(DyN) – El vicepresidente Amado Boudou sumó su segundo procesamiento por presunta corrupción, dictado en esta ocasión por el juez federal Claudio Bonadio por la falsificación de los papeles de un auto.
El juez consideró que hay pruebas necesarias para procesar a Boudou como «partícipe necesario de la falsificación de documento público», sin prisión preventiva, y le impuso un embargo de 10 mil pesos.
Boudou, que había sido denunciado por los papeles «truchos» de un auto Honda que era de su propiedad y que formó parte de un conflicto con su ex esposa, le había echado la culpa a los gestores.
El vicepresidente ya estaba procesado por presunta corrupción en el caso del salvataje de la ex Ciccone Calcográfica.
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La noticia del nuevo procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, generó una inmediata ola de críticas por parte del arco opositor que reclamó que tome licencia.
Las principales opiniones de funcionarios y dirigentes fueron las siguientes:
– Julio Cobos: “Este segundo procesamiento es una razón más para que de alguna manera se escuche la voz de la oposición en el sentido que Boudou se tome licencia del cargo. Obviamente esto afecta la figura presidencial porque además de presidir el Senado, Boudou cumple con otras obligaciones como los viajes al exterior”.
– Mario Negri: «El segundo procesamiento de Boudou ratifica el profundo daño que produce tanto contra la responsabilidad que tiene el cargo como a la representación afuera del país. Hay diputados del bloque (de la UCR) que están reuniendo los antecedentes para un nuevo pedido de juicio político».
– Patricia Bullrich: «Realmente, con un segundo procesamiento, es el momento en que Boudou tiene que dar un paso al costado ya. No puede seguir siendo vicepresidente con dos procesamientos encima. Desde la oposición vamos a insistir con el juicio político y en el caso del gobienro nacional debería pedirle que de un paso al costado».
– Gerónimo ‘Momo’ Venegas: “Está haciendo cosas indebidas, que no tienen que ver con la legalidad, haciendo abuso y ostentación del poder político que ejercía. Cometen abuso porque se creen intocables y utilizan el poder político como un negocio. El poder político es para servir a la gente y no para servirse del poder».
– Pablo Micheli: «Es una burla al pueblo y a toda la gente que teniendo estos procesamientos pueda seguir ejerciendo el cargo».
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(DyN) – Silvia Ciccone, hija del fallecido Héctor Ciccone, ratificó en la Justicia que su padre se reunió en 2010 con el vicepresidente Amado Boudou para negociar el levantamiento de la quiebra de la imprenta familiar, versión que ya había dado su hermana recientemente mediante la presentación de un acta.
Así lo dijo al declarar como testigo ante el juez federal Ariel Lijo, donde también sostuvo que participó de un encuentro en el hotel Hilton con José María Núñez Carmona, socio y amigo íntimo de Boudou, informaron a DyN fuentes judiciales.
Silvia es hermana de Graciela Ciccone, quien el martes último presentó un acta en el que su padre dejó por escrito que la mañana del 1ro. de septiembre de 2010 se reunió con su hermano Nicolás Ciccone, Boudou y Núñez Carmona en el bar «I Fresh Market» de Puerto Madero.
«En dicha reunión se hablaron y trataron temas vinculados con el devenir de la negociación de nuestra empresa familiar. El señor Amado Boudou manifestó que el señor José María Núñez Carmona era de su máxima confianza y que ‘la cosa iba a cambiar’, a lo que el dicente solicitó protección para la familia y que se acabara con la hostilidad que la empresa y la familia venían sufriendo desde hacía ya varios años», sostiene el acta.
Silvia Ciccone, ex directiva y accionista de Ciccone, ratificó en la Justicia hoy la existencia de esa reunión y dijo que la conocía porque se la había relatado su padre.
La mujer declaró que días después del encuentro de su padre con Boudou en Puerto Madero hubo otro en el Hotel Hilton, del que no participó el vicepresidente.
En ese encuentro estuvieron Silvia, su prima Olga Ciccone, Guillermo Reinwick, Pablo Amato (ambos yernos de Ciccone) y Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone, en el que también se dialogó sobre el estado de la compañía.
En tanto, para hoy también estaba prevista la declaración de Máximo Lanusse, vicepresidente de Ciccone con la llegada de Vandenbroele, pero fue suspendida porque el fiscal Jorge Di Lello lo acusó y pidió su indagatoria.
Tras la declaración de Graciela Ciccone, Boudou había dicho que el acta que presentó la mujer era «trucha» y sostuvo que «cuando yo sepa bien qué es lo que se me imputa, qué es lo que se me acusa, voy a poder defenderme de verdad. Son todos chismes y operaciones mediáticas, pero ninguna cosa concreta».
Boudou está acusado del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haberse interesado por la situación de la empresa para que supuestamente quede a cargo de allegados a él.
