El Colegio Profesional de Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba organizó ayer la «2° Cumbre Inmobiliaria Federal en defensa de la profesión», que reunió a los principales presidentes de Colegios Profesionales y dirigentes y a profesionales del Corretaje Público Inmobiliario, docentes y formadores de todo el país, en el marco de la primera Jornada Nacional de Corretaje Público Inmobiliario.
El encuentro buscó analizar y acordar acciones para erradicar el ejercicio ilegal del corretaje público inmobiliario, «como son las franquicias y otras modalidades de creciente implementación en la actualidad», señalaron desde la entidad.
Juan Carlos López, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, comentó en diálogo con Punto a Punto: «lo que nosotros hacemos es seguir construyendo una profesión que tiene muchos años y llegamos a un punto donde decidimos defender nuestra profesión y nuestros ámbitos de incumbencia. Ahora desde un punto de vista profesional y generando los conceptos que nos hacen falta para que quien quiera intervenir en el mercado inmobiliario entienda que lo debe hacer con un título universitario».
En esa línea explicó el conflicto que los mantiene en vilo con la firma americana Re-Max (aunque no mencionó a la empresa) y señaló que «trabajamos no en contra de ninguna marca, no lo hemos planteado así, estamos trabajando en contra de una franquicia sobre una profesión universitaria. Nosotros lo que explicamos es que nuestros profesionales para poder ejercer en Córdoba deben contar con una matrícula, porque tienen un Colegio habilitante».
Y agregó: «tienen que presentar certificados que los habiliten, deben someterse a un Tribunal de Disciplina que es el Tribunal que el Colegio pone a disposición de la sociedad para generar denuncias; además deben tener una fianza para garantizar ante mala praxis. Todos esos requisitos no se cumplen cuando se ejerce bajo una marca comercial y a la sociedad no se le da ninguna garantía. En ese sentido es que estamos planteando que no se someta una operación inmobiliaria en manos de personas que no tienen la capacidad o idoneidad para hacerlo».
Asimismo, señaló que «la ley nace porque el legislador entendió que debía haber un control y un conocimiento para ejercer determinado ejercicio y no es menor, cuando intervenimos damos una seguridad jurídica. Cuando una franquicia pone a gente que le dicen ‘agente inmobiliario’ porque pasó una entrevista laboral y nada más, pero no porque hayan estudiado o se hayan capacitado. Un corredor inmobiliario que contenga bajo una matrícula profesional a 120 personas no es lícito. Si esa empresa quisiera empezar a cumplir la ley…es muy fácil venir del extranjero, intervenir en el mercado y con un simple paraguas hacer trabajar a personas desde la ilegalidad».
López contó que el Colegio «ya ha presentado denuncias penales», dos de las cuales «enfocadas en la más importante de las franquicias» (en alusión a Re-Max) y advirtió que «antes de fin de año vamos a tener novedades, a través de decisiones que adoptará la Justicia contra este sistema».
