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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó ayer su “profunda preocupación por dos sentencias restrictivas para la prensa libre” que emitió el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Se trata de pronunciamientos judiciales que rechazan sendas demandas de inconstitucionalidad promovidas por Contenidos Mediterráneos SA y La Voz del Interior SA.
Los fallos ratifican la validez de leyes provinciales que obligan a los medios gráficos cordobeses a ceder diariamente una página de sus ediciones durante los 10 días previos a cada elección provincial.
Asismismo señaló ADEPA que «Esos espacios deben ser destinados a reproducir en forma gratuita las propuestas de los partidos o alianzas políticas».
La decisión judicial, que ocurre a escasos días de las elecciones provinciales que se celebrarán el 5 de julio, convalida una legislación que «pretende así equiparar a los medios impresos con los audiovisuales, pese a que los medios gráficos no utilizan el espectro radioeléctrico ni otros bienes que son propiedad del Estado».
«En consecuencia esta legislación avanza sobre la propiedad privada, ya que la existencia de los medios gráficos no responde a concesión alguna. Por el contrario, están sujetos a los avatares de la economía y sus únicas fuentes de financiación son la venta de espacios publicitarios y el precio de tapa de sus ejemplares», resaltó el comunicado.

(DyN) – La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) pidió al gobierno nacional «poner fin a los ataques a la prensa» y tras una «larga lista» de temas pendientes en materia de libertad de expresión, recordó casos de periodistas que fueron objeto de «ataques y descalificaciones» y señaló que la irrupción del narcotráfico ha pasado a ser «una amenaza concreta contra el ejercicio de la actividad periodística».
La entidad resumió las manifestaciones del Gobierno contra los medios, «luego de que el pasado 19 de enero el país amaneciera conmovido por la trágica muerte del fiscal federal Alberto Nisman» y recordó que en la Argentina «se pretendió volver a instalar la hipótesis de una conspiración encabezada por la prensa y la Justicia para desestabilizar al Gobierno nacional».
En el informe semestral que le fue presentado a la Junta de Directores, la entidad resumió la situación actual de la prensa argentina en cuatro aspectos: «la acentuación de los agravios y las descalificaciones a las voces críticas; reiterados intentos de atropello contra diversos medios a través de instrumentos legales, económicos y administrativos; la irrupción del narcotráfico como una amenaza concreta contra el ejercicio de la actividad periodística y un alivio en la presión fiscal sobre los pequeños y medianos medios de comunicación».

(DyN) – La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) dio a conocer  las conclusiones sobre el estado de la Libertad de Prensa en el país, en las que calificó a la última década como «la etapa más turbulenta» desde el regreso de la democracia.
También planteó su «seria preocupación» por el proyecto de ley de Abastecimiento que podría sancionar también a las empresas periodísticas, recordó las manifestaciones oficiales en contra de la prensa y especialmente los ataques a periodistas.
«Persiste en el poder político una concepción que desconoce el rol del periodismo en la democracia y considera a la prensa un enemigo a derrotar», señaló la entidad que nuclea a los editores de diarios, que celebra su 52 Asamblea Anual.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se reunirá mañana para analizar el fallo de la Corte Suprema de la Nación que rechazó el pedido del Grupo Clarín de declarar inconstitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios.

De todos modos, Punto a Punto Radio consiguió un adelanto de la posición que seguramente tomará Adepa en torno a este tema, de boca de su titular, Carlos Jornet, quien también es director periodístico de La Voz del Interior. Obviamente, el directivo hizo foco en los cuestionamientos que la Corte le hizo al Estado por utilizar la publicidad oficial “para callar voces disidentes”.

Para Jornet, “lo que hay que tener en cuenta es el mismo fallo incluye algunas advertencias sobre medidas que debería tomar el Gobierno en materia de publicidad oficial e independencia de la autoridad de aplicación de la ley. Son cuestiones preocupantes”.

“Desde el mismo momento en que la Corte advierte que debería actuarse sin discriminación alguna y que la autoridad de aplicación debería ser independiente, entiende que no existe la independencia actual y que la ley no se está aplicando de manera imparcial”, completó.

“En la Argentina hay una serie de condicionantes respecto del accionar de la prensa independiente que siguen siendo motivo de preocupación. Nos preocupa aún más que sea la Corte quien lo advierte, sabiendo que en materia de publicidad oficial el Gobierno no los ha venido cumpliendo”, añadió.

El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Carlos Jornet, cuestionó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, incluya artículos que regulan los contenidos en las señales de televisión, lo que sería inconstitucional.

Jornet hizo esas apreciaciones en diálogo con Punto a Punto Radio, donde contó algunos detalles sobre cómo fue la audiencia convocada por la Corte Suprema que reunió al Grupo Clarín y el Gobierno nacional, las dos partes involucradas en el conflicto por la aplicación de la normativa.

