El 24 de agosto, el Ministro de Planificación Julio de Vido fue lapidario: Fibertel no existe más, dijo. Y anunció un plan mediante el cual, en un lapso de 90 días, el millón de clientes de la compañía debía migrar a otras empresas.
En ese momento, el Gobierno intentó mostrar que tenía un plan para ordenar la migración y mandó al interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones a publicitar un listado con 300 operadores de acceso a Internet, muchos de los cuales no existen o nunca dieron el servicio.
Sin embargo, la migración no se producirá (al menos en el corto plazo o en el tiempo previsto por el Gobierno). Es que, por un lado, el juez federal de La Plata, Elvio Sagarra, cuestionado por el Gobierno, dejó en suspenso la anulación de la licencia para operar de Fibertel.
La Justicia salvó al Gobierno de un papelón, le dijo a Perfil el consultor Enrique Carrier, en línea con lo que se piensa en el sector de telecomunicaciones, en el que se sabe que los usuarios de Fibertel sólo cuentan con una red alternativa: la de Telefónica o Telecom.
Además, la infraestructura necesaria para producir la migración no existe. En el mercado se estima que Telefónica o Telecom deberían haber invertido unos US$ 500 millones en tres meses para absorber a los usuarios de Fibertel y mantener la performance de su red, lo que se consideró imposible.
Mientras tanto, otro juez frenó la publicidad oficial anti Fibertel a pedido de la empresa, que denunció que varios de los supuestos ex clientes que aparecen en los spots son apócrifos. Su CEO, Carlos Moltini, estima que cerrará 2010 con 150.000 clientes más que el año pasado.