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Eduardo Rodrigo decidió hablar. Después de 9 meses detenido en Bouwer, el empresario que conducía los destinos de CBI Cordubensis, optó por contar su verdad en la revista Matices, medio que se distribuye en la zona noroeste de la ciudad.

A lo largo de la nota, Rodrigo cuenta su verdad abordando temas de los más variados: la muerte de Jorge Suau, la relación con Bugliotti, la denuncia de persecución que sufrió por parte de agentes de la ex SIDE, la situación de su familia, las conexiones políticas, y una conclusión que sirve como título de la nota: «yo ya estoy condenado».

A continuación, lo más destacado de la entrevista, realizada por Juan Cruz Taborda Varela:

La muerte de Jorge Suau
«No creo que Jorge se haya suicidado. No sé si lo indujeron a matarse. Y estoy cada día más convencido de que a la carta no la escribió él. Nombra socios que todavía no aparecen, menciona políticos que han sido investigados y que no aparecen…»

En la entrevista, Rodrigo niega haber sido amigo de Suau: «él era socio de dos amigos míos: julio César Ahumado, que era mi hermano y Aldo Ramírez, con quien teníamos una amistad ya más de grandes (…) Igual, fue el único que en el momento complejo me acompañó. Cuando empezaron los problemas, él estuvo».

«La carta (de Suau) provocó un desvío gigantesco de lo que le pasó a él. Hay temas que son de índole personal, yo no tengo la respuesta. Estoy convencido de que no tiene nada que ver con la empresa. Tendrán que investigar si él tenía otras cuestiones que lo pudieron estar comprometiendo».

«La carta dice que Rodrigo es un déspota que tomaba decisiones. Nada más. Creo que esta causa generó expectativas que a medida que pasó la investigación no se corroboraron, entonces tuvieron que justificar algo. De los 37 imputados hay gente que no conozco».

El fiscal Senestrari
«El primer día de mi declaración me acerqué al fiscal Enrique Senestrari y le pregunté si tenía custodia por el caso CBI. Me dijo que no. Y le dije que había visto a un periodista en televisión que decía que era el caso más importante en la historia de Córdoba. Le dije que se iba a equivocar, porque yo creía que lo que buscaba, no lo iba a encontrar, porque no puede encontrar lo que no existía».

El rol de Cordubensis
«Lo que hacíamos nosotros era unir las partes. Vos tenías un excedente de dinero, el otro necesitaba ese dinero, nosotros los uníamos. Se han dicho que teníamos millones y millones. Demandas en la Justicia Federal, reales, son 22 ó 23 millones de pesos. De esos, reales y concretos, hay menos de $ 10 millones. Lo que la gente venía a buscar era lo que le pertenecía: sus cheques que vencían en diferentes momentos. Cuando empezó el problema, comenzamos a devolver toda la cartera de cheques. A tal punto, que cuando viene la intervención del Estado, tenemos esos reclamos, de unos $ 22 millones, pero la cartera real era de más de $ 880 millones. Podríamos haber salido de esa situación si la Justicia nos hubiera permitido seguir entregando la cartera de cheques. Si el fiscal, cuando los recibe, los hubiese puesto en una cuenta, todos hubieran tenido su dinero».

El papel de Bugliotti
«Lo que es real es que (Bugliotti) venía para colocar una determinada cantidad de cheques para conectarlos con determinadas personas. Uníamos las partes, ni más ni menos. Todos hablan de los 40 millones. Me fui de vacaciones a Pinamar y de repente no me atendieron más el teléfono y después recibo la carta que me dice que no me renuevan más. Y a partir de ahí me empezó a llamar gente, que estaban siendo avisados desde la oficina de Bugliotti que nosotros nos fugábamos».

La interpretación del accionar de Bugliotti, según Rodrigo es: «que toda la gente iba a CBI y no a su financiera (…). No es un comportamiento que él no haya tenido antes. Lo hizo con los bares, las farmacias. Con distintos negocios que le sirvieron para mover su mall y terminó quedándoselos él. Una forma de actuar que se ha repetido, quedarse con el negocio».

