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(DyN) El presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, y el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, presentaron un proyecto de ley para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias.

La propuesta indica que quedará sujeto al gravamen que establece la ley de Impuesto a las Ganancias todo ingreso proveniente del desempeño del empleo de magistrado o funcionario judicial o magistrado o funcionario del Ministerio Público, tanto nacional como provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designados con posterioridad al 31 de diciembre de 2016.

El articulado del texto incluye las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el ejercicio de las funciones públicas.

El propósito del proyecto –en los últimos años hubo varias iniciativas con el mismo fin- es “aportar una solución al debate público sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces que contemple la necesidad de fomentar y respetar el principio constitucional de igualdad en las cargas públicas”, se indicó en un comunicado de prensa.

Como existe una limitación constitucional impuesta en el artículo 110 de la Carta Magna, el proyecto promueve la aplicabilidad del impuesto solamente para aquellos magistrados y funcionarios que sean designados con posterioridad ejercicio fiscal en curso y fija una exención expresa para todos aquellos que fueron designados hasta el 31 de diciembre de este año.

“Es decir, que aquellos magistrados que ya prestan funciones permanecerán con sus remuneraciones al amparo del artículo 110” pero quienes sean designados y tomen posesión de cargo con posterioridad a este ejercicio fiscal “lo harán con la aplicación, desde el primer día en funciones, del impuesto a las ganancias”, se explicó.

Así se aclaró que se respetará la garantía de intangibilidad por ser esta una garantía que es efectiva desde que un magistrado es designado.

(DyN) – La Corte Suprema concedió un aumento salarial del 10 por ciento a todos los integrantes del Poder Judicial, incluidos los jueces, que será retroactivo al 1° de junio.
Mediante la Acordada 19/2015, el máximo tribunal dispuso “un incremento salarial del diez por ciento para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial”.
Para ello, “se ha solicitado a la Jefatura de Gabinete de Ministros la modificación de las partidas presupuestarias vigentes para afrontar el correspondiente incremento”.
El incremento será “remunerativo y bonificable”.
La Acordada fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y por el secretario general de Administración, Héctor Marchi.
El decano de los jueces de la Corte, Carlos Fayt, no suscribió el documento.

