El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en el marco de la causa en que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, los directivos «resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación».
Allí argumenta que «Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo».
Leonel Gómez Barbell se basa además en que el artículo 168 del Código Penal, reprime a quien “con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.
«Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión», concluye.
La decisión quedó envuelta en una polémica ya que, según consigna Infobae, Leonel Gómez Barbella era fiscal federal subrogante de Morón hasta que decidió concursar para ser fiscal titular de Comodoro Py. Sin embargo, los resultados de los exámenes oral y escrito y el análisis de sus antecedentes lo dejaron en el undécimo puesto. Pese a esto, la jefa kirchnerista de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, designó en diciembre pasado a Gómez Barbella –integrante de la agrupación «Justicia Legítima»– a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. Y a partir de ese momento, en manos de Gómez Barbella quedaron causas sensibles, como Papel Prensa.
La reacción de los medios
Una vez conocida la decisión de Gómez Barbella, los abogados de los accionistas de Clarín y La Nación dieron a conocer un comunicado en el que aseguran que el Gobierno en los últimos días «preparó el terreno» para el pedido de indagatoria a través «del aparato de comunicación oficial».
Consideraron que Gómez Barbella es un fiscal «afín al oficiliasmo» y que «hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa». Asimismo, indicaron que el expediente «acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla».
Advirtieron además que «la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan».
El escrito, firmado por Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo, señaló que «no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad», ya que, sostuvieron, «se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales».