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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó «la desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia» relacionados con el atentado contra la embajada de Israel, luego de que ayer que se lo pidiera la Corte Suprema de Justicia.
Así lo hizo a través del decreto 529, publicado en el Boletín Oficial, donde la mandataria instruyó a la flamante Agencia Federal de Inteligencia «para que, previo análisis, remita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquellos documentos donde se encuentre información relacionada con el brutal atentado» terrorista que el 17 de marzo de 1992 destruyó la sede diplomática israelí en Buenos Aires, provocando 29 muertos y más de 200 heridos.
Cabe recordar que Cristina ya había anticipado la decisión de desclasificar la documentación en marzo pasado, luego de una audiencia que mantuvo con sobrevivientes y familiares de las víctimas en la Casa Rosada, en el marco del 23° aniversario del hecho.
19 Cristina embajada Israel
“Conforme solicita la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el oficio de fecha 8 de abril de 2015, en relación a la causa S.143. XXIV ‘Sumario instruido en la Comisaría 15° por averiguación de los delitos de explosión, homicidio, lesiones calificadas y daño con motivo del atentado a la Embajada de Israel’ suscripto por el Presidente del aludido Alto Tribunal, dispónese la desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia relacionados con el mencionado atentado”, ordena la medida.
Para cumplir con ese fin, la norma firmada por la Presidenta y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, instruye “a la Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación para que, previo análisis, remita a la Corte de Suprema de Justicia de la Nación aquellos documentos donde se encuentre información relacionada con el brutal atentado”.
“Ni bien la Corte lo solicite, se procederá de igual forma que en la causa AMIA”, había asegurado el 19 de marzo Cristina a través de Twitter, al relatar la respuesta que le había dado a uno de los integrantes de la comitiva de sobrevivientes y familiares de víctimas de la voladura del edificio diplomático que había recibido dos días antes, ante la pregunta de si era posible desclasificar los archivos del atentado que precedió al ataque contra la mutual judía.
En aquella oportunidad la jefa de Estado había aclarado que “seguramente las querellas formularán la solicitud a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que tiene la responsabilidad de llevar adelante la causa Embajada con competencia originaria y exclusiva”.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó su decisión de desclasificar los documentos secretos vinculados a la guerra de Malvinas, anunciada el pasado 2 de abril por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del acto por el 33° aniversario del conflicto bélico.
Según publica el portal de prensa oficial de la Casa Rosada, la medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 503, que lleva la firma de la Presidenta, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Defensa, Agustín Rossi.
“Relévase de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley
N° 25.520 y su modificatoria, a toda aquella documentación, de carácter no público, vinculada al desarrollo del conflicto bélico del Atlántico Sur obrante en los archivos de las Fuerzas Armadas”, ordena la norma en su artículo 1°.
Luego, para “aquellos documentos donde se encuentre información de carácter sensible, de acuerdo a la Ley N° 25.326”, se dispone “su acceso previa acreditación del interés legítimo y bajo acuerdo expreso de responsabilidad por la utilización de la información”.
Finalmente, el Decreto otorga “un plazo de 30 días hábiles al Ministerio de Defensa para disponer a la consulta pública los registros de la totalidad de los documentos obrantes en los archivos de las Fuerzas Armadas y su modalidad de consulta”.
En los considerandos se destaca que “desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información y documentación que pueda favorecer el conocimiento integral de los hechos vinculados al conflicto bélico del Atlántico Sur”.