Finalmente el presidente Alberto Fernández emitió ayer su laudo por Portezuelo del Viento y tal como se esperaba, fue en contra de la continuidad de la obra y por ende en contra de Mendoza. 

Cabe recordar que en mayo pasado y en el marco de un acto realizado en La Pampa, Fernández adelantó lo que finalmente se formalizó este jueves. En aquella ocasión expresó: «Voy a hacer lugar al estudio ambiental del proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, porque así como los Gobiernos no son propiedad de nadie, los ríos tampoco».

En concreto, la respuesta del presidente que se conoció en las últimas horas fue ratificar la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del Río Colorado como condición para aprobar la construcción de la obra “Portezuelo del Viento”. En Casa de Gobierno dispararon contra la Nación y el peronismo tras conocerse el laudo. Confirmaron que no se hará la obra.

El propio gobernador Rodolfo Suárez confirmó la negativa. “Hacer un nuevo estudio de impacto ambiental y someterlo al consejo de gobernadores (donde se decide por unanimidad) es decirle no a Portezuelo del Viento”, expresó por Twitter.

De acuerdo a un comunicado, Fernández dictó el laudo arbitral solicitado por la provincia de Mendoza por la controversia surgida en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y, en ese marco, “ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del Río Colorado como condición para aprobar la construcción de la obra Portezuelo del Viento, de conformidad con lo dispuesto por el laudo arbitral anterior dictado el 16 de enero de 2018 por el ex presidente Mauricio Macri”.

Además, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, “a colaborar con el COIRCO en la elaboración de los procedimientos técnico administrativos necesarios y de los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, los cuales deberán llevarse a cabo en un plazo de 60 días”.

El comunicado recuerda que Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa, “cuatro de las cinco provincias que integran COIRCO junto con Mendoza, solicitaron durante la reunión del Consejo de Gobierno del Comité la realización de dicho estudio ambiental integral para aprobar la obra”.

“El laudo es un no definitivo a Portezuelo del Viento porque todo lo que hemos cuestionado lo ha hecho a favor de La Pampa. Un nuevo estudio de impacto ambiental sometido al Consejo de Gobernadores es imposible porque La Pampa se va a oponer y necesitas unanimidad. Eso fue lo que dijo Suárez cuando presentó el escrito en marzo del 2022 además dice que se aplique la Ley de Obras de la Nación, que también habíamos cuestionado”, dijo a Los Andes el Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Victor Ibáñez.

En este contexto, cargó muy duro contra el peronismo porque “es sorprendente que los legisladores nacionales no hayan tenido siquiera la posibilidad de influir favorablemente en los intereses de Mendoza. La ausencia fue absoluta del Frente de Todos, La Cámpora, peronismo, en la defensa de Mendoza”.

El laudo presidencial no es apelable, de acuerdo a la normativa de Coirco.

El Gobernador Rodolfo Suarez; el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda; la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla; la subsecretaria de Planificación Territorial, Angela Gatti; el presidente de Emesa, Pablo Magistocchi, y el presidente de Potasio Río Colorado (PRC), Emilio Guiñazú, dieron una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Malargüe. Allí explicaron “los avances que estamos haciendo con las alternativas de Portezuelo del Viento que está en proceso de licitación”.

En este sentido, Magistocchi indicó que se trabaja en un nuevo diseño para Portezuelo del Viento que está siendo desarrollado por Aguas y Energías. “Este proyecto genera un embalse menor, no incluye la villa Las Loicas, no vincularía la Ruta 226 ni mucho menos el tramo de la Ruta 145. Hemos retomado el desarrollo de este proyecto como alternativa para presentar, por si en algún momento llegan a hacer el estudio de impacto ambiental”, indicó.

