El novelón que protagonizan desde hace varios años el viejo Colegio de Martilleros y Corredores Públicos y el más nuevo Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), sumó un nuevo capítulo que consistió en una marcha convocada por el primero a la Legislatura, acompañada de una solicitada en la que cuestionó duramente al CPCPI.
La disputa es por una ley provincial sancionada en 2007 que obliga a los corredores a matricularse en el nuevo colegio, dividiendo la actividad profesional con respecto a los que son martilleros.
En la solicitada, el Colegio de Martilleros recuerda que es una entidad con más de 30 años de trayectoria y asegura que “conserva el poder de policía delegado para el ejercicio profesional que otorga el título con todas sus incumbencias o ramas profesionales”.
Para los martilleros, que destacan que todavía tienen 5.000 afiliados, la creación del CPCPI fue “un error de política legislativa” que se tomó “sin expresar motivos válidos y sin consenso de la evidente de mayoría de los profesionales nucleados, estando demostrado a la fecha que no hay cohesión profesional con los grupos económicos impulsores de  la ley, toda vez que la efectiva representatividad en el seno de una actividad no se logra por ley o por decreto”.
En ese marco, los martilleros acusan al Colegio Inmobiliario de “incesantes campañas de desprestigio profesional”, debido a que “ha querido imponer prepotentemente y bajo amenazas conductas contrarias al espíritu del ejercicio de nuestra única profesión de Martillero y Corredor Público, en claro desmedro de la libertad de trabajo, promovidos por intereses económicos y corporativos que no representan a los profesionales del rubro, generando un caos e incertidumbre en un momento de desocupación, inflación y bajas en la actividad”.
En la solicitada, el Colegio de Martilleros insiste en que “estamos ante una avanzada inconstitucional, ya que la profesión es una sola, no hay dos profesiones, porque tanto una rama profesional como otra permite indistinta e indivisiblemente actuar como tal”.
El documento finaliza señalando que “preocupados ante una situación que nos agobia y nos perjudica profesional, económica y familiarmente, solicitamos:

1. El inmediato cese de las injurias públicas vertidas por el Colegio Inmobiliario, que NO nos representa y responsabilizamos de manera directa a sus autoridades de todo daño que su accionar nos ocasiona.
2. Instamos a la población a cumplir con los contratos existentes, en razón de los mandatos que se hubieren conferido a los Martilleros y Corredores Públicos, por su accionar profesional, so pena de realizar la férrea defensa institucional de los mismos, hasta las últimas consecuencias.
3. Se recepte, por los legisladores Juan Cid, Ricardo Sosa, Rodrigo De Loredo y María Caffarati, propulsores del proyecto de división profesional en crisis, el interés de la mayoría de los profesionales trabajadores de la provincia, que aquí se expiden, cortando toda avanzada legislativa y ratificando la plena vigencia de la Ley 7.191 de Martilleros y Corredores Públicos.