea pedir requisitos similares a los que actualmente deben cumplir las entidades supervisadas​, como la identificación y conocimiento del cliente, y la obligación de monitorear e informar transacciones sospechosas. Es que el volumen de bitcoins comercializado en Argentina aumentó a un récord de $ 3,7 millones en la semana terminada del 2 de diciembre, es decir que es cuatro veces más que en igual período del año pasado, según la plataforma Local Bitcoins.

El Gobierno decidió esta tarde dar marcha atrás con la suba del impuesto a las bebidas azucaradas incluida en el proyecto de reforma tributaria, tras una cumbre entre los principales funcionarios del equipo económico y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, realizada en Casa de Gobierno.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la negociación a la agencia NA. De esta forma, el gravamen que tributan las bebidas frutales y otras similares se mantendrá en 4%, mientras que los de las gaseosas quedarán en el 8%. El proyecto oficial planteaba reducir al 0% la alícuota para las bebidas sin azúcar añadido -incluida las de bajas calorías- y subirlo al 17% -en forma gradual- para las que sí lo tienen, lo que generó el rechazo de distintos sectores empresariales y políticos.

El proyecto proponía reducir al 0% el gravamen para las bebidas sin azúcar añadido y de 17% para las que sí lo tienen. Ahora, lo que se hará en quitar del proyecto de reforma el capítulo sobre bebidas azucaradas, por lo que la iniciativa seguirá su curso en el Congreso con el resto de los cambios propuestos, indicaron las fuentes consultadas por NA. Entre los gobernadores que más hicieron oír su reclamo por esta iniciativa se encontró Manzur, quien finalmente logró convencer este miércoles a los funcionarios de no avanzar con los cambios propuestos.

El gobierno también obtiene un rédito político, ya que ahora el peronista Manzur parece sumarse a los mandatarios que tienen muy buen diálogo con la Casa Rosada. En el cónclave realizado en Gobierno participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Interior, Rogelio Frigerio. También el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y el jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina.

(Agencias).- La desocupación alcanzó al 8,3% de la población en el tercer trimestre de este año, cifra equivalente a 1.058.000 personas, la cual representó una leve baja de dos décimas respecto de igual período de 2016, informó hoy el INDEC.

De acuerdo con las cifras oficiales, 1.380.000 personas se encuentran subocupadas y 1.959.000 tienen empleo, pero buscan otro. El organismo indicó que la desocupación tuvo una leve baja de 0,4% con relación al segundo trimestre del año, y un retroceso de 0,2% en la comparación interanual. Las cifras del estudio de Mercado de Trabajo arrojaron también que la subocupación fue de 10,8% en el período analizado.

«Los resultados del tercer trimestre de 2017 presentan incrementos en la actividad y el empleo con relación al trimestre anterior», destacó el INDEC. Señaló que «las tasas de desocupación y subocupación no presentan cambios dado que las diferencias están contenidas en el error muestral». Puntualizó que «en 17 de los 31 aglomerados se mantienen sin cambios la actividad, el empleo y la desocupación».

Los partidos del Gran Buenos Aires, con un 10,3%, registraron la tasa de desocupación más alta, aunque mejoró levemente respecto del 10,6% que se registró en el tercer trimestre del año pasado. El distrito de Viedma-Carmen de Patagones fue el menos afectado por el desempleo, con un 1,7%, mostrando una baja interanual de un punto porcentual respecto del 2,7% de un año atrás. La subocupación demandante se ubicó en 7,9% y la subocupación no demandante en 2,9%.

La tasa de empleo del tercer trimestre del año fue del 42,4% mejorando respecto del 41,5% del trimestre anterior y del 42,1% de igual período del año anterior. La tasa de actividad fue del 46,3%, con una leve mejora respecto del 45,4% del trimestre anterior y casi sin variación respecto de igual período de un año atrás, cuando se ubicó en el 46,0%. En la Ciudad de Buenos aires la gente sin trabajo llegó al 7,3% mostrando una mejora leve respecto del 7,9% que se registró en el tercer trimestre del año pasado.