(DyN – Télam) – El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, embistió con dureza contra la Corte Suprema, al advertir que «si quieren hacer política los jueces, deberían presentarse a elecciones».
Luego de la restitución de una medida cautelar que le impide a la AFIP el cobro de una deuda aún en litigio con un conjunto de diarios, el funcionario advirtió una «parcialidad» del máximo tribunal y manifestó que «la injerencia indebida constituye una afrenta al funcionamiento de las instituciones».
«Es un fallo de naturaleza política, con intencionalidad política», consideró Capitanich en su conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada y agregó: «si quieren hacer política los jueces, deberían presentarse a elecciones».
El fallo en cuestión es uno que ejó sin efecto la resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que, a pedido del Estado Nacional, había levantado la medida cautelar que ordenaba “no innovar”.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, consideraron “conveniente” mantener la medida cautelar que La Nación interpuso en octubre de 2003.
En disidencia, la vicepresidente del tribunal, Elena Highton, votó por el rechazo del recurso extraordinario presentado, porque no ser dirigía contra una sentencia definitiva, requisito para habilitar la intervención de la Corte.
La Nación, entre otros medios de comunicación, obtuvo en el año 2001, a través del decreto 730, firmado por el entonces presidente Fernando de La Rúa y por su Ministro de Economía, Domingo Cavallo, el beneficio de no pagar el impuesto a la ganancia mínima presunta y que computara sus contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA.
En el decreto 730 los diarios se comprometían a mantener el valor de sus tapas, pero no cumplieron.
Y en marzo de 2003, el ex presidente, Eduardo Duhalde, eliminó el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los sectores excepto dos: los medios de comunicación y el transporte de carga.
Ese decreto de necesidad y urgencia, del 28 de marzo de ese año, especificaba que la excepción regiría por el “plazo mínimo y acotado” de cuatro meses, por lo que para julio se vencía el plazo.
En octubre de 2003 La Nación consigue la cautelar que hoy la corte decide mantener firme gracias al juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino quien resolvió que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA.
El Estado Nacional presentó para los medios que hasta ese entonces tenían deuda con el ejecutivo dos alternativas de refinanciación a través de la ley 26.476, de diciembre de 2008, de regularización de deudas tributarias y exención de intereses, multas y demás sanciones; y el decreto 1145, dictado al vencer ese plazo, el 31 de agosto de 2009.
Asimismo, el 27 de mayo de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de publicidad con cientos de medios en similares condiciones que La Nación, como los diarios La Gaceta y La Nueva Provincia y los canales América TV y Telefe.
Durante seis meses, también se abrió la posibilidad de ajustarse a la moratoria y ofreció diversas facilidades de pago, como pagar en 120 cuotas el capital adeudado, sin los intereses vencidos.
Además, se les permitía a los medios canjear sus deudas fiscales y previsionales vencidas, incluidos sus intereses, por espacios publicitarios.
La mayoría de los medios de comunicación aprovecharon estas posibilidades y negociaron planes de pago: el Grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos; el grupo Manzano-Vila por 134 millones de pesos; Canal 9 por 24 millones y Telecentro por dos millones de pesos.
Pero, pese a las alternativas de pago ofrecidas por el gobierno, el diario La Nación no regularizó su deuda y aunque no es el único medio que presenta deudas con la AFIP, es el que mantiene la de mayor monto.
Al centenario matutino que omitió todas las alternativas posibles de pago presentadas por el Estado, no le parecieron suficientes los planes de refinanciación de deuda, y por una medida cautelar sigue adeudando millones de pesos.
La medida cautelar interpuesta hace once años manifiesta que la justicia le permite a medios como La Nación seguir teniendo deducciones, pese a que se escudan bajo la libertad de expresión, y presentan desde hace tiempo balances favorables y están en plenas condiciones de pagar.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba informó que, con la liquidación de septiembre, se aumentan los haberes a 17.600 beneficiarios, aproximadamente el 20% de la población cubierta por el sistema previsional provincial.
Estos incrementos generan una expansión del gasto previsional del orden de los $24 millones por mes. En el Informe de Movilidad de septiembre 2014 que publica la Caja se presenta información detallada sobre estos cambios.
Los aumentos se originan en la actualización de los haberes en función del incremento de los salarios otorgados a los agentes activos. La mayoría se refiere a municipios, pero también se incrementaron los haberes en el sector bancario y en el Poder Judicial.
El aumento promedio para los ex magistrados y funcionarios del Poder Judicial ronda el 10%, siendo el alza media por beneficio de $3.400. La jubilación promedio en este sector es de $ 41.800  mensuales, equivalente al 94% del salario promedio.
Por otro lado, a los 5.500 beneficiarios del régimen bancario se les liquidó un incremento del 1,57% que, acumulado al aumento del 27% otorgado en el mes de julio 2014, arroja un alza del 29%. Las erogaciones mensuales aumentan en $ 1,7 millones, siendo el aumento promedio por beneficio de $310. La jubilación promedio en este sector es de $ 22.900 mensuales, equivalente al 95% del salario promedio.
Entre los municipios se incorporaron 104 aumentos por Índices Sectoriales, es decir incrementos en los haberes previsionales calculados según el aumento promedio otorgado a los agentes activos de cada uno de los municipios. El grupo más importante, en términos de cantidad de beneficiarios, es la Municipalidad de Córdoba. El incremento alcanza a algo más de 5.250 jubilados y pensionados, generando un costo adicional mensual de $13,2 millones. Se trata de un incremento del 15% que eleva la jubilación promedio a $ 22.000, equivalente al 88% de la remuneración de los activos.
Dentro de los municipios del interior provincial cobran con aumento 4.500 jubilados y pensionados, con un alza en las erogaciones corrientes de poco más de $3,5 millones mensuales. Entre los grupos más importantes incluidos se destacan los ex agentes de los municipios de Carlos Paz, Villa María, Villa Dolores, San Francisco, Río Tercero y Laboulaye.
A su vez, por aplicación del Índice Promedio de Salarios, se incrementan los haberes de poco más de mil beneficiarios. Este mecanismo se aplica a pequeños municipios y comunas y se basa en la evolución de los salarios promedio del sector público provincial. Entre enero y junio de 2014 arroja una variación del 22,8% que se aplica a partir de septiembre del año 2014. Esto tiene asociado un incremento del gasto corriente de la Caja del orden de $1 millón mensual.
En lo que va del año la Caja ha liquidado 697 aumentos por índices salariales sectoriales y dos aumentos por índice promedio de salarios (en marzo y septiembre). Gracias a ello, la jubilación media llegó en el mes de septiembre del año 2014 casi a los $ 13 mil mensuales, equivalente a aproximadamente el 98% de la remuneración promedio que perciben los activos. Esto implica una variación, respecto a igual mes del año pasado, del 34%.