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(AP) – El presidente Barack Obama emitió el lunes una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses.

La acción ejecutiva ordena la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios militares y policiales venezolanos.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que la acción ejecutiva tiene un alcance mayor a la ley de sanciones que emitió Obama en diciembre.

Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central) Antonio Benavides Torres; el director de la policía política SEBIN Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.

La lista de sancionados la completan el director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Pérez Urdaneta, el comandante de la 31 brigada armada del Ejército Manuel Bernal Martínez y el Inspector General de las Fuerzas Armadas Miguel Vivas Landino.

La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes el año pasado.

A la fiscal Haringhton le señala haber formulado cargos criminales a líderes de la oposición usando correos electrónicos fraudulentos.

Los dos países no intercambian embajadores desde 2010.

(DyN) – El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, aseguró que «la forma de salir» de la crisis en Venezuela «no es con la muerte de un chico que se manifiesta», aunque aclaró que no puede hacer una evaluación desde el punto de vista institucional.
Además, pese a que dijo que no iba a hacer una lectura de la situación en aquel país «porque es un Estado soberano», afirmó que «sería mentiroso» si no dijera que le provocó «dolor y preocupación» el deceso de un joven de 14 años durante una marcha opositora en la localidad de Táchira.
«La forma de salir es a través de la política, con más gritos o con menos gritos, me tiene sin cuidado. Pero que nunca se salga del marco de la discusión, que tengamos posibilidades de debatir, de hacer conocer nuestras ideas, de mejorar las cosas que estamos haciendo. Pero no con la muerte de un chico que se manifiesta. No me satisface eso», señaló.
Antes de ingresar a la Casa Rosada, el funcionario dijo que no tiene que hacer una lectura sobre los hechos porque Venezuela «es un Estado soberano», aunque aseveró que esas situaciones «siempre tienen que ser reprochables».
«No tengo que hacer esa lectura porque es un estado soberano y no tengo que opinar sobre esas cosas. Pero sería mentiroso si dijera que eso también genera dolor y preocupación, sea cual sea la forma y a quien pertenezca, esas cosas siempre tienen que ser reprochables, tienen que tratar de evitarse por todas las formas», aseguró.
Pese a que ayer un grupo de diputados kirchnerista manifestó su «solidaridad» con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Fernández evitó pronunciarse en ese sentido, aunque dijo que «a lo mejor, tomando un café» podía dar a conocer su verdadero punto de vista sobre la situación que se vive en el país caribeño.
«No lo voy a evaluar, no lo puedo hacer desde el punto de vista institucional. A lo mejor tomando un café se lo cuento, pero no lo puedo hacer desde el punto de vista institucional», señaló.

(Télam) – Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) celebrarán un encuentro extraordinario, cuya fecha se definirá tras una primera misión de los ministros de Exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador, para analizar la situación de Venezuela luego del arresto del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, anunció el secretario general del organismo, Ernesto Samper.
El ex presidente colombiano dijo que los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira; de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, viajarán la próxima semana a Caracas para sostener reuniones.
«La Unasur designó a los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia para establecer una relación directa con el gobierno (venezolano). Esa visita tendrá lugar seguramente la semana entrante y a partir de esa visita se convocará a una reunión extraordinaria de cancilleres para estudiar las posibles salidas y buscar espacios de comunicación», dijo Samper.
El secretario general de la Unasur señaló a la cadena de radio colombiana Caracol que en los últimos días ese organismo ha estado dedicado casi exclusivamente a monitorear la situación de Venezuela, aunque se abstuvo de opinar sobre los acontecimientos.
«Nuestro papel no es salir a opinar sobre los hechos. El hecho de que uno esté haciendo una tarea discreta no quiere decir que no tengamos preocupación sobre el futuro de Venezuela ni que no estemos haciendo nada. Estamos trabajando en los escenarios en que tenemos que trabajar», afirmó.
Samper indicó que hay diversos factores que agravan la situación de Venezuela, como las «presiones internacionales que enturbian el ambiente interno, la ruptura de relaciones entre la oposición y el gobierno y la situación económica».
«Somos conscientes de que el papel nuestro es abrir espacios, encontrar salidas y preservar la institucionalidad. Los principios con los cuales estamos actuando en la Secretaría General de la Unasur los comparten todos los países y hay absoluta coincidencia en que tenemos que trabajar de manera discreta y eficaz», concluyó.