Los servicios de inteligencia
«Nunca entendí por qué, en esta causa, además de la Fiscalía, la Procelac y la AFIP, también intervenía la ex SIDE. Según el detenido, los servicios de inteligencia acosaron a todo su círculo íntimo y lo vincula al anterior gobierno nacional. ¿Sabés lo que es que hoy me ofrezcas un trabajo y que al otro día te caiga la AFIP? ¿Sabés lo que es tener a tu hija en una aldea en Italia sin saber el idioma y tener que dejar el estudio? (…) La ex SIDE me seguía a mí y a mi familia, que intervenía sus teléfonos, el de mis amigos, el de toda mi agenda, que los paraban a mis hijos en la calle».

Viviendo en una dictadura
Rodrigo ya pidió la eximición de prisión y realizó pedidos de investigación al fiscal Senestrari y los síndicos, «que actuaron de mala fe». «Yo ya estoy condenado, lo que tengo en claro es que ha estado viviendo en una cuasi dictadura. Lo que vi que hizo el Estado conmigo no tiene nombre. Cuando estuve afuera me contaron cosas y me invitó un gobierno del exterior a quedarme afuera (…) Yo podría haberme quedado a vivir afuera (…) Desde mi punto de vista hemos estado viviendo en una dictadura constitucional a la que nadie se animó a enfrentar».

La prensa y la Justicia, en la misma bolsa 
«Acá adentro (en la cárcel) hay un montón de casos de gente que pasa tres años sin ir a juicio. Tengo una teoría: si no vas a juicio rápido, significa que no tienen las pruebas. La prensa hace que la Justicia se apresure en determinadas ocasiones, a veces los entiendo. Llegan a sus casos y sus esposas y amigos les preguntan. Los terminan presionando para que resuelvan, a veces aciertan, otras se equivocan».

La Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad de los embargos preventivos, la inhibición general de bienes y las prohibiciones de salidas del país que pesaba sobre 30 imputados en la causa CBI, lo que supone un duro revés para el fiscal Enrique Senestrari.

De este modo, tras quedar sin efecto la cautelar dispuesta por el juez federal N° 3 Hugo Vaca Narvaja, se desactivan embargos por $ 1.600 millones.

La Cámara Federal, en su resolución, ordenó al juez Vaca Narvaja que si pretende imponer otra cautelar, lo haga “ajustándose a derecho”.

En declaraciones a Cadena 3, Sebastián Becerra Ferrer, abogado del empresario Euclides Bugliotti , anticipó que “sabremos dentro de cinco días las razones por las cuales, por unanimidad, se ordenó la anulación de los embargos y las prohibiciones de salir del país».

El fiscal federal Enrique Senestrari solicitó el procesamiento de los 37 imputados por la megacausa de la financiera Cordubensis (CBI) y, además, pidió la prisión preventiva del titular del grupo Dinosaurio, Euclides Bugliotti, su contador Javier Guevara y Carlos Forconi.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N° 3 a cargo de Hugo Vaca Narvaja, en el marco de esta causa en el que los imputados fueron acusados de diversos delitos, entre ellos lavado de dinero, intermediación financiera no autorizada, defraudación y asociación ilícita.

Actualmente, están presos el titular de CBI, Eduardo Rodrigo; Miguel Ricardo Vera, que habría constituido firmas “fantasma” para pasar cheques de la financiera en la monetización que se concretó en el Banco Nación; y Diego Ariel Sarrafian, quien está acusado de tener una mesa de dinero y presentar cheques que “ensuciaron” la cartera de CBI, lo que aceleró la debacle.

Quiénes son los 37 imputados

Eduardo Daniel Rodrigo (detenido), Euclides Bugliotti, Aldo Ramírez, Julio Ahumada, Daniel Tissera, Oscar Altamirano, Luis María de los Santos, Doris Liliana Puccetti, José Núñez, Víctor Alaniz, Antonio Casado, Miguel Vera (detenido), Carina Moreno, Romina Moreno, Roberto Di Rienzo, Jorge Castro, Paula Vettorello, Diego Sarrafian (detenido), Griselda Leal, Carla Vanesa Leal, Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda, Alejandro Yacopini, José Weissbein, Guillermo Mateos, Olga Divina, Hugo Páez, Lucas Sebastián Bulchi, Carlos Forconi, Juan Dabusti, Raúl Toscano, Carlos Abril, Sebastián Viano, Federico Pucheta, Eduardo José Espinelli, Aldo Ramírez y Javier Guevara Amado.