El fiscal Di Lello pidió la indagatoria de Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele, Nicolás Ciccone, otros miembros de la familia y del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por considerar que se interesaron indebidamente en la maniobra.
La defensa de Boudou objetó el acta de Héctor Ciccone presentada por su hija porque el escribano Carlos Alberto Luaces declaró que nunca certificó ningún documento de ese tipo y que solo hizo en los últimos años certificaciones de firmas, fotocopias y la sucesión de la abuela de la familia.
(DyN) – El vicepresidente Amado Boudou aseguró que «los Ciccone no tienen límite, son capaces de embarrar al muerto, al hermano», al desacreditar la validez de un acta presentada por la familia del fallecido empresario Héctor Ciccone que certifica un encuentro entre el ex ministro de Economía y el dueño de la imprenta.
«La familia (Ciccone) es capaz de truchar algo de una persona que falleció y ya no se puede corroborar. (El escrito) Es trucho y esto tremendo desde el punto de vista de lo que puede hacer la gente por plata. Por plata y por poder», enfatizó Boudou.
Al respecto, sentenció, en diálogo con radio Continental, que «los Ciccone no tiene límite: son capaces de embarrar al muerto, al hermano, eso es lo dramático».
En tanto, la defensa de Boudou volvió a desacreditar el acta presentada por Graciela Ciccone, hija de uno de los fundadores de la imprenta homónima, y rechazó que ese documento pueda complicar la situación del vicepresidente, al advertir que «no tiene nada que ver con una prueba jurídica».
El abogado Diego Pirota insistió en poner en duda la legitimidad del documento expuesto ayer ante el juez federal Ariel Lijo, en el marco de la investigación que se le sigue a Boudou por presunto tráfico de influencias en la causa Ciccone.
El letrado sostuvo que quien presentó ayer el acta firmada por el fallecido Héctor Ciccone el 2 de mayo de 2012, «es alguien que tiene un interés directo con que el juicio vaya para un lado o para el otro porque está reclamando plata al Estado».
En declaraciones a radio América, Pirota insistió en advertir que Graciela Ciccone «es parte de la sociedad y titular de un reclamo que le vienen haciendo al Estado por mucha plata por la expropiación de la empresa». «Lo que pasó ayer no tiene nada que ver con una prueba jurídica; prueba judicial no hubo ninguna, lo que hubo fueron los dichos de una persona interesada que vino a contar su versión, que es la misma que le está contando a la justicia comercial, para que incline la balanza en su favor en un reclamo económico contra el Estado», remarcó.
El profesional volvió a recordar que el escribano Carlos Alberto Luaces, quien figura certificando la firma de Héctor Ciccone en el documento, «hace un año dijo que esa acta no existía». «El escribano de la familia Ciccone de toda la vida, no un escribano circunstancial, dijo el 25 de febrero del año pasado, en este mismo juzgado, ante el mismo juez y en presencia de los mismos abogados, que esa acta no existía, que nunca había sentido nombrar al señor (José María) Núñez Carmona y que a Boudou lo conocía solamente por los medios».
El abogado interpretó que los Ciccone «probablemente han agarrado algún documento que el escribano certificó y le agregaron un párrafo que no estaba». «Porque si no, ¿por qué guardaron dos años algo que ellos entienden que es un (elemento de prueba) tan rotundo?», repitió.
(DyN) – Graciela Ciccone, hija del fallecido Héctor Ciccone, uno de los fundadores de la empresa homónima fabricante de billetes, presentó un acta de su padre que da cuenta de una reunión en un restaurante de Puerto Madero con el vicepresidente Amado Boudou para negociar la continuidad de la compañía.
Fuentes judiciales informaron a DyN que Graciela declaró como testigo ante el juez federal Ariel Lijo y presentó el acta de siete párrafos firmada por su padre el 2 de mayo de 2012.
En ese escrito, Héctor Ciccone ratificó lo declarado por su hermano, Nicolás Ciccone, sobre un encuentro que ambos mantuvieron con Boudou, cuando era ministro de Economía, y su socio y amigo José María Núñez Carmona en el restaurante «I Fresh Market» de Puerto Madero el 1 de septiembre de 2010, entre las 9 y las 10 de la mañana.
«En dicha reunión se hablaron y trataron temas vinculados con el devenir de la negociación de nuestra empresa familiar», sostiene el acta a la que accedió esta agencia.
Allí, añadió, «el señor Amado Boudou manifestó que el señor José María Núñez Carmona era de su máxima confianza y que ‘la cosa iba a cambiar’, a lo que el dicente solicitó protección para la familia y que se acabara con la hostilidad que la empresa y la familia venían sufriendo desde hacía ya varios años», agregó Ciccone.
La declaración vuelve a vincular de manera directa a Boudou con las negociaciones por la continuidad de la empresa, algo que el vicepresidente siempre negó.