(AP) El presidente venezolano, Nicolás Maduro, que había anunciado mano dura contra los sectores adversos que pudiesen estar implicados en actividades de conspiración, dio ayer un paso hacia la radicalización de su proceso con la detención del alcalde opositor de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma.
El arresto de Ledezma enturbió el panorama político de Venezuela, sumida en una profunda crisis económica por una desbordada inflación, severos problemas de desabastecimiento y una recesión que podría agravarse este año por el descenso de los precios del petróleo, que es la principal fuente de ingresos del país suramericano.
La medida contra el alcalde metropolitano, el segundo dirigente opositor apresado en un año, reduce las posibilidades de que se abran canales de consenso entre el gobierno y la oposición y presagia tiempos de mayor tensión en un año en el que se espera la celebración de elecciones parlamentarias, según estimaron analistas.
Ledezma, de 59 años, fue detenido el jueves en su oficina en el este de la capital por varias decenas de agentes policiales fuertemente armados. Algunos de los agentes iban identificados como miembros de la policía política. Hasta el momento se desconoce el paradero y los cargos que podría enfrentar el dirigente.
Maduro acusó a Ledezma de estar implicado en actividades de conspiración y presentó como prueba de ello un comunicado titulado «acuerdo nacional para la transición», publicado recientemente en un diario local y fue avalado también por el líder opositor detenido, Leopoldo López, y la ex congresista María Corina Machado.
«El que está detrás de estos atentados golpistas tiene que ir preso, y va a pagar en la cárcel, sea quien sea. Ya basta de impunidad», sostuvo el mandatario, que volvió a acusar a Estados Unidos de participar en una conspiración contra su gobierno.

El régimen venezolano resolvió realizar una serie masiva de suspensiones a varias empresas aéreas internacionales y nacionales, lo que provocó un serio trastorno a los pasajeros en los principales aeropuertos del país, sobre todo en el de Caracas, según publica Infobae.
Las empresas afectadas, tal como publicó en su cuenta de Twitter el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son la argentina Aerolíneas Argentinas, la colombiana Avianca, la mexicana AeroMéxico y la ecuatoriana Tame.
Ayer ya había hecho lo propio con otras cuatro compañías, pero de bandera venezolana.
La suspensión de las aerolíneas venezolanas afectó el 50 por ciento de las rutas que cubren todo el territorio nacional. La medida dispuesta por el gobierno de Nicolás Maduro guarda relación con la supuesta falta en la que habrían incurrido las compañías aéreas por «no publicar tarifas y los deberes y derechos de los usuarios».
Los operativos en el aeropuerto de Maiquetía se realizaron en medio de un despliegue inusual. Varios inspectores acompañaron a las autoridades del INAC para colocar las fajas de clausura sobre los mostradores de cada aerolínea internacional.
Según difundió el diario local El Expreso, la suspensión de venta de boletos que impuso INAC a las venezolanas Aserca Airlines, Conviasa, Aeropostal y Aerotuy afecta a más de 50% de las rutas aéreas nacionales. Un funcionario del aeropuerto nacional de Maiquetía explicó que «esas empresas son las que más destinos y frecuencias ofrecen».
a determinación ocasionó largas colas en el Aeropuerto de Caracas. Esta falta de oferta obliga a los viajeros a mantenerse en la terminal esperando que se resuelva la situación de las aerolíneas para poder movilizarse.
En otros de los tuits que emitió oficialmente la INAC se refirió a las «mafias» que revenden boletos de avión y que ellos tratan de erradicar. «El gobierno bolivariano se mantiene alerta en la lucha contra las mafias y reventa de boletos #PuebloObreroConMaduro».
La INAC anunció, además, que continuaría con las inspecciones y las clausuras, de continuar las «irregularidades» que establecieron en sus visitas a la principal estación aérea del país, «con el objetivo evaluar su buen comportamiento y la prestación de servicios de calidad en beneficio del pueblo venezolano».