Miguel Hugo Vaca Narvaja tomó dos decisiones cuando se hizo cargo de la causa CBI, en septiembre del año pasado, tras el apartamiento de Ricardo Bustos Fierro. La primera fue crear una “unidad exclusiva” de la causa en el ámbito de su juzgado, con personal capacitado en Derecho Penal Económico abocado exclusivamente a la investigación, teniendo en cuenta que al momento de recibirla ya tenía 74 cuerpos (más otros 4 por la muerte de Jorge Suau).
La segunda decisión fue “fraccionar” la causa. “Si uno analiza el proceso en general se da cuenta de que es muy complejo. Ahora bien, de la causa madre surgen sub-especies que generan investigaciones paralelas y eso es lo que estamos haciendo: separando la paja del trigo para que la investigación sea más fructífera”, le dijo el juez a Punto a Punto.
Así, CBI es el “tronco principal” pero tiene varias ramas de las cuales pueden ir surgiendo novedades a medida que avance la investigación. En este aspecto es donde aparecen las “ramificaciones” y el “engranaje” de cómo se fondeaba CBI. Ahí es donde surgen los nombres de empresarios vinculados y que formarían parte de las “ramificaciones”, por caso la recaudación del boleto de transporte a cargo de la Municipalidad de Córdoba en convenio con Siemens; la vinculación de los propietarios de Centro Motor; y los cheques de Osecac que el contador de Euclides Bugliotti habría arrimado a la financiera ilegal para monetizarlos.
La otra causa conexa es la del Banco Nación, desde donde se habría financiado a  CBI a través del retiro de dinero que en algunos casos llegaba a los $ 4 millones diarios. Los controles del propio banco y de la AFIP están en el ojo de la tormenta.
Con este panorama, uno de los objetivos del juez fue establecer plazos. En ese sentido, Vaca Narvaja pretende que antes de la feria judicial de julio, “la situación de los imputados, o al menos de algunos de ellos, esté definida. Una cosa es mi anhelo y otra son los planteos de las defensas, o alguna complicación extra, que pueden dar lugar a demoras, pero no quisiera que con CBI se repita la historia y tengamos otra causa Condecor”, que se extendió por más de 20 años y en la que el Banco Central se vio perjudicado en más de US$ 55 millones.
-¿Cómo está la causa hoy?
-Se trata de una causa muy compleja que se encuentra en un estado de investigación intermedio, de recolección y evaluación de la prueba. Una vez que tengamos recolectada toda la prueba vamos a ver si se procesa a los imputados, si se los sobresee, o se les dicta falta de mérito. Ése es el primer objetivo.
-Las causas sobre delitos económicos no son de fácil resolución ¿ésta tiene alguna característica especial?
-Sí, son complejas y ésta tiene una complejidad adicional, ya que aparece la figura de intermediación financiera ilícita, que fue creada en el 2012 con el objetivo de proteger al sistema financiero después de la gran crisis del 2009, con las “hipotecas subprime”, donde se vio que el mercado solo carece de controles suficientes y hace falta un control por parte del Estado, ya que maniobras de este tipo, donde al medio queda el ahorro personal de los individuos, necesitan de una mayor protección legal.
-En este aspecto se trata de una causa sin muchos precedentes
-Sí, es probable que esta causa sea una de las primeras donde se aplique la ley de intermediación financiera ilegal a nivel país, por lo que cada paso que se avanza en el Juzgado tiene una importancia doble. La complejidad extra es que no hay jurisprudencia asentada sobre estas figuras. Nos estamos abriendo paso en algo nuevo.
 

