El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ha sido detenido esta tarde tras el registro de su domicilio, practicado por agentes de la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía de Madrid, según la agencia Efe. Rato ha salido acompañado por varios agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que lo han metido en un coche policial que esperaba a la puerta de su casa, en una céntrica calle del madrileño barrio de Salamanca. La fiscalía investiga al exministro por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
A la salida de su domicilio, no iba esposado pero uno de los agentes, lo ha introducido en un Opel Insignia negro, sujetándole la nuca.Dos mujeres, que se presentaron como votantes del Partido Popular, lo insultaron varias veces llamándole «sinvergüenza» y le desearon que acabe en la cárcel.Una docena de agentes de policía de la Unidad de Intervención Rápida establecieron un cordón de seguridad para evitar incidentes.
A continuación, los efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera que han llevado a cabo el registro en esa vivienda del barrio de Salamanca, durante más de tres horas, han metido en la maleta de un coche camuflado al menos cuatro cajas con documentación.
Otro turismo trasladó al ex director gerente del FMI durante 200 metros a un despacho cercano, donde los agentes policiales siguen practicando otro registro en presencia de Rato. Las ventajas del bajo están tapadas con cartones para evitar que los medios de comunicación puedan tomar imágenes.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, el juez ha tenido que firmar una orden de detención para que Rato pudiera abandonar su domicilio en un coche policial y continuar la investigación.
Vigilancia Aduanera también ha registrado un bufete de abogados de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), en el marco de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo. Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a Europa Press que varios funcionarios han inspeccionado en la tarde de este jueves el bufete de abogados Plaza, en el que han requisado «documentos y ordenadores». Su objetivo es averiguar si las relaciones entre el mencionado bufete y Rodrigo Rato «tienen que ver o no» con la investigación que se está desarrollando sobre éste por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
El arresto se produce después de conocerse que Rato, del PP, se acogió a la denominada amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. El también expresidente de Bankia pasó, entonces, a formar parte, según varios medios, de los 705 investigados por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, a través del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). Antes de ser detenido Rato no ha querido confirmar ni desmentir esta información. “Este es un tema personal y creo que no tengo obligación de hacer declaraciones sobre el asunto”, declaró a EL PAÍS.
Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que dependen de la Agencia Tributaria, llegaron al domicilio de Rato alrededor de las cuatro y media de la tarde. La actuación se ha realizado por orden del juzgado número 35 de Madrid, tras recibir una denuncia de la Fiscalía de Madrid contra Rato, según fuentes jurídicas. Según las mismas fuentes, la denuncia no se dirige exclusivamente contra Rodrigo Rato y en ella se requería la «inmediata entrada y registro» en su domicilio.
Fuentes de la fiscalía han informado de que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Los agentes han permanecido en el interior de la vivienda acompañados por un agente judicial y el propio exministro.
El juez instructor del caso del supuesto fraude fiscal de Rodrigo Rato es Enrique de la Hoz García. Este magistrado es el titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid capital, pero se encarga también del Juzgado de Instrucción número 35, en el que ha recaído la causa sobre el exministro de Economía, después de que la anterior titular, Gemma Gallego, cesara tras obtener una nueva plaza en el último concurso de traslados de magistrados convocado por el Poder Judicial.
Rodrigo Rato se encuentra inmerso en otro proceso judicial del que han surgido varias investigaciones: por la salida a bolsa de Bankia, por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid, por el cobro de un sueldo de seis millones de euros de la banca de inversiones Lazard, en la que trabajó como asesor y que luego hizo el informe de salida a bolsa de Bankia cuando Rato ya era presidente. Sin embargo, según fuentes de la Audiencia Nacional, la orden de registro no ha surgido del juzgado del magistrado Fernando Andreu, que es el que instruye el caso Bankia, según informa el sitio ElPaís.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el registro en el domicilio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el marco de una investigación de la Agencia Tributaria demuestra que la ley es «igual para todos». En los pasillos del Congreso de los Diputados, Catalá ha asegurado no tener más información que la aportada por los medios de comunicación aunque sí cree que esta actuación es la prueba de que el Estado de derecho funciona y que los jueces y fiscales investigan. En el mismo sentido, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha insistido en que el Ejecutivo es «implacable» e «imparcial» en la lucha contra el fraude y que, por lo tanto, «la cuestión no es quién, sino qué». Según ha abundado, se actúa ante «cualquier ilícito» o «indicio de incumplimiento de la norma» y eso es lo que tiene que «tranquilizar» a los ciudadanos.
(DyN) – La Cámara Federal de Mendoza otorgó la libertad bajo fianza a Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou que lleva 25 días detenido a pedido de un juez de Uruguay, que lo investiga por supuesto lavado de dinero y pide su extradición.
Fuentes judiciales informaron que los camaristas Juan Antonio González Macias, Héctor Cortes y Carlos Parra revocaron la negativa a la excarcelación del juez de primera instancia, Walter Bento, e impusieron una fianza de 400 mil pesos a Vandenbroele que deberá cumplir antes de salir en libertad.
Hasta que reúna ese dinero o presente la escritura de alguna propiedad de ese valor como garantía, Vandenbroele seguirá detenido en los calabozos de la U32 de los Tribunales Federales de esta provincia, donde ingresó el 20 de febrero pasado.
Una semana después el juez Wento rechazó la excarcelación de Vandenbroele por entender que si recuperase la libertad podría «eludir el accionar de la Justicia».
«Si bien surge que tendría un nivel económico elevado, no se tiene conocimiento de que posea una fuente de ingresos legítima que permita justificar su modo de vida» y «cabe colegir que, de recuperar su libertad, Vandenbroele podría darse a la fuga y sostenerse económicamente», sostuvo el fallo.
Vandenbroele, titular de The Old Fun, firma que manejaba la ex Ciccone Calcográfica, fue detenido cuando llegaba a la casa de su ex mujer, en la localidad de Chacras de Coria, para dejarle a una de sus hijas.
En ese momento, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que custodiaba a Laura Muñoz, procedió a detenerlo tras el pedido de captura internacional solicitado por la justicia de Uruguay.
De allí fue trasladado a las dependencias que la PSA tiene en el Aeropuerto «Francisco Gabrielli» y luego, a la U32 de los Tribunales Federales, en la capital provincial, donde permanece alojado.
Vandenbroele fue la cara visible de la sociedad «The Old Fund», que levantó la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, y está procesado junto al vicepresidente Boudou por supuestos sobornos.
El juez uruguayo Néstor Valetti pidió su arresto preventivo con fines de extradición a Montevideo porque era titular de la sociedad uruguaya Dusbel SA, desde la cual, «presuntamente salió el dinero que se inyectó» en «The Old Fund», dijo el juez, y añadió que «eso luego determinó la adquisición de Ciccone».
El juez remarcó que «el origen y movimiento de ese dinero no se justifica, prima facie, por los giros que manejó esa sociedad», por lo que se investiga «el eventual delito de lavado de activos».