Cuando Cristina Kirchner llamó «buitre con turbinas» a American Airlines por restringir la venta de pasajes en la Argentina por el cepo cambiario, a Mariano Recalde le debe de haber bajado una gota de sudor por la sien. ¿Cómo decirle a la Presidenta que Aerolíneas Argentinas, la empresa que él dirige, adoptó una medida similar en la «hermana» Venezuela? ¿Cómo criticar a American por limitar su exposición al peso cuando Aerolíneas hace lo posible por no trabajar con bolívares venezolanos?
En la oficina de Aerolíneas en Caracas no se andan con rodeos. Si alguien quiere comprar un pasaje hacia la Argentina para el verano de 2015 le indican que eso no es posible porque los pasajes no se venden con una anticipación mayor a 30 días, un límite tres veces menor que los 90 días que American impuso en la Argentina, indica La Nación.
La explicación que un agente de ventas de Aerolíneas dio a un interesado que llamó esta semana para comprar un pasaje para febrero fue sencilla: «Es que no sabemos a cuánto va a estar el dólar entonces».
En Venezuela, al igual que en la Argentina, la escasez de divisas llevó al Gobierno a imponer un cepo cambiario que limitó el giro de dividendos de las empresas extranjeras. Además, por la alta inflación, en ese país también existe temor a una nueva devaluación. En ese contexto, Aerolíneas ha tomado otras medidas para limitar sus operaciones en la moneda venezolana.
En el sitio web de la empresa, el usuario debe marcar su ubicación. Si escoge Venezuela, encuentra dos grandes diferencias respecto de las otras 17 opciones. La primera es que las ofertas no están expresadas en dólares, sino en millas. La segunda es que la venta de pasajes online está deshabilitada. Al querer hacer una reserva, el usuario encuentra el siguiente mensaje: «Hasta nuevo aviso se mantendrá desactivado el motor de reservas».
Consultados en Buenos Aires, voceros de la empresa dijeron que «se trata de un problema técnico de la web» y que están trabajando para solucionarlo. No obstante, para los demás países el «motor de reservas» trabaja sin inconvenientes. Respecto del límite de 30 días para la venta de pasajes, la explicación fue escueta: «Aerolíneas Argentinas aplica en Venezuela la misma política que el resto de las líneas aéreas que operan en dicho destino».
Para Fernando Dozo, ex gerente de Política Aérea en Aerolíneas, las medidas tomadas por esa empresa en Venezuela y por American Airlines en la Argentina «son comunes en países con restricciones cambiarias donde no se pueden girar libremente las ganancias».
Según el experto, ante la incertidumbre de una devaluación, las empresas optan por acotar su riesgo y, por tanto, la decisión de Aerolíneas y de American «es el comportamiento de una empresa razonable».
Si bien Aerolíneas no ha reducido formalmente sus frecuencias hacia Venezuela, agentes turísticos que operan en ese país aseguran que la empresa ha impuesto una reducción «de facto»: «Aerolíneas cancela los vuelos hacia o desde Venezuela, y reubica a los pasajeros. Los aviones salen sólo si están llenos», dicen.
 
Voceros de la empresa desmintieron esa versión, y añadieron: «Pasamos de volar 4 frecuencias semanales en 2008 a 6 durante 2013 y vamos a operar 7 frecuencias semanales con Boeing 737/800 con un nivel de ocupación promedio entre un 75 y 85%».
 
Dozo no descarta la posibilidad de que, detrás de American, más aerolíneas limiten la venta de pasajes en la Argentina. Él cree que la decisión de varias navieras que operan en el país de empezar a cobrar sus servicios en el exterior puede ser una señal en ese sentido.