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó la detención de Alejandro Miguel Yacopini, José Luis Weissbein y David Sarrafian en el marco de la causa CBI.
Se los acusa de la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada y estafa, según señala Cadena 3.
En dicha causa, el Juzgado Federal Nº 1 oportunamente había resuelto conceder el beneficio de exención bajo caución juratoria a los nombrados, lo que motivó el recurso de apelación del Ministerio Público Fiscal.
Son las primeras detenciones que se dan en este caso.

El fiscal que investiga la causa CBI, Enrique Senestrari, salió a cuestionar con dureza al juez que tiene a su cargo la misma, Ricardo Bustos Fierro, luego de que éste último lo criticara en una resolución, acusándolo entre otras cosas de ser muy «mediático».
En diálogo con Radio Nacional, y según reproduce la periodista María Ester Romero en su cuenta de twitter, Senestrari acusó a Bustos Fierro de violar el secreto en una causa por presunto lavado de dinero y dijo que «la catarata de decisiones del juez en contra de la fiscalía son a favor de la impunidad, no de la Justicia»
«Si (el juez) se enoja, la única decisión posible es retirarse del caso porque no está en condiciones de actuar», disparó Senestrari.
La tensa relación entre ambos terminó de romperse la semana pasada cuando Senestrari pidió imputar y detener al empresario Euclides ‘Tati’ Bugliotti por presuntamente haber participado en las acciones que derivaron en la polémica quiebra de CBI; mientras que Bustos Fierro -de quien los rumores indican que tiene una amistad cercana con Bugliotti- no hizo lugar y le pidió a Senestrari una nueva opinión.
Un par de días después, en un escrito de su autoría, Bustos Fierros cuestionó duramente a Senestrari señalando, entre otras cosas, lo siguiente: «El propio Fiscal ha demostrado en aquella causa en particular (CBI), una propensión compulsiva de develar en tiempo real –tanto en medios periodísticos y como en redes sociales- todo lo que va sucediendo, incluso sistemáticamente atenta contra las medidas que él mismo propugna. No se alcanza a discernir si ese comportamiento obedece a un entusiasmo personal mal encausado o si persigue imponer su voluntad ejerciendo presión sobre el tribunal utilizando a la opinión pública».

El juez federal Nº1 Ricardo Bustos Fierro rechazó el pedido de detención de Euclides Buglotti solicitado por el fiscal federal Nº1 Enrique Senestrari.
Asimismo, el magistrado corrió vista al fiscal para que se expida respecto de la presentación de la defensa de Bugliotti sobre la «excepción previa de falta de acción».
Así lo indicó a Cadena 3, uno de los abogados del titular del Grupo Dinosaurio, Sebastián Becerra Ferrer, quien además explicó: «Me he notificado que se tramita la excepción de la falta de acción y que Bustos Fierro corrió vista a Senestrari y una vez que éste conteste, el juez va a resolver».
«También de toda una serie de medidas cautelares que se habían solicitado, tanto por parte del fiscal como del querellante, sobre los bienes y la empresa de Bugliotti sólo se decretó la inhibición de manera personal. Esto afecta a la persona, pero no al funcionamiento de la empresa», completó.
De momento, las imputaciones ( por supuesta asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera ilegal) quedan suspendidas hasta que Senestrari se expida sobre la presentación de la defensa del empresario.
Más temprano, Becerra Ferrer, había negado la existencia de base para respaldar el pedido del fiscal contra su cliente.
Junto a Carlos Hairabedian presentó días atrás una «excepción previa de falta de acción» para que el juez «analice si lo que el fiscal refiere o relata como acusación está o no fundamentado y si puede llegar a constituirse como hecho delictivo».
Becerra Ferrer precisó que su cliente negó hace más de un año tener algún otro tipo de relación con CBI y precisó: «Declaró que no tuvo otro trato ni relación comercial más que la locación de un inmueble y que no conocía otra operatoria».
«Cuando advertimos que se lo pretendía vincular con otras personas acusadas al caso, decidimos presentar excepción porque es manifiestamente improcedente la solicitud de fiscal quien va mucho más allá pidiendo detenciones cuando estimamos que no hay base fática para ello», agregó.

Los ahorristas de la financiera CBI pidieron la inhibición de bienes del empresario Euclides Bugliotti, dueño del Grupo Dinosaurio.
En representación de los mismos,  el abogado Carlos Nayi informó que pedirá, en calidad de querellante particular, la inhibición de los bienes de Bugliotti, según informa Día a Día.
Además, Nayi indicó que el pedido de inhibición de bienes se extenderá a los restantes imputados en la causa CBI.
Cabe recordar que ayer el fiscal Enrique Senestrari pidió la imputación de Bugliotti y solicitó su detención.
Senestrari acusa a Bugliotti de presunta asociación ilícita, intermediación financiera fraudulenta agravada y lavado de dinero.

El fiscal Enrique Senestrari solicitó imputar y detener al titular del Grupo Dinosaurio, Euclides Bugliotti, en el marco de la causa que investiga la polémica quiebra de la ex financiera CBI Cordubensis.
Bugliotti se sumó así a la lista de imputados que ya tenía, entre otros, a miembros de la familia Ramonda, titulares de la concesionaria oficial Toyota Centro Motor; y a Juan Carlos Barrera y sus hijos, de quienes se pidió su detención en las últimas horas.
Según informó Radio Mitre Córdoba, el fiscal solicitó el secreto de sumario y la imputación y detención de Bugliotti en la causa que se investigan supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a la financiera CBI.
Asociación ilicita, intermediación financiera fraudulenta agravada y lavado de dinero son los delitos de los que se lo acusa.
El juez Bustos Fierro decidiría en las próximas horas si acepta o no el pedido.
Por su parte, los abogados de Bugliotti, los doctores Hairabedián y Becerra Ferrer aseguraron a la emisora local que aún no han tenido ninguna notificación oficial.
El sitio www.fiscales.gob.ar publicó un detalle de cuáles serían las maniobras delictivas realizadas por Bugliotti y los otros hombres de negocio.

