Durante la última semana, el Gobierno nacional oficializó el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos (PEPPG), la herramienta de beneficios para los productores de hasta 700 toneladas acordado por el Estado con la Federación Agraria y que, en la práctica, generó la ruptura de esta última entidad con el resto de las que integran la Mesa de Enlace.
En ese marco, dos informes privados analizan el impacto real de este esquema de compensaciones y remarcan que esos supuestos beneficios serán escasos y no eliminan el principal factor que atenta contra el sector agropecuario que es la altísima presión impositiva.
El primero de los estudios fue elaborado por el economista Juan Manuel Garzón, del IERAL de la Fundación Mediterránea, quien asegura que “sólo explotaciones muy pequeñas, por caso de 25 hectáreas, tendrán una compensación importante en términos relativos. Pero incluso estas pequeñas explotaciones seguirán cediendo, luego del PEPPG, una porción significativa de sus ingresos brutos (15%) por el esquema vigente”.
En esa línea, cuestiona por elevación a la Federación Agraria al sostener que “para cierta dirigencia del agro el PEPPG resulta un avance”, pero que eso constituye “una lectura muy parcial”, porque en realidad “el PEPPG valida la permanencia de una elevada carga sobre el sector como un todo y avala la continuidad de una política que genera una fuerte transferencia de recursos desde el campo hacia otros actores de la economía”.
Y añade: “Más aún, el PEPPG resulta insuficiente incluso para modificar la ecuación de los pequeños productores, quienes este año, de márgenes muy ajustados, terminarán cediendo al Estado y otros actores de la economía más recursos de los que recibirán en compensación”.
Para llegar a tal conclusión, Garzón realizó el ejemplo de un productor sojero que resigna (transfiere), a valores actuales, $1.317 por cada tonelada que vende por efecto de los derechos de exportación (respecto de la situación sin impuesto); si la venta es de trigo los ingresos que se resignan ascienden a $845 por tonelada y si es de Maíz a $446 por tonelada. En el caso de los cereales, además de los derechos, los costos del esquema surgen por los cupos de exportación.
Teniendo en cuenta que “bajo el PEPPG se transferirán montos fijos por tonelada en concepto de compensación a productores de hasta 700 toneladas producidas en el ciclo 2013/2014 (acumulando todo tipo de granos)” y que “estos montos van desde los $450 a $45, son descendentes a medida que crece la escala del productor”, Garzón concluye por ejemplo que “un productor sojero que reciba el mayor monto de compensación que establece el PEPPG, estará recuperando el 34% de lo que le cuesta el esquema de intervención, el 53% si se trata de trigo y el 101% si se trata de maíz” y que “un productor que reciba el menor monto de compensación recuperará el 3,4%, el 5,3% y el 10,1% respectivamente de la carga”.
El economista señala como ejemplo a “una explotación agrícola de 50 hectáreas, que asigna la tierra en partes iguales a soja y a maíz y logra rindes medios, el esquema de intervención vigente le seguirá costando el 20% de sus ingresos brutos, luego de haber recibido las compensaciones del PEPPG, respecto de una situación sin intervención de mercado. Para una explotación de 100 hectáreas o más, el PEPPG pasará prácticamente desapercibido, dado que las compensaciones a recibir serán de montos muy bajos”.
Roulet, también
A un diagnóstico similar llegó el ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet. En un informe publicado en su sitio web, Roulet estima que, como máximo, el productor más pequeño considerado (100 toneladas) se beneficia con la devolución del 49% de lo que aportó por retenciones a las exportaciones, mientras que el de 700 toneladas percibe sólo el 3,6%.
Pero más relevante aún es el cálculo global que realiza sobre el monto total que aportan anualmente los productores en relación a lo que les planea devolver el Estado. Según Roulet, los chacareros de hasta 700 toneladas suman, por año más de $ 11.000 millones de aportes al fisco por retenciones, mientras que la Rosada afirma que los beneficios sumarán $ 2.500 millones. Es decir, sólo devolverá el 23% de lo que generan los productores más pequeños. En otras palabras, de cada 4 pesos que se lleve la AFIP, sólo volverá 1 al bolsillo de los ruralistas.