(DyN) – La similitud entre el «Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos» de la República Bolivariana de Venezuela y el proyecto de ley que busca instrumentar «un régimen sobre una nueva regulación de las relaciones entre producción y consumo» en la Argentina es de referencia conceptual antes que práctica.
Con diferencias en cuanto a los procedimientos, en ambos casos las legislaciones apuntan al control estatal sobre el sector privado, con miras al establecimiento de precios fijos.
Así, en ambos casos se impone que el Estado será el encargado de analizar las estructuras de costos empresarios, la fijación de márgenes de utilidad y los volúmenes de producción, junto a diferentes controles y penalidades para quienes no cumplan con la normativa.
«La presente Ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancias y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial», dice la norma chavista.
En la misma línea, la reforma local apunta a determinar «el rol del Estado en el proceso de regulación de la formación de precios dentro de la cadena de valor» y expresamente señala que se busca «evitar abusos y la apropiación indebida de los excedentes de la cadena de valor».
En ese sentido, el kirchnerismo señala al unísono que esta ley integra un paquete que apunta a proteger a los consumidores, meintras que la legislación venezolana plantea objetivos similares y de modo específico alude al cuidado «de los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los trabajadores».
Otra cuestión parecida se observa en el caso de la reforma de la Ley de Abastecimiento local, que designa «expresamente» a la secretaría de Comercio Interior como «Autoridad de Aplicación».
En tanto, en Venezuela, la misma Ley de Precios Justos creó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), que avanza en materia de controles con atribuciones y facultades discrecionales.
El proyecto que se discute en el Senado, le otorga a la secretaría de Comercio también poder discrecional para que fije «márgenes de utilidad, valores de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles».
Según el texto, las autoridades podrán «dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción», disponer «la continuidad» o no de los procesos productivos, «acordar subsidios», «obligar» a la venta de la producció y «exigir la presentación de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios».
Por último, como elemento diferenciador, mientras la legislación venezolana impone un «procedimiento expropiatorio» para consolidar «el orden económico socialista productivo», a la inversa, la letra del proyecto argentino «propone suprimir» las disposiciones de la vieja Ley de Abastecimiento argentina «sobre expropiación, intervención de empresas, suspensión de patentes y sanciones de arresto y prisión».

(DyN) – El secretario de Comercio, Augusto Costa, denunció que algunos sectores opositores hacen «terrorismo» y buscan «generar incertidumbre y desánimo» en la población cuando hablan de una aceleración de la inflación y rechazó que el proyecto de modificación a la ley de abastecimiento esté inspirado en el modelo venezolano.
Costa -quien formuló declaraciones a Radio América- destacó también que «las exportaciones de carnes y lácteos no están cerradas» y calificó los informes periodísticos que comparan los efectos que tendría las modificaciones a la ley de abastecimiento con la situación en Venezuela como «terrorismo para la opinión pública».
«Se están escuchando varias cosas que parten de mentiras o de querer distorsionar las cosas», sostuvo el funcionario, quien señaló que «hay intencionalidad de generar incertidumbre y desánimo» en la población, ya que «tratar de poner en agenda que hay una aceleración de la inflación es engañar a la gente».
El titular de la Secretaría de Comercio enfatizó que en julio, los precios subieron en promedio un 1,4 por ciento, tal como lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).
Respecto del proyecto de modificación de la ley de abastecimiento, el funcionario descartó que esté inspirada en las normas que se aplican en Venezuela y cuestionó los informes periodísticas que compararon ambas realidades.
«Cómo puede ser que haya inspiración en el chavismo en una ley que se aprobó en 1974 y que lo que estamos haciendo es reformándola después de 40 años», puntualizó Costa, quien indicó que «haya una ley en Venezuela que pueda tener algunos objetivos similares a la que se discute en el Congreso, de ninguna manera da lugar a suponer que las consecuencia de la situación en Venezuela se van a repetir acá».
En ese sentido, el titular de la Secretaría de Comercio sostuvo que «eso es terrorismo para la opinión pública, porque genera un miedo que es injustificado».
«Para que acá haya desabastecimiento o perjuicio para los consumidores, el Gobierno tendría que estar decidido a obligar a todas las empresas a producir a pérdida y a que haya distorsiones en el mercado y eso no es lo que se está planteando», expresó el funcionario, quien comentó que lo que se propone es que «haya condiciones de igualdad entre los consumidores y las empresas y entre las pequeñas y las grandes empresas».
 
