En el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se conocieron más nombres de dueños de empresas offshore vinculados a documentos del Panamá Papers. Al menos 15 grandes empresarios argentinos figuran con sociedades offshore a su nombre y en total, hay más de 40 compañías en paraísos fiscales.
El periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación informó que la mayoría de los empresarios tienen una alta exposición pública y muchos armaron sociedades offshore para desarrollar inversiones en el extranjero y emitieron acciones «nominativas» (con sus nombres registrados).
Según los dueños de dichas sociedades, la decisión de llevar su dinero a Panamá y otros lugares en el extranjero fue tomada por las restricciones derivadas del cepo y las «trabas al comercio» en la Argentina.
Entre los empresarios nombrados por Alconada Mon, figuran:
-Los hermanos Pagani, dueños de Arcor, también comparten sociedades offshore. Luis Alejandro aparece como «beneficiario final» de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited. A través de un vocero, desde Arcor señalaron que las “sociedades offshore son estructuras típicas que tienen operaciones industriales y comerciales en distintos países” y sostuvo que “las operaciones se hicieron en el marco de la ley”.
-Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, firma que permanece activa, sin cuentas bancarias asociadas. Un vocero del empresario indicó: «Todas están debidamente declaradas ante la AFIP y se crearon para buscar inversionistas extranjeros para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el exterior, como parte de un plan de expansión», indicó un vocero del empresario.
-Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, aparece relacionado a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Se llama East River Associates Corporation, pero entre 2001 y 2012, cuando se disolvió.
-Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las empresas panameñas Pima Investments e Impex Holdings, respectivamente. Estas firmas están directamente atadas al Banco Itaú. Entre los documentos a los que pudo acceder La Nación, además, Impex Holdings revela que es una firma que posee inmuebles.
-Los Blaquier están vinculados a cuatro offshore: dos en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios finales).
-Eduardo Eurnekian, decidió operar desde Panamá con la Corporación América Sudamericana entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un consorcio internacional dedicado a administrar aeropuertos.
-Amalia Lacroze de Fortabat, quien operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Si bien Lacroze de Fortabat falleció en 2012, sus compañías permanecen activas. Su heredera Amalia Amodeo prefirió no hacer comentarios.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en el marco de la causa en que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, los directivos «resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación».
Allí argumenta que «Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo».
Leonel Gómez Barbell se basa además en que el artículo 168 del Código Penal, reprime a quien “con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.
«Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión», concluye.
La decisión quedó envuelta en una polémica ya que, según consigna Infobae, Leonel Gómez Barbella era fiscal federal subrogante de Morón hasta que decidió concursar para ser fiscal titular de Comodoro Py. Sin embargo, los resultados de los exámenes oral y escrito y el análisis de sus antecedentes lo dejaron en el undécimo puesto. Pese a esto, la jefa kirchnerista de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, designó en diciembre pasado a Gómez Barbella –integrante de la agrupación «Justicia Legítima»– a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. Y a partir de ese momento, en manos de Gómez Barbella quedaron causas sensibles, como Papel Prensa.
La reacción de los medios
Una vez conocida la decisión de Gómez Barbella, los abogados de los accionistas de Clarín y La Nación dieron a conocer un comunicado en el que aseguran que el Gobierno en los últimos días «preparó el terreno» para el pedido de indagatoria a través «del aparato de comunicación oficial».
Consideraron que Gómez Barbella es un fiscal «afín al oficiliasmo» y que «hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa». Asimismo, indicaron que el expediente «acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla».
Advirtieron además que «la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan».
El escrito, firmado por Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo, señaló que «no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad», ya que, sostuvieron, «se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales».