(DyN) – La Argentina «apelará» el fallo del CIADI que la obliga a pagar 405 millones de dólares a la empresa francesa Suez por la rescisión del contrato de concesión de la empresa Aguas Argentinas.
Así lo confirmó el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien sostuvo que el fallo del tribunal del Banco Mundial que dirime conflictos entre Estados y compañías «en realidad fue en contra de la empresa, una derrota» para la firma, ya que «sólo le reconoció 405 millones de los 1.200 millones de dólares que reclamaba».
En conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el ministro aseguró que, de todos modos, «la Argentina va a apelar» esa decisión, pero que «el fallo nos da la razón a nosotros: esa empresa se tenía que ir» de la Argentina.
En ese marco, el funcionario se quejó por el tratamiento de los medios respecto de esa información que, según su óptica, fue beneficiosa para la Argentina.
«Me tiene un poco cansado los medios que defienden a las empresas que estafaron al país», sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, quien destacó que los juicios que la Argentina tiene en el CIADI «son una herencia de los ’90», donde «se firmaron 58 tratados bilaterales leoninos».
Para el jefe de la cartera económica, el fallo del CIADI «no reconoció el (pedido de la empresa por) el daño moral, ni la indemnización», sino que «solamente reconoció (la devolución del dinero de) la inversión» que hicieron «en fierros».
De esa manera se explica, según Kicillof, que el organismo «sólo» haya fallado por 405 de los 1.200 millones de dólares que reclamaba Suez, la principal empresa de la concesión de Aguas Argentinas, empresa que pasó a llamarse AySa tras la rescisión del contrato.
También destacó que desde 2003 hasta la fecha, el Estado invirtió en ese sector 25 mil millones de pesos, «unos cinco mil millones de dólares, en agua potable, cloacas, saneamiento y obras hídricas».
«Esas obras llevaron agua potable a 2,3 millones de personas que antes no tenían (el servicio) y cloacas a 1,8 millón de personas», enfatizó el funcionario, quien consideró que el fallo «nos da la razón» respecto de que «esa empresa se tenía que ir».
(Agencia DyN) – El Gobierno oficializó el pago a cinco empresas que litigaban contra el país en el CIADI por 677 millones de dólares, medida por la que debió ampliar la deuda del Estado en 3.000 millones de pesos, según se publicó hoy en el Boletín Oficial a través de dos resoluciones.
Por un lado, el Ministerio de Economía publicó la resolución 598/2013 suscripta por su titular, Hernán Lorenzino, mediante la cual se aprobó el «modelo de acuerdo sobre laudos firmes dictados por tribunales arbitrales», en el marco del CIADI y el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL).
Bajo ese marco se suscribieron cinco acuerdos con empresas que contaban con laudos firmes, por un total de 677 millones de dólares. «La quita fijada en valor nominal a todos los acreedores por igual representa un 25 por ciento respecto del monto originalmente reclamado, equivalente a un ahorro fiscal de 171 millones de dólares», aseguró el Palacio de Hacienda en un comunicado.
La instrumentación de los acuerdos supone la cancelación de los montos a plazo mediante la entrega de una combinación de bonos BONAR X para el capital y BODEN 15 para los intereses y a una tasa del 7 por ciento anual.
Además, las firmas beneficiadas con el pago del Gobierno suscribirán BAADE, en efectivo, por el 10 por ciento del monto total reclamado, equivalente a 68 millones de dólares Según Economía, los acuerdos se celebraron «en condiciones extremadamente favorables para el país», y «no» afectaron «recursos en efectivo ni reservas internacionales».
Las empresas favorecidas por el acuerdo son Blue Ridge (titular de CMS Gas), CC-WB (titular del reclamo de Continental Casualty Co.), Vivendi (Aguas del Aconquija), Azurix Corp, que recurrieron al CIADI, y NG-UN Holdings, tenedora del planteo de «National Grid», que reclamó ante la UNCITRAL.
Por otra parte, a través de la resolución 830 que firmaron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y Lorenzino, el Gobierno amplió en 3.000 millones de pesos la deuda del Estado Nacional para hacer frente a los laudos. Lo hizo a partir de modificar el Presupuesto Nacional de este año.
En sus considerandos, el texto no ofreció detalle alguno sobre cuánto recibirá cada empresa, y se limitó a mencionar que «las empresas acreedoras reajustan sus pretensiones indemnizatorias, reduciéndolas en no menos del 25 por ciento de la liquidación correspondiente», y que «en dicho marco se suscribieron convenios individuales» para la «entrega de BODEN 15 y BONAR 2017».