Durante la última semana, el Gobierno nacional oficializó el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos (PEPPG), la herramienta de beneficios para los productores de hasta 700 toneladas acordado por el Estado con la Federación Agraria y que, en la práctica, generó la ruptura de esta última entidad con el resto de las que integran la Mesa de Enlace.
En ese marco, dos informes privados analizan el impacto real de este esquema de compensaciones y remarcan que esos supuestos beneficios serán escasos y no eliminan el principal factor que atenta contra el sector agropecuario que es la altísima presión impositiva.
El primero de los estudios fue elaborado por el economista Juan Manuel Garzón, del IERAL de la Fundación Mediterránea, quien asegura que “sólo explotaciones muy pequeñas, por caso de 25 hectáreas, tendrán una compensación importante en términos relativos. Pero incluso estas pequeñas explotaciones seguirán cediendo, luego del PEPPG, una porción significativa de sus ingresos brutos (15%) por el esquema vigente”.
En esa línea, cuestiona por elevación a la Federación Agraria al sostener que “para cierta dirigencia del agro el PEPPG resulta un avance”, pero que eso constituye “una lectura muy parcial”, porque en realidad “el PEPPG valida la permanencia de una elevada carga sobre el sector como un todo y avala la continuidad de una política que genera una fuerte transferencia de recursos desde el campo hacia otros actores de la economía”.
Y añade: “Más aún, el PEPPG resulta insuficiente incluso para modificar la ecuación de los pequeños productores, quienes este año, de márgenes muy ajustados, terminarán cediendo al Estado y otros actores de la economía más recursos de los que recibirán en compensación”.
Para llegar a tal conclusión, Garzón realizó el ejemplo de un productor sojero que resigna (transfiere), a valores actuales, $1.317 por cada tonelada que vende por efecto de los derechos de exportación (respecto de la situación sin impuesto); si la venta es de trigo los ingresos que se resignan ascienden a $845 por tonelada y si es de Maíz a $446 por tonelada. En el caso de los cereales, además de los derechos, los costos del esquema surgen por los cupos de exportación.
Teniendo en cuenta que “bajo el PEPPG se transferirán montos fijos por tonelada en concepto de compensación a productores de hasta 700 toneladas producidas en el ciclo 2013/2014 (acumulando todo tipo de granos)” y que “estos montos van desde los $450 a $45, son descendentes a medida que crece la escala del productor”, Garzón concluye por ejemplo que “un productor sojero que reciba el mayor monto de compensación que establece el PEPPG, estará recuperando el 34% de lo que le cuesta el esquema de intervención, el 53% si se trata de trigo y el 101% si se trata de maíz” y que “un productor que reciba el menor monto de compensación recuperará el 3,4%, el 5,3% y el 10,1% respectivamente de la carga”.
El economista señala como ejemplo a “una explotación agrícola de 50 hectáreas, que asigna la tierra en partes iguales a soja y a maíz y logra rindes medios, el esquema de intervención vigente le seguirá costando el 20% de sus ingresos brutos, luego de haber recibido las compensaciones del PEPPG, respecto de una situación sin intervención de mercado. Para una explotación de 100 hectáreas o más, el PEPPG pasará prácticamente desapercibido, dado que las compensaciones a recibir serán de montos muy bajos”.
Roulet, también
A un diagnóstico similar llegó el ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet. En un informe publicado en su sitio web, Roulet estima que, como máximo, el productor más pequeño considerado (100 toneladas) se beneficia con la devolución del 49% de lo que aportó por retenciones a las exportaciones, mientras que el de 700 toneladas percibe sólo el 3,6%.
Pero más relevante aún es el cálculo global que realiza sobre el monto total que aportan anualmente los productores en relación a lo que les planea devolver el Estado. Según Roulet, los chacareros de hasta 700 toneladas suman, por año más de $ 11.000 millones de aportes al fisco por retenciones, mientras que la Rosada afirma que los beneficios sumarán $ 2.500 millones. Es decir, sólo devolverá el 23% de lo que generan los productores más pequeños. En otras palabras, de cada 4 pesos que se lleve la AFIP, sólo volverá 1 al bolsillo de los ruralistas.
(DyN – Télam) – Tres de las cuatro entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace iniciaron un paro de 72 horas que incluye un cese de comercialización de granos, hacienda en pie y leche, que se extenderá hasta el viernes.
La medida de fuerza es desarrollada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pero no por la Federación Agraria Argentina (FAA).
No obstante, se estimaba que numerosos de sus afiliados también se sumarán la protesta.
Por la mañana sólo ingresaron 28 camiones al Mercado de Hacienda de Liniers, con 885 vacunos.
Es la primera vez desde marzo de 2008, cuando se creó la Mesa de Enlace, que una de sus entidades no adhiere a una medida de fuerza dispuesta contra la política oficial.