Héctor Ciccone dejó el acta, un mes antes de su muerte, para «contribuir a la verdad de los hechos y acallar ciertas mentiras que solo hacen daño a nuestra honrada y trabajadora familia», sostuvo.
El abogado de Boudou, Diego Pirota, puso en duda la veracidad del acta al calificarla como «más que sospechosa» y que «aparezca dos años más tarde de la fecha en la que se confeccionó».
«El acta resulta más que sospechosa porque quien tendría que haberla rubricado dice que no lo hizo y lo dijo hace un año atrás en la causa», sostuvo Pirota. La referencia es a Carlos Alberto Luaces, el escribano histórico de la familia, quien figura certificando la firma de Ciccone en el acta.
Sin embargo, fuentes con acceso al expediente recordaron que Luaces declaró el 25 de febrero de 2013 como testigo en la causa y dijo que «en ningún momento yo tomé ninguna acta de declaración de nadie, ni guardo documentación alguna, ni tengo en mi protocolo nada y mi protocolo puede ser requerido judicialmente para que se vea». El escribano dijo que las últimas actuaciones en las que participó a pedido de la familia «fueron certificaciones de fotocopias, certificaciones de firma, la sucesión de la abuela».
Graciela Ciccone dijo que fue directora suplente de Ciccone pero que estuvo alejada de la empresa porque hace 19 años que vive en la zona de la cordillera. A la mujer le preguntaron si sabía si su padre se había reunido con Boudou: «Sí, lo sé porque me lo había dicho él», respondió. Agregó que en ese encuentro Boudou les dijo que «cualquier cosa que tuvieran que arreglar o conversar lo tenían que hacer con José María Núñez Carmona que era su mano derecha, su hombre de confianza», señalaron las fuentes.
Boudou está siendo investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública por interesarse para que Ciccone quede en manos de Alejandro Vandenbroele, de quien se sospecha que tiene vínculos con el vicepresidente, y que es amigo reconocido de Núñez Carmona. El fiscal Jorge Di Lello pidió la indagatoria de Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele, Nicolás Ciccone, otros miembros de la familia y del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por considerar que se interesaron indebidamente en la maniobra.
La defensa de Boudou intentó ayer apartar de la causa al juez de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani, pero el planteo fue rechazado por el tribunal. Ahora la Sala IV de Casación debe resolver un planteo de Boudou de excepción por falta de acción a través del cual pidió su sobreseimiento en la causa.
(DyN) – El vicepresidente Amado Boudou reiteró hoy que «son todas mentiras» las acusaciones de que habría intercedido el «rescate» de la ex Ciccone Calcográfica y dijo que le interesa que «se esclarezca todo».
«Ya expliqué, son todas mentiras, están escritos presentados más de una vez», afirmó Boudou, cuando se le preguntó respecto a las declaraciones de que se habría reunido con Nicolás Ciccone. Al hablar con la prensa tras presentarse en forma espontánea ante el juez Ariel Lijo dijo que le expresó que tendrá «la máxima colaboración en cualquier estadío de la causa».
Además, expresó su «sorpresa» por el pedido de indagatoria que formuló el fiscal federal Jorge Di Lello, en la causa de la ex Ciccone Calcográfica, y le pidió «una actuación rápida y con celeridad». «Soy el principal interesado», dijo Boudou.
En tanto, en sus escritos presentados ante el juez, Boudou aseguró que no participó del trámite del levantamiento de la quiebra y beneficios fiscales para la ex Ciccone Calcográfica SA cuando era ministro de Economía, le atribuyó responsabilidad en el salvataje al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y pidió su sobreseimiento en la causa.
«No emití opinión ni dictamen alguno, tanto respecto al levantamiento de la quiebra de Ciccone, como a la quita de intereses y plan de facilidades de pago solicitado por la fallida», afirmó e indicó que el salvataje de Ciccone «fue producto de una decisión judicial» así como «de las facultades discrecionales que posee el Administrador Federal de Ingresos Públicos», es decir Ricardo Echegaray. «Así, además, fue sostenido por el Administrador Federal de Ingresos Públicos al momento de contestar el pliego de preguntas que el señor Juez le remitiera», subrayó.
Por consiguiente, conjeturó Boudou, «ningún delito pudo haberse cometido cuando los hechos investigados fueron llevados a cabo dentro del ámbito de lo permitido y conforme los procesos indicados para cada caso». No obstante, el vicepresidente desmintió haberse reunido con los Ciccone, familiares ni allegados: «Jamás me reuní (…), no tomé ningún café con ellos, ni compartí un almuerzo, ni jamás me relacioné con ellos de manera personal; y mucho menos intervine en sus negocios o en sus necesidades de índole comercial y/o financiera».
