El Grupo de las principales entidades empresarias de Córdoba (G6) y la Comunidad Agroalimentaria emitieron sendos comunicados en las últimas horas en las que cuestionaron los incidentes protagonizados por un grupo de militantes anti Monsanto en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.
Al respecto, el titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Horacio Parga, amplió su visión en diálogo con Punto a Punto Radio, criticando con dureza el accionar de estos grupos y asegurando que esta situación puede afectar las inversiones en Córdoba.
“Esto ya traspasó cualquier tipo de frontera. Toda la ciudadanía tiene que tener en cuenta la gravedad de estos hechos, reaccionar y los mismos medios también tienen que darle trascendencia a una cosa así porque sino esto es una bola que se va a ir aumentando y ya no vamos a saber cuál es el límite”, disparó Parga.
Parga aseguró que “no hablo de violencia ni de represión, sólo digo que tiene que haber un respeto, un orden. En un sistema democrático tiene que haber reglas del juego, no se pueden decidir las cosas a palos y bajo ordenanzas”, subrayó.
En ese marco, se preguntó: “¿quién va a venir a invertir en Argentina si sabe que un grupo de 40 personas puede torcer la dirección de un acuerdo que había o de una decisión de la universidad?”.
Y remató: “Bajo el disfraz de la ideología se atacan cosas sin fundamento técnico. Yo estoy a favor de que las cosas sean correctamente y no en función de presiones con palos y caras tapadas. Ojalá que Monsanto espere hasta que se pueda, después de un estudio de impacto ambiental serio y democrático, hacer un dictamen científico y allí basta de mitos, slogans e ideología. Si es positivo, es bueno para la producción y si es negativo, lamentablemente no podrá funcionar”.
El comunicado del G6
“Desde las entidades empresarias nucleadas en el denominado Grupo de los Seis, manifestamos nuestro repudio a los tristes y penosos actos de violencia ejercidos contra las autoridades del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo el marco del conflicto por el proyecto de radicación de la firma Monsanto en nuestra provincia.
Como es de público conocimiento, asistimos, una vez más, a medidas de acción intempestivas y desproporcionadas que dañan sensiblemente a nuestro sistema democrático; que afectan el debate plural, impidiendo escuchar las diferentes voces y posiciones de quienes habitamos el suelo cordobés.
Nos solidarizamos pues, con cada uno de los miembros del Consejo Superior que debieron soportar conductas anti-sociales y vandálicas, las cuales consideramos inaceptables. Repudiamos la violencia, la intimidación y el anonimato de estas manifestaciones y estamos convencidos de que no hay fundamento alguno, ni diferencia de visión que justifiquen las mismas cuando existen instituciones y mecanismos que permiten evaluar las consecuencias de cualquier política pública o iniciativa privada y debatir sobre su conveniencia o no para toda la sociedad civil.
Exhortamos, a todos y cada uno de los actores sociales a propiciar el diálogo frente a cualquier forma de reclamo; siendo este el único camino posible para el desarrollo con equidad de nuestra sociedad.
Tal como la manifestáramos en varias oportunidades, reiteramos la necesidad de una profunda reflexión cívica ante hechos de estas características; la necesidad de sobreponernos a nuestras propios intereses particulares y posiciones, y disponernos a encontrar acuerdos y prácticas que nos animen a pensar que seremos capaces de aprender de nuestras miserias y escuchar al otro para volver más virtuosa nuestra vida en común.
La visión de la Comunidad Agroalimentaria
“Sorprendidos por los episodios ocurridos en el consejo superior de la Universidad de Cordoba, las instituciones que integran la Comunidad Agroalimentaria de esta provincia, sienten la obligación y la necesidad de hacer público su rechazo a la violencia, la agresión y la vejación a la dignidad de las personas.
Creemos que la Universidad, nuestra Universidad, ha padecido un ultraje a su tradición y a su razón misma de ser, que es la existencia de la pluralidad de ideas, la investigación objetiva y el respeto al libre discernimiento.
El ataque realizado ayer por un grupo anónimo, no solo es un ataque a la universidad, sino a toda la sociedad, porque en el seno de una de sus instituciones más importantes se ha herido a la democracia, que es el sistema político que los argentinos hemos elegido para nuestra patria.
Solamente en el respeto a las instituciones y a las personas, podremos construir el país libre y soberano que todos anhelamos”.
Crédito foto: La Voz del Interior
(DyN) – El Grupo de los Seis (G-6), que integran las principales entidades empresarias, decidió comenzar a preparar una presentación judicial para invalidar los alcances del proyecto de modificación de la ley de abastecimiento, en caso de que se transforme en ley.
Así se resolvió en el encuentro en el que participaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, y de los Bancos Privados de Capital Argentina (ADEBA), Jorge Brito.
De la reunión -que se desarrolló en el sede de la UIA, por casi dos horas- también participaron el vicepresidente de la central fabril Daniel Funes de Rioja y el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren.
De Mendiguren informó que el G-6 decidió «en forma inmediata la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma, porque claramente atenta contra la división de poderes», para lo cual comentó: «Vamos a trabajar con el Estudio Cassagne para preparar la eventual presentación judicial».
«Estamos preparando el camino, la vía más adecuada, por si se aprueba la ley en Diputados», señaló el dirigente, quien comentó que durante la reunión «se analizaron los avances que hubo en el Senado, no obstante y a pesar de que se limaron algunas asperezas, el fondo del problema sigue que es la intervención arbitraria a través de los gobernadores».
Para De Mendiguren, el proyecto de modificación de ley de abastecimiento «es una norma muy laxa, imposible de comprender», por lo que sostuvo que «vamos a insistir, trabajando con los legisladores», pero sostuvo que «hay que evitar el daño», que ocasionaría la sanción de la ley para las empresas. «En un momento en donde hay que seducir a la inversión, medidas como esta van en sentido contrario», expresó el también diputado por el Frente Renovador, quien remarcó que el G-6 está a favor de «la defensa del consumidor».
El dirigente cuestionó «la ambigüedad» de la norma, ya que «es tan amplia que es imposible determinar cuándo se cumple o no con la ley» y se preguntó «qué es un stock adecuado o una rentabilidad adecuada, será el mismo concepto para (el gobernador del Chaco, Gildo) Insfrán, que para (el gobernador de Tucumán, José) Alperovich o (el gobernador de Córdoba, José Manuel) de la Sota?».
«Esperemos que el sentido común prime, porque (la iniciativa) va en contra de aquello que se quiere defender que es el trabajo», apuntó De Mendiguren, quien expresó que «hoy se defiende al consumidor diciéndole que no va a perder el empleo, que va a recuperar las horas extras que hoy no está haciendo, que vamos a bajar la inflación, esa es su verdadera protección, con eso se va a volver a animar y va a consumir».
El secretario de la UIA enfatizó que «con estas medidas vamos a lograr que aquel que piensa invertir postergue la decisión» y el consumidor «va a seguir muy protegido teóricamente por una ley que, por otro lado, está poniendo en riesgo su fuente de trabajo».
El G-6 tiene previsto emitir un comunicado que, según adelantó De la Vega «expresa el absoluto acuerdo de que los mercados deben ser transparentes y competitivos» y cuestiona «la arbitraria y discrecional intervención del Estado».
De la Vega comentó que el texto del comunicado que se difundirá en las próximas horas fue «aprobado por unanimidad» por las entidades que conforman el G-6 y reconoció que durante el encuentro «se habló de la eventualidad de recurrir a la Justicia en caso de que (la ley) sea sancionada».