La diputada nacional Margarita Stolbizer denunció a la ex presidenta Cristina Kirchner por haber recibido presuntas coimas de parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. La denuncia fue presentada el viernes pasado, en el marco de la causa Los Sauces SA, que investigan el fiscal Carlos Rívolo y el juez Claudio Bonadío. La información fue revelada anoche en el programa La Cornisa, de América TV.
Se trata, en rigor, de la ampliación de la presentación que la diputada realizó el 4 de abril pasado, cuando denunció a la ex mandataria y a su hijo Máximo Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y adulteración de declaraciones juradas.
Un mes después, la Justicia Federal dio impulso a esa investigación que pone la mira en los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces tras un dictamen del fiscal Carlos Rívolo que imputó a CFK y a su hijo Máximo. En esa causa rige, por disposición de Bonadío, el secreto de sumario.
La diputada acompañó ahora el escrito con documentación y fotografías y pidió que se la tenga en cuenta como amigo del tribunal (amicus curiae) en el expediente.
Stolbizer denunció de este modo que la ex Presidenta recibió presuntos retornos, coimas o dádivas en forma de pagos de alquiler, a cambio de entregar de manera irregular obra pública y otros negocios, convalidar sobreprecios y no controlar su ejecución.
“Cuando uno mira el listado de las obras públicas en Santa Cruz aparecen las mismas empresas como beneficiadas. La empresa Kank y Costilla de Báez recibía licitaciones millonarias, cobraba con sobreprecios y la misma empresa Kank y Costilla pagaba sumas millonarias a la familia Kirchner en concepto de alquileres”, afirmó la diputada.
Añadió: “Nos parece necesario que el Juez investigue el delito de cohecho, más conocido como soborno. Está muy claro que hay devolución de favores. Esa devolución de favores, ese retorno, se hacía por sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces. El código penal establece como delito de cohecho a la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se le otorga a una persona, en este caso, a las empresas de Lázaro Báez”.
En su argumentación, Stolbizer presentó un informe de Vialidad Nacional, en el que expone que el gobierno anterior entregó al empresario detenido el 80% del total de las obras de la provincia de Santa Cruz.
Completó: “Se trata en total de 51 obras que representan un valor de más de 16 mil millones de pesos (16.386 millones). Pero solo se han finalizado 24 obras. De cualquier manera, hasta diciembre de 2015, las empresas del Grupo Báez ya habían cobrado cerca de $ 9.037 millones de pesos”. La diputada completó que del total de 51 obras, 37 fueron otorgadas bajo las presidencias de Cristina Fernández y que todas ellas, se denunció en el programa, presentaron “duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los costos y falta de cumplimiento de las condiciones de contratación”.
El fiscal federal Carlos Rívolo le dio impulso a una investigación que pone la mira en los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, de la familia Kirchner. El representante del Ministerio Público imputó a la ex presidenta Cristina Kirchner y a su hijo, Máximo, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
El expediente de la causa, que se inició a raíz de una denuncia presentada por la diputada nacional de GEN, Margarita Stolbizer, dispuso el secreto de sumario.
Bonadio logró recuperar, o al menos volver a mirar, la documentación que secuestró en los allanamientos simultáneos en Río Gallegos y El Calafate, en julio de 2015, en el marco de la causa Hotesur, en la que también se investiga a la ex presidenta y su entorno. Esos allanamientos, cuestionados por el gobierno kirchnerista, le valieron ser apartado de la causa.
Ahora, de la mano del caso en el que se investiga la firma Los Sauces, de los Kirchner, el juez logró que la Justicia lo habilite a tener acceso a las cajas con documentación guardadas en un cuartito húmedo y custodiadas por la Prefectura. La causa había recaído en el juzgado de Daniel Rafecas.