La novela que se generó tras la decisión del juez Claudio Bonadio de allanar la firma Hotesur, que administra el hotel de la familia Kirchner en El Calafate, no para de sumar nuevos capítulos.
Es que, mientras Bonadio decidió avanzar con la causa que también involucraría al empresario Lázaro Báez, el kirchnerismo redobló su apuesta contra el magistrado y le sumará otra denuncia en su contra, en el Consejo de la Magistratura.
En concreto, Bonadio pidió a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de la presidenta Cristina Fernández; de su difunto marido, Néstor Kirchner; y de los hijos de ambos, Máximo y Florencia, además de las correspondientes al empresario Lázaro Báez.
Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la AFIP para recabar esa información, en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, informaron fuentes judiciales.
En el caso del ex presidente Néstor Kirchner, se trata de las declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.
La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los bienes personales y a las ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado, y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.
Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.
Contraataque
Del lado del kirchnerismo, el secretario de Justicia de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, presentó un nuevo pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadio por «extorsionar» a ese cuerpo con medidas que involucran a altos funcionarios cada vez que avanza en el análisis de su conducta.
«Claudio Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa», sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación al hablar antes los periodistas en el Consejo.
Álvarez presentó el pedido ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, denunciando que Bonadio adoptó esa conducta en al menos cinco oportunidades, contra distintos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, además de la presidenta de la Nación.
El planteo de Álvarez contra Bonadio apunta a la causal de «mal desempeño en sus funciones», pero de la alocución del viceministro se desprendieron términos como «extorsión» y «protección» que podría constituir delitos.

Alvarez consideró que con el allanamiento ordenado por Bonadio en la AFIP en busca de las declaraciones juradas de la Presidenta Cristina Fernández y miembros de su familia «está extorsionando al Consejo de la Magistratura», que iba a analizar algunas de las denuncias en su contra.
El funcionario sostuvo que Bonadio «tiene 69 denuncias» en el Consejo «de las cuáles nueve están en condiciones de removerlo».
«Todo el mundo sabe que Bonadio es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero, no tiene antecedentes para ser juez de la Nación», disparó.
Y recordó que el magistrado en su momento debió apartarse de una de las causas que llevaba, sobre el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, porque «no quiso llamar a declaración indagatoria a Corach» ya que, sostuvo «responde a él».
Para Álvarez la situación creada en torno a Bonadio «es una cuestión institucional grave» y lo definió como «uno de los jueces mas cuestionados de la Republica Argentina».