El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y la titular del bloque de diputados de la UCR, Cecilia Rodríguez, impulsan una ley que incorpora al Código Contravencional una serie de sanciones como multas económicas, arresto o trabajo comunitario para quienes propaguen las denominadas Fake News, causando temor en la ciudadanía.

“Las Fake News atentan contra el derecho a la información porque en el fondo, lo que hacen, es desinformar”, señalan los diputados.

Para ello, proponen incorporar el artículo 56 bis a la Ley 9099, estableciendo que “quien a sabiendas difundiere, publicare, propagare o divulgare, por cualquier medio, noticias falsas con el fin de llevar a la población intranquilidad o temor, alterando así el orden público y/o democrático, siempre que el hecho no constituya delito, será sancionado con multa” de 500 a 2000 UF y/o arresto de 5 a 20 días. La pena de multa será de hasta 3.000 U.F., “si a consecuencia de dicha conducta se produjera además, el agravio a un particular por medio de calificativos lesivos a su honor”.

Además, dispone que si tal infracción es cometida por funcionarios públicos, dirigentes sindicales o directivos de empresas privadas o asociaciones no gubernamentales “se aplicará como pena accesoria el cumplimiento de 10 a 30 días de trabajo comunitario”.

“Una realidad, que en la actualidad no puede dejarse de lado, es que hay una creciente propagación de fake news, y con ellas, diversos perjuicios a los que contribuyen ya sea en forma directa o indirecta”, explican los legisladores, quienes ponen como ejemplo lo sucedido en estos días con la gran circulación, fundamentalmente a través de WhatsApp, de falsas noticias en torno a cuestiones relacionadas con el Covid-19.

Las llamadas “Fake News” son un fenómeno que ha proliferado gracias a la “viralización que permiten las redes sociales e Internet en el contexto de la posverdad”, subrayan en la iniciativa. Este término ha sido definido por el diccionario de Oxford “como la palabra del año en 2016 y se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales”.

Lombardi y Rodríguez afirman en tal sentido que las “Fake News” se emiten con “la intención deliberada de engañar, inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona u obtener ganancias económicas o rédito político. Es decir, el objetivo de las mismas es la desinformación”.

Y agregan: “se eleva a tal nivel esa intención deliberada de engañar que los contenidos muchas veces suplantan el diseño y hasta las URL de medios y perfiles conocidos. Además se utiliza como herramienta de viralización, lo que se conoce como Bots (programas informáticos sencillos que maneja una o varias redes sociales para llevar a cabo una acción determinada a través de ellas)”.

Esta problemática es mundial. Tanto es así, que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Económico y Social Europeo se han ocupado en advertir las implicancias. Ya en 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión había emitido una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y “Noticias Falsas”, Desinformación y Propaganda en donde manifiesta su “preocupación por el hecho de que la desinformación y propaganda a menudo se diseñan con el propósito de confundir a la población”.

Un caso del que todos somos testigos, es el cúmulo de noticias falsas en torno a la reciente epidemia mundial ocasionada por el nuevo Coronavirus (2019-nCoV).  El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado de prensa del 18 de febrero de 2020, advirtió sobre cómo la desinformación que circula a una velocidad vertiginosa sobre el virus, está provocando que se agrave el brote a nivel mundial. Concretamente se refirió a esta proliferación de noticias falsas como una “infodemia”.

Las redes sociales, en sus diferentes plataformas, a las que prácticamente todos tienen acceso, son generalmente el lugar propicio para la propagación de estas falsas noticias, no sólo por la rápida viralización, sino también por la inmediatez del mensaje. En este sentido, “tiempos como éstos deben llamarnos a la responsabilidad colectiva, y en ese contexto, queremos generar herramientas que permitan mitigar este fenómeno que sólo provoca miedo, desinformación y confusión”, indicaron los diputados.