Elisa Carrió denunció ante la Justicia federal al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por supuesto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, según adelantó La Nación en su versión digital.
La denuncia, amplió el mismo diario, quedó radicada en el juzgado federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos y el fiscal a cargo será Gerardo Pollicita. Hasta el 31 de enero, Ramos será subrrogado por Norberto Oyarbide, enfrentado con Carrió, por lo que se descuenta que sería recusado por la aliada de Mauricio Macri.
La acusación incluye al Secretario General de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi y advierte sobre otros «funcionarios que pudieron tener participación en los hechos». Y habla de un «sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema».
La nota de La Nación asegura también que «allegados al presidente de la Corte advirtieron que esta denuncia se trataría de una maniobra ‘política’ que no debería impulsarse ante la sensible situación que enfrenta el Máximo Tribunal, con sólo tres ministros».
La relación de Carrió con Lorenzetti tuvo picos de máxima tensión: la chaqueña lo acusó en 2013 de haber hecho un «pacto espurio» con Cristina Kirchner, para avanzar entonces con la llamada democratización de la Justicia, un plan que luego se fue esfumando; en parte , por fallos de la propia Corte.
Y el nombre del titular del Máximo Tribunal volvió a quedar en el medio de una negociación política cuando Mauricio Macri sorprendió en el arranque de su gestión e intentó nombrar en comisión a través de un DNU a los dos miembros para completar la Corte: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz. Finalmente, tras una charla entre Lorenzetti y Macri, esa designación provisoria se frenó. Pero el tema quedó abierto, ya que las postulaciones fueron confirmadas. En medio de esa puja, Carrió agregó un condimento picante.
(DyN).- El ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, fue imputado hoy por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y comenzará a ser investigado por el incremento de su patrimonio en 600 mil pesos el año pasado.
Fuentes judiciales informaron a DyN que el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Kicillof para comenzar a ser investigado y le solicitó al juez Claudio Bonadio una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa.
Kicillof, precandidato a primer diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria (FpV), fue denunciado por Santiago Dupuy de Lome, un abogado vinculado al PRO, porque pasó de tener 1.200.000 de pesos a 1.800.000 en un año, lo que no condice con su sueldo de funcionario.
Para determinar si Kicillof cometió el delito denunciado el fiscal Taiano ordenó una serie de medidas de prueba que son las de rigor en los casos de enriquecimiento ilícito.
El fiscal le requirió al juez Bonadio que le solicite a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Kicillof y que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informe los cargos públicos que ocupó el funcionario, el período en los que los desempeñó y los sueldos que percibió.
También que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envíe copia de las declaraciones de Ganancias y de Bienes Personales de Kicillof y que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito y plazos fijos a nombre del ministro de Economía.
Asimismo, Taiano solicitó que el Registro Nacional de Propiedad, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el Registro Nacional de Buques y el Registro Nacional de Aeronaves informen si Kicillof tiene algún bien a su nombre.
El mismo abogado que acusó al ministro de enriquecimiento ilegal ya lo había denunciado por cohecho, violación de deberes de funcionario público y asociación ilícita, en el marco del otorgamiento de los ROE (permisos de exportación) de trigo y maíz.
El denunciante incluyó al secretario de Comercio, Augusto Costa, y al presidente de la Confederación General Económica (CGE), Ider Peretti.
La condena de seis meses de prisión impuesta en 2013 por un tribunal oral cordobés contra el ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime por intento de sustracción de pruebas quedó firme hoy al rechazar la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja planteado por su defensa.
El rechazo de la Corte a revisar el fallo condenatorio fue firmado por el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y sus colegas Elena Highton y Carlos Fayt. La defensa de Jaime había recurrido en queja ante la Corte ante la negativa de la Cámara de Casación a concederle el recurso extraordinario de ir al máximo tribunal.
Jaime fue condenado el 10 de setiembre de 2013 por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba por el delito de «sustracción de documento destinado a servir de prueba ante la autoridad competente, en grado de tentativa». Fue cuando en el marco de un allanamiento en las afueras de la capital provincial, en la causa principal en la que está procesado por enriquecimiento ilícito, intentó sustraer unas tarjetas que lo vinculaban con una firma cuya propiedad se le atribuía, según indica el sitio Clarín.
Jaime es juzgado actualmente por su presunta responsabilidad por el accidente sufrido por el tren que el 22 de febrero de 2012 chocó en la terminal ferroviaria de Once y provocó la muerte de 51 personas. Además, tiene otras causas abiertas, una de ellas por el delito de dádivas.
(DyN) – La American Task Force of Argentina (ATFA), grupo que funciona como lobbista de los holdouts que litigan por la deuda argentina impaga, denunció hoy lo que calificó de «inexplicables» aumentos patrimoniales de los ministros Florencio Randazzo, Juan Luís Manzur, Carlos Meyer; del secretario de Seguridad, Sergio Berni, del ex-secretario de Comercio, Guillermo Moreno y del actual senador Juan Manuel Abal Medina, entre otros.
La ATFA emitió un informe que denominó «Indice de Patrimonio del Gobierno de la República Argentina» en el que detalló la suba de los patrimonios «de 14 funcionarios que han trabajado en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner durante períodos específicos».
El nucleamiento indicó en el documento que «el patrimonio neto personal de cada uno de estos funcionarios exhibe incrementos importantes y muchas veces inexplicables, lo que plantea una serie de preguntas acerca del proceso de enriquecimiento de cada uno».
El detalle es el siguiente, según consigna TN:
– FLORENCIO RANDAZZO
Su patrimonio pasó de $1,3 millones a $2,5 millones entre 2008 y 2011. Es investigado por la Justicia.
– GUILLERMO MORENO
Su patrimonio pasó de $72.111 a $2 millones en 2011, según la denuncia del ATFA en base a los datos oficiales. Nunca fue investigado por la Justicia.
– JUAN MANUEL ABAL MEDINA
A los denunciantes no les cierra cómo el patrimonio del ex Jefe de Gabinete y actual senador pasó de $500.000 en 2006 a $2,8 millones dos años después.
– SERGIO BERNI
El secretario de Seguridad es el más cuestionado por los fondos buitre ya que su patrimonio creció 4.000% entre 2006 y 2011, de $1,7 millones a $9 millones.
– JUAN LUIS MANZUR
El ministro de Salud es otro que ganó mucho dinero con la función pública. Su fortuna se multiplicó por 20. Fue investigado durante cuatro años por el juez Daniel Bejas pero no encontró información suficiente como vincular su enriquecimiento con alguna actividad ilícita. Su fortuna llega a $12 millones.
– EDUARDO GARVICH
Es secretario de Coordinación del ministerio de Salud. Su activo se multiplicó por cinco en dos años en la función pública. Los fondos buitre en su denuncia se preguntan por qué el sueldo anual de este funcionario pasó de $127.675 pesos to $535.600 pesos en apenas dos años.
– GABRIEL EDUARDO YEDLIN
Subsecretario de Prevención del ministerio de Salud. Vino de Tucumán con Manzur. En dos años duplicó su patrimonio.
– HORACIO ROURA
Es subscretario de Pymes en la ministerio de Industria. Los fondos buitre se preguntan cómo en la declaración jurada del funcionario su patrimonio saltó de $330.000 pesos en 2010 a más de $1,2 millón al año siguiente.
– DANIEL AGUILERA
Es secretario de Turismo. Los fondos buitre cuestionan una donación por $500.000 que declaró el funcionario que no está claro su valor y de dónde vino y por qué su patrimonio pasó de $367.877 en 2008 a 1,053 millón en 2011.
– ARTURO PURICELLI
El ex ministro de Defensa y Seguridad es otro de los apuntados por los acreedores externos. Su riqueza pasó de $2 millones a $3,2 millones durante la gestión pública.
– HAROLDO LEBED
Fue hasta 2013 director de Emergencias Agropecuarias en el ministerio de Agricultura. Duplicó su riqueza de $1,5 millones a $3 millones en dos años.
– MARCIO MOREIRA
Es secretario de Interior y asesor clave de Randazzo en el ministerio del Interior. Declaró que su patrimonio se triplicó entre 2008 y 2011 y según los denunciantes, no queda claro de dónde sacó los $300.000 con los que compró acciones de la siderúrgica Tenaris.
– OSCAR MARTINI
Es secretario del ministerio de Justicia. Entre 2009 y 2011 la fortuna de este desconocido funcionario se multiplicó por 10, sin un sueldo que lo justifique, según los denunciantes.
– CARLOS MEYER
Es minstro de Turismo y uno de los funcionarios más antiguos del kirchnerismo. Fue secretario y ahora es ministro de Turismo. Los fondos buitre denuncian que su patrimonio, extrañamente bajo pasó de $55.000 a $2 millones en 2011, entre otras cosas.