“Nuestra participación fue a través de la presentación por escrito que se hizo antes de la audiencia, donde básicamente planteamos una preocupación por algunos aspectos de la Ley en aspectos que hacen a la regulación de los contenidos de las señales en la televisión por cable. Si se abre esa puerta, luego puede avanzarse hacia los contenidos en otras plataformas, en contra de lo que establece el artículo 32 de la Constitución Nacional, que veda todo intento de regulación de contenido”, señaló el también director Periodístico del diario La Voz del Interior.

El titular de Adepa criticó en este contexto a uno de los integrantes del máximo tribunal, Eugenio Zaffaroni –el más cercano al Gobierno–, quien se levantó de la reunión antes de que terminara. “No se sabe la causa, quizás entendió que ya tenía formada su opinión, pero entendemos que lo correspondiente era que se quedara, para tener una opinión más formada sobre el tema”, remarcó Jornet.

También se refirió al conflicto ocurrido en la TV Pública con el periodista Juan Miceli, quien acusó a dicho canal de dejarlo afuera del noticiero sin aviso, luego de ya haber sufrido problemas tras criticar a La Cámpora durante las inundaciones en La Plata. “Entendemos que hay una relación que se ha ido tensando con la posición que adoptó y es una más de las tantas situaciones de periodistas que vienen sufriendo tensión, porque se ha ido cerrando este tema de voces plurales, que antes de la Ley ya existía pero que si lo que buscaba era profundizarlo, el efecto ha sido contrario, por la cantidad de voces que tienen desde el oficialismo”, cuestionó Jornet.

El directivo hizo estas declaraciones horas antes de que la Corte Suprema diera por terminada la audiencia, luego de lo cual ahora deberá resolver finalmente la inconstitucionalidad o no de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. En total, el tribunal realizó 17 preguntas a Clarín y 33 al Estado nacional, mientras que ayer diez organizaciones intermedias habían expuesto sus argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad.

En la jornada de hoy, una de las “estrellas” entre los disertantes fue el presidente del Afsca, Martín Sabbatella, quien disparó duro y parejo contra el Grupo Clarín. “No hay libertad  de expresión, sin regulación del mercado de la comunicación. Nunca menos libertad de expresión, nunca más concentración de medios” dijo. “Es escandaloso el fallo de de la Cámara que está hecho a medida del grupo Clarín, protegiendo sus intereses. Creemos que el fallo ha establecido la constitucionalidad de todas los artículos que no afecta a Clarín y sí a sus competidores y ha declarado la inconstitucionalidad en los que lo afectan”, agregó

“Si no se aplica integralmente la ley se mantiene la situación de gravedad en el mercado que implica tendencias monopólicas y además se estaría  agravando porque con el fallo de Cámara se estaría regulando a los competidores y no al grupo”, añadió. “El grupo que cuestiona la ley es muy poderoso. Pero esta no es una ley hecha a medida de Clarín. Se habla de Clarín porque es el más grande y construyó su poder económico con relación a la dictadura militar y extorsionando a los cable operadores PyME en las provincias. Se habla de Clarín porque es el que más se excede”, concluyó.

– ¿Qué saben de las intenciones del Gobierno sobre una posible intervención al Grupo Clarin?
– El Gobierno en las últimas horas salió a minimizar estas versiones pero se contradice con algunas decisiones, por ejemplo las adoptadas por CNV y algunos otros funcionarios. Si a eso lo atamos al cepo publicitario y otras cuestiones de confrontación, vemos que es un riesgo concreto y real. Y que en caso de avanzarse, sería no sólo un ataque a Clarín, sino una advertencia para aquellos medios críticos al Gobierno.

– De concretarse, ¿qué áreas se verían involucradas?
– Sería un hecho inédito y difícil de predecir. Pero si con una intervención se desplaza las autoridades del grupo, todas las áreas podrían ser motivo de algún tipo acción por parte de las autoridades designadas por el Gobierno. Una empresa que es intervenida por el Gobierno durante seis meses, puede sufrir un daño económico irreparable.

– El Gobierno pretende controlar la mayoría accionaria de Papel Prensa, ¿qué novedades tiene usted?
– El proyecto ha sido presentado. La intención declarada es garantizar la provisión de papel a los diarios argentinos, algo que hoy está plenamente garantizado porque el abastecimiento es normal. Pero además, le daría al Gobierno una herramienta que le permitiría controlar la importación, producción y distribución de papel. Y conociendo cómo se ha venido distribuyendo la pauta nacional, se pondría en peligro la continuidad de muchos medios gráficos del país.