Obras para el Sur de Mendoza

Sobre el proyecto Hierro Indio, el presidente de Emesa Pablo Magistocchi expresó que “es compatible con la Ley 7722”, por lo que espera “no tener ningún tipo de oposición para su desarrollo”. Agregó que la declaración de impacto ambiental de exploración fue aprobada por la Legislatura, por lo que no hay “ninguna barrera legal”, y que comenzará en los próximos 30 a 45 días. Si el volumen de hierro es el esperado o superior, se buscará que en Malargüe se dé valor agregado al producto para aumentar la inversión, el empleo y el beneficio económico.

Acerca de Potasio Río Colorado, por su parte, que requerirá casi mil millones de dólares de inversión, el presidente de Emesa recordó que el proyecto está lanzado en la búsqueda de inversores, que las grandes empresas mineras del mundo estudian el proyecto y en 45 días podrían conocerse las primeras propuestas no vinculantes. De esas ideas que tienen las empresas para desarrollar PRC, el Gobierno seleccionará las que mejor se ajusten a la visión de la Provincia para avanzar en la negociación final. “El objetivo es tener firmado esto antes de la vendimia y que en 2023 ya estén comenzando las inversiones en el sitio”, sostuvo.

El desarrollo de la Vaca Muerta mendocina, hasta ahora casi inexplorado, también está en marcha con la etapa de búsqueda en la que se intenta conocer su verdadero potencial. “YPF está arrancando con dos pozos pilotos no convencionales horizontales, que permiten conocer las formaciones”, dijo Magistocchi. “Si funciona, cambia la historia del petróleo no solo en Malargüe, sino en Mendoza”, y también aseguró que a finales de octubre la empresa petrolera nacional comenzará las perforaciones.

Por último, otra de las inversiones claves para Malargüe es el Parque Pierini, que ya tiene su masterplan desarrollado en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo. Si bien incluye dos reservorios de agua, uno que operará Aysam y otro Irrigación, es en el primero en el que se ha avanzado. La empresa de agua y saneamiento podrá nutrirse del recurso hídrico de ese reservorio y ya comenzaron los primeros estudios sobre el terreno. A fines de noviembre comenzarían las obras.

El Gobernador Rodolfo Suarez se reunió con las cámaras que nuclean al sector privado de la producción, servicios y comercio de Malargüe, San Rafael y General Alvear, a quienes les recordó: “No abandonaré Portezuelo del Viento”, y les informó que ya presentó un pedido de pronto despacho al Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El mandatario le solicitó que se expida sobre la megaobra hidroeléctrica en un plazo de 30 días, como lo dispone la Ley de Procedimientos Administrativos, bajo apercibimiento de iniciar una acción de amparo en la Justicia por mora.

En el escrito enviado hoy a Buenos Aires, el mandatario mendocino realizó, como miembro del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), una cronología de las actuaciones realizadas por Mendoza para avanzar en la concreción de la obra. Explicó que el 26 de junio de 2020 (Acta Nº 73) las cuatro provincias (La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro) solicitaron que se realizara una nueva Evaluación de Impacto Ambiental Regional en toda la cuenca del Río.

Este año, más precisamente el 20 de enero pasado, Suarez señaló que “entendiendo que estaban cumplidos los recaudos formales y sustanciales para emitir laudo arbitral, se presentó nota de “Pronto Despacho”, la que fue respondida por el presidente del Consejo de Gobierno del COIRCO, señalando la inexistencia de presentación que diera inicio formal a la instancia de laudo arbitral del Presidente de la Nación”.

El 21 febrero de 2022, Mendoza realizó una nueva presentación, donde se pidió que Fernández se avoque “de inmediato y en forma urgente a la resolución del conflicto”, teniendo en cuenta la necesidad de iniciar las obras, que resultan tan necesarias para generar empleo, energía y desarrollo, más aún considerando que vuestro gobierno está dando cabal cumplimiento al pago del bono comprometido a tal fin, con lo cual resulta un desatino tener los fondos inmovilizados, causando de este modo un grave perjuicio al desarrollo de Mendoza y al país”.