Entre los más altos índices de descodificación se ubicaron los distritos del Gran Córdoba, con un 9,1%; Mar del Plata y Gran San Juan con un 9%; Gran Catamarca con 8,6%; Salta y Rawson-Trelew con un 8,5%; Gran Rosario con un 8,4% y Bahía Blanca-Cerri con un 8,1%. Por debajo de esos guarismos se ubicaron San Nicolás-Villa Constitución con un 7,8%; Jujuy-Palpalá con un 7,7%; el Gran La Plata, 6,9%; Santa Rosa-Toay con 6,8%, y Río Cuarto con 6,2%. Entre los distritos con mejores registros figuraron Santiago del Estero-La Banda con un 2,4%; La Rioja con un 2,8%; Comodoro Rivadavia con 3%; Gran Santa Fe con 3,1%; Gran Resistencia con 3,1 y Formosa con un 3,4%.

El Gobierno fijó hoy en el 8% la alícuota del derecho de exportación aplicable al biodiésel, y derogó un decreto de 2012 que había establecido la fórmula de determinación del precio de ese combustible para el mercado interno.

La medida -que comenzará a regir desde el primero de enero próximo- quedó establecida a partir de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El precio del biodiésel destinado al mercado interno será determinado por el Ministerio de Energía, según lo dispuesto. El Poder Ejecutivo recordó que mediante el Decreto N° 509 del 15 de mayo de 2007 se estableció el derecho de exportación de diversas mercaderías industriales, entre ellas la alícuota correspondiente al derecho de exportación aplicable al biodiésel.

En agosto de 2012, el Gobierno de Cristina Kirchner creó la «Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo» con «facultades para determinar los lineamientos que servirán para fijar la base imponible para la exportación del biodiésel y el precio de referencia de este último para su comercialización en el mercado interno». Luego, por Decreto N° 1719 del 19 de septiembre de 2012 -ahora derogado- se estableció la fórmula de determinación de los derechos de exportación del biodiésel y los parámetros a tener en cuenta por aquella Unidad para el cálculo del precio destinado al mercado interno.

En este marco, la Casa Rosada aclaró que «la variación de las condiciones en las cuales fue dictado el Decreto N° 1719/12 exige la adecuación de la normativa que rige el sector al contexto en el cual actualmente se desarrolla el mercado». «En el mismo sentido, se hace necesaria una armonización entre los derechos de exportación del biodiésel y el de su principal materia prima, el aceite de soja, para alcanzar una convergencia entre los mismos», añadió. Según el texto oficial, «la determinación de un valor fijo para la alícuota correspondiente al derecho de exportación del biodiesel, aporta previsibilidad».

La jueza federal María Servini amplió el procesamiento de Aníbal Fernández en la causa «Fútbol Para Todos», por irregularidades en la contratación con Iveco. La empresa de camiones era el único auspiciante de la televisación de los partidos, cuando estaban bajo la órbita del gobierno K.

El procesamiento es por «administración fraudulenta» e incluye un embargo por $ 50 millones. La jueza, además, decretó la falta de mérito para el extitular de la AFA Luis Segura y para el secretario general del organismo Miguel Silva.

El exfuncionario K ya era investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber controlado la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a este programa.

En la causa se investiga el desvío de unos U$S 2.191.811 hacia la fundación del gremio (El Futbolista) correspondiente a fondos destinados al FPT, con el aval de la AFA cuando estaba al mando de Julio Grondona, que murió a mediados de 2014.

Servini consideró que los fondos que aportaba el Estado dejaban de ser «públicos» cuando entraban a la AFA e indicó que desde ese momento los dirigentes encargados de la distribución hacia los clubes cometieron defraudación, en varios casos a través del descuento de cheques en «cuevas» y financieras.

En esta causa además se encuentra procesado con confirmación de Cámara, entre otros, el exjefe K de Gabinete Jorge Capitanich. El tribunal reclamó también que sea investigado el ex Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, actualmente detenido por traición a la Patria y encubrimiento por el atentado a la AMIA.