El Congreso acaba de aprobar la creación de un tribunal que podría tratar causas como la de Hotesur; el lugar tiene 10.000 habitantes, está lejos de todo y su juzgado provincial está vacante por falta de inscriptos.
En Comandante Piedrabuena, la vida transcurre con mansedumbre en este bucólico pueblo de la Patagonia ubicado en la margen norte del río Santa Cruz y a la vera de la ruta nacional 3. Sin aeropuerto comercial, casi sin jueces ni abogados, este pueblo será el depositario de los secretos judiciales más importantes del kirchnerismo cuando se establezca la flamante Cámara Federal de Apelaciones.
Hace pocos días, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto del senador santacruceño Pablo González que promueve la instalación de una Cámara Federal de Apelaciones en esta ciudad, pese a cuestionamientos de abogados locales, del Consejo de la Magistratura y de diputados de la oposición que consideran su instalación no sólo un gesto de oportunismo político, sino que lo cuestionan por no representar un mecanismo acertado para garantizar la accesibilidad a los servicios de justicia.
La jurisdicción territorial comprenderá Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y será tribunal de alzada para los juzgados federales con asiento en estas provincias, que hasta ahora remitían sus causas y expedientes a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
En este tribunal deberían recaer todas las causas en las que estén o puedan estar involucrados funcionarios del gobierno nacional que tienen sus domicilios en Santa Cruz, o bien aquellos que ejerzan sus cargos en la provincia, dependiente del gobierno nacional. Ése sería el caso si hubiera alguna denuncia contra Rocío García, esposa de Máximo Kirchner y coordinadora de la Articulación local de Políticas Socio Sanitarias en la provincia de Santa Cruz del Ministerio de Salud. O bien, un caso similar, el de su hermana, Virginia García, titular de la a Dirección Regional Río Gallegos de la AFIP.
La creación de esta Cámara Federal levanta sospechas respecto de a quiénes trataría eventualmente de proteger en un futuro. Para el diputado nacional Manuel Garrido (UCR), ex fiscal de Investigaciones Administrativas, esta cámara se crea «para cubrir las espaldas a los funcionarios que tienen domicilio fiscal en la provincia de Santa Cruz; al señor Lázaro Báez, que tiene domicilio fiscal en la provincia de Santa Cruz, y a otros que están buscando desplazar las causas penales a la provincia para garantizar la impunidad».
La causa judicial más sensible al Gobierno que podría terminar en la flamante Cámara Federal de Piedrabuena sería la que actualmente lleva el juez federal Claudio Bonadio y que investiga a la empresa Hotesur, de la familia presidencial. La titular de Hotesur, Romina Mercado, sobrina de la presidenta Cristina Kirchner , pidió que la causa sea remitida al juzgado federal de Río Gallegos. La causa investiga si se lavó dinero en el hotel Alto Calafate simulando una ocupación hotelera inexistente.
En esa misma causa, ya se había presentado el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, para pedir que el caso aterrizara en el juzgado federal de Río Gallegos, hoy a cargo de la jueza subrogante, afín al kirchnerismo, Andrea Askenazy Vera. El planteo del pedido de traslado se basa en que el hotel Alto Calafate está en El Calafate, que las sociedades en investigación tienen domicilio fiscal en Río Gallegos, que las empresas de Báez tienen domicilio en Santa Cruz y que los documentos están allí.