Casi un mes después (15 de marzo), se remitió desde la Presidencia del Consejo a todas las provincias que integran este organismo una nota en la que se señala que el 21 febrero, Mendoza solicitó por acta que se elevaran las actuaciones realizadas al presidente de la Nación para que emitirá el laudo arbitral, previsto en el Estatuto y Reglamento Interno de COIRCO.

“La Provincia de Mendoza presentó los fundamentos de su posición el día 5 de abril de 2022, dentro del plazo asignado -que vencía el día 7 de abril-, solicitando al Presidente ‘la máxima celeridad en la emisión del laudo requerido, toda vez que el proyecto Portezuelo del Viento se encuentra en condiciones de ser adjudicado, luego de tramitar un largo proceso licitatorio’”.

Con esas palabras, Suarez continuó explicando la situación en el pronto despacho, donde aseguró que la adjudicación e inicio de la obra implica, en lo inmediato, “activar la creación de empleo genuino, pero fundamentalmente la generación de energía hidroeléctrica, crucial en el mundo que vivimos, con lo cual sin lugar a dudas es un aporte para evitar el calentamiento global y la reducción del uso de energías no renovables y altamente contaminantes”.

Además, indicó que ante el hipotético caso de que el laudo resultara contrario a la petición de Mendoza o que el Presidente decidiera realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional, “con el agravante de la inmovilización de los fondos y el grave perjuicio que eso significa”, solicitó la autorización a nuestra Provincia para la construcción de obras de generación de energía. La idea era que estos proyectos permitan ampliar la capacidad productiva, optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la misma finalidad. “Ello, sin perjuicio de hacer reserva de avanzar en la concreción de otras obras hídricas según contempla el Acuerdo vigente según el Decreto Nacional número 519/19 y la Ley Provincial 9170”.

Pero también dejó explícito que la negativa o el pedido de un nuevo estudio se tomará en Mendoza como “una negativa lisa y llana, que implicaría una dilación sin sentido, pues seguramente se mantendrá la oposición de la Provincia de La Pampa por razones ajenas a cuestiones técnicas o ambientales”.

El plazo otorgado a las provincias que componen el COIRCO venció 7 de abril pasado y también el tiempo en que desde el organismo debían elevar los antecedentes al Presidente y comenzaron a correr los diversos plazos que contempla el artículo 29 del Estatuto para la emisión del laudo arbitral. “Puntualmente, la norma prevé 30 días para recabar informaciones y antecedentes” vencidos los cuales -el 24/07/2022- debe emitirse el laudo en los 30 días siguientes -hasta el 8/07/2022- que se pueden ampliar por 30 días más -hasta el 22/08/2022- mediante resolución fundada.

“Los plazos mencionados se encuentran a la fecha largamente vencidos, incluso computando la prórroga. No obstante, esta parte no está en conocimiento de la existencia de resolución fundada que disponga la ampliación del plazo original”, sostuvo.

Fuente: prensa gobierno

Con el propósito de reunirse con el Presidente Alberto Fernández para pedirle celeridad en el laudo sobre Portezuelo del Viento, el gobernador Rodolfo Suarez viajó este jueves a Buenos Aires.

“En la medida que nosotros liberemos los fondos, sea para una obra o para otra, eso ya me genera optimismo”, detalló el mandatario provincial.

Suarez calificó el encuentro de “positivo”, en el sentido de que pudieron “repasar todos los temas que hacen a la agenda de la relación con Mendoza”. Sobre Portezuelo, sostuvo que “el Presidente nos ha escuchado y se ha comprometido a que pronto se resuelva el tema, sobre todo teniendo en cuenta el dinero que ya tenemos depositado y que hay que utilizarlo”.

El Gobernador detalló que “lo malo es tener la plata paralizada en un mundo donde hay inflación. Al tener dólares inmovilizados, se va perdiendo plata con el tiempo. Por eso lo que necesitamos es poner el dinero a producir en forma inmediata”. De esta manera, sostuvo que estos fondos representan “una gran oportunidad pensar la Mendoza a 30, 40 y hasta 50 años”.

