El juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de indagatoria de directivos de Clarín y La Nación por la causa Papel Prensa, al sostener que esa citación se hace cuando hay «un grado de verosimilitud importante» de la comisión de un delito por parte de los convocados, algo que -a su criterio- hoy no existe.
Cabe recordar que el fiscal federal Leonel Gómez Barbella solicitó que se cite a declaración indagatoria a accionistas y directivos del Grupo Clarín Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto y al director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, entre otros, por la presunta apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa a la familia Graiver durante la última dictadura militar.
«Es una obviedad decir que se encuentra dentro de las facultades de los fiscales y de los querellantes solicitar la declaración indagatoria cuantas veces lo consideren, pero también que tal acto procesal se dispone cuando existe un grado de verosimilitud ciertamente importante, que debe estar apoyado en evidencias que objetivamente lleven a considerar como probable la hipótesis denunciada», advirtió Ercolini en su resolución.
El caso había quedado revestido en una polémica ya que Gómez Barbella, miembro de la agrupación K «Justicia Legítima», fue designado hace sólo tres meses por la cuestionada procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
Ercolini, por su parte, es quien decidió elevar a juicio la causa por intimidación pública contra Luis D’Elía.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, Leonel Gómez Barbella, pidió la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, además de Bartolomé Luis Mitre, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en el marco de la causa en que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar.
Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, los directivos «resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación».
Allí argumenta que «Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo».
Leonel Gómez Barbell se basa además en que el artículo 168 del Código Penal, reprime a quien “con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.
«Es decir, surge del artículo en cuestión, las distintas modalidades con las que puede encuadrarse el obrar humano dentro de la figura típica de la extorsión», concluye.
La decisión quedó envuelta en una polémica ya que, según consigna Infobae, Leonel Gómez Barbella era fiscal federal subrogante de Morón hasta que decidió concursar para ser fiscal titular de Comodoro Py. Sin embargo, los resultados de los exámenes oral y escrito y el análisis de sus antecedentes lo dejaron en el undécimo puesto. Pese a esto, la jefa kirchnerista de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, designó en diciembre pasado a Gómez Barbella –integrante de la agrupación «Justicia Legítima»– a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. Y a partir de ese momento, en manos de Gómez Barbella quedaron causas sensibles, como Papel Prensa.
La reacción de los medios
Una vez conocida la decisión de Gómez Barbella, los abogados de los accionistas de Clarín y La Nación dieron a conocer un comunicado en el que aseguran que el Gobierno en los últimos días «preparó el terreno» para el pedido de indagatoria a través «del aparato de comunicación oficial».
Consideraron que Gómez Barbella es un fiscal «afín al oficiliasmo» y que «hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa». Asimismo, indicaron que el expediente «acumulado en estos años reafirma la absoluta falsedad y orfandad probatoria de la denuncia, propiciada en 2010 por el gobierno nacional con el único fin de ir contra la prensa que no controla».
Advirtieron además que «la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan».
El escrito, firmado por Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo, señaló que «no existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad», ya que, sostuvieron, «se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales».
(DyN) – El agregado comercial en Italia y ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo, sufrieron un revés judicial por la supuesta inserción de datos falsos en un acta de asamblea de la empresa Papel Prensa SA del 20 de octubre de 2010.
La Sala Dos de la Cámara Federal revocó por «prematura» y «apresurada» la decisión de sobreseer a todos los imputados, que había dictado el juez federal Daniel Rafecas y le ordenó al magistrado avanzar en la investigación, con la posibilidad incluso de llamarlos a declaraciones indagatorias.
«Las evidencias aportan aval a la hipótesis del acusador (…) dando pie a un grado primario de sospecha respecto del carácter delictivo de los comportamientos denunciados», sostuvo el fallo e hizo mención a que «los imputados efectivicen sus actos de defensa» declarando frente al juez.
En esta ocasión, la Sala Dos votó en forma dividida: los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun suscribieron revocar los sobreseimientos, mientras que Carlos Farah se inclinó por ratificarlos, que habían sido apelados por la fiscalía y la querella.
La causa se inició por una denuncia del Grupo Clarín, sobre la presunta inserción de datos falsos en el acta pública de la asamblea de accionistas de Papel Prensa, realizada el 20 de octubre de 2010.
Según la acusación, allí se habría consignado que la Asamblea votó a favor de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) designara a un contador certificante de los estados contables de Papel Prensa S.A. y una copia de esa Acta se presentó en el juzgado en lo Comercial 2.
La nota, según la Resolución, estaba firmada solamente por escribana adjunta de la Escribanía General de la Nación, Vanina Capurro, quien es otra de las acusadas junto a, además de Moreno y Reposo, Beatriz Montoya, Fabio Trossero, Alberto González Arzac y Agustín Tarelli.
En la etapa de instrucción todos estuvieron imputados de los supuestos delitos de «falsedad ideológica de documentos públicos» y «peculados de servicios», que en Código Penal prevé condenas de 1 a 6 años de cárcel y de 2 a 10 años, respectivamente.
– ¿Qué saben de las intenciones del Gobierno sobre una posible intervención al Grupo Clarin?
– El Gobierno en las últimas horas salió a minimizar estas versiones pero se contradice con algunas decisiones, por ejemplo las adoptadas por CNV y algunos otros funcionarios. Si a eso lo atamos al cepo publicitario y otras cuestiones de confrontación, vemos que es un riesgo concreto y real. Y que en caso de avanzarse, sería no sólo un ataque a Clarín, sino una advertencia para aquellos medios críticos al Gobierno.
– De concretarse, ¿qué áreas se verían involucradas?
– Sería un hecho inédito y difícil de predecir. Pero si con una intervención se desplaza las autoridades del grupo, todas las áreas podrían ser motivo de algún tipo acción por parte de las autoridades designadas por el Gobierno. Una empresa que es intervenida por el Gobierno durante seis meses, puede sufrir un daño económico irreparable.
– El Gobierno pretende controlar la mayoría accionaria de Papel Prensa, ¿qué novedades tiene usted?
– El proyecto ha sido presentado. La intención declarada es garantizar la provisión de papel a los diarios argentinos, algo que hoy está plenamente garantizado porque el abastecimiento es normal. Pero además, le daría al Gobierno una herramienta que le permitiría controlar la importación, producción y distribución de papel. Y conociendo cómo se ha venido distribuyendo la pauta nacional, se pondría en peligro la continuidad de muchos medios gráficos del país.