La Federación Agraria que encabeza el santafesino Omar Príncipe tomó distancia de sus socios debido al diálogo abierto con el Gobierno, con el que obtuvo beneficios en trigo, crédito a sojeros y lechería.
En solitario, la FAA decidió realizar el 19 de marzo una movilización de productores hasta la sede del Ministerio de Agricultura, en esta capital, como parte del plan de lucha de la entidad y para reclamar por la segmentación de las retenciones.
Al respecto, el titular de la FAA, Omar Príncipe, en diálogo con Télam dijo que “los pequeños y medianos productores no pueden darse el lujo de no comercializar” y que la situación de los chacareros “es mucho peor que en el conflicto de 2008 porque los precios intencionales son mucho más bajos”.
Para el dirigente agrario, “hoy por hoy el paro no suma al reclamo que tenemos los productores chicos y medianos para que el Gobierno segmente retenciones, por lo que está claro que no nos beneficia”.
En esa misma línea se pronunció Ariel Toselli, vicepresidente de Federación Agrria, quien sostuvo que en el contexto que traviesa el sector, sobre todo en zonas inundadas,»hacer un paro es una tomada de pelo».
«Los productores de las provincias inundadas tienen que sacar a caballo la leche de las vacas, y largar un paro en éste momento es una tomada de pelo», dijo Toselli.
No obstante, Príncipe reconoció que existe un sector de los chacareros que tiene “gran bronca, desilusión y falta de confianza con el Gobierno” y que busca “profundizar la protesta”.
“Nuestra tarea como dirigentes es entender que esos productores están en una situación en la que necesitan la ayuda inmediata”, aseguró.
La visión oficial
Como era de esperar, el Gobierno salió a cuestionar la medida, a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien afirmó que la medida del campo es un “lockout patronal”, al tiempo que criticó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, por su postura en favor de la eliminación de las retenciones agrarias, al afirmar que es “como el mate cocido; llena pero no engorda”.
“A Massa le han dicho que tenía que decir eso y ha dicho eso. Mañana le dirán que diga otra cosa y dirá otra cosa. Es como el mate cocido; llena pero no engorda. No le pidamos mucho más que eso”, disparó Fernández.
Sobre el cese de comercialización agrario, expresó que “no es un paro” sino “un lockout patronal de quien tiene el manejo de determinados niveles de producción y, fundamentalmente, una oleaginosa de las características de la soja”.
De todas maneras, consideró que, a raíz de esta medida, “el campo muestra que empiezan a ponerse las cosas en su lugar” dada la no participación de la Federación Agraria, a la que diferenció de las otras entidades, en especial de la SRA, a la que -indicó- “nunca le preocupó realmente qué sucede con el productor chico y lo ha perjudicado cada vez que ha tenido oportunidad”
(DyN) – El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, anunció que los productores rurales se movilizarán en sus tractores por las rutas dentro de 10 días para protestar contra la falta de crédito, «la usura» y «un festival de joda financiera».
«Qué mejor negocio que haber comprado dólares a 6, 7 pesos hace seis meses y hoy están a 16 pesos; qué mejor negocio hay hoy en Argentina que poner la plata a plazo fijo, al 30 por ciento, pagan una fortuna, y de paso andá a pagar Impuesto a las Ganancias por la renta de esa plata en la joda financiera», se quejó el dirigente.
En declaraciones a radio La Red, Buzzi sostuvo que «la ‘patria financiera’ está ‘vivita y coleando’ y a los productores no nos dan crédito y el que tiene deudas paga tasas exorbitantes», por lo que «los tractores, nuestro símbolo, dentro de 10 días vuelven a las rutas» para protestar.
«Vivimos hoy en el gobierno nacional, popular y progresista, la más profunda y asquerosa expresión de la patria financiera. Es lo que hizo la desidia, la mala praxis del chico (Axel) Kiciloff al frente del ministerio de Economía», sostuvo.
Precisó que «con la ‘patria financiera’ ganó la especulación y perdimos siempre los productores. Quebraron el aparato productivo, desindustrializaron el país los sectores que apostaron a la joda financiera, y este Gobierno lo está promoviendo de nuevo. Esto termina mal. Argentina vive un festival de joda financiera».
Por otra parte, Buzzi ratificó la suspensión del congreso anual ordinario que debía elegir a su sucesor al frente de la FAA, por 60 días, a pedido de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe tras una denuncia de sectores opositores a su gestión.
Según Buzzi, la elección «se va a hacer normalmente, transparente: les vamos a tapar la boca a unos cuantos», y denunció que el candidato opositor, el ex diputado radical Pablo Orsolini «va a terminar jugando un rol como el de (el secretario general de la CTA Hugo) Yasky» o el de el metalúrgico Antonio Caló, titular de la CGT oficialista, «tipos que son funcionales al Gobierno».
«A la FAA no la van a sacar del curso donde está ahora», aseguró, y pidió que «dejen de joder y hacerle daño a una entidad como la FAA».