Suarez agregó que “la Nación viene cumpliendo en tiempo y forma la obligación de pagar el bono a favor de la provincia. Son cerca, o más, de 400 millones de dólares que no podemos tener inmovilizados porque sabemos que hay inflación en dólares en el mundo y esa es plata que estamos perdiendo los mendocinos”. El mandatario destacó que el Presidente se mostró “muy proclive a fallar pronto en cuanto al laudo”.

Además, aseguró que “en este contexto que vive el país y la provincia, la celeridad es importante, porque también se pueden realizar, intertanto resuelva el Presidente, obras que tengan que ver con la optimización del uso del agua en Mendoza, en el marco de estos períodos de escasez”.

El Gobernador aclaró que “sea cual sea la decisión que tome Alberto Fernández, asumimos el compromiso de que estos fondos sean destinados a obras que hagan crecer a Mendoza y que hagan triplicar las exportaciones. Si no es Portezuelo, será El Baqueano u otras obras hídricas. Esa es una decisión que vamos a tomar entre todos, no solamente este gobernador”.

Además, Suarez hizo referencia al “empleo genuino” que traerá aparejado invertir estos fondos. En este sentido, hizo hincapié en la importancia de “optimizar el uso del agua” ante “un período de escasez que ha llegado para quedarse”. Para ello, el mandatario recordó que son necesarias las obras que permitan que “el agua no se pierda, reservarla y destinarla a aquellas aéreas productivas que hagan crecer a la provincia”.

A través de un comunicado, la CECIM -Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza- expresó su apoyo al gobernador Rodolfo Suarez ante la situación de la obra de Portezuelo del Viento:

«Mendoza se encuentra en un momento bisagra, en el que debe decidir qué posición toma con respecto al uso de los fondos que le otorga una sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el perjuicio que le provocó la no obtención de la Promoción Industrial que benefició a las provincias vecinas durante décadas.

En un acuerdo con el Estado Nacional se llevó a cabo una solución transaccional de desistimiento de una acción judicial, que dirimió en un acuerdo donde se pagaba a la provincia de Mendoza un monto de 1.023.362.922 dólares para llevar a cabo la obra APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO U OTRAS OBRAS HÍDRICAS (Decreto 1320 del 18 de junio de 2019 de la provincia de Mendoza), donde Mendoza se compromete a llevar a cabo la obra conforme al régimen judicial provincial y las disposiciones acordadas en el Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado, COIRCO.

Al análisis de este escenario sumamos los informes ambientales difundidos en los últimos meses que refieren a un cambio climático que se vive en la región cordillerana y donde se está atravesando la peor crisis hídrica de la historia.

El agua ha pasado a ser el factor más importante para el desarrollo de la economía, y considerando que esta obra no tiene un aprovechamiento hídrico para los Oasis Norte, Centro y Sur de la provincia, apoyamos la posición del gobernador de la provincia por el posible redireccionamiento de los fondos para llevar a cabo otras obras que consideran esenciales para el mejor aprovechamiento hídrico y sanitario de la provincia.

Desde la CECIM -cámara integrada en su totalidad por PyMES constructoras- tenemos el convencimiento de que el uso de los fondos acumulados por el pago de la sentencia que el Gobierno Nacional está depositando por el resarcimiento a nuestra provincia nunca rendirán más que en el momento actual, para hacer frente a las obras que la provincia necesita y así paliar la crisis hídrica y sanitaria que atraviesa Mendoza.

El uso de las herramientas jurídicas que garanticen la independencia en la toma de decisiones que el estado requiere y la transparencia del uso de los fondos como es la Ley de Contrataciones de Obras Públicas Provincial 4416 serán la garantía para el desarrollo de nuevas actividades que dinamicen la economía para los próximos años».