«Este intento por relacionar al suscripto con algunos de los personajes que habrían participado en la gestión para el saneamiento de la ex Ciccone Calcográfica, no es el primero; y como las otras falsedades que se han divulgado, carece de sustento probatorio alguno», añadió. También descalificó los testimonios de los hermanos Ciccone y otros declarantes en la causa al tildarlos de «versión guionada», y se mostró molesto por lo que llamó «transcendidos periodísticos» en medios de comunicación y «la sorpresiva aparición de operaciones».
En tanto, el vicepresidente admitió «la relación existente» entre su amigo José María Núñez Carmona y Vandenbroele, pero sostuvo que «el hecho de que ellos tengan una relación no implica que esa relación se ‘deba’ trasladar al suscripto».
Y remató con un pedido: «En el momento oportuno, dicte mi sobreseimiento».
(DyN) – El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que el vicepresidente Amado Boudou, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otras siete personas declaren como imputados por el «rescate» de la ex Ciccone Calcográfica que imprimía billetes para la Casa de la Moneda.
Así lo aseguraron fuentes judiciales y precisaron que el requerimiento del fiscal imputa a Boudou y Echegaray el delito de «negociaciones incompatibles» con la función pública, castigado con uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el artículo 265 del Código Penal.
Di Lello justificó su pedido en que «no resulta razonable» que un funcionario como Boudou «que ocupó varias veces la Presidencia» esté sujeto «de manera eterna e indefinida» a una investigación penal y por ello, evaluó, se impone darle «un amplio ejercicio de la defensa y pronta resolución de su situación procesal».
En este contexto, el jefe de la Afip, Ricardo Echegaray, le solicitó vía carta al juez federal Lijo que resuelva su situación procesal, «si es testigo, imputado o si será indagado» en la causa Ciccone. El funcionario le planteó que su actuación fue «en el marco de la Ley, tal como la Ley decía y que no hizo lo que la Ley no habilita». Echegaray también le pidió al juez que esta presentación sea considerada por él «como declaración indagatoria».
El requerimiento de la fiscalía incluyó a Rafael Resnick Brenner, jefe de asesores de Echegaray en la Administración Federal de Ingresos Públicos; más José María Nuñez Carmona, amigo de Boudou, y a Alejandro Vandenbroele, titular de la firma The Old Fund, que se hizo cargo de Ciccone, y quien vivía en un piso en el barrio porteño de Puerto Madero cuya propiedad se atribuye al vicepresidente.
También figuran los empresarios Guillermo David Reinwick, Nicolás Tadeo Ciccone, Pablo Jorge Amato, Jorge Enrique Capirone, Máximo Eduardo Lanusse, Sergio Gustavo Martínez, a quienes el fiscal consideró «partícipes en diferente grado de la maniobra».
La solicitud de Di Lello fue presentada al juez federal Ariel Lijo, que instruye la causa y hasta ahora sólo había realizado audiencias de declaraciones testimoniales, que hasta ahora tenía previsto finalizar en abril próximo con la comparecencia de Echegaray.
El fiscal arrancó su escrito estableciendo que la investigación pretende «esclarecer la actividad que habrían desarrollado Vanderbroele y Martínez» de la firma The Old Fund que «habrían adquirido» Ciccone Calcográfica SA cuando había sido declarada en quiebra «con fondos cuyo origen fueron puestos en duda y que a la postre aún son materia de investigación». «La adquisición -señaló- habría tenido la intención de lograr la contratación con el Estado Nacional para la producción de billetes de curso legal» y expuso que a Boudou se lo investiga porque «se habría interesado en la operación comercial referida, junto a su socio comercial José María Núñez Carmona».
Di Lello agregó que «el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía» Ciccone Calcográfica «se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, principal acreedora». Y expuso que «se realizaron maniobras conducentes a efectivizar un salvataje, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo, cuando el mismo organismo (por la AFIP) dos meses antes había solicitado la quiebra de la misma».
«Se ha logrado determinar que, paralelamente a las vicisitudes del expediente concursal, se realizaban diferentes reuniones» entre Ciccone, Reinwick, Amato, Nuñez Carmona, Vanderbroele y Boudou «en las que se resolvía la forma en que los capitales privados interesados se quedarían con una de las únicas empresas dedicadas a la fabricación de billetes del país».
Además, Di Lello requirió las testimoniales del presidente del Banco Macro, Jorge Brito; el presidente de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda, Cirio Zavalía; el secretario de su comisión directiva, Mariano Andrés Maccarrone; el tesorero Mario Héctor Pelavski, los vocales Daniel Piasek y Patricia De Souza y a la síndica Cecilia Guyot.
Todos esos testimonios, consignó, son para «ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund SA aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica SA y su posterior acogimiento a un plan de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda que tuviera esta con la Administración Federal de Ingresos Públicos».