(DyN) – El Gobierno fijó hoy en 2,2 millones de pesos el nivel de las transacciones a partir de las cuales se pedirá documentación que respalde el origen de los fondos, con el fin de evitar maniobras destinadas al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Lo hizo a través de la Resolución 56/2015, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
La medida, que modifica una resolución de 2011, eleva el nivel de las transacciones sujetas a control que, anteriormente, estaba en 200 y 500 mil pesos.
De esa manera, para las transacciones que superen los 2,2 millones de pesos se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, o copia autenticada de la escritura, en el caso de venta de inmuebles, o certificado de un contador público, validado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.
También se requerirá para validar el origen de los fondos, documentación bancaria, documentación que acredite venta de bienes, valores, u otra documentación de carácter respaldatorio que se considere pertinente.
Además, para las operaciones que superen los 2,2 millones de pesos, se deberá «definir el perfil del cliente».
La norma indica que «cuando las transacciones superasen la suma de 2,2 millones de pesos se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. La documentación respaldatoria a requerir, podrá consistir en copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiza la compra».
También podrá ser «certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indique el origen de los fondos, y señale en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma» o «documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos».
Además, se podrá exigir «documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes» o «cualquier otra documentación que respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación».
El juez Luis Rodríguez citó a indagatoria a José Sbattella.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) fue convocado para el 10 de marzo próximo.
Fue citado por haber revelado información referida a actividades del organismo que de acuerdo a la ley 25.246 debía ser secreta y se vinculaba al Grupo Clarín, entidades financieras y joyerías.
La información fue divulgada por el Centro de Información Judicial (CIJ), que aún no difundió el archivo con la resolución completa.
«El juez Luis Osvaldo Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, citó a prestar declaración indagatoria al titular de la Unidad de Información Financiera, José Alberto Sbattella, por haber revelado información referida a actividades del organismo que de acuerdo a la ley 25.246 debía ser secreta. Dichas revelaciones se vinculaban al Grupo Clarín SA –querellante en la causa-, entidades financieras y joyerías. La audiencia será el 10 de marzo próximo», es el texto completo que aparece en el sitio oficial.
(Télam) – El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.
En declaraciones a Radio 10, Sbatella afirmó que «una cosa es el delito de evasión tributaria, pero esa evasión tiene a su vez una masa de dinero que está vigente y no se puede legalizar a futuro. El banco usa esa masa de dinero para materializar el delito. Con esa masa está el delito de lavado de activo vigente, que no prescribe».
Además, el titular de la UIF sostuvo que al no haber entrado al blanqueo voluntario en ninguna de las oportunidades, en 2009 y en la actualidad, «se presume que esta gente (en referencia a los titulares de las cuentas sin declarar) cometió otros delitos, como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, estafas al Estado o corrupción».
“Se presume que si no se presentaron es que no han podido explicar de donde salieron los fondos», concluyó.