La inundación que afectó a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano ha generado un fuerte desgaste para la dirigencia política. Los primeros sondeos muestran que tanto la Presidente como el jefe de Gobierno porteño y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires han perdido apoyo a consecuencia de la tragedia.

El cambio de actitud política ha sido sólo un anuncio. La Presidente se sigue negando a recibir a Macri y el ministro de Infraestructura y Planificación lo sigue criticando por su actuación frente a la inundación. Hay una foto con Scioli, pero la Presidente volvió a La Plata, la zona más afectada, sólo rodeada por militantes de La Cámpora y visitando junto a uno de sus líderes (Larroque) el centro de distribución de la ayuda solidaria montado por esta organización. Frente a las dudas generadas alrededor de la cifra de muertos, el intendente de La Plata, el kirchnerista Bruera, señaló que este era un tema de la Gobernación.

La solidaridad oculta el hecho que el estado tiene una Dirección Nacional de Protección de la Comunidad -la ex Dirección Nacional de Defensa Civil- en la órbita del ministerio del Interior, encargada de preparar los planes para estas emergencias y coordinar su ejecución -la que no estuvo presente-, y que hay un sistema federal de emergencias con un presupuesto de $ 200 millones que no funcionó. Pero el costo electoral de estos acontecimientos es incierto. Las primarias -si no se suspenden- serían el 11 de agosto y las elecciones el 27 de octubre. Muchas cosas pueden cambiar hasta entonces.

Mientras tanto, la Presidente retoma de inmediato su acción política e ideológica con la presentación de sus proyectos para la democratización de la justicia. El acto de presentación iba a realizarse el miércoles 3 de abril, pero la inundación llevó a la Presidente a postergarlo sólo cinco días. La oposición no participará del acto, argumentando que se trata de un plan para subordinar la justicia al Poder Ejecutivo.

La elección por voto directo de algunos miembros del Consejo de la Magistratura y la limitación de las medidas cautelares frente a decisiones del estado son las dos iniciativas más discutidas. Ambas son consecuencia de la derrota del oficialismo el 7D en la controversia por la ley de medios. Es que con un consejero más de los 13, el oficialismo hubiera podido designar su candidata para el juzgado que debía determinar la constitucionalidad de la ley de medios y con medidas cautelares con límite temporal, la ley ya estaría rigiendo. Esta semana la Cámara Civil y Comercial se pronunciaría sobre la constitucionalidad de esta ley y podría declararla inconstitucional. Ello exacerbaría el conflicto del Ejecutivo con la Justicia.

Paralelamente, la política concreta sigue transitando su cauce sin que el nuevo Papa ni las inundaciones la alteren. El intendente de Santiago del Estero ha reclamado a la Corte provincial que permita una tercera elección consecutiva del gobernador kirchnerista (Zamora), más allá de los dos que permite la constitución provincial, en una acción concurrente con el objetivo de permitirla en el ámbito nacional.

Se realizaron las elecciones en la AMIA y las suma de electores críticos al gobierno evidencia que éste no logró su objetivo de que se impusiera una lista más afín. La denuncia del oficialismo contra los mensajes publicitarios de la oposición ha sido desestimada por el fiscal de la causa. En los próximos días se reunirán los dirigentes más relevantes del PJ disidente (Lavagna, Moyano, De la Sota y ahora Peralta), mientras que avanzan las gestiones de unidad en la oposición no-peronista (UCR, FAP, Coalición Cívica y Proyecto Sur).

La estrategia de la Casa Rosada de debilitar a los gobernadores reduciéndoles los fondos y entregándolos directamente a los intendentes continúa en todo el país. Hasta el momento el cerco financiero a Scioli se mantiene intacto, sólo postergando los docentes el paro convocado antes de la inundación. El llamado de solidaridad del Papa Francisco a Scioli es una señal política concreta de su buena relación.

En conclusión: la inundación que causó más de medio centenar de muertes ha generado un fuerte desgate para la dirigencia en su conjunto, pero los efectos electorales a casi siete meses de las elecciones son inciertos; pero la Presidente no cambia su línea política: visita la Plata por segunda vez junto a los dirigentes de La Cámpora y demora sólo cinco días la presentación de la democratización de la justicia; las acciones por el tercer mandato y para debilitar a los gobernadores se mantienen y los conflictos con Macri y con Scioli no se alteran, recibiendo este último el llamado del Papa; por último, el exabrupto del Presidente de Uruguay evidencia las malas relaciones con dicho país, en un contexto de deterioro creciente también con Brasil, Chile y Paraguay.

*Extraído de nuevamayoria.com

Rosendo Fraga

Presidente de Nueva Mayoría