La orden de Bonadio implicará que todas las empresas que confesaron que tenían dinero en negro, fuera de sus balances, afrontarán acusaciones administrativas por evasión, con penalidades que pueden llegar al 70% de los montos de los sobornos, como así también en sede judicial, en el fuero Penal Económico, aunque las derivaciones llegarán tan lejos como hasta Estados Unidos.
El objetivo de Bonadio es verificar cuál fue el origen del dinero en efectivo que se entregó al número dos de De Vido, Roberto Baratta y otros funcionarios de Planificación Federal, como así también cotejar cuál era la situación financiera de cada empresa cuando efectuaron esos pagos ilegales. Es decir, verificar si esas compañías estaban realmente en una situación de ahogo financiero, como los empresarios arguyeron al acogerse al régimen del arrepentido.
La AFIP ya había iniciado de oficio la revisión de los números de algunas empresas, mientras que otras ya arrastraban investigaciones por presunta evasión. «Se está revisando y pidiendo explicaciones sobre lo declarado ante el organismo y ante la Justicia», confirmaron desde la AFIP.
La orden de Bonadío, volcada en un oficio, implicará en la práctica una nueva fase en el caso de los llamados “cuadernos de las coimas”. Porque ya no solo conllevará que los empresarios y ex funcionarios deban rendir cuentas ante la Justicia, sino ante el fisco argentino por lo que en la jerga se denominan «salidas no documentadas» de sus balances.
«Todas estas empresas presentaron declaraciones juradas tributarias ante la AFIP y ahora resulta que admiten ante la Justicia que en realidad tenían dinero negro, por fuera de sus balances, que utilizaron para pagos ilegales», explicó un consultor tributario. «Con esas confesiones, la AFIP tiene ahora que revisar todos sus números y aplicarles un 35 por ciento de alícuota, por el impuesto a las Ganancias que no pagaron por esos fondos en negro, más otro 35 por ciento de multa. Es decir, un 70 por ciento. Una fortuna».
El efecto dominó debería llegar más lejos. Porque las empresas y sus máximos responsables afrontarán también la apertura de investigaciones por evasión agravada en el fuero Penal Económico, dado que los montos de las coimas que confesaron superan el umbral fijado por la ley para abrir dichas investigaciones. -> 234144
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