Del mismo modo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, negó similitudes entre la ley de Abastecimiento aplicada en Venezuela y el proyecto oficialista de reforma sobre la materia, al asegurar que una «asociación» de esas características es «una falsedad absoluta».
Además, sostuvo que la ley de Abastecimiento local «está vigente por el decreto 722 de 1999, que firmó el entonces presidente Carlos Menem, a quien nadie le puede atribuir una posición cercana al kirchnerismo o al Gobierno».
«Se planteaba una asociación chavista de esta ley (local) y esta ley fue sancionada en 1974, cuando Hugo Chávez no era el líder político que fue», enfatizó Capitanich en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El ministro coordinador consideró que «todo lo que se pretende asociar entre una ley y otra es falso, de falsedad absoluta».
Agregó que el proyecto oficialista busca «la atenuación de las penalidades de la ley», como «la exclusión de sanciones de tipo penal», por ejemplo, «no va a la cárcel el empresario que la infringe, pero sí recibe multas».
Asimismo, la iniciativa «plantea la exclusión de mecanismos de intervención en el ámbito de las empresas y también desde el punto de vista de la expropiación», concluyó Capitanich. En el Senado, el martes próximo, a las 11, las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías, de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda reanudarán las consultas a sectores que quieren opinar sobre la promovida modificación de la ley de Abastecimiento, para después emitir dictamen al final de la jornada.

“Venezuela tiene una Ley de Abastecimiento muy parecida” a la que podría tener la Argentina “y ya vemos los resultados”. Así, trazando un paralelismo entre la realidad que vive Venezuela a partir de la implementación de la Ley de Abastecimiento y el proyecto que se debate en el Senado para implementar cambios en dicha ley en Argentina, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) mostró su preocupación sobre “la cada vez mayor intervención del Estado en las empresas”.
En diálogo con Punto a Punto Radio, el ejecutivo señaló que “las modificaciones a la Ley van en contra la propiedad privada».
-¿Cómo ve la modificación que está impulsando el Gobierno en la Ley de Abastecimiento?
-Con mucha preocupación, porque es una ley en donde le da al Estado una serie de herramientas donde va a tener un nivel de intervencionismo mucho mayor al actual y en donde el Estado prácticamente tiene que regular cuáles son cada uno de los márgenes, los volúmenes de producción, los canales de comercialización, con lo cual además de considerarla anti constitucional, pensamos que es una pésima señal al mercado en un momento que la economía está teniendo una fuerte caída en su nivel de actividad, y que es necesario generar confianza para poder revertir esta difícil situación por la que estamos pasando.
-Claramente rechazan los cambios propuestos…
-Sí, manifestamos nuestro rechazo. De hecho hay un país que tiene una ley muy parecida a la nuestra, Venezuela, y que claramente está mostrando los resultados, con lo cual nosotros hemos planteado la preocupación y vemos que de sancionarse esta ley realmente sería muy perjudicial y podría aumentar el nivel de desabastecimiento y lo que es peor aún en lo que tiene que ver con el control de la inflación que claramente ha demostrado que no da ningún tipo de resultado.
-¿Esta nueva ley implicaría una mayor intervención que tendría el Estado?
-Totalmente, donde además le da una serie de facultades al Estado donde podría inmiscuirse en el funcionamiento de las empresas, con lo cual pone en tela de juicio el concepto de lo que es la propiedad privada.
-¿Este debate puede ser comparable a lo que representó en su momento la 125?
-No sé desde el punto de vista legislativo, teniendo en cuenta las mayorías propias que hoy tienen desde el oficialismo. No sé si la proporción es la misma que en aquel momento, ya que la cuestión estaba mucho más ajustada que ahora, pero nosotros estamos manteniendo reuniones con las distintas comisiones para tratar de advertir a quienes después tengan que votar esta Ley los riesgos que ello lleva implícito.
-¿Están haciendo esos contactos con senadores de la oposición?
-De la oposición oficialista. Como parte de la Unión Industrial Argentina estamos participando de las distintas comisiones precisamente para manifestar nuestra preocupación.

(DyN) – El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, lanzó una dura crítica contra la Ley de Abastecimiento que impulsa el Gobierno en el Congreso, al señalar que «es retrógrada e inconstitucional».
El ejecutivo señaló que la iniciativa del oficialismo es un intento «por copiar a Venezuela y esto no le hace bien al país». Más adelante, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), calificó al paquete de leyes como «algo retrógrado e inconstitucional y solo existe en Argentina».
En declaraciones a la radio Rock & Pop, Rattazzi sostuvo que «querer reformar y aplicar esta ley me parece contra los tiempos».