El sitio www.fiscales.gob.ar, que publica resoluciones de fiscales de todo el país, publicó un comunicado en el que detalla cuáles son las maniobras por las que se pide imputar y detener al titular del Grupo Dinosaurio, Euclides ‘Tati’ Bugliotti; además de otras 12 personas entre las que se incluyen miembros de la familia Ramonda, titular de la concesionaria oficial Toyota, Centro Motor.
El comunicado dice textualmente lo siguiente:
«En el marco del expediente en el que se investigan delitos económicos cometidos por CBI Cordubensis, el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari planteó la ampliación del requerimiento de instrucción e imputó a 13 personas por distintas maniobras que se habrían realizado desde la financiera.
El representante del Ministerio Público acusó al presidente del Directorio de Toyota Compañía Financiera de Argentina SA, Eduardo José Espinelli; Eduardo Daniel Rodrigo, Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda, Alejandro Miguel Yacopini, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano, Luis María de Los Santos, Javier Fernando Guevara Amado y a Euclides Bartolome Bugliotti.
Una de las principales maniobras descubiertas está vinculada con el libramiento de numerosos cheques que habrían sido adquiridos por CBI Cordubensis SA en su operatoria ilícita, cuyo importe en total ascendería a una suma cercana a los 300 millones de pesos entre los meses de septiembre de 2010 y agosto de 2012 aproximadamente. Espinelli recibió en las cuentas de Toyota un número no determinado de cheques que habrían sido adquiridos por Cordubensis S.A. como intermediario en la simulación de la modalidad de pago de vehículos, realizados supuestamente en efectivo, pero concretados a través de cheques.
Por la actividad comercial de la firma, esas cuentas estaban exentas del pago del impuesto a los créditos y débitos bancarios y fueron declarados como cancelación por 240 millones de pesos, «otorgándole la apariencia de tener un origen lícito».
Además, Espinelli habría omitido de tributar el impuesto al cheque entre 2009 y 2014 por un monto no establecido con exactitud hasta el momento, pero superior a los señalados en la ley de delitos tributarios.
En estos hechos también habrían participado Darío Onofre Ramonda y Darío José Ramonda, quienes están vinculados con la firma Centro Motor SA, concesionario oficial de Toyota en la ciudad de Córdoba; Alejandro Miguel Yacopini de la firma Yacopini Inversora SA concesionario oficial de Toyota en la ciudad de Mendoza; y los integrantes de CBI Rodrigo, Suau, Aldo Ramírez, Ahumada, Tissera, Altamirano y de Los Santos.
Finalmente, en su presentación, Senestrari expuso que autoridades de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) habrían librado cheques de grandes importes a la orden de personas físicas y jurídicas (algunas inexistentes) para cancelar obligaciones, presumiblemente originadas en servicios relacionados con la salud.
En ese marco, Bruno Rodolfo Cricco, en el carácter de contador de CENIT S.R.L., Servicios Médicos de Cuyo S.A. (SEMECU), Servicios de Salud de Cuyo S.R.L., (SESACU S.A.) SRL, prestadoras de salud por cuenta y orden de OSECAC en las provincias de San Juan y Mendoza, se habrían dedicado a la comercialización de los cheques a distintas personas. De esta manera, Euclides Bugliotti y Javier Guevara Amado, apoderado, contador, fiador y fiduciante del primero, habrían adquirido parte de los cheques librados por OSECAC a sus prestadores a cambio de dinero en efectivo.
El representante del Ministerio Público planteó la incompetencia y solicitó la remisión de la causa a la justicia federal de Buenos Aires en todo lo relacionado a la Obra Social.
Esos valores, explicó el fiscal federal, habrían sido utilizados por Bugliotti y Guevara Amado como aporte de capital para el desarrollo de las actividades ilegales que desplegaba CBI. “Tal maniobra se habría materializado mediante el depósito de un número no determinado con exactitud hasta el momento de los cheques de pago diferido librados por OSECAC, […] los cuales ascendían, en el periodo de tiempo comprendido entre los meses de septiembre de 2010 y agosto de 2012 aproximadamente, [a más de 50 millones de pesos], acordándose por éstas operaciones el pago de un interés anual preferencial sobre saldo y estipulándose un plazo de devolución de 45 días. Actividad que se habría prolongado en el tiempo hasta mediados de febrero de 2014, por un importe a determinar”, agregó el representante del MPF.
Senestrari señaló que los hombres involucrados habrían convenido con Eduardo Daniel Rodrigo que estas operaciones fueran registradas en la firma CBI como provenientes principalmente de la firma PRESTAR S.A., cuando en realidad ésta última empresa “carece de capacidad económica para llevar a cabo los aportes de capital que se le atribuyen”.
Otros delitos
El fiscal federal señaló que desde la asociación ilícita que habrían conformado en la financiera durante los períodos fiscales 2013 y 2014, Jorge Enrique Suau y Eduardo Daniel Rodrigo, en su carácter de presidente y vicepresidente del Directorio de CBI, “habrían disimulado la real situación de la empresa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos” en la declaración del Impuesto al Valor Agregado. Para ello, habrían computado crédito fiscal improcedente, contabilizando facturas apócrifas por supuestas operaciones no realizadas por la firma. De esa manera, habrían evadido de tributar al fisco más de 8 millones de pesos.
Finalmente, también se les imputa a Rodrigo, Ramírez, Ahumada, Tissera, Altamirano y De los Santos haber participado en una estafa que habrían realizado contra un hombre que, en diciembre de 2009, se habría presentado en la sucursal de CBI ubicada en el Shopping Dinosaurio Mall de la ciudad de Córdoba.
Luego de entrevistarse con el empleado de la financiera De los Santos, la víctima celebró un contrato de Asistencia Financiera -mutuo- con la empresa CBI por un monto original de 200 mil pesos, acordando el pago de un interés del 23 por ciento anual sobre el saldo durante un plazo de treinta días. Cumplido ese período inicial, se realizaron nuevos contratos y/o depósitos en pesos y se realizaron retiros de dinero. Sin embargo, a principios del mes de febrero de 2014, el damnificado tomó conocimiento de que CBI ya no atendía al público en virtud de un supuesto concurso preventivo. Esto le ocasionó un perjuicio patrimonial por más de 250 mil pesos, debido a que no pudo recuperar su dinero».