(Reuters) Funcionarios de primera línea del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas llevaron tranquilidad en estas últimas horas a los banqueros que pasaban por sus despachos en busca de definiciones acerca del juicio con los holdouts. La incógnita era si podrá conseguir los dólares necesarios para pagar la abultada cuenta.
El monto que tendrá que pagar el Gobierno será de USD 15.000 millones en total. La cifra, dada a conocer por Alfonso Prat-Gay, pone a prueba la capacidad del mercado financiero de absorber tanta emisión. Pero funcionarios de la Secretaría de Finanzas no titubearon al afirmar que esos fondos «están asegurados».
En diálogo con banqueros e inversores, los funcionarios comentaron que ese fondeo ya fue «hablado» con varios bancos de inversión que están en Buenos Aires en busca de negocios.
«La visión es que se pueden conseguir los USD 15.000 millones en una sola emisión. Eso ya estaría cerrado con varios bancos de inversión que prometieron su participación activa en una emisión de la Argentina», confió un allegado a esos cónclaves.
La ruta de la deuda para llegar a pagar ese monto es el siguiente. El nominal asciende a USD 6.500 millones de capital tan sólo que con el correr de los años se engrosó a USD 20.000 millones, por los intereses corridos y punitorios en 15 años de litigio.
Entonces, de ese total de USD 20.000 millones que se transformó la deuda, USD 9.000 millones corresponden a las sentencias del juicio «pari passu»; alrededor de USD 2.500 millones corresponden a holdouts italianos (el grupo de Nicola Stock) y otros 8.500 millones son de fallos dispuestos en Europa y en Nueva York distintos del pari passu incluyendo a los denominados «me too».
El Gobierno calcula, entonces, que con la quita del 25% a los bonistas por el total del juicio (los USD 20.000 millones), tendrá que emitir estos USD 15.000 millones para pagarle a los holdouts. Incluso habían dicho que se ahorraban USD 3.000 millones por pagarle a los bonistas en efectivo y no mediantes bonos. En total, la «reducción» de la deuda que estima Hacienda llegará a USD 8.000 millones sobre el total del juicio (USD 5.000 millones por la quita del 25% más los mencionados USD 3.000 millones).
(Reuters) El fondo de inversiones Elliot Management de Paul Singer, del que depende a su vez NML, confirmó que llegó a un acuerdo con la Argentina para cerrar el conflicto.
“Hemos llegado a un acuerdo sobre las condiciones económicas con la Argentina”, dijo Matthew McGill, un abogado que representa a los acreedores Elliott Management y Auerelius Capital Management, en una audiencia ante un tribunal federal de apelaciones en Manhattan.
El letrado, citado por la agencia Reuters, describió el acuerdo como “una transacción de 5000 millones de dólares”.
Sin embargo, McGill también dio a entender que aún falta pulir la letra chica al advertir que las partes aún necesitan tiempo para concluir el acuerdo.
Semanas atrás se conoció que el fondo Elliott Associates, controlante de NML, había puesto la mira sobre empresas del empresario Lázaro Báez a raíz de los supuestos vínculos que lo unen con la familia de los Kirchner. A través de la cláusula Discovery, buscaría rastrear los activos de esas compañías que, sospechadas de haberse valido de dinero público por métodos corruptos, se volverían plausibles de embargos.
Tras el peritaje que llevó adelante un equipo de expertos, este holdout se presentó ante la Justicia de Nevada para solicitar que le permita avanzar sobre el dinero de 123 «sociedades fantasma» que estarían relacionadas a Báez. Una corte de ese estado accedió ayer al pedido.
Con la investigación, NML -que reclama una suma superior a US$ 1.600 millones- busca hacerse de US$ 65 millones que habrían sido lavados a través de esas compañías provenientes de fondos malversados, según consta en el escrito al que accedió Infobae. ¿De dónde surge la cifra? De la investigación que inició en 2013 el fiscal José María Campagnoli y que derivaría en el jury que enfrenta.
«En la Argentina se inició una investigación denominada La Ruta del Dinero K sobre el ex presidente Néstor Kirchner, su esposa y actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner, su confidente Lázaro Báez y los asuntos financieros que lo relacionaban. Los tres presuntamente malversaron millones de pesos de proyectos públicos de infraestructura y lavaron las ganancias y otros fondos sustraídos a través de Panamá y varias corporaciones internacionales», sostiene la presentación.
El texto precisa que el monto involucrado fueron US$ 65 millones de dólares y que las sociedades implicadas reportaban a una misma dirección Aldyne, Ltd., una corporación radicada en las Islas Seychelles. Las sociedades mencionadas por Campagnoli eran 150; de acuerdo con NML, las 123 que ahora puso contra las cuerdas serían parte de las investigadas por el fiscal ya que brindan el mismo domicilio.
«No hay dudas de que se trata de empresas fantasma. Y no hay duda de que las empresas fantasma son creadas con frecuencia para cometer fraudes», señaló.
La ruta del dinero que reconstruyó Campagnoli comprobó que los US$ 65 millones salieron del país y volvieron blanqueados mediante la compra de bonos soberanos argentinos entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013. La suma fue depositada en las cuentas de Austral Construcciones, propiedad de Báez.
El fondo requirió documentación a esas sociedades para dar con sus titulares pero estas aseguraron que esa información no estaba disponible. Solicitó entonces que expliquen las razones, pero encontró una nueva negativa de las firmas, que sindicaron como apoderada a Leticia Montoya, una abogada residente en Panamá.
Montoya aseguró que ninguna operaba a menos de 170 kilómetros de Las Vegas, de manera que entendía que no debía reportar a la corte en donde fue presentado el pedido.
El juez Cam Ferenbach concedió la totalidad de la petición de NML y ordenó una reunión entre sus representantes y los de las 123 corporaciones para abordar las cuestiones relativas a las certificaciones y depósitos de esas firmas. Estableció, además, que las partes deberán comparecer con un documento conjunto sobre el tema antes del 12 de septiembre.